Sin contar con infraestructura para ofrecer servicios de salud, material de curación u otro servicio relacionado con la covid, la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. recibió contratos federales por más de dos mil millones de pesos

Texto: Ricardo Balderas / Serendipia y PODER Latam*

Fotos: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- En mitad de una discusión donde activistas y personas defensoras de derechos humanos exigen al gobierno federal que se incremente el gasto público en el sector salud en el contexto de la pandemia por covid-19, las autoridades erogan más de dos mil millones de pesos, que debían ser utilizados para atender dicha crisis sanitaria mundial,  a una empresa encargada de gestionar eventos de espectáculos.

La exigencia del incremento al presupuesto fue presentada por la Red por la Atención Integral de Enfermedades Crónicas no transmisibles (RAIEC) en las inmediaciones de la Cámara de Diputados frente a las y los legisladores. En dicho documento, del que PODER posee copia, se estipula que México se encuentra en déficit de gasto en materia de salud.

La explicación de los activistas es muy simple: según se argumenta, el país debería invertir 663 mil 452 millones de pesos más en el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo Federal para alcanzar el mínimo de inversión en salud recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir, 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente sólo representa el 2.65 por ciento según lo reportado por la red de organizaciones de la sociedad civil.

En entrevista exclusiva para este medio de comunicación, Karla Mendoza Alcántara, integrante de la red RAIEC, explica sobre la necesidad de generar un presupuesto específico que atienda particularmente padecimientos del tipo “no transmisibles” tales como las llamadas enfermedades raras y algunas enfermedades crónico-degenerativas:  

“Enfermedades crónicas no transmisibles requieren de un presupuesto; desafortunadamente en el país, si no tiene presupuesto, no existe. No existe para salud mental y tampoco existe para este tipo de padecimientos. Se está exigiendo a los pacientes absorber todo este gasto”, explica la activista.

Asimismo comentó que el pasado día martes 27, su grupo de organizaciones estuvo en contacto con los asambleístas de la Cámara Baja con el objetivo de proponer una respuesta rápida a las necesidades de este sector poblacional y esperan que su petición sea contemplada para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2022. 

¿Cómo gastó México en covid?

Mientras esta discusión se lleva a cabo en el Poder Legislativo, PODER realizó un análisis del gasto público federalizado del Sector Salud que se presenta públicamente en el portal de CompraNet, el sistema electrónico de información pública gubernamental en materia de contrataciones públicas.

En dicho trabajo de análisis a las compras públicas del Sector Salud, se descubrió que México emitió un total de 17 mil 164 contratos con la categoría covid-19 o compras relacionadas a este padecimiento por un monto de 37 mil 680 millones 282 mil 350.29 pesos, de los cuales, el 97 por ciento fueron entregados bajo la modalidad de Adjudicación Directa, es decir, sin concurso. 

El total de empresas que licitaron y ganaron al menos un contrato fue de 2 mil 181. De éstas, tan sólo cinco concentran casi el 20 por ciento de todo el gasto en el país.

El mismo análisis reporta que el gasto por dependencia, de mayor a menor monto, fue del IMSS con 18 mil 85 millones 198 mil 854 pesos, la Secretaría de Salud (Ssa) con 10 mil 98 millones 147 mil 681 pesos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 3 mil 174 millones 619 mil 133 pesos, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con 2 mil 280 millones 319 mil 49 pesos y en último lugar, la Guardia Nacional (GN) con 435 millones 632 mil 892 pesos.  

De los contratos emitidos por el Gobierno de México, los cinco más onerosos fueron ofertados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a las empresas Suministro para uso médico y hospitalario, S.A. de C.V. y BE HEMP, S.A. de C.V.

Consulta aquí la base de datos de los contratos para atender la pandemia de covid.

Otro dato relevante es que, durante este 2022, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gastó más dinero en contratar a una empresa de espectáculos, relacionada (vía un directivo de Grupo Ocesa) con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en salud para los elementos de la SEDENA o Guardia Nacional. 

El arte de “vender” y el elogio priista

Esta información es revelada en el mismo informe de gastos (realizado por PODER) en el apartado donde aparecen las empresas que más dinero público recibieron en total y que debía ser utilizado para atender las necesidades del sector salud.

En el primer lugar de las empresas que recibieron fondos federales se encuentra Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., la cual recibió un monto de 2 mil 193 millones 999 mil 558 pesos mexicanos (más de dos mil millones de pesos) tan sólo en 2022. 

