Tras cinco horas de debate, el Senado de la República postergó la decisión de aprobar o rechazar la reforma que prolonga la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028, mientras se consolida la Guardia Nacional

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Daniel Augusto / CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO. – La discusión fue intensa, aunque no llegó a ningún lado. Inició media hora después de lo informado, y desde un inicio se presagiaba un debate ensordecedor que priorizó más los cabildeos políticos que un intercambio serio respecto a la presencia del Ejército en las calles y su continuidad en tareas de seguridad pública hasta el 2028. 

Los ánimos ya estaban crispados desde hace unas semanas, cuando el presidente López Obrador envió una propuesta de decreto que implicaba modificar diversas disposiciones de la ley orgánica de la administración pública federal. El objetivo de este decreto era trasladar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El decreto se aprobó.

Posteriormente, el 2 de septiembre, la diputada Yolanda De la Torre, del PRI, envió una propuesta para modificar un artículo transitorio del decreto que creó la Guardia Nacional en el 2019. Esta reforma modifica el artículo 5 transitorio del artículo 35 de la Constitución, para prolongar la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028, mientras se consolida la Guardia Nacional.

La Cámara de diputados aprobó esta serie de modificaciones, y envió una minuta al Senado de la República, quienes en comisiones revisaron la propuesta y emitieron un proyecto para su discusión en plenaria, la cual sucedió este martes, y no concluyó en nada. 

Entre gritos, sin concesiones

La sesión inició con tres mociones que presentaron las bancadas de la oposición. Sin embargo, en votación nominal éstas fueron descartadas por el pleno. Así, la sesión inició entre gritos y disgustos, que no cedieron nada. 

Después, los integrantes de las comisiones especiales que redactaron la propuesta a discusión expusieron el contenido del texto. Eran de Morena, y no escatimaron en aprovechar su tiempo en el estrado para lanzar loas al Ejército. Algunos, como Rafael Espino, recordaron episodios como la guerra contra la intervención francesa. Decían, como el presidente López Obrador, que los militares son “pueblo uniformado”. Obviamente apoyaban la propuesta de reforma. 

No obstante, después de esas intervenciones y como un punto que marcó el inicio del debate, siete senadores pidieron presentar un voto particular. Es decir, pararse en el estrado para expresar los motivos de su decisión. 

Los elegidos por sus bancadas fueron Noé Castañón Ramírez y Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano; Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI; Kenia López Rabadán y Damián Zepeda Vidales, del PAN; y Faustino López Vargas y Ricardo Monreal Ávila, por Morena. 

Uso político de las víctimas

Los ánimos comenzaron a calentarse cuando las acusaciones de militarización sonaron por los parlantes de la Cámara. Algunos más calmados, como los de Movimiento Ciudadano o la propia Ruiz Massieu, decían que no había necesidad de tal reforma. Inclusive recordaron que, en su momento, habían participado en el consenso de construir la Guardia Nacional. También acusaron a los legisladores de Morena de traicionar sus principios e idearios políticos, y esta contradicción, tal vez, fue inversa. Pues su dirigente de partido manifestó días antes su simpatía con esta reforma. 

El exceso llegó con la senadora Kenia López, del PAN, quien aseguró que la propuesta de reforma era un intento del presidente de perseguir a la oposición con tanquetas, cañones y rifles. Su discurso, aunque abogando a la paz, parecía tener la intención de infundir el terror entre los votantes y quienes escuchaban la sesión, algo parecido a cuando en 2007 las televisoras repetían incansablemente las imágenes de los enfrentamientos de la guerra contra el narco que abanderó Felipe Calderón. Unos aplaudían frenéticos el discurso “anti militarista”, otros guardaban silencio y mostraban rostros de desprecio. 

Como era de esperarse, las imágenes, rostros y testimonios de víctimas de la violencia de los militares también llegaron al estrado. La imagen de la lona que desplegaron las madres buscadoras de Guanajuato en la Estela de luz para denunciar la militarización se vio en las pantallas. La mostró un diputado del PAN, quienes también construyeron esa Estela, a la que algunos colectivos han bautizado como la Estela de la impunidad. La lucha legítima de las buscadoras fue utilizada para cabildeos de políticos que, pareciera, poco les importa que se encuentren a los desaparecidos. 

