Después de más de 24 horas en huelga de hambre frente a Palacio Nacional, 62 campesinos de El Quemado, Atoyac, Guerrero, lograron que el gobierno federal atendiera sus demandas: justicia y verdad por el asesinato, tortura y desaparición de sus familiares hace 50 años, cuando el ejército mexicano llegó por ellos a su comunidad, acusándolos de guerrilleros

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: María Ruiz

CIUDAD DE MÉXICO. – Arturo Morales tenía 12 años cuando el ejército mexicano llegó a su comunidad: El Quemado, ubicada en el municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Ese día, el 5 de septiembre de 1972, los militares detuvieron a 90 campesinos, entre ellos a J. Beda Ríos, padre de Arturo, quien hasta la fecha continúa desaparecido. A su corta edad Arturo tal vez no sospechaba que ese hecho, aquello tan horrible que vio, fue el inicio de la Guerra Sucia en México.

“Mi padre fue desaparecido el 5 de septiembre de 1972, cuando llegó el ejército a nuestra comunidad El Quemado, municipio Atoyac de Álvarez. Llegó, detuvo, torturó, desapareció y encarceló a más de 90 campesinos de nuestra comunidad. En ese tiempo yo tenía 12 o 13 años, y ya tenía uso de razón. Me tocó vivir los acontecimientos en carne propia”, narra.

Con el rostro enrojecido por el sol, Arturo cuenta su historia frente al palacio nacional, en la Ciudad de México. Junto a él, otros 61 campesinos de El Quemado han viajado desde su comunidad para exigirle al gobierno federal que cumpla sus promesas. Piden justicia y reparación del daño por ser víctimas de la Guerra Sucia. Lo hacen mediante una huelga de hambre.

“Ya hemos padecido hambre durante 50 años, desde que nos quitaron a nuestros padres, por eso no le tenemos miedo a esto y exigimos que nos escuche el gobierno”, dijo otro campesino, Daniel. Él también es hijo de uno de los desaparecidos de 1972.

No obstante, los habitantes de El Quemado no dudan en afirmar que están de acuerdo con el gobierno de López Obrador. Pero dicen que es necesario que el presidente y su gabinete cumpla sus promesas, “si no será pura simulación”.

Un día después de iniciar la huelga, el subsecretario Alejandro Encinas sostuvo una reunión con los campesinos. Sus demandas fueron escuchadas, y las víctimas regresaron a su comunidad. Sin embargo, antes de partir, Arturo lo dice claro:

«Vamos a vigilar que estos acuerdos se cumplan, porque si no nos van a salir como antes”.

La justicia contra la burocracia

En 2001, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 26/2001. En ella dice que las víctimas indirectas de lo que pasó aquél 5 de septiembre de 1972 tienen derecho a acceder a la reparación del daño. Sin embargo, ninguna autoridad hizo valer esta garantía. Años después, cuando el gobierno de Vicente Fox creó la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), los campesinos de El Quemado tocaron sus puertas, esperando que este nuevo órgano les ayudara a hacer valer sus derechos. Su caso se perdió en la burocracia, y como señalaron durante la huelga de hambre “la FEMOSPP todo el tiempo se dedicó a gastar dinero, y solo producir kilogramos de papel”.

Después vinieron otras comisiones, presidentes, funcionarios y abogados que prometían que “ahora sí” se cumplirían sus derechos. Sin embargo, fue hasta el 2017, cuando después de una batalla legal acompañada por el colectivo Guerrero es Primero, y por la propia CNDH, los hijos, viudas y familiares de los campesinos torturados, detenidos y asesinados por el ejército pudieron obtener su registro nacional de víctimas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Pero aquí no se agotó todo. Arturo lo cuenta

“Fuimos a Femospp, Converdad, y después a la propia CEAV. Todos nos ignoraban, nos decían que sí, pero a la mera hora nada. Ya pasaron 50 años caray, nosotros solo pedimos justicia. Si de verdad cumplieran, no estaríamos haciendo esta huelga de hambre, solo queremos que cumplan su palabra”.

La historia parece la misma que en otros sexenios: La comisión se compromete inicialmente a cumplir la reparación y empieza un par de gestiones y reuniones con los campesinos. Se observan y piden los requisitos legales que tienen que cumplir para acceder a las reparaciones prometidas. Los campesinos se organizan, y acuerdan una ruta. Dos años después, en 2019, la misma CEAV y la Secretaría de gobierno federal anuncian la Comisión de la Verdad para el Esclarecimiento de los crímenes de la Guerra Sucia. Posteriormente funcionarios de ambas dependencias acuden a Atoyac para presentar este plan ante las víctimas indirectas.

Lo que faltaba, en realidad, era que los gobiernos federal, del estado de Guerrero y del municipio de Atoyac, comenzaran a operar las reparaciones acordadas, que fueron:

1.- La reparación individual del daño a las víctimas indirectas de los hechos cometidos en 1972

2.- La reparación colectiva del daño a la comunidad, por lo que se definió construir carretas, escuelas y otras obras públicas en El Quemado.

3.- La construcción de un memorial para no olvidar las acciones del ejército en contra de los campesinos.

Después de eso, las reuniones se interrumpieron. Los campesinos de El Quemado tuvieron que tramitar un amparo para que lo previamente acordado comenzara a operar. Solo faltaba que la CEAV comenzara a realizar los pagos y depósitos correspondientes para llevar a cabo las acciones de reparación acordadas con las víctimas. Sin embargo, fue hasta 2021 –cuando se resuelve el amparo– que esto comienza a ocurrir. Es decir: 20 años después de que la CNDH reconociera el derecho a la reparación hacia las victimas.

