A pesar de no haber terminado el juicio de amparo que detuvo las obras del Tren Maya, el gobierno federal reconoció que las obras se retomaron en días pasados por ser consideradas de seguridad nacional, según lo definió el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, el argumento legal del gobierno federal, advierte el abogado Federico Anaya, resulta endeble

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Mauricio Palos

Actualización 20 de julio.

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de estar detenidas por casi meses, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que hace una semana reiniciaron las obras del Tren Maya gracias a un mecanismo legal alternativo.

La tarde anterior, el lunes 18, durante la conmemoración del aniversario luctuoso de Benito Juárez, el titular del Fondo Nacional de Turismo, Javier May aseguró que el sábado anterior la Secretaría de Gobernación junto con la de Seguridad y Protección Ciudadana, durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad, decretaron la reanudación de las obras. 

“No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”, dijo Javier May a diversos medios de información.

El 30 de mayo, el juzgado primero de distrito de Yucatán ordenó que se suspendieran definitivamente las obras del tramo 5 sur del tren, que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, gracias a un amparo promovido por organizaciones ambientalistas de la zona. A pesar de que el juicio de amparo sigue, este fin de semana la organización medioambiental Green Peace denunció que se habían vuelto a iniciar las obras.

“Se decidió sobre algunas autoridades y ahora se utilizó otro procedimiento. Se iniciaron las obras desde hace una semana. Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo”.

Andrés Manuel López Obrador en conferencia este martes.

El presidente reconoció que no se llevó a los tribunales la decisión de reiniciar las obras, ante las cuales se continúa con el proceso legal en el que el gobierno busca demostrar que el proyecto, que no tenía Manifestación de Impacto Ambiental, no tendrá graves afectaciones ambientales. 

“Son obras públicas y no podemos aceptar que los intereses de grupos, de facciones, se sitúen por encima del interés general. Eso correspondía a la época del neoliberalismo o neoporfirismo, ahora es el interés del pueblo lo más importante de todo, el interés general”

El 22 de noviembre entró en vigor un decreto presidencial por medio del cual se declararon de interés general y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, entre los que se incluyen vías férreas y ferrocarriles además de todo lo que se considere como estratégico para el desarrollo nacional.

Gracias a ese decreto Fonatur pudo tramitar un permiso provisional para iniciar con la construcción de ese tramo del tren que aún no contaba con la Manifestación de Impacto Ambiental, misma que debe estar lista y aprobada doce meses después de haber expedido el permiso. 

Una estrategia legal endeble

La estrategia del gobierno de López Obrador pareciera querer liberar el amparo introduciendo dos actores diferentes en la escena, o al menos esa es la hipótesis que infiere el abogado Federico Anaya-Gallardo. Los amparos son muy técnicos, por lo que se deben cumplir al pie de la letra. La suspensión emitida por un juez es para que Fonatur detenga los trabajos del tren Maya, entonces, que sean Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública las que decreten que se retome el trabajo no violaría la suspensión.

El abogado pone el acento en la forma en que Javier May se acercó a la prensa a dar una declaración sobre el Tren Maya, obra a su cargo. Desde que tomó la dirección del proyecto y de Fonatur, en enero de este año, la información sobre el mismo empezó a ser más reservada. En sus declaraciones, May Rodríguez advierte que el Consejo Nacional de Seguridad se reunió para decretar el reinicio de las obras.

“Es obvio que la reunión fue convocada a salto de este asunto, porque a parte de todo, por lo que yo vi en la declaración de May, él quería que lo entrevistara y hablar de esto. Sale a decir que alguien más hizo una cosa, y es ahí donde el lenguaje oscuro. No es nada máss que hay nuevas autoridades que no están obligadas por el amparo, sino que ahora hay un nuevo acto: un Consejo que se reúne y dice que es de seguridad nacional el acto”.

Federico Anaya-Gayardo.

Es muy probable, advierte el abogado, que quienes promovieron el amparo en contra del Tren Maya vayan a pedirle al juez que analice este acto nuevo y que opine al respecto, que presenten un nuevo amparo o que se amplíe el amparo, por lo que hace que esta estrategia sea un tiro lejano y de suerte para el gobierno de López Obrador.

“Yo creo que el gobierno sí se está arriesgando, porque Segob y Seguridad Pública le va a decir a Fonatur que le ordena seguir con las obras, Fonatur le va a decir a los contratistas, sigan construyendo. Y Fonatur le va a decir al Juez, no es que quiera violar la suspensión, es que me están ordenando, y el Juez le va a contestar, siendo muy coloquial, que nadie obligó a Fonatur, que no debe obedecer una orden que va a violar la suspensión. Es endeble el argumento”.