Trabajadoras de la Rectoría General se enfrentan legalmente a la Universidad Autónoma Metropolitana. Acusan despido injustificado tras denunciar hostigamiento sexual, acoso laboral y discriminación. La Defensoría de los Derechos Universitarios reconoce el problema pero dice que está limitada

Texto y fotos: Isabel Briseño

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿Qué pasa cuando el violentador es parte del poder? ¿A quién se acude? ¿Por qué las máximas autoridades no actúan? ¿Quién controla a un Contralor? Son preguntas que un grupo de víctimas de acoso se hacen frente a las violencias que no paran al interior de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).  

En la oficina de la Contraloría, área adscrita al Patronato de la Rectoría General, un grupo de mujeres con secuelas psicológicas denuncian haber vivido violencia sexual, discriminación y acoso laboral  desde hace por lo menos dos años, por parte de Enrique José Garcini Elizondo, titular del área, y otros mandos del área, de acuerdo con testimonios. 

Al levantar la voz, sin embargo, las mujeres fueron despedidas sin que se les respetara ningún derecho.

Las quejas que interpusieron las trabajadoras ante la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU) fueron utilizadas por la oficina de J. Rodrigo Serrano Vásquez, abogado general de la UAM, para crear imputaciones falsas y levantar actas administrativas que las convirtieran en supuestas victimarias, señalan. Lo que ha concluido en la rescisión laboral sin responsabilidad para la institución y sin que el órgano encargado de la defensoría de los derechos pudiera evitarlo debido a sus limitaciones.

La UAM protege a los agresores, acusan

Las mujeres también acusan que los agresores son protegidos por la universidad, ya que en casos anteriores a funcionarios violentadores les han solicitado su renuncia para no perjudicar su expediente y han tenido el beneficio de la liquidación, mientras que a las mujeres denunciantes las despiden por supuestas faltas de probidad y sin indemnización alguna a la que por ley tienen derecho.

Burlas, descalificaciones, amenazas, actos intimidatorios, gritos, aislamiento, privación de la libertad, agresiones verbales, hostigamiento sexual, acoso, esparcimiento de rumores, vigilancia continua, exclusión, entre otros, son actos que denuncian estas mujeres que esperan ser escuchadas para acceder a la justicia.  

“No somos las primeras”

La directora de Auditoría Interna, Samanta, al testificar a favor de las primeras trabajadoras denunciantes, también fue rescindida de su cargo. 

Samanta fue directora de Auditoría de febrero a julio de 2022. Ella vivió acoso sexual de parte de su superior Enrique José Garcini Elizondo, el contralor de la UAM.

“Me hizo muchas cosas. Me hostigó sexualmente, y me pidió que maltratara a las compañeras”.

De acuerdo con el testimonio de Samanta, el contralor la instruía a levantar actas administrativas contra las operativas, además, le pedía que con base en el contrato colectivo, “buscara” los elementos que le facilitaran el despido de quienes ya se habían quejado del comportamiento indebido de los funcionarios al servicio de la UAM. 

“Yo vi como las maltrataban el contralor Garcini y su cuñado que es uno de sus operadores, Mario Rangel y Edgar Gil”. 

Castelán asegura que al mes de haber ingresado a laborar en la universidad, el contralor le indicó expresamente:

“Tú no estás aquí para trabajar, tu misión es que ninguna de las mujeres que han presentado quejas por acoso venga aquí a mi oficina, mucho menos puedes permitirles el acceso”.

“Dame elementos para correrla”, le pedía Garcini a Castelán, pero al haber una negativa por parte de la auditora, las represalias no se hicieron esperar. El aparato institucional se volcó contra ella y fue acusada de agredir a cinco hombres, quienes supuestamente estaban aterrorizados por la exdirectora, mismos que desde hace años tienen quejas y denuncias en su contra por acoso.

La despidieron sin derecho alguno por supuestas faltas graves a la universidad, falta de probidad e injurias al contralor, elementos que establecidos en el artículo 6to del contrato colectivo de los trabajadores de la universidad. 

La egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México expresa: “para los auditores la integridad es básica, es nuestra columna”. dice quien es acusada de actos que repercuten su trayectoria laboral de más de 15 años en el sector público. Castelán también se siente muy orgullosa de haber contribuido al país ya que participó en las auditorías que pusieron al descubierto la “estafa maestra”.

Samanta también denuncia persecución en su hogar. Ella asegura que el cuñado del contralor ha ido hasta su domicilio como acto de intimidación. “Yo lo he visto abajo de mi casa. No tendría nada que hacer cerca de mi domicilio. Es un tipo que mide más de 2 metros, obviamente que lo identifico”. 

