Hugo y Alejandrino Díaz Navarro, su primo y dos arquitectos, salieron de Chilapa para hacer un negocio. Cruzaron los linderos de una guerra que azota la región. Fueron interceptados y secuestrados. El GPS de la camioneta donde viajaban mandó la geolocalización donde posiblemente pasaron las siguentes 32 horas y que fue entregada por sus familiares a todas las autoridades. Pero de nada sirvió que los localizaran, nadie los rescató

Texto: José Ignacio De Alba.

Foto: Arturo de Dios Palma

CHILAPA, GUERRERO.- José Díaz Navarro muestra fotos, listas de desaparecidos, estudios. Saca un mapa de su tamaño y señala la vista aérea de una casa en Quechultenango, donde cree que estuvieron sus familiares secuestrados. Indica nombres, lugares, fechas. Ha estado impaciente toda la entrevista. Frente a él, Delfina, su hermana, llora. Y Mario, su hermano, se desespera. Al final de cuentas, para lo único que le han servido a esta familia la acumulación de datos y las entrevistas ha sido para documentar su tragedia.

El 26 de noviembre del 2014, después de almorzar, los hermanos Hugo y Alejandrino Díaz Navarro; su primo, Vicente Apreza García; y los arquitectos Jesús Romero Mujica y Mario Montiel Ferrer, se encaminaron hacia la zona rural de Chilapa para realizar un levantamiento topográfico en una localidad en la que pretendían construir un plantel como parte del programa Escuelas de Calidad del gobierno federal. Iban en una camioneta con placas de Morelos, de donde eran los arquitectos.

Nunca llegaron. Según una recostrucción hecha por la familia, con base en lo que les dijeron algunos testigos, fueron interceptados por una camioneta blanca y unos hombres armados se los llevaron con todo y vehículo.

“Al principio esperamos unas horas, porque pensamos que podia ser un secuestro”, explica José Díaz Navarro. Sus hermanos eran empresarios, tenían negocios de bares y restaurantes; su primo era dueño de una constructora en Olinalá.

Esa misma tarde, la familia se aventuró a denunciar. Apenas 6 horas después de que perdieron contacto con sus hermanos, los Díaz Navarro comenzaron a entregar los datos del GPS que tenía la camioneta a todas las autoridades que pudieron. El primero fue el ministerio público local, sin saber que eso les cerraría las puertas, más tarde, cuando se trasladaron a la Ciudad de México para buscar el apoyo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República.

“Nos dijeron: ‘¿ya pusieron la denuncia en Chilapa? No pues ya está difícil, ya no podemos hacer nada’”, cuenta José Díaz, quien, a diferencia de sus hermanos, se dedica a la academia.

Tampoco les hicieron caso los militares, que tenían instalado en Chilapa un campamento con 500 elementos. Los hermanos se entrevistaron con el capitán Óscar Solano. Pero de nuevo, los dejó solos: “Que no podían hacer nada porque ya tenían el caso de Tlatlaya, tenían el caso de no sé que, y que ya no pueden investigar”.

La respuesta se repitió en todas las puertas que tocaron de autoridades federales: tenían que proceder la jurisdicción local, y en el caso de la Procuraduría General de la República (PGR) acudir a la delegación del estado de Guerrero.

“Hicimos la denuncia a la SEIDO, a la Marina, al Ejército (…) el primer día no pudieron hacer nada, que era tarde, que no podían, pero pues no, nunca”, dice José Díaz, quien se ha convertido en el vocero de los familiares de desaparecidos de Chilapa.

La única corporación que pareció ocuparse del caso fue la Policía Federal, a la que los Díaz Navarro le entregaron los datos del GPS de la camioneta en la que iban sus familiares.

La bitácora del GPS que tiene la familia comienza a proporcionar datos de la localización de la camioneta desde los primeros minutos del 27 de noviembre, cuando llevaban 12 horas desaparecidos. Las siguientes 23 horas, tanto los familiares como los policías pudieron seguir en un monitor cada uno de los movimientos del vehículo, que estuvo estacionado en cinco lugares distintos del municipio de Quechultenango, a 50 kilómetros de Chilapa.

En uno de esos lugares, la camioneta estuvo estacionada las primeras 16 horas. Con esos datos, un sub-oficial de apellido Moreno, según recuerda José Díaz Navarro, intentó entrar a la cabecera municipal del municipio de Quechultenango, donde permanecía la camioneta y posiblemente los secuestrados. Pero la estrategia no dio resultados. En el momento en que las patrullas de la policía entraron al lugar, la camioneta, con el GPS, salía por el lado opuesto del pueblo. El sistema de vigilantes apostados en las entradas de Quechultenango fue infalible.

