Después de 3 años, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reanudó la mesa de diálogo con el presidente López Obrador. El encuentro llega a unos días de un paro general de labores, y a pocos meses de que concluya el sexenio, con pendientes a cuestas que el magisterio mexicano no ha dejado de exigir
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Especial
CIUDAD DE MÉXICO. – Después de tres años sin negociaciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reanudó los diálogos con el gobierno Federal para atender sus demandas.
El encuentro llega a unos días del 15 de abril, cuando la Coordinadora realizará un paro nacional de labores para exigir la abrogación total de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, la reinstalación de los maestros cesados, y un aumento salarial del 100 por ciento sobre la nómina del magisterio.
En el encuentro, además de los integrantes de la Comisión Única de Negociación de la Coordinadora y secretarios generales de distintas secciones, estuvieron presentes el presidente López Obrador; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez amaya; la directora del ISSSTE, Bertha Alcalde Luján; el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Morales Vázquez, así como funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En entrevista, el secretario general de la Sección IX de la Coordinadora, el profesor Pedro Hernández, ahonda en las demandas del magisterio democrático que, durante 4 años, estuvieron pendientes.
“Se le planteó al presidente una agenda de cinco puntos: abrogación total de la reforma educativa actual; un aumento salarial al sueldo base del magisterio; estabilidad en el empleo y reinstalación de los 172 compañeros cesados; abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007; y el resarcimiento de daños provocados por las represiones y masacres que acarreó la imposición de la Reforma Educativa anterior”.
Aunque la CNTE reconoce que ha habido algunos avances para el magisterio durante la actual administración federal, aún quedan temas en el tintero que no se han resuelto. El profesor Pedro Hernández explica:
“A nosotros nos parece que la Reforma Educativa de este sexenio no fue a fondo. En realidad, solo no quedó una coma y un punto de la anterior, o sea, se modificaron algunas partes pero todo lo demás quedó igual. Es el gatopardismo educativo, como le ha llamado Luis Hernández Navarro. Es decir: todo cambio, pero todo sigue igual”.
Un ejemplo de que prevalecen las mismas condiciones que en sexenios anteriores está en los sistemas estatales de educación. Ahí, se sigue manteniendo una política de represión a la disidencia magisterial, donde se cesa o se separa de su trabajo a profesores que protestan o se inconforman con sus condiciones de trabajo, o con el oficialismo del SNTE.
El ejemplo más claro son los 172 profesores que fueron cesados previo, durante y después de la imposición de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, y que hoy siguen demandando su reinstalación. Entre los docentes cesados se encuentran 106 maestros del Colegio de Bachilleres de Jalisco que habían sido reinstalados y fueron cesados nuevamente por el gobierno estatal.
Aunque el profesor Pedro recalca algunos ejemplos en particular:
“Nosotros como Sección IX hemos exigido la reinstalación del maestro Gonzalo Martínez Villagrán, que fue secretario general de la IX, y que fue cesado desde enero de 1999. Pero en general, el cese de los 172 docentes actuales fue por diversas razones: su participación en las movilizaciones, falsas acusaciones, o procesos jurídicos que no se han llevado de manera adecuada. El cese de un compañero es grave, pues implica la suspensión de su salario, y esto significa que no tienen servicio médico y prestaciones. Ahorita, particularmente, estamos enfrentando una situación muy compleja con los compañeros de Chiapas, donde cesaron a 13 miembros del Comité Seccional que encabeza el maestro Isael González. A ellos los cesan porque compitieron y ganaron en su Comité Seccional, le ganaron a los charros, y los cesaron. Eso es muy grave”.
Además de esto, el punto central por el que el profesor Pedro y la Coordinadora dicen que las cosas no han cambiado de fondo está en la vigencia del servicio profesional docente creado por Enrique Peña Nieto, y que ahora se reviste bajo el nombre de Ley del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Sicamm).
“En el anterior régimen había algo que se llamó Carrera Magisterial que llevó a una competencia a los docentes para adquirir mejoras salariales a partir de presentar exámenes y cursos. Esta es de las cosas que no cambiaron con la actual reforma, pues ahora ya no se llama servicio profesional docente, sino Sicamm”.
Este esquema, cuenta el profesor Pedro Hernández, sigue manteniendo las diferenciaciones salariales entre los docentes, a pesar de que realicen el mismo trabajo, un esquema que, en realidad, apuesta a la división del gremio y el menosprecio a la figura del maestro.
“Un maestro frente a grupo puede tener un salario, y su compañero de a lado puede tener otro. Eso nos mete en un sistema meritocrático y de simulaciones, donde el reconocimiento solo viene después de presentar cursos y estudios, cuando en realidad el reconocimiento debería de ser para todos los docentes, pues todos hacen un esfuerzo cotidiano para actualizarse y mejorar su trabajo”.
En mayo del 2023, el presidente López Obrador anunció una homologación salarial para todos los trabajadores del sector educativo. La bautizó como medida del bienestar, y prometió que ningún profesor y personal de apoyo ganaría menos de 16 mil pesos al mes. La promesa comenzó a operar en noviembre (aunque en algunos casos a regañadientes), y pronto encendió las alarmas del magisterio.