Es un modus operandi dice: te acosan, si alzas la voz te despiden sin respetar los derechos laborales, te amenazan y te cierran las puertas para que no puedas conseguir otro empleo. “Son siniestros, son personas malas”, dice Samanta. Además también explica que fue muy complicado que la CNDH admitiera su queja argumentando que no estaba claro el tema de violencia de género pese a las pruebas que presentaron como constancias médicas, videos, audios.

Cuando fue despedida, señala Samanta, el contralor Garcini pasó frente a ella y le hizo una seña con la mano en el cuello que refiere a muerte. Además fue seguida por una camioneta hasta su hogar para ser notificada de la rescisión laboral a las 9:30 de la noche, es decir, en un horario no laboral.

“Es un nivel de impunidad muy grave. Se valen del prestigio de la universidad, saben que nadie va a hacerles nada porque a la universidad no le conviene reconocer el grado de violencia que existe dentro”, lamenta Samanta, que teme por su vida. 

“Mi esperanza es limpiar mi nombre para conseguir un trabajo”

Se desempeñó como auditora durante once años en la universidad. Cuenta con un expediente intachable y felicitaciones de sus jefes anteriores. ”Mi trabajo se puede consultar en la plataforma de transparencia, no existe ninguna falta. El problema no fue mi trabajo, el problema fue el trato que recibí con la actual administración”. 

Maritza fue despedida de la UAM el 29 de abril de 2022. El maltrato empezó en el año 2020 y causó  afectaciones psicológicas como depresión, ansiedad, estrés, mismas que fueron dictaminadas por el ministerio público y por el ISSSTE.  

“Le pedí auxilio al rector, al patronato, a la secretaria general de la UAM y me ignoraron”. 

Maritza, quien prefiere que sólo se le identifique con su nombre de pila, cuenta que ella vivió discriminación por su color de piel y acoso laboral por parte de funcionarios hombres de la contraloría. Ignoraban su trabajo, salvo cuando requerían un conocimiento especializado para alguna auditoría y la llamaban a ella. Sólo así gozaba de un mejor trato por el tiempo que durara el trabajo que le asignaban.

“Ahora sé que mi color de piel les molestaba, ellos son blancos de ojos claros”, se refiere al equipo cercano al contralor. El perfil académico de Maritza está al nivel de cualquier otra persona encargada de la dirección de auditoría en cuanto a experiencia y grado de estudios pero nunca fue promovida ni siquiera para una jefatura. 

Cuando Maritza presentó una queja por las violencias que vivía en su centro laboral, le levantaron un acta administrativa y la citaron. Edgar Gil Rivera, persona a la que ella había denunciado, en esta ocasión se quejaba de su subordinada y como en el caso de Samanta, la historia de pasar de víctima a victimaria se repitió. La queja de Maritza fue ignorada pero la de su jefe no. 

Menos de un mes transcurrió desde que ella interpuso una queja ante la DDU y fue despedida. Maritza presentó pruebas del acoso laboral que vivió durante una auditoría que le fue encargada por su jefe inmediato Edgar Gil Rivera, mismas que fueron desechadas y posteriormente despedida también por faltas de probidad.  

Maritza fue testigo de otras quejas que fueron interpuestas por otras empleadas de otras áreas, alumnas de diversos campus que llegaban con copia para el contralor, pero solo eran archivadas.

Unión y apoyo

Dentro de la Contraloría existen al menos siete casos con puestos de trabajo de distinto nível jerárquico similares a los de Maritza y Samanta y que de manera explícita han referido ser víctimas de dichos actos ante la Defensoría de Derechos Universitarios.

Después de Maritza, otros despidos con las mismas características sucedieron y entre ellas se unieron para apoyarse y luchar contra un aparato institucional que se niega a escuchar y a impartir justicia de acuerdo con lo señalado por las víctimas.

“Yo me estoy construyendo por ellas, ellas me están apoyando pero ha sido horrible. Te dejan en el suelo, en estado de indefensión, sin empleo y sin referencias, porque sales mal de la UAM”, dice la mujer con lágrimas en los ojos. 

Preocupada por no tener otro recurso económico que le permita sostener a su hija y con pocas posibilidades de encontrar en un corto tiempo otro empleo, Maritza dice que en la audiencia a la que se presentaron en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el abogado de forma prepotente, se ha negado ante la petición de la conciliación, “Yo no quiero conciliar, la quiero correr y no le vamos a dar ningún beneficio”, ha argumentado el abogado. 

Libres y combativas es una colectiva feminista que ha brindado apoyo a estas mujeres que actualmente se enfrentan a una demanda legal.

“No estamos solas, ellas dejan su trabajo y nos acompañan a las audiencias y también realizan junto a nosotras mítines en donde informamos y compartimos nuestra experiencia para que la gente se entere de lo que sucede dentro de la UAM”. finaliza Maritza.    

La Defensoría que no logra defender

En la entrevista que otorgó la Defensoría de Derechos Universitarios a Pie de Página algo quedó claro: están limitados.

