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365 días en vilo: desplazados de la amapola

Casi un centenar de familias salieron desplazadas de la sierra de Guerrero desde noviembre de 2018, por la caída del precio de la goma de opio y la violencia de civiles armados. Los afectados llegaron a acampar frente a Palacio Nacional sin lograr volver a sus casas. Algunos tienen como única opción el asilo en Estados Unidos

Texto: Vania Pigeonutt / Amapola Periodismo Transgresor

Fotos: Amapola Periodismo Transgresor

CHILPANCINGO, GUERRERO.- Crescencio Pacheco González es desplazado de la violencia. Él junto a su familia lleva más de 365 días buscando estabilidad. Esperan, al igual que otras familias, una visa de apoyo humanitario en Estados Unidos, pero todo puede pasar, dice, al final desde hace tres meses que llegó a ese país puede ser deportado.

Lamenta que  a un año de su desplazamiento forzado, 20 familias salieron de Guerrero definitivamente, algunas esperan asilo, otras viven con parientes en estados del país.

En noviembre del 2018 al menos 1,680 desplazados internos salieron de 10 comunidades de los municipios Leonardo Bravo y Eduardo Neri. Huyeron de las balaceras, enfrentamientos y saqueos. Antes de que dejaran sus casas, animales y terrenos, habían propuesto legalizar la amapola, el cultivo mediante el cual habían subsistido, desde hace al menos 40 años, tres generaciones.

El 11 de noviembre del 2018, todo sueño de vivir de la amapola, cuya goma de opio había caído de precio desde 2017, se esfumó. Dos grupos de policías comunitarias –según el gobierno de Guerrero con vínculos con el crimen organizado– tomaron desde entonces la zona. Ese día hubo siete muertos. Los pobladores tuvieron que huir.

Desde el exilio, Crescencio hace un recuento. Él ha sido cultivador de amapola, activista pro legalización, dirigente de un grupo de policía comunitaria de su comunidad, Campo de Aviación, y ahora está en un proceso de deportación, pero con la esperanza de ser acogido como refugiado. No está en Estados Unidos por gusto, destaca.

Vivir en al incertidumbre

“A un año de esta situación que se ha vivido a través de todo este problema con todas las familias desplazadas, tuvimos dos decesos: Francisco Nava y Virginia Zúñiga, esas dos personas vivían en Filo de Caballos y Cuatepec de la Escalera, respectivamente. La gente desplazada que salió el 11 de noviembre del 2018 no tiene respuestas por parte del gobierno federal”, lamenta.

Dice que al menos 70 familias, reconocidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) como víctimas de desplazamiento forzado interno de la sierra, no tienen retorno y viven en la incertidumbre, con daño emocional, económico y físico.

Recuerda que: “estuvimos en Palacio Nacional del 17 de febrero al 28 de marzo de 2019, se hicieron varias reuniones en Gobernación, con la Secretaría del Trabajo, se hicieron compromisos, algunos sí los cumplieron como apoyo a la alimentación, ayuda humanitaria, pero el compromiso concreto, de retorno a nuestros hogares, y un perímetro de seguridad, no lo hicieron”.

El desplazamiento forzado interno es uno de los principales problemas de Guerrero. El estado ocupa el sitio número uno a nivel nacional. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), en su reciente informe del 2018, 5 mil 56 personas y 590 menores de edad huyeron de sus hogares en grupos.

Crescencio y los desplazados de la Sierra de Guerrero pertenecen a las más de 338, 405 personas que desde 2006 han dejado sus hogares, principalmente, de acuerdo al documento, por la violencia generada por organizaciones criminales. Tan sólo en 2018 hubo 11,491 víctimas de desplazamiento forzado interno en México. Seguido de Guerrero están Chiapas, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán.

En 2018 hubo trece episodios de desplazamientos masivos– considerados a partir de 50 personas–, 22 comunidades de ocho municipios fueron las afectadas. De San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri (Zumpango), Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión. Estas comunidades tienen coincidencias: varias sembraban amapola, carecen de varios servicios básicos; en la mayoría, la gente muere hasta por un piquete de alacrán, y para llegar a ellas, transcurren varias horas.

Para 2019, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón cuenta más desplazamientos, sobre todo en comunidades de Chilapa y Zitlala, ambos municipios de la zona centro disputados, de acuerdo con la versión oficial, por grupos que trafican con drogas.

“Que dejen de desbaratar casas”

Crescencio cuenta que tuvo que dejar el movimiento.

“Hoy estoy en un país pidiendo asilo, llevo un proceso de deportación desde el primer día que pisé suelo estadounidense”.

Se cuestiona quién es el responsable de todo esto. Y culpa al gobierno de Héctor Astudillo Flores. Dice que el gobierno priista, cuya gestión concluye en 2021, está coludido con las comunitarias en la parte serrana: “Desde 2017 el precio de la goma de opio cayó, la marihuana, cayó, está por los suelos, no da el narcotráfico”.

El robo prevaleciente en la Sierra es por otros intereses. Hay robos, saqueos, intereses transnacionales por la madera, por minas que han encontrado, opina, y el gobierno estatal hace oídos sordos, dice. 

