209 defensores de todo el mundo han sido atacados por oponerse a empresas del Reino Unido
21 noviembre, 2024
En un informe presentado en Londres, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI) identificaron 209 ataques a defensores que se oponen a proyectos extractivistas de capital británico, entre ellos algunos que operan en México, como Fresnillo PLC, de la familia Baillères
Texto: Alejandro Ruiz
Foto: Cortesía PBI UK
CIUDAD DE MÉXICO. – De acuerdo con las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), entre 2015 y 2023, 209 activistas y defensores del territorio de todo el mundo fueron atacados por oponerse a proyectos extractivistas de capital británico. De ellos, 30 fueron asesinados.
Los datos son parte de un informe que PBI presentó este jueves en Londres, Inglaterra. El objetivo: impulsar una ley para regular a las empresas de capital británico que realizan operaciones en otros países.
El informe, que puedes consultar en este enlace, recupera testimonios de defensores en Colombia, Honduras, Indonesia y México. En nuestro país, resaltan los casos del ejido El Bajío, quienes expulsaron de su territorio a una minera de Fresnillo PLC, propiedad de la familia Bailléres, quienes cotizan ante la Bolsa de Valores de Lonres. Por esta lucha, asesinaron a los ejidatarios Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega. También, desaparecieron a Noemí Elizabeth López Gutiérrez, y enfrentaron la detención arbitraria 12 campesinos por órdenes de la familia de la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
También aparece el caso de los defensores del territorio que se opusieron contra Eólica del Sur, en Oaxaca. Uno de los accionistas principales de este megaproyecto fue el banco HSBC, de capital británico.
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Una ley para sancionar a las empresas
Desde épocas coloniales, el Reino Unido se ha beneficiado de los recursos humanos y naturales de otras naciones y pueblos a través de la violencia, el saqueo, la explotación y la devastación del medio ambiente. Y ahora, también lo hacen sus empresas.
Ante esto, desde 2022, Corporate Justicie Coalition, una alianza de organizaciones civiles del Reino Unido y el mundo –entre ellas PBI–, impulsan una nueva ley dentro del parlamento británico para proteger los derechos de las comunidades que sufren los abusos de las empresas que llegan a sus territorios.
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La iniciativa de ley, respaldada por más de 122 mil personas, sindicatos, negocios, inversionistas y organizaciones, podría impactar en todo el mundo, pues además de imponer sanciones financieras, que pueden llegar a la expulsión de la bolsa de valores de Londres, también obligaría a las empresas a respetar leyes y convenios internacionales de los países de origen, que muchas de las veces ignoran.
El informe de PBI camina en este sentido, pues demuestra los vínculos entre las empresas británicas, la devastación ambiental y los ataques a los defensores del territorio.
Ante ineficacia de gobiernos nacionales, defensores del territorio acuden al parlamento británico
Por ello, este 21 de noviembre, un grupo de líderes indígenas, activistas y defensores del territorio de todo el mundo se reunieron con parlamentarios británicos en Westminster para exigirle al gobierno del Reino Unido que garantice la rendición de cuentas de las empresas de ese país.
El ejercicio no es nuevo, pues en repetidas ocasiones defensores mexicanos –como los del ejido El Bajío – han ido hasta Londres para cuestionar a los directivos de las empresas y evidenciar el incumplimiento de las leyes nacionales y las graves violaciones a los derechos humanos que cometen en otros países.
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El último caso ocurrió en mayo de este año, cuando un grupo de ejidatarios expuso ante los accionistas de Fresnillo PLC el incumplimiento que la empresa ha hecho de 67 sentencias que la obligaron a abandonar la tierra de los ejidatarios de El Bajío, y la negativa que tiene en restituirles – como marcan las sentencias – todo el oro que extrajeron ilegalmente del territorio, una suma que se estima en más de 347.6 millones de dólares.
Pese a esto, las legislaciones mexicanas aún no contemplan sanciones para las empresas de capital extranjero que incurran en graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Por ejemplo, y a pregunta expresa de Pie de Página, la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que, si bien, el Estado mexicano «promueve estándares internacionales para que sean observados nacionalmente, de acuerdo a las competencias de otras Secretarías y fomenta el diálogo multilateral sobre empresas y derechos humanos».
En los hechos, no existe un marco normativo que prevea «la aplicación de sanciones de ninguna naturaleza, ni a personas físicas ni a personas morales, incluyendo a las empresas públicas o privadas».
Periodista independiente radicado en la ciudad de Querétaro. Creo en las historias que permiten abrir espacios de reflexión, discusión y construcción colectiva, con la convicción de que otros mundos son posibles si los construimos desde abajo.
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