En un informe emitido por la Defensoría de los Derechos Universitarios firmado por su titular María Guadalupe Huacuz Elías, el órgano validó la existencia de la afectación de los derechos universitarios a la integridad personal y reconoció la violencia laboral de género así como un ambiente hostil en contra de un número importante de trabajadoras. 

El rector general José Antonio de los Reyes Heredia, la secretaria general Norma Rondero López, el presidente del Patronato José Enrique Villa Verá y evidentemente el abogado general de la UAM J. Rodrigo Serrano Vásquez, están al tanto de la violencia contra las mujeres que impera en la institución académica, pero permanecen omisos.

El abogado fue buscado en dos ocasiones por Pie de Página para considerar su testimonio en esta nota, pero hasta el momento la promesa de otorgar día y hora para una entrevista no sucedió.

La Defensoría es un órgano autónomo que se fundó en el 2015 para atender y vigilar que se cumplan los derechos humanos entre la comunidad de la UAM. Son un grupo de once personas que trabajan para un aproximado de 75 mil estudiantes y  5 mil trabajadores.

La Defensoría arrastra con una imagen manchada. El defensor anterior y fundador de la Defensoría fue acusado de coludirse en un caso de violencia de género de un trabajador de la Defensoría hacia una alumna y también empleada del órgano. La unidad estuvo sin titular por tres años.

En el año 2020 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 2/2020 dirigida al entonces rector Eduardo Abel Peñalosa Castro respecto ese caso en el que el profesor adscrito al Departamento de Derecho en la UAM-Azcapotzalco y integrante de la Defensoría violentaba forma psicológica y física a una alumna con quien vivía. En ocasiones la encerraba en la vivienda, además de que la amenazaba de muerte y de violación.

La CNDH recomendó a la universidad reparar integralmente el daño a la víctima y diseñar un protocolo de Atención a las Víctimas de Violencia por razón de Género, capacitación al personal encargado de operar el protocolo, diseño e impartición de curso a todo el personal de la Oficina del Abogado General y de la Defensoría UAM, implementación de una campaña de difusión permanente sobre su derecho a una vida libre de violencia, realizar adecuaciones a la normatividad en materia de derechos humanos, con un enfoque de género, así como la designación de una persona servidora pública de alto nivel que fungiría como enlace con la Comisión Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de la Recomendación. 

“Tenemos tres vertientes: atención de los casos, difusión y sensibilización en derechos humanos y universitarios en la universidad y formación profesional dentro de la universidad”, explica al respecto la doctora Huacuz en entrevista con Pie de Página. 

Las violencias en la Universidad, sin embargo, continúan. De diciembre de 2021 a marzo de 2022 la Defensoría recibió las quejas de tres distintas trabajadoras de la contraloría, entre ellas, la de Samanta y Maritza.

“Hemos realizado entrevistas con las personas quejosas para mostrar nuestra empatía e  incluso para hablar de los límites que tenemos como Defensoría”. 

En el reglamento de la UAM claramente están marcados los límites en actuaciones que tienen que ver con carácter laboral en algunos resolutivos de comisiones académicas, puntualiza el Arturo Sotelo, defensor adjunto quien también participa en la entrevista.

Los defensores señalan que en mayo enviaron treinta solicitudes de información al personal operativo y la dirección de contraloría. La información solicitada tenía como propósito investigar, analizar la situación que se vive en la contraloría de acuerdo con lo señalado por las víctimas. 

Después de un mes de investigación, en junio pasado, se envió  al patronato, a la oficina de rectoría, a la secretaría general y a la oficina de la abogacía general un informe preliminar.

“Lo que vimos nosotros fueron algunas situaciones de carácter de malos manejos en las situaciones en relación sobre todo que tienen que ver con violencia por razones de género o situaciones que tiene que ver con discriminación de género en la contraloría”.

María Guadalupe Huacuz Elías, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Indican los servidores que continúan realizando análisis de algunas líneas temáticas de investigación como violencia por razones de género, medidas organizacionales, aislamiento social, ataques a la vida privada, violencia física, agresiones verbales y psicológicas. 

De acuerdo con los servidores, el informe preliminar da cuenta de las limitaciones de la Defensoría, que no tiene posibilidad de sancionar a nadie, de rescindir el contrato a nadie, ni siquiera de amonestar públicamente a nadie.

Reconocen que existe una serie de quejas con elementos, con acusaciones que a manera de indicio les señalan actividades de posible acoso laboral. 

La Defensoría lo único que puede hacer es elaborar medidas de no repetición y recomendaciones, además de dar conocimiento a las instancias pertinentes para que en el ámbito de sus competencias revisen y actúen. 

