29 agosto, 2022
Familiares de personas desaparecidas de cuatro países -El Salvador, Guatemala, Honduras y México-, reunidos en la Primera Conferencia Regional de Personas Desaparecidas, piden a sus gobiernos crear e implementar marcos legales, políticas de prevención y mecanismos de búsqueda homologados
Texto: Daniela Pastrana y Efraín Tzuc / A dónde van los desaparecidos*
Fotos: Daniela Pastrana y Efraín Tzuc
ANTIGUA, GUATEMALA.- Anita Zelaya, presidenta del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (Cofamide) de El Salvador, tiene una petición para el gobierno de México. Es tan sencilla que no debería existir: “Quisiéramos que el gobierno mexicano minimizara esa negatividad que tiene en contra del migrante”.
Lo ilustra con una anécdota del político mexicano más cuestionado los últimos días: Jesús Murillo Karam:
Un día nos dijo el exprocurador: ‘¡Apúrense, apúrense apúrense!, porque lo que tengo es de vida o muerte?’. Y pues lo que nosotros le veníamos a tratar también es de vida o muerte. Habían desaparecido los 43 normalistas y nos atendió a duras penas. Habíamos hecho una cita para obtener la intervención del equipo argentino y solicitábamos que ellos dieran una respuesta, pedíamos que se abriera una puerta pero dijeron que no, que se iba a conformar una comisión”.
Anita, quien ha buscado durante 20 años a su hijo Rafael, desaparecido en México cuando buscaba llegar hacia el norte, resume dos cosas que las familias que buscan personas desaparecidas han repetido hasta el cansancio: que están haciendo el trabajo que debería hacer el gobierno con todo en contra (ni siquiera tienen visas humanitarias para hacer las búsquedas en México) y que el Instituto Nacional de Migración mexicano está “metido hasta el cuello” en la desaparición de migrantes.
“Quisiéramos que dijeran la verdad, que minimizaran (redujeran) los ataques, que ya no nos criminalicen a nuestros migrantes. Que el migrante fuera visible como persona, no como mercancía”, dice
Luego insiste:
Se oye bajito, pero si lo vemos en detalle… qué más quisiéramos que los gobiernos se sensibilizaran ante este drama humano que está viviendo en Centroamérica: hay una expulsión obligada, hemos venido luchando por décadas con una situación económica que no alcanza para una vida digna. Nadie se va porque tenga ganas de irse a querer morir en un país que no es el suyo, a ser víctima de incontables violaciones a sus derechos humanos, de inaceptables historias de terror que padecemos las madres, porque nos preguntamos: ¿qué vivió mi hijo?, ¿qué sufrió mi hijo? Nosotras no podemos estar esperando a que venga nuestro hijo. Lo esperamos luchando. Y no me alcanzaría ni las lágrimas ni las palabras para decirte como quisiéramos que los gobiernos atendieran esto”.
Anita participa en la Primera Conferencia Regional de Familiares de Personas Desaparecidas, que se realiza este fin de semana en Guatemala y donde integrantes de 24 organizaciones de búsqueda de cuatro países -Honduras, Guatemala, El Salvador y México- intercambian experiencias y trazan rutas para avanzar en las búsquedas.
El enorme esfuerzo es coordinado por la oficina de México y Centroamérica de la Cruz Roja Internacional, que ha acompañado a los colectivos de búsqueda.
Queremos mirar la desaparición desde el punto de vista de los familiares. Sabemos que nunca podremos ponernos totalmente en su lugar, pero podemos acercarnos, caminar juntos y tratar de entender”, dice el jefe de la delegación regional del CICR, Olivier Dubois, en el comunicado final de la organización.
“El tema de los desaparecidos en la región no es un capítulo cerrado ni un tema del pasado, al contrario es una problemática muy vigente que requiere respuestas”, completa Jérémy Renaux, coordinador del programa para personas desaparecidas y sus familiares para México y Centroamérica.
De México participan buscadores de Guerrero, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Estado de México.
En una conferencia al final de los trabajos, representantes de los cuatro países leen un pronunciamiento de cinco puntos: impulsar marcos legales y políticas públicas de prevención y protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias; garantizar la búsqueda eficaz, inmediata y en vida; asegurar el trato digno de las personas fallecidas y su pronta identificación y brindar un trato digno a las familias. El último está dedicado a la ciudadanía y la comunidad internacional reconozcan la problemática de las desapariciones y las apoyen.
Nosotros qué quisiéramos que los presidentes de todos los países tuvieran un diálogo y homologuen los trámites”, dice Anita Zelayar.
En entrevista posterior, explica que han encontrado en las cárceles a muchos migrantes que no tuvieron posibilidades de comunicarse con sus familias: “Tienen dos llamadas, a un abogado y a su familia, pero si están en otro país ¿cómo van a llamar a un abogado? Y si la familia no contesta ya se perdieron sus llamadas”. Otro tema es el de la imposibilidad de dar seguimiento a sus procesos judiciales. “Vemos a una mamá que se nos ha unido en tres ocasiones a la caravana para venir a ver su hijo a la cárcel porque no hay visa humanitaria que le permita venir y visitarlo. Son personas que no saben ni leer, como van a venir a un país que no conocen, no saben por dónde llegar y que después los andemos buscando a ellos también”.
Anita cuenta que en mayo tuvieron una reunión con el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, quien se comprometió a entregarles visas humanitarias para las familias que tengan esa situación
México es el país de la región que tiene la estructura jurídica y de políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos más avanzada.
La crisis de desapariciones se extiende en toda la región y tiene un punto nodal que las une: el dolor y la esperanza de miles de familias que esperan el regreso de sus seres queridos.
