Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

La Coalición Forense de la Frontera, formada por más de 40 organizaciones binacionales, pidió al gobierno de Estados Unidos que abra sus bases de datos genéticas para encontrar a los miles de migrantes que desde hace años han desaparecido en el desierto de la frontera sur de ese país

BOULDER, COLORADO. – “Lo único que quiere una madre que llora es poder decir: Aquí está mi hijo, y aquí está su madre; lo único que quiere, es poder llevarle una flor a donde yace”, asegura Mirna Banegas, inmigrante hondureña, madre de Bairon Banegas.

La última vez que Mirna supo de Bairon, fue antes de que él se lanzara a atravesar el desierto de Sásabe, en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso fue en 2014, desde entonces, nadie ha sabido más de él.

El paradero de Bairon es un caso entre miles más que podrían ser resueltos fácilmente si las autoridades estadunidenses aceptaran que la base de datos genéticos de ese país, que contiene miles de muestras de personas desaparecidas, fuera cruzada con las bases de datos que diferentes antropólogos de organizaciones civiles y Universidades de ese país han realizado en más de 15 años de trabajo.

Sin embargo, las autoridades del país del norte se niegan a colaborar, ya que, de acuerdo con sus leyes, esa información es de uso exclusivo del estado, y no puede ser compartida con particulares, como es la Coalición Forense de la Frontera.

La coalición agrupa a más de 40 organizaciones civiles tanto mexicanas como estadunidenses; entre ellos, el Equipo Argentino de Antropología Forense, mismo que ayudó en la investigación del caso Ayotzinapa y el colectivo Colibrí, uno de los pioneros en reconocimiento forense de migrantes.

La audiencia

Así, la coalición decidió pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mediara entre ellos. Por eso, el pasado 5 de octubre ambas partes se dieron cita en la ciudad de Boulder, Colorado, para intentar encontrar algunos acuerdos.

“El gobierno federal ha invertido en un mecanismo que usa tecnología moderna para comparar efectivamente el ADN de personas no identificadas y desaparecidas. Pero debido a una carencia de muestras genéticas de migrantes, se tiene que actuar fuera del sistema en estos casos. Lo que es anticuado, requiere mucho trabajo y resulta caro e ineficiente”, explicó durante la audiencia Kate Spreadley, antropóloga investigadora en la Universidad Estatal de Texas y parte de la Coalición.

A pesar de que la coalición, tiene cerca de 4 mil muestras genéticas ordenadas en una base de datos, con información que fue aportada por parte del colectivo Colibrí, de los antropólogos argentinos y del condado de Pima, también en Arizona, el gobierno federal se ha negado a colaborar con ellos.

“Esta es una muestra de que pequeñas organizaciones civiles, junto con gobiernos locales, pueden trabajar muy bien juntos”, aseguró en entrevista la doctora en antropología Robin Reineke, una de las cofundadoras de Colibrí.

En los últimos 2 años y medio Colibrí ha podido enlazar 46 muestras genéticas de restos encontrados en el desierto con las de otros familiares. Además de otros 110 que identificaron a través de comparación dental y otros métodos forenses.

“Todas estas muestras y placas de identidad podrían ser comparadas con la base federal, pero pareciera que ahora, además de construir fronteras físicas, se está construyendo una frontera legal y digital para no permitir que esta gente sea encontrada”, aseguró la doctora. “Esta es como una fosa común tecnológica en la que hay muchísima gente que se podría identificar”.

Las omisiones de Estados Unidos

“No creo que tengamos ningún desacuerdo sobre lo que se debe hacer. El único problema es cómo lograrlo. Y por eso, estoy muy agradecida de que estén aquí”, dijo la fiscal representante del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Paula Wolff, durante la audiencia.

Después, agradeció el esfuerzo de las organizaciones y dijo que las leyes existentes se pueden cambiar para poder satisfacer las necesidades de estos padres, madres y familiares, es decir, para que se hagan los cruces genéticos de ambas bases.

Sin embargo, no mencionó que ha habido casos en los que las autoridades federales de Estados Unidos encuentran cuerpos de migrantes sin identificar y los depositan, sin identificar, en fosas comunes, o incluso, hay evidencia de que los han cremado, según apuntaron miembros de la Coalición.

Al respecto, la comisionada Antonia Urrejola, encargada de personas desaparecidas y memoria en la CIDH, cuestionó a la fiscal Wolff si se habían tomado medidas al respecto. No hubo respuesta.

De la misma manera, durante la audiencia, los representantes de Estados Unidos dijeron que las autoridades federales, por mandato de ley están obligados a corroborar la identidad de los migrantes que encuentran, o en su caso, tomar las muestras genéticas pertinentes, sin embrago eso tampoco pasa.

Al respecto, Roxanna Altholz, abogada investigadora de la universidad de Berkeley, en California, e integrante de la Coalición, preguntó sobre la ley que lo dictaba. La fiscal Wolff aseguró que les haría llegar la respuesta después, por correo.

En entrevista posterior, la doctora Altholz, explicó que el mandato no está en ninguna ley y más bien es una política que los agentes han implementado, casi por buena voluntad.

¿Resutlados?

El siguiente paso, según se dijo en la audiencia, sería que ambas partes establezcan una línea de trabajo de aquí a diciembre para que el gobierno estadunidense y las organizaciones de la Coalición puedan empezar a crear acuerdos de colaboración, mismos que deberán ser informados a la CIDH en diciembre de este año.

“Me dio la impresión que de parte del estado hay una muy buena disposición y para cualquiera de estos procesos, ese es el primer paso. Estuvimos conversando ahora que van a hacer una reunión y eso es importante”, aseguró al término de la sesión la comisionada Urrejola.

Este podría ser un gran primer paso para lograr avances, después de un camino de varios años, según explicó Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho de México, otra de las organizaciones de la Coalición.

“Es importante que esto no quede en una audiencia, sino que se establezca esa fecha para que podamos sentarnos a discutir la forma de compartir información”, aseguró la mexicana. “Es más bien un paso de voluntad política”.

Sin embargo, los pronunciamientos de la Comisión fueron algo menos que enérgicos. Durante la Audiencia, Margarette May, comisionada presidenta de la CIDH, dijo que ese organismo podría ayudar a reunir a ambas partes en una reunión, como la que se dio en la audiencia de hoy.

Después instó a que se esclarecieran los casos de cremaciones, para acabar diciendo que tiene fe en que este asunto se va resolver. “Creo que así, sus vidas serán más ligeras, pues tendrán una carga menor en el alma”, dijo dirigiéndose a los representantes del gobierno estadunidense.

La espera de las familias

Hoy, no se sabe cuántas personas han fallecido o desaparecieron en las arenas del desierto entre ambos países. Lo único que se tiene son los datos que entrega la patrulla fronteriza, que, de acuerdo con la experiencia de miembros de la Coalición, son muy poco confiables.

“Ellos dicen que en los últimos 20 años unas 8 mil personas han muerto en el desierto, pero yo estimaría, fácilmente, unas 20 mil”, aseguró la antropóloga de Colibrí Robin Reineke.

Otro de los problemas de fondo que amenaza el avance le da colaboración entre la Coalición y el gobierno es la política de militarización de la frontera que ha desarrollado esta administración.

Sin embargo, la esperanza de los familiares de encontrar a sus desaparecidos no se apaga. Como la que tiene Mirna sobre su hijo Bairon.

“Nosotros esperamos que él esté vivo todavía. Y esperamos que las personas que están de los comisionados nos den una esperanza de cómo agilizar los trámites para poder encontrar a nuestros seres queridos”.

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