La defensa de cuatro de los militares implicados en Ayotzinapa es férrea y con vínculos en altas esferas del poder. La Guardia Nacional aseguró que hay bajo riesgo de fuga. El fantasma de los mensajes falsos sigue persiguiendo el caso Ayotzinapa

Por Lydiette Carrión / X: @lydicar

Este sábado (6 de julio), Raquel Duarte Cedillo, juez segunda de distrito en materia penal con sede en Toluca, otorgó la  libertad condicional al general brigadier José Rodríguez Pérez. Quien fuera comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala durante los hechos ocurridos entre el  26 y 27 de septiembre de 2014,  acusado de ordenar la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de al menos seis  normalistas, y de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, podrá llevar su proceso por desaparición forzada, en libertad. 

Según el juzgado, Rodríguez Pérez no presenta riesgo de fugarse.

Fuentes cercanas al caso advierten que la juez tomó esta decisión al contemplar un  análisis de riesgos presentado por el área de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso de la Guardia Nacional. Esta área está dirigida por Eduardo Valiente Hernández, quien fue Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, durante el sexenio de Eruviel Ávila. 

Pero, advierten las mismas fuentes, que también ha habido presión por parte de la defensa que la Secretaría de la Defensa Nacional hace de cuatro mandos implicados en la llamada Noche de Iguala: el propio general Rodríguez Pérez; el capital José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel. 

La defensa, litigada en lo profundo por abogados militares, es encabezada por Alejandro Robledo  Carretero, ha anunciado anteriormente que demandaría a Alejando Encinas, debido a la investigación que su Comisión por la Verdad realizó. 

Cabe recordar un poco quién es Alejandro Robledo. Fue subsecretario en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el mando de Alfonso Durazo, entre agosto de 2019 hasta junio de 2020. Fue un periodo breve. Luego dejó el servicio público y se sumó al litigio privado. Fue entonces que se sumó a la defensa legal de un grupo de cercanos a  Julio Scherer Ibarra, quienes fueron acusados de tráfico de influencias, según lo reportó Aristegui Noticias en su momento. 

La información la recopilo de Sin embargo: En 2019, Juan Collado Mocelo, un abogado y empresario que fue acusado de uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, negoció con la Fiscalía General de la República (FGR): saldría de prisión a cambio de denunciar por extorsión y lavado de dinero a un  grupo de abogados presuntamente allegados al exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra. Esto abogados, serían Juan Antonio Araujo Rivapalacio, Isaac Pérez Rodríguez,  David Gómez Arnau y  César Omar González Hernández. Este último ahora también es defensor de los cuatro militares del caso Ayotzinapa. 

En resumen, Alejandro Robledo Carretero  y César Omar González Hernández son abogados cercanos a Julio Scherer Ibarra, se enfrentaron a Gertz Manero en su momento. Se ha puesto en tela de juicio, por decir lo menos, su forma de obrar en la política.

Su defensa pública se ha centrado en que el informe presentado por Encinas, el cual fue utilizado al menos en la opinión pública, para apuntalar la culpabilidad de los militares, tendría al menos  467 “pruebas falsas”.

Cabe recordar, sin embargo, que algunos de los señalamientos que apuntan a José Rodríguez Pérez vienen desde las primeras notas periodísticas en 2014 y los  informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Rodríguez Pérez, durante la noche de Iguala

La CNDH y publicó   en su recomendación de 2018 algunos detalles del papel que Rodríguez Pérez tuvo aquella noche. 

Derivado de la información que el C-4 de Iguala proporcionó al 27/o. Batallón de Infantería, relacionada con la caravana de autobuses de los normalistas bloqueada en su trayecto en las calles de Juan. N Álvarez y Periférico Norte por policías municipales de Iguala, el Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27/o. Batallón de Infantería se comunicó telefónicamente con Felipe Flores Velázquez, Secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala, a quien le preguntó si tenía algún problema con los estudiantes. Felipe Flores contestó: “que no, que no tenía ningún problema, que su personal ya se encontraba en filtros”. 1458 (declaración de José Rodríguez Pérez).

La CNDH destaca que, en el mismo mensaje 22632, el Comandante del 27 Batallón informó que, «dada la situación, aproximadamente a las 22:00 horas, se comunicó con el Coordinador Operativo de la Policía Estatal en la Zona Norte, José Adame Bautista, quien señaló que su personal no asistiría a prestar apoyo a la Policía Municipal de Iguala, a menos que recibiera instrucciones de sus superiores. El Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27/o. Batallón, en sus declaraciones ministeriales, omite haberse comunicado con el Coordinador Regional de la Policía Estatal, sin embargo, si informó de esta comunicación al Comandante de la 35/a. Zona Militar en el referido mensaje”.

7:30 pm. El coronel envía subalterno a la caseta

De acuerdo con los registros telefónicos, Rodríguez Pérez  instruyó directamente vía celular, al cabo Ezequiel Carrera Rifas para que se trasladara a la caseta de cobro número 3, ubicada en la carretera Iguala-Puente de Ixtla y verificara si los estudiantes normalistas realizaban en el lugar actividades de boteo.

