Aunque no han quedado claras las intenciones de trasladar la Guardia Nacional hacia la Sedena, uno de los planteamientos que ha cobrado más fuerza para apoyar el anuncio presidencial es el del combate a la corrupción. ¿Puede esta medida blindar a la policía nacional? Para responder, en esta segunda entrega conversamos con Jorge Luis Sierra, periodista especializado en temas de defensa nacional

Texto: Alejandro Ruiz

Fotos: Cortesía Jorge Luis Sierra y Juan José Estrada Serafín / Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.– La Guardia Nacional es el más reciente intento gubernamental de crear estructuras de fuerza intermedia que, aun con el armamento y estrategias militares, obedezcan a un mando civil que controle y vigile su actuar; en un país sumergido en la violencia que, a su vez, es testigo del ascenso y diversificación de los grupos criminales. Por eso, el anuncio de su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido duramente criticado. 

El argumento principal es que es una estrategia para blindar y proteger de la corrupción a esta fuerza policial, apostando que al interior de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional no existe ese fenómeno. 

¿Será esto cierto? ¿Cuál es el estado que guarda actualmente el Ejército para darle el mando de una fuerza civil con 115 mil elementos activos? Platicamos con Jorge Luis Sierra, periodista especializado en temas de defensa nacional.

El anuncio del presidente López Obrador, advierte Jorge Luis Sierra, no parece abordar todas las aristas al respecto y resulta “una decisión no suficientemente explicada, y al parecer insuficiente” que se ha polarizado en los últimos días. 

Para el periodista, los antecedentes de la Policía Federal Preventiva y la Gendarmería Nacional, así como la forma en que operan las policías estatales y municipales, ponen sobre la mesa precisamente el problema al que, aparentemente, la Guardia Nacional aún no se enfrenta: la corrupción de sus estructuras. Sin embargo, no es algo que esté garantizado.

Si la Guardia Nacional sigue estando como una entidad civil, es muy probable que termine corrompiéndose como otras policías lo han hecho en el pasado; entonces meterla al Ejército significa crearle una barrera contra la corrupción”.

Explica Jorge Luis Sierra

La Sedena, sin embargo, opera con nulos sistemas de rendición de cuentas. Carga a cuestas un historial de violaciones graves a los derechos humanos que ocurrieron en periodos donde expresidentes mandataron su actuar en conflictos internos como la Guerra Sucia o la Guerra contra el narco. 

“En los últimos años las Fuerzas Armadas se han visto involucradas en malos manejos de los fondos, es decir, han contratado a empresas fantasma; han contratado a empresas que facturan operaciones simuladas; y como tienen una justificación por temas de seguridad nacional, suelen no hacer licitaciones, sino pura adjudicación directa. Entonces están envueltas en un proceso en el cual puede haber un alto riesgo de corrupción”, explica el periodista. 

Los riesgos de corrupción

No obstante, Sierra precisa que hacer una generalización sin revisar el funcionamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional también es un error de análisis. 

“La Sedena es una institución muy antigua en el país, y no porque en el pasado se haya visto involucrada en actos de violaciones graves a los derechos humanos quiere decir, necesariamente, que es una institución que, por el sólo hecho de serlo, está predispuesta a hacerlo, o que está metida en un tema de corrupción o descomposición. No es el caso”.

Para el periodista, hablar de un proceso de descomposición militar es una afirmación arriesgada que no está valorando los matices en el análisis. El uso de los conceptos, precisa, es importante para desmenuzar el problema. 

“La descomposición militar es evidente cuando hay algún golpe de Estado, es decir, cuando hay una fractura interna en las Fuerzas Armadas en donde una se impone por la violencia al resto y toma el control del gobierno, a eso le podemos llamar la descomposición de las Fuerzas Armadas. También cuando ya están, de plano, volcadas hacia el lado criminal, y entonces ahí ocurre rápidamente una desprofesionalización de las Fuerzas Armadas; pero creo que no es el caso mexicano”, explica.