A las 11 de la noche del 27 de noviembre, el GPS dejó de mandar señales.

“Perdimos todo rastro de la camioneta, y perdimos el contacto con la Policía Federal, el tal oficial Moreno ya no me contestaba las llamadas, quedamos totalmente desconectados de todo”, afirma José Díaz, mientras señala, en un mapa ampliado de Quechultenango, los puntos donde pudieron estar sus hermanos.

“La camioneta, como pueden ver, no estuvo en la calle, sino estuvo introducida en una casa, un sitio grande. Pero hasta hoy, la policía, la PGR, la Fiscalía, ninguna de las corporaciones (que debían investigar) han ido a Quechultenango”.

La guerra

El mismo día que desaparecieron los Díaz Navarro fueron secuestrados en Chilapa 11 pasajeros que viajaban en una camioneta de transporte público conocidas en la regón como urban. Sus cuerpos, decapitados y con huellas de tortura, aparecieron al día siguiente cerca de un crucero que lleva a la comunidad de Ayahualulco. “Hasta nosotros los estuvios agarrando para ver si tenían alguna pista, pero no coincidian en nada con nuestros familiares. Se veía que eran campesinos, tenían huaraches, estatura pequeña…” dice José.

Hasta ahora, no hay detenidos, ni responsables de esas muertes.

A pesar de la presencia permanente de policías federales y militares, Chilapa vive desde hace dos años una guerra sin cuartel entre grupos político-criminales. El saldo rojo corre por parte de la población.

En julio del 2014, cuando en el centro de la ciudad hubo un enfrentamiento con armas de alto poder que duró dos días, murieron 13 personas, entre ellas un agente de la policía estatal. Después del enfrentamiento, al menos 10 personas desaparecieron; pero sus familiares no denunciaron por miedo. Desde entonces la disputa por Chilapa es abierta entre los dos grupos delictivos que pelean el control del lugar: Los Rojos y Los Ardillos.

La espiral de violencia en esta municipio es consecuencia, en parte, de que es el paso de la carretera 93, uno de los principales accesos a la región de La Montaña, una importante zona para el trasiego y producción de amapola y mariguana.

Mario y José Díaz Navarro le atribuyen el secuestro de sus hermanos a Los Ardillos, por el domino que tiene el grupo en la zona donde fueron secuestrados.

A Los Ardillos la gente los identifica con el Partido de la Revolución Democrática. El fundador de la banda, Celso Ortega Rosas, La Ardilla, es el padre del ex diputado Bernardo Ortega Jiménez, quien fue líder del Congreso de Guerrero en la pasada legislatura. Y sus hermanos, Celso y Antonio, son reconocidos como los actuales cabecillas. Su centro de operaciones, es el municipio de Quechultenango, vecino de Chilapa.

En la cabecera municipal de Chilapa, en cambio, Los Rojos tienen cierta complacencia entre muchos ciudadanos y autoridades locales. Según relatan medios locales, la banda criminal creció al amparo del exalcalde priista Javier García González.

Hoy, en Chilapa siguen mandando Los Rojos. También sigue gobernando el PRI.

El tormento sigue…

El 29 de noviembre, dos días después de que dejaron de recibir las señales del GPS, la policía local recibió el reporte de que dentro de una camioneta pick-up, en un crucero cerca de la Universidad Tecnolóica, a tres kilómetros de Chilapa, había cinco cuerpos decapitados, desmembrados y calcinados. Los familiares Díaz Navarro encontraron en esos cuerpos “entonces sí”, muchas coincidencias sus hermanos. Pero no les entregaron los cuerpos, que fueron enviados – y ahí siguen- al Servicio México Forense de la ciudad de México.

Un par de meses después, recibieron una llamada desde Chilpancingo. La policía ministerial parecía tener avances en la investigación. Pero en la fiscalía les mostraron una serie de papeles en donde aparecían coordenadas, fechas y lugares donde supuestamente estuvieron sus hermanos antes de ser asesinados.

“iEso es lo que nosotros les dimos, díganme ustedes ¿qué han hecho?!”, reclamó enfurecido Mario Díaz Navarro.

Ahora, su hermano José insiste: “Todo lo que nosotros investigamos, era lo que ellos tenían… Nadie se quiere hacer responsable, quienes tienen la obligación de investigar se echan la bolita y nadie hace nada”.

Doce meses después, el único avance de las investigaciones es lo que la familia Díaz Navarro supo desde el 27 de noviembre: que el último punto donde posiblemente durmieron sus hermanos, mientras estaban secuestrados, fue en las coordenadas Lat:17.412098, Lng:-99.243737, Barrio Guadalupe, en Quechultenango, Guerrero.

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