Recuerda que hace un año, ante amenazas de muerte, salió despavorida la gente de las comunidades Puentecillas, Filo de Caballos, Carrizal, Corralitos, Campo de Aviación, Torre Camotla, La Escalera, Los Morros, Miraval, La Laguna, Tres Cruces. Ese corredor conduce hacia el camino principal hacia la Sierra, a sólo tres horas de Chilpancingo. Están en la indefensión, actualmente.

“El problema que surgió desde 2013 en la zona es un problema que ha venido afectando a estas familias, a mi familia. Se da el desplazamiento por estos grupos delincuenciales que han operado al amparo del gobierno. Lo que sí seguimos exigiendo es que se haga justicia, que se haga una reparación de daños, y que ya pare el saqueo y el robo de las viviendas, que ya pare, que dejen de desbaratar casas”, suplica.

Dice que su sueño es regresar, porque su vida está allá, viendo crecer grandes árboles y sus frutos. Aunque teme que al regresar sólo habrá devastación si no hacen algo.

Marcha a un año

El lunes pasado, las familias desplazadas marcharon en la cabecera municipal de Leonardo Bravo (Chichihulaco), el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, que acompaña a éstos y a los desplazados de Tlaltempanapa, otra comunidad de Chilapa, en mismas circunstancias desde noviembre de 2018, puntualizó sus demandas.

“Son 365 días de haberse roto el tejido social de sus comunidades y que los daños psicosociales se vuelvan irreversibles, sin que el gobierno federal y estatal les garantice las condiciones de seguridad para regresar a sus comunidades”, dijo Manuel Olivares, dirigente de la organización.

Recuento a un año del desplazamiento:

1. Cuando llegamos al auditorio para conocer el caso y ver si podíamos apoyar en algo, partiendo de nuestra experiencia en el acompañamiento de otras familias desplazadas en años anteriores fuimos recibidos con hostilidad por parte de los funcionarios gubernamentales que pretendían minimizar el problema para mantenerlo invisible. 

2. Presentamos en la oficina del gobernador una solicitud de audiencia ya que también las familias desplazadas de Tlaltempanapa nos habían dado su autorización para representarlos: nunca recibimos respuesta a nuestra solicitud de audiencia.

3. El 16 de noviembre por la noche, el subsecretario de Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, les dijo a las familias que había condiciones para que retornaran a sus comunidades. Les dijo que ya había presencia de policías y militares. Las familias empujadas por el deseo de regresar  aceptaron la propuesta y el 17 de noviembre salieron en una larga fila de más de 100 vehículos siendo recibidos a tiros en la comunidad de Los Morros (de donde es Crescencio) y, después de algunas horas fueron abandonados ahí por autoridades, policías, militares y funcionarios, sólo acompañados por miembros de este Centro Morelos. Decidieron regresar a Chichihualco, la cabecera municipal de Leonardo Bravo, a pernoctar en el auditorio.

4. Después de esperar alguna intervención del gobierno del estado, sin que esto sucediera y, después de que el gobernador declarara que la inseguridad es un problema de seguridad nacional y que le correspondía al gobierno federal su atención, y posteriormente declarar que esperaba que la creación de la Guardia Nacional se encargaría de restablecer el orden, decidimos trasladar la protesta a la Ciudad de México.

Las familias iban decididas a buscar una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confiando en que, máximo en tres días seríamos atendidos. Finalmente permanecimos ahí por 38 días, regresando a Chichihualco sólo con una minuta de acuerdos firmada por el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), comprometido a atender la ruta humanitaria, justificando que la ruta de la pacificación es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

5. Durante el plantón, el 21 de marzo murió Francisco Barragán Nava, después de permanecer internado por 15 días en un hospital de la Ciudad de México.

6. Después de regresar a Chichihualco iniciamos todo el proceso burocrático. Logramos el reconocimiento para 82 familias como víctimas por parte de la CEAV que hizo posible el apoyo para el pago de renta y alimentación mientras se construye la ruta de seguridad para el retorno a las comunidades.

7. En este proceso, el 12 de mayo murió Virginia Zúñiga Maldonado en el hospital general Raymundo Abarca Alarcón en Chilpancingo, víctima de enfermedades agravadas por la depresión.

8. Se ha buscado una audiencia con Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Ciudadana con la finalidad de que informe si dentro de la estrategia de seguridad se contemplan los puntos planteados por las familias desplazadas, como parte de las condiciones de seguridad para su retorno, sin que hayamos recibido una respuesta a la solicitud presentada.

“Como consecuencia de la omisión con que están actuando las autoridades federales y estatales, quienes sospechosamente no quieren actuar en contra de grupos delincuenciales, que van tomando el control de amplias regiones en el estado y el país, ha provocado que alrededor de 20 familias hayan salido de Chichihualco, unas para tratar de conseguir asilo político en Estados Unidos y otras familias se han ido a otros estados ante las amenazas constantes por parte del grupo que los desplazó, en el sentido de que entraran a Chichihualco”, reclama la organización.

De los 25 episodios de desplazamiento en 2018 en el país, la CMDPDH alerta que en todos hubo violencia directa. Este año, precisa Manuel Olivares, van más de cinco eventos.

Esta publicación se reproduce con autorización de Amapola Periodismo Transgresor. Para ver el artículo original, dé clic aquí.

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