Llegó el turno de Morena, y el senador Faustino repitió los mismos argumentos que desde hace meses ha enarbolado su partido para defender la propuesta presidencial. No hubo algo nuevo, más allá de consignas, que pareciera conmover a quienes tienen que tomar esa decisión, y a ellos no se les tenía que convencer, pues su consigna de bloque opositor era clara: oponerse a toda costa a la reforma. 

Monreal, por su parte, habló con el estilo que lo ha caracterizado durante este periodo en el Senado: negociador y conciliador. Con él, que es el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, los representantes de otros partidos no parecían tener problema. Los opositores le sonreían, y a veces hasta le aplaudían. El problema, parecía claro, es con el presidente y su reforma. 

Al final de su intervención Monreal calentó el asunto ofreciendo al bloque opositor posponer la discusión de la reforma, para incorporar sus puntos de vista. Algo que ellos mismos habían pedido desde un inicio, pero que se desechó antes de empezar la sesión. 

Se escucharon gritos, intervenciones. La oposición presumía, de manera confusa, que Morena no hubiera reunido los votos para aprobar la reforma, y firmes declararon que no iban a dejar que la votación se pospusiera. “Vamos a echar atrás la militarización”, dijeron. 

A partir de ahí, comenzó un debate que no llegó a ningún lado. 

Como hablar con las paredes

No hay mucho qué decir sobre el debate que siguió en el Senado, porque en realidad nadie parecía escucharse. Eran simples mensajes sin destinatarios. No hubo intercambio de ideas, un emisor, un mensaje y un receptor 

No importaban los argumentos brillantes –cuando los había–, y tampoco importaban las consignas. Todo era un concurso de ver quién hablaba más, de quién gritaba más fuerte, de quién podía elaborar –con sutileza – el mejor descalificativo y recibir aplausos. 

Sin embargo, también hubo momentos dignos de resaltar. Contradictorios. Como una tragicomedia. 

Por ejemplo, cuando Antonio García Conejo –hermano del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles– dijo, envalentonado, que la estrategia de seguridad estaba fallando y que la solución no era la militarización. Después, en un intercambio con una diputada de Morena, salió a decir que las muertes en su estado habían incrementado con el sucesor de su hermano. 

También, cuando una fila de senadores acusó a Morena de extorsionar al presidente nacional del PRI, Alito Moreno, para que se volcara a favor de la iniciativa presidencial. Nadie, salvo Monreal, reviró estas acusaciones. Y después de eso, diputados panistas lo elogiaron y extrañaron, como nostálgicos, que el zacatecano no presidiera la mesa directiva de la Cámara. Al presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier, no le hizo mucha gracia el acto. Pero soberbio en su investidura solo dijo que no iba a caer en provocaciones. 

Después, más de lo mismo, hasta que una oración mal dicha por Rafael Espino desató un debate entre los senadores. Ahora, el asunto era definir cómo se debía cumplir el reglamento de la Cámara. Los riesgos de la militarización, o la necesidad de atender la crisis de seguridad pública que desde hace 16 años vive el país, pasaron a segundo plano. 

Y así, otra hora siguió su curso. La discusión subía de tono, al punto de descalificar al presidente de la cámara. Armenta Mier solo repetía que no se estaba violando la ley mientras negaba las acusaciones en su contra. 

De pronto tomó la palabra, y sin importar los argumentos a favor o en contra, resolvió la controversia que aquejaba a los senadores: regresar a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el dictamen que llevaron a discusión para la reforma. Su argumento: que se integren los puntos de vista de las fuerzas políticas para llegar a un acuerdo. 

El debate se pausó. La discusión se pospuso. Y mientras, los militares siguen en la calle. Y el país, adolecido, continúa entre balas.