Durante la Guerra Sucia, añade el periodista, el Ejército obedecía órdenes presidenciales para combatir a la disidencia política, y en ese contexto es donde se dan las graves violaciones a los derechos humanos. En el caso de la guerra contra el narcotráfico, precisa, estas fuerzas operaron sin marcos jurídicos que regularan su actuar y que, por ende, no reglamentaban el uso ilimitado de la fuerza para el que están facultados. 

Las Fuerzas Armadas sí se han visto involucradas en violaciones graves a los derechos humanos; sin embargo, en los últimos años parte del problema es que, teniendo a la policía de alguna manera inhabilitada o incapacitada para combatir ese surgimiento de la criminalidad organizada, entonces los gobiernos, indistintamente del partido que sean, han puesto a las Fuerzas Armadas al frente en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada; pero lo han hecho sin que haya un marco jurídico adecuado; y lo han hecho también sin que hayan financiado, de manera adecuada, a la inserción militar”, explica. 

Este fenómeno, añade Jorge Luis, ha derivado en que soldados y marinos hayan operado una guerra con salarios bajos que, eventualmente, propiciaron el desgaste del Ejército durante ese periodo. Las consecuencias de esto han sido la deserción de algunos elementos para integrarse o formar grupos criminales como los Zetas o el Cartel Jalisco Nueva Generación. 

“Eso ha generado, hasta cierto punto, que haya un caldo de cultivo para que elementos que vienen de la parte de abajo estén en riesgo también de cometer corrupción. El problema también es cuando los jefes, o los altos mandos militares, llegan a ser corrompidos. Aunque no hay ninguna evidencia de que el mando militar, o los jefes militares, estén corrompidos por el narcotráfico en su totalidad. No hay evidencia de eso. De lo que sí hay evidencia es de que algunos jefes, y algunos mandos, han tenido que ver con operaciones del narcotráfico y las han apoyado. Inclusive algunos de ellos han sido llevados a juicio”.

Pese a esto, para Jorge Luis generalizar al Ejército como una estructura corrompida y descompuesta no es ser objetivos, pues no es la totalidad del Ejército la que ha participado en estos delitos. 

No creo que se pueda considerar que las Fuerzas Armadas están desmoronándose, o en una descomposición interna; pero sí falta una rendición de cuentas que tenga impacto”, añade. 

Sin rendición de cuentas

La carencia de un órgano civil que exija una rendición de cuentas a las Fuerzas Armadas es un problema que puede trasladarse hacia la Guardia Nacional si se llega a cumplir su pase hacia la Sedena. En México, explica Sierra, no hay un órgano que haga esta función. 

No se ha desarrollado en México un elemento civil capacitado en analizar las cuestiones militares y cuestionar el gasto, o cuestionar la compra, o cuestionar el destino del gasto, no ha sido capaz de eso el Estado”.

Inexperiencia gubernamental

Ante este hecho, el periodista resalta otro factor que ha pasado desapercibido en el debate sobre la Guardia Nacional: la inexperiencia de la actual administración en crear políticas de control hacia las fuerzas armadas. 

“La fuerza que está ahora en el gobierno, Morena, es la primera vez que llega al gobierno federal, y obviamente sus asesores no han tenido experiencia en la formación de políticas de la defensa. Entonces también ahí hay un vacío, una debilidad”, explica. 

En comparación con los sexenios anteriores, donde la administración federal tuvo la oportunidad de mandar a funcionarios a que se capacitaran en las escuelas de las fuerzas armadas, a casi cuatro años del gobierno de López Obrador este proceso todavía no puede ser visible. 

“Apenas se ha abierto el espacio para ellos, para formarse en temas de defensa; pero no hay, propiamente, un cuerpo de asesores profesional, formado, capaz de dar una buena orientación al Poder Ejecutivo. Eso lo hemos visto desde hace muchos años, en las campañas políticas, en las plataformas, en el comportamiento de los partidos en el congreso: hay una debilidad civil ahí. Entonces, si el Ejército no rinde cuentas, también es porque el lado civil no sabe cómo pedírselas”, precisa Jorge Luis.