¿Por qué? Porque en esencia seguía menospreciando el trabajo del docente, y no tocaba de fondo los problemas laborales de los trabajadores de la educación. El profesor Pedro Hernández argumenta:
“En esta medida nosotros dijimos que el problema salarial del magisterio está en que hay un rezago importante del salario de los docentes. Y también, en que este aumento a todos los trabajadores del sector educativo en realidad sólo beneficio a los trabajadores de apoyo, al personal de apoyo y asistencia a la educación, que no son docentes, sino son los compañeros que hacen el aseo, los vigilantes, conserjes, administrativos, etcétera”.
La inconformidad del magisterio estriba en que, una vez más, desde el gobierno federal se tomó una medida ambigua que benefició a solo un sector de los trabajadores de la educación, pero sin atender los problemas de fono en el magisterio.
“Nosotros propusimos que, además de esta medida que claro que beneficio y genera mejores condiciones para el personal de apoyo, la mejora salarial tiene que ir acompañada un incremento de salario al salario base del magisterio, para que tenga impacto en todas las prestaciones y además ayudaría a los jubilados a incrementar el monto de su pensión, pues ellos sólo perciben el salario base”.
Además de que esta política beneficiaría a los jubilados, también impactaría en el salario real de los docentes, quienes tienen descuentos por impuestos de casi 4 mil pesos sobre su salario base. Además, de que nivelaría las condiciones de desigualdad que aún prevalecen en el trabajo docente.
“En el caso de Preescolar-Primaria la plaza base regular contempla 20 horas a la semana, o sea un salario de entre 12 mil 500 a 14 mil. En secundaria el pago es por horas, entonces ahí hay una variedad muy grande, desde compañeros maestros de secundaria que tienen pocas horas, hasta quienes tienen 40. Si a esto le agreguas que sigue prevaleciendo la diferenciación de salarios por el Usicamm, hay brechas muy grandes, y eso no se toca con esta nivelación que propuso el presidente”.
Para imponer la Reforma Educativa, el gobierno de Enrique Peña Nieto encabezó sangrientas represiones contra el magisterio que protestaba a lo largo y ancho del país. Una de estas historias ocurrió en 2016, en Noxchistlán, Oaxaca, donde 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la Agencia de Estatal de Investigacion asesinaron a 11 personas (maestros, normalistas y ciudadanos) que apoyaban la lucha magisterial, y lesionaron a otras 103, incluidas menores de edad.
“En el caso de Noxhistlán no hay un protocolo para resarcir los daños hacia los familiares de los afectados, sigue habiendo impunidad, y eso es urgente”, afirma el profesor Pedro.
Además, la represión en contra de los normalistas rurales sigue vigente. Un ejemplo, dice el dirigente de la Sección IX de la CNTE, es el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta el pasado 7 de marzo.
También, añade el profesor Hernández, el cierre de la mesa de trabajo con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
“Ayotzinapa es un tema muy sensible para nosotros, y es urgente que se reome el diálogo. Con el asesinato de Yanqui Kothan suman 11 normalistas de Ayotzinapa asesinados del 2011 a la fecha. Necesitamos que se esclarezcan las cosas, y que se castigue a los asesinos”.
De acuerdo con el profesor Hernández, quien estuvo presente en la reunión con el presidente López Obrador, el mandatario se comprometió a responder por escrito a las demandas del magisterio, y reanudar la mesa de negociación.
La fecha es el próximo 15 de abril, a las 11 de la mañana, el mismo día en el que la CNTE convocó a un paro general de labores de 24 horas y una megamarcha en la capital del país.
Sin embargo, de antemano el presidente reconoció que algunos puntos no los podrá resolver por falta de tiempo. Estos puntos son: la abrogación total de la Reforma Educativa y la eliminación de la ley de pensiones de 2007.
Además, explicó que el aumento salarial del cien por ciento sobre el salario base del magisterio es algo económicamente imposible, pero aseguró que sí habrá un aumento, aunque no en el procentaje que demanda el magisterio.
Sobre Ayotzinapa el presidente no mencionó nada, aunque previamente ha dicho que reanudará la mesa de trabajo con los padres y madres de los 43, pero sin sus abogados. Sobre el caso de Noxchistlán, el mandatario instruyó a la secretaria de gobernación, Luisa Alcalde, para cumplir con los protocolos necesarios que posibiliten acceder a las víctimas a una reparación del daño.
Acerca del castigo a los culpables, no hubo compromiso alguno mas que continuar con las investigaciones.
El profesor Hernñandez reflexiona:
“Le planteamos al presidente que debemos regresar al Artículo 123 Constitucional, que es la ley máxima que marcaría cómo tendría que ser el trabajo de los docentes, y no en una excepción donde en el tercero constitucional pusieron la parte laboral nuevamente. Además, le criticamos que nos haya dejado 4 años sin interlocución, dándoselas a los charros del SNTE. Muchas de esta cosas se pudieron haber avanzado desde 2019, pero nos dejaron de recibir”.
Y concluye:
“Nosotros no dejaremos de movilizarnos, siempre por la defensa de la educación pública y de los trabajadores de la educación, gane quien gane”.
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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