Por diez años, comunidades de Jiménez del Teúl en Zacatecas han rechazado la presa Milpillas: asambleas ejidales, amparos y protestas frenaron un proyecto con estudios vencidos, datos falseados y cero consulta. Ahora, el gobierno insiste pese a que expertos demuestran su inviabilidad hídrica y a que los ejidatarios —respaldados por la ley— se niegan a ceder sus tierras

Texto: Adriana Galván

Foto: Especial

JIMÉNEZ DEL TEÚL, ZACATECAS.- En 2015 durante el quinto informe de gobierno del entonces gobernador del estado de Zacatecas Miguel Alonso Reyes, se mencionó por primera vez un estudio de impacto ambiental gestionado por Conagua para la construcción de un proyecto hídrico, este pondría a disposición y para consumo humano 100 millones de metros cúbicos de agua anuales (Mm3/año). En esa oportunidad se afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto había dado luz verde para la construcción de una presa que captaría 47 Mm3/año de agua. Más tarde, la entonces directora de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) Alma Fabiola Rivera Salinas, expusó que la presa se construiría sobre el río Milpillas (conocido por la comunidad como río Atenco). Situación que afectaría a comunidades de los municipios de Jiménez del Teúl, Sombrerete, Fresnillo y Zacatecas capital. 

En 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador suspendió 500 millones de pesos destinados a la presa Milpillas luego de que, en años anteriores, el presupuesto, al no ser ejercido, tuvo que regresar a la federación. Un logro del Movimiento en la defensa del territorio y del río Atenco (Milpillas) que frenó el inicio de las obras. 

El 12 de marzo de 2025 en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la presa Milpillas revivió y se presentó información al respecto. De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno de México, de retomarse la construcción de la presa sería un proyecto federal que recibiría una partida de 8 mil 900 millones de pesos y la obra se echaría a andar este mismo año con una inversión de 350 millones de pesos. Durante la conferencia se proyectó que la población beneficiada sería de 514 mil habitantes, la licitación se desarrollaría en el mes de julio, la obra comenzaría en agosto de este año y su conclusión sería en 2028. 

El 4 de junio del año en curso, aproximadamente a las 14 horas, el actual gobernador del estado de Zacatecas David Monreal, aterrizó en helicóptero dentro de la escuela pública de la comunidad de El Potrero, Jiménez del Teúl sin autorización de sus habitantes y pese a los mensajes de negativas para recibirlo. La llegada de David Monreal no sólo desvela el derroche de recurso por parte de su administración, la cual en noviembre de 2024 se hizo de un helicóptero Black Hawk de 105 millones de pesos y la contratación de un equipo para su uso y mantenimiento. El mensaje del arribo del gobernador demuestra la intimidación y la presión para que los ejidatarios vendan sus tierras, acción a la cual se han resistido por casi diez años. 

Problematizar el estudio de impacto ambiental

En 2015 Conagua y Gobierno del Estado de Zacatecas consignaron una Manifestación de Estudio de Impacto Ambiental (MIA), para el proyecto “Camino de acceso, zona de campamentos, zona de construcción de cortina y primera etapa de la construcción de acueducto en el desarrollo de la presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl, estado de Zacatecas”. Misma que inscribieron ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) en 2016; el estudio tuvo un costo de 16 millones 362 mil 98 pesos. Sin embargo, el documento contiene irregularidades metodológicas y del uso de datos, así como omisiones. 

Existen estudios académicos que exponen la falta de rigor metodológico de la MIA y que sostienen que la construcción de la presa y corredor no son viables y no solucionarán el problema de fondo, al contrario, amenazan con agudizarlo. De Acuerdo con Darcy Tetreault, docente investigador de la Unidad Académica de Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el artículo académico La No factibilidad de la presa Milpillas, señala que no se presenta el método utilizado para la estimación del volumen disponible de agua, Tetreault añade que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en la revisión de la MIA detectó omisiones metodológicas como la ausencia de algún cálculo para estimar el caudal del río en diferentes temporadas del año, no hay datos sobre la elevación y longitud de la cortina, así como del volumen de agua que se prevé capturar o la calidad de la misma. 

En este mismo orden, el estudio señala la necesidad de reducir la presión en los acuíferos sobreexplotados de la región centro del estado. Por tanto, se propone que la vida útil de la presa sea de 50 años hasta que los acuíferos que abastecen al corredor urbano-industrial de Zacatecas recuperen sus niveles y sean capaces de cumplir con la demanda de agua. En dicha afirmación no se presentaron cálculos para sostenerla. 

Sin embargo, las matemáticas ayudan a aclarar, las concesiones de agua subterránea en el centro de Zacatecas son cinco: Aguanaval (167.4Mm3/año), Benito Juárez (21.2 Mm3/año), Calera (164.8 Mm3/año), Chupaderos (187.6 Mm3/año) y Guadalupe-Bañuelos (12.7 Mm3/año), la suma en concesiones es de 553.7 Mm3/año. Sin embargo, la recarga es de 292.4 Mm3/años (Aguanaval 84.5 Mm3/año, Benito Juárez 18.1 Mm3/año, Calera 91.1 Mm3/año, Chupaderos 86.6 Mm3/año y Guadalupe-Bañuelos 12.1 Mm3/año). Esto deja un déficit de 261.3 Mm3/año. Si se toman en consideración los datos la MIA, el cálculo indican que el acueducto podrá transportar 41.0 Mm3/año, en consecuencia, se figura que los acuíferos seguirán siendo sobre explotados con una tasa de 220.3Mm3/año, según estudios de Tetreault (2018); en palabras simples, harían falta cinco presas Milpillas para lograr el objetivo mencionado en la Manifestación de Estudio de Impacto Ambiental (MIA). 

