El esquema con el que Segalmex desvió al menos 700 millones de pesos en 2021, por el que pesan investigaciones de la Fiscalía y sanciones de la Comisión Bancaria, se sigue repitiendo en la administración federal, asegura una persona afectada por quienes operan el fraude, que podría tratarse de la defraudación de deuda privada más grande en la historia de México

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos de los artífices del fraude de 770 millones de pesos a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una dependencia federal, siguen usando el mismo esquema para extraer dinero del erario, de cuentas de sindicatos, universidades públicas y de gobiernos estatales, explicó a Pie de Página una de las personas defraudada por los responsables: Roberto Guzmán, dueño de Grupo Escorfin, y René Dávila, de Corafi.

Ambas son casas de bolsa dedicadas a la emisión de deuda que operaron un esquema para usar más de 10 mil millones de pesos en su favor. A través de una operación que ya se coloca como el mayor fraude financiero de deuda privada en la historia de México.

Un fraude continuado

A mediados del 2021 un escándalo empezó a sonar en torno a Segalmex. El organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, encargado de repartir fertilizante a agricultores pobres y de comprarles su producción, malversó fondos federales. Estos fondos los invertían en una casa de bolsa para generar más recursos. Los 770 millones de pesos ya están en proceso de recuperación. Sin embargo, el esquema se sigue repitiendo en la administración federal.

“Se trata de un grupo de personas que, por la forma en que está organizada, las actividades en donde se ocupan, y su modus operandi, pudiera catalogarse como una organización criminal de cuello blanco, que esta involucrada en varios negocios sucios. Y que lleva emitiendo deuda privada desde hace más de 12 años”, dice en entrevista una persona defraudada por ellos y que pide no revelar su nombre.

Según dice, René Dávila y Roberto Guzmán usaron un esquema llamado Poni. Este, paga altas tasas de interés, así como altas comisiones en efectivo por colocar emisiones de deuda, el objetivo de la dupla Dávila-Guzmán.

“El esquema que utilizan es el siguiente”, explica en entrevista.

“Empresas subsidiarias de ambas casas de bolsa constituyen varios fideicomisos emisores en diversos Bancos que actúan como fideicomitentes. El Fideicomiso emite Certificados Bursátiles Fiduciarios (títulos de deuda) de manera privada, es decir, que no se registran en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Bancaria y de Valores y que por tanto no pasan por ningún tipo de control. En el acta de cada emisión se establece que los recursos captados serán usados para ser la fuente de pago de la misma”.

El esquema continuado

Supuestamente, los recursos obtenidos se invertirían en otras empresas para pagar los intereses que debían generar. Entre las empresas se encuentran una minera (Altaley), una empresa distribuidora de energía eléctrica, hoteles y otros servicios turísticos. Sin embargo, ninguna de estas empresas genera utilidades. Por tanto, no producen flujo de efectivo, por lo que los intereses prometidos resultan impagables.

El entrevistado detalla que, con cada emisión de deuda que hacían ambas casas de bolsa a través de estas empresas factureras se generaba dinero en efectivo. Esto, inmerso en una red de corrupción.

Un 10 por ciento de la emisión que cobraban como cuota, detalla la persona entrevistada, se repartían entre quien vendía el título de deuda y quienes lo compraba. En el caso de Segalmex, entre los emisores del título y René Gavira, entonces tesorero de la dependencia que fue vinculado a proceso este 1 de noviembre. Se le atribuye el uso indebido de recursos. De las 53 personas señaladas en el caso, 29 son funcionarios y exfuncionarios.

En agosto pasado, el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, reportó que los daños al erario en Segalmex, Liconsa y Diconsa ascienden a alrededor de 9 mil 500 millones de pesos, por lo que se presentaron 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estima en 12 mil millones de pesos el desfalco en Segalmex

Quien da los detalles del modus operandi del fraude fue un colaborador cercano tanto de Roberto Guzmán como de René Dávila. Esta persona invitó a ambos a colaborar en una casa de bolsa de la que fue despojado por ellos mismo.

“Ellos entraron a participar con un 5 por ciento del capital”, cuenta. Sin embargo, los años pasaban y la casa bursátil no obtenía los permisos necesarios, por lo que se volvió un gastadero.

“Es mucha gente la que se requiere ahí, como el oficial de cumplimiento y el encargado de lavado dinero o el contralor interno. A todos hay que pagarles, más lo de los permisos. Para ese gasto él (Roberto Guzmán) empezó a meter más dinero que se documentó como préstamos”.

A la vez, detalla que Guzmán empezó a meter tanto dinero que se convirtió en uno de los mayores propietarios de la casa de bolsa. Le quitó el control de la misma a quien le había invitado a participar en ella. Esta es una de las casas de bolsa usadas para emitir los títulos de deuda con los que se enriquecieron.

La historia llegó a oídos del presidente López Obrador desde finales de 2021. Por lo que para julio de 2022, ya había una orden presidencial de dar con los responsables y aplicarles un castigo ejemplar. Desde entonces la Unidad de Inteligencia Financiera junto con otras instituciones ha intentado crear un caso para detener a los culpables. Hasta el momento se logró que los fideicomitentes de los títulos bancarios comprados por Segalmex devuelvan el dinero comprometido, pero ninguno de los líderes de las casas de bolsa involucradas han enfrentado algún tipo de cargo. Roberto Guzmán se encuentra prófugo por el caso y ha iniciado a traspasar sus propiedades a una nueva entidad denominada Komet Capital.

Quien proporcionó la información para esta nota asegura que estas casas de bolsa emitieron un nuevo título de deuda por más de mil millones de pesos (de los que obtendrán 100 mil) a través de una empresa que cuenta con un capital social tan solo de 40 mil pesos, por lo que se sospecha que es falsa. Cree que una dependencia de la Secretaría de Salud podría ser el nuevo órgano público del que se obtuvieron los recursos.