Minutos más tarde, el cabo le informó que sí –aunque no hubo evidencia de que los estudiantes hicieran exactamente eso– y luego se retiró rumbo al centro.

Rodríguez Pérez informó de esto a su superior, en la zona militar 35, en Chilpancingo, Alejandro Saavedra, se recoge en el Primer informe del GIEI.

9 pm. Sabe que los estudiantes se llevan un autobús.

A las 9 de la noche, según un subordinado informa directamente al Comandante que  los estudiantes se quieren llevar un autobús desde la central camionera Estrella Blanca. Pero Rodríguez Pérez no gira ninguna orden. 

A las 9:30, media hora más tarde,  le informan de nuevo al comandante  que hubo “problemas” en el centro de Iguala:  una “riña” entre policías y estudiantes. Desde ese entonces, el comandante fue informado de que policías municipales disparaban contra estudiantes. Y de nuevo, no dio ninguna orden. 

9:30 a 11 pm. Le informan del ataque de los policías

Los subalternos  Joel Gálvez Santos,y González Cano reportan al comandante  que: “Personal de la policía municipal y normalistas tenían confrontamiento y los normalistas les estaban tirando piedras a los policías”. 

El informe de la CNDH agrega:

La situación da un giro radical en el momento en el que, de manera injustificada y desproporcionada, los estudiantes son agredidos frontalmente con disparos de arma de fuego, por elementos de la policía municipal de Iguala. Este momento es determinante en la sucesión de los hechos, porque evidencia de forma clara que quienes agreden con armas de fuego son los policías municipales de Iguala».

En otras palabras, Rodríguez Pérez sabía desde las 9:30 de la noche que los policías municipales agredieron con armas de fuego a los estudiantes. 

11 pm. Envía a subalterno al hospital

Entre las 11 y 11 y media de la noche, Rodríguez Pérez instruyó al teniente Roberto Vázquez Hernández, para que acudiera al Hospital General “Jorge Soberón Acevedo”. Ahí Vázquez verificó el ingreso de personas heridas por arma de fuego. A pesar de tener reportes claros de personas lesionadas, no hizo nada más. 

En el hospital informaron que, alrededor de las 9 de la noche, ingresaron a dicho nosocomio personas lesionadas por arma de fuego. Uno de ellos, quien después se sabría, se trataba del normalista Aldo Gutiérrez Solano, había sido herido en la cabeza. Horas después, alrededor de las 03:40 horas del 27, el Teniente Vázquez Hernández, acudió al hospital “Jorge Soberon Acevedo”, lugar en el que le informaron del ingreso de 17 adolescentes. Entre estas personas se encontraban integrantes del equipo de futbol “Avispones de Chilpancingo. 

El Coronel Rodríguez Pérez instruyó a su teniente  que se trasladara al crucero de Santa Teresa para verificar los hechos en los que adolescentes del equipo de fútbol Los Avispones fueron agredidos. Nunca ordenó que se les diera ayuda. 

Por su parte, el Coronel Rodríguez Pérez declaró en su momento que llegaron a las instalaciones del Batallón, alrededor de 6 personas “alteradas”, que requerían apoyo para sus compañeros, que habían sido agredidos por civiles armados. 

Minutos más tarde, el Comandante envió a otro subordinado al cruce de Santa Teresa (donde había ocurrido la agresión contra los avispones).

Poco después de la medianoche, el coronel Rodríguez Pérez habría ordenado al capitán segundo  de Infantería, José Martínez Crespo integrar un comando para dar “recorridos por la ciudad de Iguala”. José Martínez Crespo fue el primer militar detenido por el caso Ayotzinapa, el 14 de noviembre de 2020. 

El comando de Martínez Crespo se encontró  los cuerpos sin vida de dos personas del sexo masculino tirados sobre el asfalto -se trataba de los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo- en las calles de  Periférico y Juan N. Álvarez. También hallaron tres autobuses con impactos de proyectiles. Pero no hicieron nada. Se dirigieron al hospital Cristina. Tampoco pidieron ayuda o asistencias. Llegaron ahí a las 1:08 horas del 27 «e intimidaron a sobrevivientes del ataque. 

Los días siguientes: el asesinato

Después de esa noche, y ya con las denuncias por la desaparición de los estudiantes, el 28 de septiembre, madres y padres de los normalistas acudieron personalmente a la sede del Batallón. Se entrevistaron con el entonces coronel Rodríguez Pérez. Este negó la entrada a las instalaciones.

En octubre o noviembre de 2014, un grupo de estudiantes escuchó decir a un grupo de soldados que los cuerpos de normalistas habrían sido incinerados o desaparecidos en las instalaciones militares.

En septiembre de 2022,  el entonces  subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó un informe del que desprendería que mandó  matar a seis estudiantes que habrían permanecido privados de la libertad, vivos, al menos hasta cuatro días después. 

Sin embargo, pocos meses después, este informe fue puesto en duda incluso por el GIEI, debido a que una fracción de los mensajes de texto que lo componen podrían serían falsos. Después hubo nuevas declaraciones de testigos protegidos, pero la investigación parece haberse empantanado, nunca se repuso de aquel golpe.