Para el diseño de un sistema de gestión migratoria que atienda el acuerdo con EEUU, Marcelo Ebrard anunció que México será asesorado por organizaciones internacionales de la ONU; agrupaciones de la sociedad civil que habían tenido acercamientos con la Secretaría de Gobernación aún no han sido tomadas en cuenta por el secretario de Relaciones Exteriores

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Rocío Gallegos /Archivo / Presidencia

Agencias de la Organización de las Naciones Unidas se reunirán con autoridades de México para diseñar el sistema de gestión migratoria, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se reunirá el próximo martes con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. También solicitará el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y de la Organización Internacional para las Migraciones, para la atención en albergues y refugios.

Ésta es una de las acciones del acuerdo que firmaron México y Estados Unidos la semana pasada, en los que México aceptó contener el flujo de migrantes de Centroamérica rumbo al país del norte para que no se apliquen los aranceles a las exportaciones mexicanas con los que amenazó el presidente Donald Trump.

“La idea es buscar a las organizaciones que sí les preocupa, que son muchas, que tienen muchísimo que decir”, dijo el secretario Ebrard durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. “El presidente me ha pedido no sólo que hablemos; sino que los incorporamos”.

Dicha gestión migratoria, es decir, la atención a los migrantes que pasan por el país, es una tarea que han adoptado organizaciones de la sociedad civil desde hace años. Para llevarla a cabo, el Estado tiene dos opciones: acercarse a las organizaciones civiles existentes, o crear toda la infraestructura que han desarrollado a través de los años.

Además de que Ebrard no especificó cuáles eran las organizaciones a las que “sí les preocupa”, hay otro problema: el distanciamiento que ha tenido la administración actual de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Desde antes que entrara esta administración, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación convocó a las Organizaciones que trabajan con migrantes del país a colaborar, cuenta Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que procura los derechos de los migrantes desde Tapachula, Chiapas.

También los buscaron en diciembre, para delinear la estrategia migratoria del Plan Nacional de Desarrollo, y también de la Secretaría de Relaciones Exteriores para revisar todos los tratados de protección a migrantes que ha suscrito México. “Trabajo hay, y mucho”, asegura Rita, quien también es parte de un grupo de monitoreo migratorio en toda la región sur del país.

“Hemos tenido un montón de trabajo, el problema es que nos hicieron a un lado. Nada más interlocutamos con la unidad de política migratoria.”, asegura.

Rita Robles lamenta que haya sido así, pues el gobierno tiene mucho que perder aquí. “Si tienes la visión de las organizaciones que trabajan en todos los puntos de la frontera, tienes una visión general. Eso es lo que está en juego. Que tengas el diagnóstico de 30 años de trabajo”.

A este distanciamiento también contribuyeron los dichos del presidente López Obrador en contra de las Organizaciones de la Sociedad Civil hace unos meses, en los que las tildaba de fifís. Sin embargo, lo único que se necesita para pasar por alto ese trago amargo es que el gobierno haga un llamado claro a las organizaciones, opina Leticia Calderón Chelius, experta en migración del Insituto Mora.

“La sociedad Civil está muy organizada, yo creo que más bien es una disposición a participar, pero que de alguna manera se les relegó”, dice en entrevista por teléfono.

Este llamado parece más necesario ahora que nunca, como lo explica Calderón Chelius: “En la región no hay nada, ningún gobierno de estos tiene implementados procesos de albergues. En el país no hay albergues de gobierno. Lo que hay es por sociedad civil”.

La situación no solo parece crítica para el gobierno mexicano, que por las amenazas de aranceles impuestas por Donald Trump tuvo que aceptar un acuerdo que lo obliga a contener el flujo de migrantes. Sino también para estas instituciones, como asegura Martha Sánchez Soler, del Movimiento Migrante Mesoamericano.

“Es un momento muy crítico en el que las organizaciones que defendemos a los migrantes no tenemos mucho margen de maniobra, más que pedir que se respeten los derechos humanos”, advierte respecto a las tensiones internacionales y el complejo panorama en el que deja a México la amenaza de que su primer socio comercial aplique ese tipo de impuestos.

“Es un callejón sin salida, no nos queda más que esperar que el plan de López Obrador funcione”, añade.

La Guardia Nacional

El martes pasado, el canciller Marcelo Ebrard presentó a la comisión que llevará a cabo las acciones de este plan, y dijo que el próximo viernes 14 de junio dará un informe de ellas; algunas de las cuales apenas serán anunciadas por sus responsables.

Por ejemplo, Francisco Garduño, el encargado de la operación combinada entre Guardia Nacional, autoridades estatales y el Instituto Nacional de Migración en el sur del país anuncia el plan de acción que seguirá en la frontera sur.

También se espera un anuncio similar de Horacio Duarte, subsecretario de Empleo, que se encargará de coordinar las acciones para la atención de los migrantes que pidan asilo en Estados Unidos y tengan que tramitar en territorio mexicano.

Actualmente en el lado mexicano de la frontera hay unos 10 mil migrantes esperando sus trámites de asilo en Estados Unidos. Esta situación ya desborda la capacidad de atención del albergues migrantes en la frontera.

Por su parte, el subsecretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, también presentará su plan para detonar el desarrollo y el bienestar en el sur del país. Ésa es la estrategia principal del gobierno federal para detener la migración: crear proyectos económicos e industriales en la frontera sur y en Centroamérica, de la cual deberán haber resultados en 40 días.

El próximo viernes el gobierno Federal comunicará a los gobiernos estatales de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Campeche cuáles serán sus responsabilidades particulares en este plan. En el mismo sentido el gobierno de México instaló una mesa de trabajo con los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador.

Liberan a activistas

Hoy por la mañana, después de sus audiencias, los activistas Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez fueron puestos en libertad después de que un juez determinara no vincularlos a proceso. A ambos se les acusó de tráfico de personas. Hace una semana fueron detenidos por personas vestidas de civil y sin órdenes de aprehensión, según reportaron varias organizaciones.

Tanto Irineo como Cristóbal han participado asesorando y acompañando a decenas de caravanas de migrantes que han cruzado México rumbo a Estados Unidos desde hace un par de años. Su detención se dio un día antes de que la delegación mexicana que negociaba un acuerdo migratorio en Estados Unidos anunciara que entre los compromisos que tomaría estaba el de detener a las bandas de trata de migrantes que operan en el país.

Irineo Mujica fundó la organización de defensa de migrantes Pueblo sin Fronteras, mientras que Cristóbal Sánchez es parte del colectivo Cultura Migrante.