Las deudas son muchas: actualmente, solo México cuenta con una legislación específica para atender las desapariciones y un registro oficial actualizado de las mismas, que a la fecha suma más de 104 mil.
En Guatemala, según datos del Ministerio de Gobierno publicados por Prensa Libre, se contabilizaron 44 mil 122 desapariciones de 2003 a 2021, pero no hay registro de cuántas de estas personas fueron localizadas. En El Salvador, las instituciones discrepan en las cifras: un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) da cuenta de que mientras la Policía Nacional Civil reportó 12 mil 495 denuncias, la Fiscalía General reconoció a 22 mil 307 víctimas entre 2014 y 2019. Por su parte, las autoridades de Honduras ni siquiera contabilizan a sus desaparecidos y desaparecidas.
Aunque sus países son distintos, algunos problemas sí que los comparten. “La coincidencia es la dilación de parte de las fiscalías en la recepción de las denuncias pero también la omisión durante la secuela de la investigación que deben hacer y no hacen”, dice María Luisa Núñez del colectivo Voces por Nuestros Desaparecidos de Puebla.
Otro problema más, y que fue notorio a partir de la pandemia por covid-19, ha sido el incremento de las desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, dice Jérémy Renaux.
En la región las desapariciones continúan siendo una deuda histórica por saldar: en Guatemala la Comisión para el Esclarecimiento Histórico reconoce que durante los 30 años de conflicto armado alrededor de 45 mil personas fueron desaparecidas. En El Salvador el saldo fue de unas 8 mil desapariciones, de acuerdo con su propia Comisión de la Verdad. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, por su parte, registró que 184 personas desaparecidas en las décadas del 80 y 90 siguen sin ser localizadas. Finalmente, en México, durante la llamada guerra sucia, en las décadas del 60, 70 y 80, al menos 900 fueron desaparecidas por fuerzas del Estado, principalmente militares.
Prácticamente todas las desapariciones forzadas motivadas por la represión política de las décadas pasadas siguen en la impunidad en los cuatro países, y la suerte y el paradero de las víctimas continúan desconocidos.
No solo el hilo histórico une a esta región, también su geografía. Las desapariciones han proliferado en la ruta migratoria que año con año suma a cientos de miles de personas centroamericanas y mexicanas que buscan un mejor futuro laboral en Estados Unidos.
El saldo de esta doble crisis, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un organismo de Naciones Unidas, es de, al menos, cuatro mil migrantes fallecidos en la ruta migratoria que pasa por México y Estados Unidos. La cifra es a todas luces conservadora y el propio OIM reconoce la dificultad para obtener datos que dimensionen la tragedia.
En México, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reconoce mil 80 personas que fueron vistas por última vez en territorio nacional: 482 de nacionalidad hondureña, 411 guatemalteca y 187 salvadoreña.
Lo que vemos muchas veces es una falta de coordinación entre los países para intercambiar información y para coordinarse en los procesos de búsqueda”, explica Renaux.
El resultado es que no se logra localizar a las personas que han desaparecido en algún punto de su trayecto a Estados Unidos y que sus familias continúan –a veces durante décadas– sin respuestas sobre qué pasó con sus seres queridos y en dónde están.
Mercedes Guillén es una mujer garífuna, un pueblo ancestral de Honduras, que busca a su esposo Secundino Torres en la comunidad El Triunfo de la Cruz, en el norte del país. Esta es la primera vez que asiste a un encuentro con otras familias que también llevan el dolor de la desaparición. “Yo estoy impactada porque ha habido muchas personas con diferentes problemas que se le ha desaparecido a su hijo, su mamá, por largos años. Hay algunos que los han encontrado, la mayoría no”. En los últimos años, las comunidades garífunas han sufrido una escalada de violencia a partir de conflictos de la tierra en la que también se han cometido desapariciones de líderes comunitarios.
También en Honduras, en el municipio El Progreso, en una de las ciudades más importante de aquel país, vive Ruth Sarabia. Ella no tiene a un familiar desaparecido pero colabora con la parroquia San Ignacio en donde asisten cada vez más a familias que acaba de sufrir una desaparición. “Siento que es importantísimo porque estamos viendo que no solo nosotros vivimos esta situación. Para mí es esperanza, buscar nuevas relaciones para poder compartir lo nuestro y poder recibir de lo que ellas tienen”.
María Luisa Núñez, de Puebla, México dice que no importa cuál sea el país, en cualquier territorio siguen enfrentando a los mismos gobiernos indolentes. Ella recientemente recuperó el cuerpo de su hijo, Juan de Dios, que estuvo desaparecido por poco más de cuatro años.
Algo que hoy me rompió el corazón es conocer de viva voz de una madre salvadoreña respecto del régimen excepción del gobierno que hoy tienen; no tan solo les han arrebatado en el contexto de violencia a sus hijos sino que también les están arrebatando ese derecho de gritar y de exigir por sus derechos”.
Para Mirna Carolina Nájera, vicepresidenta de la Asociación de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, ha sido valioso el encuentro porque pudo conocer a las diferentes organizaciones de los países vecinos para compartir experiencias en la búsqueda e identificación, aprender a organizarse mejor y crear enlaces entre ellas. Ella es de las pocas que ha conocido la suerte de la persona que buscaba, su esposo Juan Francisco Salguero, que fue localizado sin vida en una fosa clandestina en Tamaulipas, México en 2014.
Efraín Tzuc (@efra_tzuc) es asistente de investigación en Quinto Elemento Lab. Periodistas del proyecto A dónde van los desaparecidos. www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
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