De acuerdo con la doctora Huacuz, dieron a conocer el informe a las víctimas para anunciarles que la Defensoría sí estaba actuando y que fueran las víctimas quienes les dieran más elementos para conocer sobre las posibles afectaciones a sus derechos humanos y universitarios. También tuvieron una reunión con las víctimas para comunicarles de las limitaciones.

“Sabemos que las necesidades y solicitudes de las víctimas obviamente son mucho más que las que el derecho les puede otorgar  y más cuando son víctimas de alguna violacion al derecho de una vida libre de violencia. Nosotros podemos llegar hasta aquí, a veces nos gustaría ir más allá pero no es posible”. 

María Guadalupe Huacuz Elías.

En octubre la Defensoría se empezó a reunir con la Contraloría para exponer la problemática, los alcances de las Defensoría y algunos puntos para intervención y seguimiento.

“En este momento dependemos de si van a seguir trabajando con la Defensoría para posiblemente llegar a un acuerdo de implementación de estas medidas”, explica Arturo Sotelo, es decir, el cambio estructural por el que apela la DDU puede o no ser aceptado e implementado por la Contraloría. 

La Defensoría sabía, antes de que entrara la actual defensora, que en la universidad exisitían casos de  violencia por razones de género en todas las áreas.

“La UAM no se escapa, no tendría porque escaparse a algo que es visible”, señala la investigadora. 

“Como funcionarios y como personas que estamos en la gestión tenemos que tomar cartas en el asunto, no es un caso aislado el de Contraloría, la Defensoría tiene como mandato en su reglamento recopilar los casos de violencia por razones de género que no se recopilaban. Sabemos la cantidad de casos que hay por todos lados y los casos no son fáciles, tenemos todo el tiempo que mediar”, explica la titular de la DDU. «Esto no se va a terminar hoy ni mañana, seguramente me voy a morir y seguirá porque se está abriendo en todas las universidades una caja de Pandora que está fuertemente sustentada porque la reflexión sobre el tema se ha dado en las universidades, somos quienes estamos haciendo reflexión académica”. 

La académica explica que se trata de un problema complejo e integral sustentado en un mundo patriarcal.

“Yo hasta lo digo en broma si corriéramos a todos los violadores, hostigadores, acosadores, las universidades se quedaban sin gente, el nivel es impresionante”.

Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

La doctora Guadalupe que se asume como mujer feminista, explica que se acaba de aprobar el reglamento orgánico de la universidad como parte de la revisión que están haciendo de  los puestos con perspectiva de género y desde la paridad de género.

Uno de los grandes problemas, reconoce, es que quienes ejercen violencia de género están en puestos con poder de decisión.

“Nos enfrentamos con gente que tiene vínculos con autoridades universitarias, gente que tiene vínculos con autoridades de fuera, en los puestos de poder, toma de decisión, el tema del techo de cristal. Es un tema que yo digo como académica, si ves mis artículos de investigación, es que la violencia contra las mujeres no se va a erradicar, si es una aspiración pero realmente no, al contrario se está haciendo más fuerte”. 

Huacuz explica que después de la recomendación de la CNDH se comenzó a capacitar a personas al interior de la UAM sobre cuestiones de género pero el camino es muy largo aún.

Lamento que cualquier mujer tenga que pasar por actos de violencia por razones de género, incluso la propia defensora (refiriéndose a ella), porque el que una mujer feminista esté frente a la Defensoria, una mujer con las ideas revolucionarias en temas de diversidad sexual, diversidad cultural, no es fácil. Somos el blanco de muchos ataques y descalificaciones por parte de la comunidad universitaria en general, porque el patriarcado se organiza muy bien para seguir funcionado y es lamentable. 

“Si hay algo que hemos procurado con las víctimas es la comunicación, si quieren sus expedientes se los damos, si quieren hablar con nosotros estamos abiertos, también ofrecimos contención psicológica por parte del área de salud mental de la universidad pero ninguna la quiso tomar y lo ofrecimos varias veces”, asegura la titular de la DDU.

Solano continúa agrega que ya hubo rescisiones contra personas violentadoras pero que resultan insuficientes. 

“Si se repite y se repitió es que es un asunto estructural que requiere otro tipo de intervenciones y no sólo el patrón haciendo rescisiones individuales sino una intervención en él área para que toda el área tenga una reconfiguración. 

Las mujeres que han laborado para esta casa de estudios buscan justicia, porque mientras ellas perdieron su trabajo, sus agresores continúan dentro de la institución.

Esta demanda es un llamado a las autoridades.

“Que dejen de aparentar que combaten los problemas de género y realmente tomen acción sobre quienes están violentando a las mujeres y desprestigiando a la universidad. Que el rector vaya a las unidades y tenga contacto con las alumnas, que se entere que hay chicas violadas y que también son ignoradas por el abogado al desestimar los elementos. Que el rector actúe y nos escuche”. 

Maritza.