Presupuesto insuficiente

A contracorriente de lo que señalan otros analistas, Jorge Luis advierte que el presupuesto con el que cuentan las fuerzas armadas sigue siendo muy bajo. El periodista basa su cálculo en los montos destinados al Ejército en relación con la inflación.

En realidad, basado en su cálculo, el incremento real de presupuesto ha sido de 25 mil millones de pesos en el año 2000, a 30 mil millones de pesos en la actualidad; esto, tomando en cuenta el aumento de la inflación. 

En cifras nominales el presupuesto está subiendo a más de 100 mil millones de pesos, entonces se dice que hay un crecimiento muy grande, podría decirse que casi del 400 por ciento. Sin embargo, esas son las cifras nominales, y cuando uno hace el análisis del presupuesto contra la inflación, entonces saca uno pesos constantes, y el crecimiento ha sido menos grande”.

Y añade: “cuando se dicen ‘las cifras’ pueden causar mucho impacto. Se puede decir que este es el año en que tuvo más presupuesto el Ejército, pero no, en realidad no está ganando todo esto, les está dando esto porque hay una crisis, una diferencia inflacionaria”. 

Militares en la guerra o militares en los megaproyectos

Esta realidad económica, dice, ha hecho que el gobierno federal incentive a la Sedena a que diversifique sus actividades comerciales, por ejemplo, creando empresas paraestatales que le permitan obtener contratos para la construcción de obras públicas. Pero esta acción, precisa, puede ser un arma de doble filo, pues “entonces ahí, en ese sentido, es cuando ha incrementado el riesgo de corrupción”.

Que las Fuerzas Armadas estén dedicadas a actividades tan diversas puede tener dos maneras de entenderse: uno es que están militarizando áreas que no estaban antes militarizadas. Pero el otro es que el presidente está manteniendo a los militares lejos del combate al narcotráfico, que eso era precisamente lo que querían muchos de los expertos e integrantes de la sociedad civil durante el gobierno de Peña Nieto, y mucho más durante el gobierno de Calderón; querían eso, que hubiera una desmilitarización; que no se usaran a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, porque hay abusos y corrupción. Ahora el presidente los pone a hacer puentes, caminos, vías de ferrocarril; manteniéndolos alejados del combate al narco, y ha puesto entonces en su lugar a la Guardia Nacional. Son dos maneras de verlo, y a veces cuando uno mira una parte no mira la otra, pero hay que verlo todo en su conjunto. Tampoco esto ha sido tan negativo para el país, creo”. 

Sin embargo, la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, además de romper con la visión desmilitarizada de la seguridad pública, también acarrea otras preguntas para el periodista. 

“¿Cómo van a hacer que funcione la Guardia Nacional con el mismo presupuesto que existe en la actualidad? ¿Cómo van a impedir que los elementos que se incorporen, y que no vienen de formación militar, sino de la policía federal, una vez que se integren al ejército no lleven el germen de la corrupción? ¿Cómo le van a hacer ahora para ubicar a la Guardia Nacional en un contexto más amplio de transparencia y rendición de cuentas? ¿A quién le van a rendir cuentas? ¿A la estructura de mando? ¿No pasa por el Congreso, sino que pasa directamente al presidente?, ¿o a quién le va a dar cuentas? Está ese problema, de que una vez integrada a la cadena de mando, pues el único que puede pedir cuentas [a la Guardia Nacional] es el presidente. No hay una figura intermedia entre el presidente y las fuerzas armadas”. 

Fuerza militar intermedia

El contexto y la criminalidad en México son la razón por la que existe la Guardia Nacional. También lo es la necesidad por desmilitarizar las tareas de seguridad pública en el país, esto, para evitar violaciones graves a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, el anuncio del presidente parece contradecir estos principios, y aparejar su política con la tendencia que vive el continente americano: la militarización de la seguridad.

