En diciembre de 2020 se hicieron las primeras denuncias contra el psicoanalista Gabriel Vallejo por abusos sexuales, psicológicos y otras violencias contra sus pacientes en Jalisco. Un mes después se giró una orden de aprehensión en su contra, pero hasta la fecha no se conoce su paradero ni hay información sobre avances en la investigación

Texto: Ximena Torres Tw: @ximena_tra / Zona Docs

JALISCO.- Han pasado 21 meses desde que Paulina y Daniela denunciaron públicamente a Gabriel “N”, el psicoanalista que por años abusó sexual y psicológicamente de ellas y de al menos otras 18 mujeres que se unieron a los señalamientos más tarde.  

También hace 21 meses se expidió una orden judicial para aprehender a Gabriel, pero el hombre sigue prófugo y en los últimos meses a las involucradas ni siquiera se les ha informado de avances en la investigación para conocer el paradero de su agresor.  

Durante este tiempo las sobrevivientes se han visto obligadas a hacer mucho más que esperar que las instituciones públicas hagan su trabajo, porque “la lucha por la justicia se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad” como dice Paulina Landeros. 

Lo último que sucedió relacionado al caso de Gabriel “N” fue la captura de su esposa Alma Patricia “M” el 18 de junio pasado por presunta responsabilidad profesional. Quienes la denunciaron señalan que, como terapeuta, Patricia cometió violencia psicología y en conjunto con Gabriel jugó un papel importante en la ejecución de los abusos a sus pacientes. Explican que el modo de operar de Patricia y Gabriel era “acompañar” a distintas personas de los mismos núcleos familiares y presionarles a distanciarse entre ellas para aislarles. 

Aunque la captura de Patricia era algo que debía suceder, es solo un paso en el camino hacia la justicia. Las sobrevivientes están decididas a no conformarse con ello, como al parecer algunas autoridades esperaban que sucediera desde la percepción de las involucradas.  

“Las víctimas de Patricia tienen justicia parcialmente. ¿Qué pasa con las víctimas de Gabriel? Estamos de verdad quebrándonos la cabeza para ver qué más hacer (para conseguir justicia)” comenta Paulina.  

Este es un trabajo que a ninguna de las personas afectadas les toca, pero su lucha ha sido por todos los frentes y momentos posibles del proceso. Incluso después de la captura de Alma Patricia “M” tuvieron que manifestarse para el juez del caso no la dejara en libertad durante las audiencias.  

Después de su aprehensión, Patricia tenía prisión preventiva justificada, una medida cautelar que se ordena cuando se considera que la persona señalada puede fugarse de llevar el juicio en libertad o la integridad de las victimas está en riesgo.  

Sin embargo, las personas sobrevivientes se enteraron de que esto podía cambiar, porque de último momento se cambió la fecha de una audiencia para revisar las medidas cautelares. Fue cuando se manifestaron y lograron cancelar dicha audiencia. Hasta la fecha no hay una nueva fecha para la sesión.   

Paulina Landeros explica que la posibilidad de que Patricia quedara libre fue un golpe emocional fuerte para ellas, que se sienten en riesgo desde que alzaron la voz. “Sabemos que nuestras vidas corren peligro, si ella está fuera, porque fuimos nosotros quienes la metimos ahí. Obviamente está ahí por lo que hizo, pero en estos casos es muy complicado y peligroso”.  

Las deficiencias institucionales y la revictimización constante que han sufrido las personas sobrevivientes han perjudicado aún más su bienestar emocional y hasta económico. A Paulina, por ejemplo, no le querían entregar una copia de su carpeta de investigación hasta que se acercó a otras instituciones públicas para hacer presión.  

Además, hubo peritajes que se tuvieron que realizar de manera particular porque los que se hicieron en las instituciones públicas tuvieron resultados contradictorios a las experiencias de las involucradas.  

El poder y la influencia Gabriel “N” es otra de las preocupaciones de quienes fueron sus pacientes. Muchas consideran que esa es la razón por la que no se ha dado con su paradero y también por la que, durante meses, el psicoanalista siguió recibiendo su pensión como profesor jubilado de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aunque ya existía la orden de aprehensión en su contra.  

El pago Gabriel estaba direccionado de manera automática a una cuenta de banco. Fue hasta que se dio a conocer el caso de abuso sexual del ex magistrado y ex académico de la UdeG, José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien también recibía una pensión, que las sobrevivientes de Gabriel decidieron presionar para que él también dejara de recibir dinero. Ahora, el psicoanalista está obligado a presentarse para recoger su pensión, lo que supondría dar con su ubicación.  

No obstante, durante los años en los que las sobrevivientes convivieron con Gabriel, fueron testigos de actos de corrupción que cometió en la universidad, por lo que ahora creen que con su poder, “siempre encuentran maneras” para burlar la ley.  

Sin adelantarse a los debidos procesos Paulina Landeros explica que seguirán luchando para cerrar filas en todos los frentes posibles hasta conseguir justicia por las 20 personas que han denunciado a Gabriel y por todas aquellas que posiblemente no han hecho públicas sus experiencias. Reconoce que la presión social y mediática ha jugado un papel importante para presionar a las autoridades y advierte “estamos luchando, no estamos solas y los seguiremos observando”.  

*Esta nota fue realizada por ZONADOCS, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes leer la original.