Pese a la falta de rigor metodológico, la resolución de la DGIRA acreditó el Estudio de Impacto Ambiental (MIA) pero, impuso una vigencia de cinco años para llevar a cabo las etapas de operación y mantenimiento. En consecuencia, la Manifestación de Estudio de Impacto Ambiental (MIA) caducó en el año 2021. Es decir, para retomar la construcción de la presa habría que proponer otra MIA o modificar la anterior, situación que no ha ocurrido. 

En la resolución, la DGIRA subrayó que la Manifestación de Estudio de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto de construcción de la cortina Presa Milpillas está inscrito en el rubro de Obras Hidráulicas a pesar de que dicha especificación solamente señala conceptos de trabajos adicionales para el desarrollo de la construcción de la presa Milpillas y  línea de conducción para el abastecimiento de agua potable, mismas que corresponden a otro sector económico como vías generales de comunicación, además de que es preciso el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) para preparar los terrenos de uso en la construcción del proyecto: zonas de campamentos, zonas de maniobra de maquinaría pesada y vehículos de carga, además de instalación para la primera etapa de construcción del acueducto. 

¿Por qué revivir una obra inviable? 

El proyecto presa Milpillas fue presentado en el sexenio del exgobernador priísta Miguel Alonso Reyes y se pretendía que su sucesor Alejandro Tello Cristerna lo proclamará como el gran logro de su quinquenio. David Monreal actual gobernador del estado, anunció el pasado 27 de mayo la suspensión definitiva del viaducto elevado en la ciudad de Zacatecas, cancelación provocada por los 14 juicios de amparo promovidos por la sociedad civil en contra del megaproyecto. En ese contexto, una semana después el gobernador se apersonó en la comunidad de El Potrero, acompañado del presidente municipal de Jiménez del Teúl, Daniel Cisneros Esparza y cerca de 100 efectivos de la policía estatal y algunas unidades con presencia de caninos. Acciones que intentaron intimidar a las personas de El Potrero y de otras comunidades que habían llegado a manifestarse por la intrusión del Gobierno del Estado. 

En redes sociales circulan vídeos del discurso que David Monreal recitó, donde claramente se observa el rechazo de los asistentes durante los poco menos de 15 minutos que sostuvo el micrófono. Durante ese tiempo no dió un solo argumento para la viabilidad o enumeró beneficios que tendrían los habitantes de las comunidades en caso de acceder a la construcción de la presa. Hizo hincapié en que las personas que declararon negativas a la construcción del proyecto hídrico están mal informadas e invitó a considerar su decisión; también aseguró que se respetaría la decisión de las comunidades. En este sentido, es imperante remarcar que el fallo para no vender las tierras se tomó en asamblea ejidal siguiendo los lineamientos que estipula la Ley agraria. Es una decisión legítima desde la autodeterminación de los habitantes de los ejidos afectados.  

El plan de acción presentado por el Gobierno de México es inviable puesto que, no hay actualización de la Manifestación de Estudio de Impacto Ambiental (MIA) y el gobierno no puede licitar terrenos que no han sido cedidos por los ejidos. Cualquier acción que se emprenda contra la población de las comunidades afectadas violaría sus derechos constitucionales, la Ley agraria y desacataría lineamientos y estatutos institucionales. Además de que, después de diez años, el estudio ya no representa las condiciones actuales del territorio. 

Dadas las circunstancias, el anuncio por parte del Gobierno de México para retomar la construcción de la presa Milpillas resulta contradictorio y la situación se vuelve aún más desconcertante puesto que, gestionado por el Movimiento en defensa del territorio y del río Atenco (Milpillas) la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solicitó a la Unidad de Transparencia información sobre la Manifestación de Estudio de Impacto Ambiental (MIA) y su actual estado, la respuesta es la siguiente: 

La Unidad de Transparencia declaró que tras una búsqueda exhaustiva en documentos físicos, digitales y otros sistemas con los que se cuenta no se encontraron registros de ingresos de trámites y modificaciones, tampoco se localizó registro de ingreso de una nueva MIA con características posteriores a 2015. Lo que implica que una licitación para junio y comienzo de obras para agosto de este mismo año sería ilegal y atenta contra la autodeterminación de las comunidades organizadas, las cuales han resistido por más de diez años. 

Aunado a lo anterior, en mayo de este mismo año el Ayuntamiento del Municipio de Jiménez del Teúl dió resolución a una petición de información sobre licencias de uso de suelo respecto a la presa Milpillas y su respectivo corredor.

En dicho documento se informó que no se localizó algún documento que sustente o ampare licencias de uso de suelo. No hay condiciones legales que avalen las licitaciones y comienzo de las obras en agosto de este año, por tanto, cualquierintervención es ilegal. Es importante considerar que en la zona donde se pretende construir la presa Milpillas hay concesiones mineras y la crisis hídrica está estrechamente ligada con la minería, esto de acuerdo con Grecia Rodríguez (2024) señala que la mitad del agua destinada a la minería se extrae de los estados de Sonora (107.9 Mm3/año), Zacatecas (55.8 Mm3/año) y Michoacán (44.4 Mm3/año). Tampoco sería de extrañarse que pudiesen existir intereses derivados de la presencia y extracción de litio en la región.

Es cierto que en la reforma a la Ley minera queda establecido que el litio es para utilidad pública y propiedad  de la nación, como también lo es que desde 2009 la minera Piero Sutti S.A. de C.V. cuenta con varias concesiones de litio y potasio, y aún más, algunas de ellas se encuentran en Jiménez del Teúl, específicamente en la comunidad El Obispo.