Estas corporaciones, dice Jorge Luis, tienen el objetivo de fortalecer las tareas de seguridad pública y combatir la criminalidad, sin que para ello se empleé al Ejército o las fuerzas armadas. 

“Son grupos de fuerza intermedios que no aplican la fuerza de bajo nivel, como lo hace la policía, que puede ser una aplicación de uso limitado y bajo de la fuerza; pero que tampoco hacen el uso extremo e ilimitado que podría tener un ejército”.

Para el periodista, un punto de partida para el análisis de corporaciones como la Guardia Nacional debe ser la identificación de a qué fuerza se enfrenta. Para él, los grupos del crimen organizado no representan una amenaza a la seguridad nacional del tamaño de un ejército extranjero, esto, por el armamento y entrenamiento que poseen; por ende, el uso de las fuerzas armadas para su combate es un arma de doble filo. 

“Un ejército tiene funciones de uso de la fuerza ilimitado en una confrontación armada, en una guerra contra un enemigo equiparable en términos de armamento. La delincuencia organizada no tiene un armamento equiparable al de las fuerzas armadas”, dice. 

No obstante, estos grupos sí rebasan la capacidad de respuesta de las policías municipales o estatales, las cuales operan con una baja capacidad de fuego y equipamiento, así como con estructuras internas débiles o corrompidas. 

El uso de la fuerza intermedia, en estos casos, se ha hecho necesaria en algunos países, y ha sido una tradición desde hace mucho tiempo”, añade. 

El alcance real de la política ‘Abrazos, no balazos’

Jorge Luis Sierra concluye la entrevista reflexionando en el futuro próximo que la única garantía para la política de seguridad del sexenio será la continuidad de sus sucesores. Y precisa que hay que seguir apostando a la prevención a través de programas sociales, que a la confrontación directa con las células criminales. 

“En lugar de confrontar vía la fuerza a la criminalidad, tanto común como organizada, en realidad antes de enfrentarla con la fuerza, [el presidente] está intentando atacarla por el lado del desarrollo. Por eso tiene sus programas. En cierto sentido son programas con un asunto de seguridad involucrado, porque se trata de eliminar la base de reclutamiento de la criminalidad organizada”. 

Pero el periodista también reconoce que la violencia ha seguido presente en la vida de los mexicanos. Esto, explica, se debe a múltiples factores que rebasan al actual gobierno federal. 

Aquí ha habido políticas de seguridad equivocadas, y habría que analizar muy bien, porque es posible que la política de este presidente, en ese sentido, no sea errónea. Lo que pasa es que los resultados no han sido claros, pues la violencia sigue, pero esa no viene de López Obrador, viene de mucho tiempo atrás. Prácticamente este gobierno la ha heredado. Y ahora se están fragmentando más los grupos del narcotráfico. Los nuevos grupos que se han creado son beligerantes y han significado un nivel de confrontación mayor con las Fuerzas Armadas; pero también eso viene de algunas políticas del presidente que luego son criticadas, en donde evita la confrontación para que no haya bajas colaterales entre la población civil, y eso es visto ahora como temor o dejar hacer; pero yo creo que la política de defensa necesita otro análisis. Necesita un análisis mucho más equilibrado, que vea muchas más zonas grises que todo en blanco y negro. Necesitamos decir, claramente, cuáles son las vulnerabilidades del sistema para que esa política pueda ser corregida”. 

Y concluye que “ojalá y que los candidatos que vienen de Morena, que pretenden ganar la presidencia de la república en dos años, tengan ya una formación clara en políticas de defensa. Ojalá y puedan resolver las vulnerabilidades que no pudo resolver este presidente. Ojalá que haya una política transexenal en ese sentido; si no, volveríamos a lo mismo, a que cada presidente elige su propia política, destruyendo la de los demás, y todo sigue igual, y nada cambia”.