Textos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo Foto: Chiapas Paralelo
Acusan a gobierno de promover estos grupos y militarizar la región. Compartimos los testimonios en videos otorgados a Chiapas Paralelo.
La disputa entre habitantes de los municipios de Aldama y Chenalhó que inició hace cuatro décadas por la posesión de 60 hectáreas de tierra, detonó de nuevo hace apenas 11 meses, con la presencia de grupos de civiles armados que mantienen sitiados a bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de la zona.
Los zapatistas, en videos enviado a este noticiario, acusaron a los tres niveles de gobiernos de promover y financiar a estos grupos de civiles armados, quienes han asesinado a 25 personas; situación que se agrava –señalan- con la recién llegada de decenas de militares a la zona.
Una resolución presidencial de José López Portillo que dotaba de 60 hectáreas de tierra a la comunidad de Santa Martha, Chenalhó, fue revocada años después, al reconocerse que el terreno pertenecía a lo que hoy componen 5 comunidades del municipio de Aldama: Cotzilnam, Xuxch´en, Tselej potobtik, Yeton y la cabecera municipal.
En estas comunidades habitan bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes denunciaron que desde el 28 de febrero de 2018 a la fecha, han sufrido ataques por parte de civiles armados que los mantienen prácticamente sitiados, narra una mujer zapatista de Xuxch´en, quien hace el recuento de al menos 7 agresiones armadas significativas que han tenido.
“Disparan a los carros, a la gente en el camino (…) no se puede sacar la producción, ni a los enfermos, se tiene que viajar en la noche porque tirotean (…) quemaron las cañas, da mucho dolor porque es nuestro trabajo (…) Hemos sufrido 11 meses como bases de apoyo del EZLN. Da mucha tristeza, los niños en la escuela rápido regresan llorando, gritando, ya no quieren ir a la escuela”.
Para los zapatistas de esta región que ellos conocen como el municipio autónomo Magdalena de la Paz, lo que era un problema agrarios se convirtió en un conflicto social financiado por los gobiernos municipales, estatal y federal.
“Se ve bien claro, tiroteos, agresiones, ráfagas de fuego y bala. No creemos que un indígena pueda comprar miles de balas cada día”, explicó una de las mujeres de Cotzilnam.
Sin embargo, los afectados por las acciones de los grupos de civiles armados también son indígenas bases de apoyo del EZLN, que habitan en el lado de Chenalhó, de donde hasta el momento, han venido las agresiones. Muestran como prueba decenas de casquillos de diferentes calibres, que han recolectado del piso, luego de los ataques.
En la zona, un río separa la región en disputa. De un lado habitan pobladores de Chenalhó, que se dicen desposeídos y ahora reclaman con fuego el territorio. Del otro lado los cinco poblados de Aldama. En ambos lados, además del río, ahora hay barricadas formadas con costales de arena y piedras.
Los pobladores de Aldama aseguran que los armados de Chenalhó construyeron las barricadas que están en el otro extremo, con el fin de tener un mejor ángulo de disparo en su contra. Las que están en su municipio, dicen, fueron levantadas para protegerse. Una de ellas está en la escuela Vicente Guerrero, a donde los niños ya no asisten desde que sus paredes fueron blanco de disparos.
En esta disputa han sido asesinadas 25 personas. Los homicidios más recientes fueron el 2 de abril, de 2018 Sebastián López Velasco; el 5 de mayo Domingo Hernández Pérez, Lucio Hernández Hernández, Víctor Hernández Hernández, Víctor Hernández Sántiz y Cecilia Hernández Hernández. El 7 de noviembre pasado Raymundo Hernández Pérez, Julio López Álvarez, Miguel Álvarez Álvarez y Enrique Hernández Hernández. Los asesinatos más recientes son los de Juan Pedro Gómez Sántiz y dos personas más, apenas el 22 de enero pasado.
Miles de desplazados ha dejado el conflicto, hasta escalar por la precariedad en la que viven los pobladores de la zona, lo que llevó a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a reconocer públicamente la existencia de los grupos de civiles armados. La salida salida que se planteó entonces fue la de enviar decenas de militares y policías a la zona.
El 23 de enero pasado se instaló en la región los destacamentos de policías y militares, quienes ahora ocupan las trincheras de la zona. Si bien para algunos poblares eso les permitió volver a sus viviendas para recuperar parte de lo perdido, y recoger lo que de sus cosechas de café sobrevivió, para los indígenas zapatistas la situación podría “empeorar”.
“En vez de solucionarlo (el gobierno) mete al ejército en nuestras comunidades. Estamos bien claros, lo único que van a hacer es empeorar más y más”, explicó una de las zapatistas de Cotzilnam.
Ellos aseguran que el gobierno federal obligó a quienes no son zapatistas, a aceptar la presencia militar a cambio de apoyos económicos. “Para que la población se vaya acostumbrado a la militarización. Nosotros y nosotras siempre hemos dicho que la solución no es la militarización de los pueblos”.
En un comunicado entregado a este noticiero, las autoridades zapatistas de la zona, conocidas como “Junta de Buen Gobierno, Corazon Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo”, aseguran que en la región en disputa en esas tierras “hay bellezas naturales y centros ceremoniales en donde pretenden crear reservas o centros ecoturísticos privados”.
Para ellos, los tres niveles de gobierno son los que están provocando la actual conflictividad que está afectando el territorio zapatistas, territorio que dicen no están dispuestos a ceder. “Nosotras claro les decimos; nos están provocando y nos están obligando a defendernos”.
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