“Pero después”, cuenta Arturo, “nos dejaron de pagar. Nomás les depositaron a unos cuantos, y ni hablar de la reparación hacia la comunidad. También no sabemos qué pasó con el dinero destinado para el memorial”.

Por eso vinieron a la huelga de hambre. Por eso pidieron que quien los recibiera fuera directamente Alejandro Encinas, para evitar negociaciones que no derivaran en compromisos concretos.

“Es que no hay que dejar de luchar por la verdad. La verdad no nos vamos a cansar. Ya son 50 años de estar peleando. Y los atropellos contra la comunidad, así como los hizo el ejército, también lo hacen los gobiernos cuando no cumplen su palabra”, dicen al micrófono en un zócalo sofocado por el calor, pero también por la dignidad de estos campesinos.

Un recuento de los daños

La historia comienza en 1967, durante un mitin en Atoyac, Guerrero. Ese día, cientos de campesinos de la región habían acudido al llamado del profesor normalista, Lucio Cabañas Barrientos. El gobierno lo vio como una amenaza, y masacró a varios de los asistentes, motivando a que el maestro rural partiera hacia la sierra, pasando a la clandestinidad.

Después de ese momento, el Partido de los Pobres, liderado por Lucio Cabañas, emprendió una serie de acciones en contra de los tres niveles de gobierno. Su objetivo era dignificar las condiciones de vida de las y los campesinos en el país, y posteriormente se inclinaría hacia un ideario cercano al socialismo como proyecto político.

Para el régimen de entonces esto representó una amenaza, pues como Lucio, en Guerrero también había surgido otra organización guerrillera, tal vez, con un proyecto político más acabado: la Asociación Cívica Guerrerense (ACG), liderada por el profesor Genaro Vázquez.

Ante esto, el gobierno de Luis Echeverría decide declarar la guerra contra la insurgencia y las guerrillas, implementando la “operación telaraña”, el plan “rastrillo”, y otras estrategias de contrainsurgencia para quitarle base social al movimiento armado en el campo. La estrategia también la replicó con otras organizaciones sociales en todo el país, y se prolongó hasta finales del siglo XX.

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Así, por aquellos años, las noticias de enfrentamientos entre civiles armados y militares eran recurrentes. Muchas eran achacadas a las guerrillas, aunque también se usaron métodos de provocación para justificar acciones criminales.

Por ejemplo, El 23 de agosto de 1972 el Partido de los Pobres emboscó a un convoy militar en un lugar de la sierra de Atoyac. El lugar es conocido como Arroyo Oscuro. En este suceso murieron 18 militares. En respuesta, el ejército arribó semanas después, el 5 de septiembre, al poblado de El Quemado. Ese día, sin pruebas, acusaron a 91 campesinos de ser guerrilleros. Los torturaron, encarcelaron, desaparecieron, y en algunos casos se presume que los asesinaron.

Arturo lo cuenta así:

“Fue un día triste, porque en primer lugar no puedes ver que a un familiar tuyo los militares le peguen ¿verdad? Digo, lo recuerda uno como un día triste. Ellos fueron detenidos. Después torturados y desaparecidos. Luego fueron conducidos unos al municipio de Atoyac, otros a Acapulco, a la 27 zona militar, a donde quienes lograron sobrevivir de la tortura los encarcelaron. A no más de 24 les dieron una sentencia de 30 años con cargos de pertenecer a la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y haber emboscado al ejército mexicano en el Arroyo oscuro, en Atoyac. Esa fue la acusación. Fue una acusación injusta, porque en nuestro pueblo la gente es gente de trabajo que se dedicaba al cultivo del café, del maíz, a la ganadería”.

Aunque se cuenta que fueron 91 personas las detenidas por el ejército, solo 24 fueron reconocidas oficialmente. Inclusive, en 1976, se les indultó de sus cargos debido a una alta presión política. Las movilizaciones fueron encabezadas por organizaciones de familiares de los desaparecidos y de colectivos de derechos humanos.

Sin embargo, dice Arturo, la comunidad no volvió a ser la misma.

“Éramos una comunidad que estábamos muy bien, pero desde esa fecha podemos decir que las cosas cambiaron. Nosotros después de pérdidas que tuvimos materiales, algunos nos retiramos por un tiempo de nuestra comunidad”.

Como él, decenas de familias abandonaron El Quemado, pues la comunidad continuó sitiada por militares después de los hechos del 5 de septiembre de 1972. En esa estancia, el ejército cometió graves violaciones a los derechos humanos, y destruyó el sustento de vida de los hijos y viudas de los campesinos de El Quemado.

“Yo regresé a la comunidad hasta 2019”, dice Arturo. Quien cuenta que sus hermanos no lo acompañaron, pues ya tenían otras vidas. “Pero yo tenía que reclamar lo que es mi derecho”.

 “Por eso yo no me voy a mover de aquí hasta que nos reciba Encinas. Ya fue suficiente, muchos de quienes éramos niños ya murieron de viejos, y es indignante, y revictimizante que nos sigan debiendo la justicia que nos prometieron”.

Antes de partir, y después de reunirse con el subsecretario, Arturo siguió con esa posición:

“Falta que nos cumplan, y si no lo hacen, volveremos a vernos aquí”.

Tras la huelga de hambre de más de 24 horas Encinas recibió a los campesinos. Los acuerdos fueron revisar qué ha pasado con los fondos destinados a las reparaciones colectiva e individual del daño, así como para el memorial. Los recursos, obligadamente, tienen que llegar para las víctimas.