Sin embargo, según la información oficial del sitio web de dicha firma, la empresa no cuenta con infraestructura para ofrecer servicios de salud, tampoco material de curación o cualquier otro servicio relacionado con la crisis de salud que azotó al mundo entero a partir del mes de diciembre de 2019 por covid-19.

La empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V (o CREA, nombre de la marca con la que operan comercialmente) forma parte de “Grupo CIE”, un conglomerado de empresas cuya razón social frente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedó registrada como Corporación Interamericana de Entretenimiento, S. A. B. de C. V.

A pesar de que las razones sociales sí son públicas, ninguna de estas aparece en la documentación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que la Secretaría de Economía dispone para que la sociedad pueda reconocer los accionistas de las empresas del país, por lo cual resulta imposible conocer quiénes o cuántos son los socios de estas firmas sin pagar cuotas de averiguación al Estado. 

Lo que sí existe, en el apartado de integrantes del gobierno corporativo del conglomerado CIE, es una relación directa con el director general de OCESA, una de las empresas más antiguas del país encargada de promover conciertos en toda la república, y un antecedente de la misma empresa por recibir altas sumas de dinero para realizar retratos de algunos de los priistas que ahora se encuentran imputados por desvío de recursos. 

El lazo directo es a través del empresario Luis Alejandro Soberón Kuri. Este personaje y su firma fueron señalados de recibir, en 2015, un monto de 600 mil pesos por realizar retratos de los priistas José Antonio Meade Kuribreña excandidato a la presidencia de la república y del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso inhabilitado por 10 años tras demostrarse fallas en la veracidad de sus declaraciones patrimoniales durante las audiencias por la planta de Agronitrogenados.

Según lo reportado por varios medios de comunicación, el retrato al óleo del ex canciller José Antonio Meade tuvo un costo al erario de 189 mil 747 pesos y fue realizado por la empresa Creatividad y Espectáculos S.A de C.V (CREA), empresa filial de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), presidida por Luis Alejandro Soberón Kuri.

No obstante, esa no era la primera ocasión en que la empresa recibía contratos por motivos de realización de pinturas para políticos. En septiembre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pagó 399 mil pesos por una imagen de 75 x 55 centímetros denominada “pintura del género de retrato” con el tema “C. Secretario de Hacienda y Crédito Público”. El costo de los dos retratos de Meade fue de 589 mil 747 pesos, con cargo al erario.

En respuesta a esto, el IMSS respondió en exclusiva para PODER algunos pormenores del contrato y aseguran que dicha contratación se encuentra en regla. Por ejemplo, explican que el motivo de las adjudicaciones directas se debe a que:

“En el caso específico consultado, es decir, la atención de la pandemia se implementó por ser una contingencia que impactaba gravemente en la salud pública, y en la que se requería contar con los bienes y servicios necesarios en el menor tiempo posible para proteger la salud y la vida de las personas, buscando siempre las mejores condiciones para el Estado y la adquisición oportuna de diversos bienes y servicios relacionados con la atención y prevención del covid-19”.

IMSS.

Consulta aquí la respuesta del IMSS:

Respecto a los motivos de contratación, el IMSS explicó a PODER que se trata de un pago por prestación de servicios y operación de centros de atención covid en la Ciudad de México, específicamente los que se encuentran ubicados en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en Lindavista. Asimismo comentan que lo mismo ocurrió en el Estado de México, La Paz y Los Cabos, Baja California Sur y algunas unidades temporales de atención en Chihuahua, Ciudad Juárez y San Luis Potosí. 

En estos últimos, explica el IMSS, la empresa de espectáculos ofreció al gobierno equipo médico y arrendamiento de barreras de protección para mobiliario con el objeto de cumplir con las medidas sanitarias para el adecuado retorno laboral: “Se trata de la adquisición de equipo médico, 62 equipos de Ultrasonido Digital, modelo EX20; 46 unidades de Ultrasonido Digital, modelo Mirror 2 y 262 unidades de equipo de Rayos X, modelo DR200Mate”.

Finalmente, PODER solicitó en repetidas ocasiones entrevista con las personas encargadas de dicha empresa para que explicaran por qué ofrecieron servicios médicos siendo que su objeto social son los eventos y espectáculos pero hasta el cierre de esta edición nadie respondió a la solicitud.

*Este reportaje es parte de “Víctimas Paralelas: las afectadas de las que no se habla”, un proyecto de Serendipia/PODER.