A diez años de la reforma del artículo 4 de la Constitución para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua a toda la población, los y las legisladores siguen sin atender el llamado de la sociedad civil y la declaración de inconstitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para para generar una nueva Ley de Aguas

Texto: Alejandro Ruiz

Foto: Duilio Rodríguez

QUERÉTARO.- El pasado 8 de febrero de 2012, una reforma al artículo 4 constitucional reconoció el derecho humano al agua; sin embargo, la vigente Ley de Aguas Nacionales (promulgada en 1992 durante la administración de Salinas de Gortari) no ha sido reformada; por lo que este derecho aún encuentra obstáculos para su realización en el país. 

Así lo destacó en conferencia de prensa la Coordinadora Agua para Todxs, quienes desde hace años han pugnado por el ejercicio del derecho humano al agua en el país. Además, denunciaron la falta de voluntad política en el Poder Legislativo para aprobar una nueva Ley General de Aguas que vaya en consonancia con la reforma constitucional de 2012. 

Los integrantes de Agua para Todxs recordaron que el pasado 24 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como inconstitucional la omisión que el Poder Legislativo ha hecho al no emitir la Ley General de Aguas. 

“A 10 años de la emisión de la reforma constitucional al artículo 4 que nos otorga a los mexicanas y mexicanos el derecho humano al agua, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentenciado que el Poder Legislativo, y las Legislaturas LXII, LXIII y LXIV han cometido una omisión al no emitir una Ley General de Aguas”, expresaron.

El párrafo adicionado en la Constitución una década atrás dice:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Un proyecto ciudadano congelado

Desde la reforma de 2012, Agua para Todxs impulsó una amplia campaña en todo el país para construir un nuevo proyecto de Ley General de Aguas que garantizara el acceso, disposición y saneamiento del agua para el consumo personal de forma suficiente, salubre y aceptable.

En febrero de 2020 sus demandas llegaron a la Cámara de Diputados. En ese momento se comenzó a trabajar una propuesta de proyecto de Ley General de Aguas. 

Inclusive, la iniciativa fue aplaudida en 2021 por el relator especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento de la ONU, Pedro Arrojo Agudo, durante una visita en México. Sin embargo, el proyecto de ley no ha llegado a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación. 

Las y los integrantes de Agua para Todxs denunciaron que estos obstáculos han sido impulsados por grupos parlamentarios que tienen fuertes intereses en las concesiones y beneficios que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) les otorga. 

Entre estos legisladores, denunciaron, se encuentra el diputado panista Mario Mata Carrasco, a quien acusaron de ser “provocador del conflicto La Boquilla y promotor de la separación del Estado de Chihuahua de la Federación”.

Asimismo, señalaron que el diputado chihuahuense está promoviendo un proyecto de ley distinto al que se ha trabajado desde hace 100 meses por Agua para Todxs.

El proyecto de Mata Carrasco, enfatizaron, pretende “iniciar de la mano de los grandes intereses una nueva versión de la caduca LAN con discursos amañados que buscan generar confusión, traicionando las necesidades de más de un centenar de millones de mexicanas y mexicanos”.

A la vez, acusaron de “criminales” estas omisiones del Poder Legislativo para publicar la Ley General de Aguas. 

Hacia la democratización del agua 

Uno de los objetivos fundamentales que persigue el proyecto de Ley General de Aguas es el de garantizar el acceso del líquido para todas las personas del país mediante mecanismos democráticos que impliquen la participación de toda la ciudadanía.

Ante esto, uno de los principales obstáculos que enfrentan decenas de comunidades en México han sido las concesiones otorgadas por los distintos niveles de gobierno para el uso y administración del agua.

En muchos casos, estas concesiones favorecen a acaparadores y megaproyectos que, sumado al gran problema de escasez ante la falta de lluvias, han puesto en una situación crítica a muchos pueblos de México. 

Algunos de esos recientes conflictos ocurren en Santiago Mexquititlán, Querétaro; Ayutla de los Mixes, Oaxaca; o Juan C. Bonilla, en Puebla.. 

Ante esto, Agua para Todxs, invita  a “la participación activa y consciente para hacer procesos de planeación que garanticen el buen uso del servicio del agua en el territorio”.

Asimismo, enfatizaron que no solo se necesita la participación ciudadana para la democratización del agua en el país, sino también de “expertos y técnicos en la materia del agua para que las propuestas sean de soporte social y de respaldo técnico”.

Piden contraloría de violaciones al derecho al agua

 Por ello, además de exhortar a la federación a que instale un grupo de trabajo que retome el proyecto de dictamen de Ley General de Aguas ya consensuado, Agua para Todxs hace un llamado para crear una contraloría ciudadana autónoma del agua que fiscalice, observe y ponga en evidencia los casos en el territorio nacional que implican una violación al derecho humano al agua. 

“Se están haciendo grandes negocios a costa de la sed y la salud del pueblo mexicano”, concluyeron.