La Policía de Tixkokob golpeó a Alexis hasta romperle la mandíbula, mientras que Manuel acusa a la corporación de Valladolid de cortarle la mano. Se tratan de actos violentos que evidencian los alarmantes abusos policiales y las violaciones a los derechos humanos en Yucatán, el estado más seguro del país

Texto: Herbeth Escalante 

Foto: Archivo Herbert

MÉRIDA, YUCATÁN.- Alexis fue detenido por la Policía Municipal de Tixkokob luego de sufrir un accidente en motocicleta en la carretera que comunica con la comisaría de Nolo. No quedaron claras las razones de su detención ni por qué los agentes lo golpearon hasta fracturarle la mandíbula y el pómulo derecho de su rostro.

El joven de 25 años de edad fue víctima de la brutalidad policiaca en Yucatán, el estado considerado como el más seguro del país por sus bajos índices delictivos, y en donde las corporaciones violan derechos humanos y cometen tortura. 

“Ya no soporto el dolor de la mandíbula quebrada y no puedo comer, y si lo hago es con mucho dolor, porque el hueso está partido. Estoy por cumplir un mes de puro dolor y ya no aguanto”, exclamó desesperado desde su hogar, en donde reposa mientras se programa una cirugía maxilofacial en el hospital “Ignacio García Tellez T1” del Seguro Social (IMSS) en Mérida. 

Alexis Polanco Miam se dedica a la albañilería, pero desde que fue atacado por los policías de Tixkokob no ha podido trabajar, situación que golpea la economía familiar, ya que viven al día. De hecho, sus padres tuvieron que hacer un préstamo para poder cubrir los gastos médicos y viajar de Tixkokob a la ciudad para recibir atención hospitalaria.   

Los hechos violentos ocurrieron el pasado 6 de agosto cuando fue trasladado a la cárcel pública y, a pesar de la gravedad de sus lesiones, hasta el momento no ha sido intervenido quirúrgicamente. No sabe qué hacer, pues se ha intensificado el dolor en la sien, en varias partes de la cabeza y en su ojo izquierdo, además de que su nariz sangra constantemente debido a las fracturas.

Su madre, Rosa María Miam, contó que cuando se enteró del arresto de su hijo, fue a visitarlo a los separos y le llamó la atención que estaba únicamente con ropa interior en la celda y, aparentemente, se encontraba bien de salud. La mujer le dijo al comandante en turno que no tenía dinero para liberarlo ni para rescatar la moto, pues le estaban exigiendo 4 mil pesos, por lo que regresaría más tarde por él.

“Pero a las pocas horas la Policía vino a mi casa a pedirme que vaya por Alexis porque estaba muy alterado y al llegar me di cuenta que estaba súper golpeado. Le pregunté al comandante qué le habían hecho y sólo me dijo que no sabían lo que ocurrió, que quizás él mismo se aporreó en las rejas de la celda. Él no estaba así cuando lo fui a visitar, fueron los policías quienes lo golpearon”.

Rosa María Miam, madre de Alexis.

Debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, Rosa María y su esposo  pidieron el apoyo de una ambulancia para trasladarlo a un hospital de Mérida. Durante todo el trayecto, el joven escupía sangre y no podía respirar.

“Al principio no nos quería decir qué había pasado, creo que los policías lo amenazaron. A los tres días de estar ingresado en el hospital y ante la insistencia de mi esposo, Alexis confesó que tres policías lo golpearon salvajemente”, declaró.

A nivel nacional, Yucatán es considerado un “paraíso” por ocupar las primeras posiciones  en las estadísticas sobre seguridad, al grado de que las autoridades gubernamentales la presumen como el estado más pacifico de México.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en el periodo de enero a mayo de este año, Yucatán tuvo la menor incidencia delictiva, al registrar una tasa de 74.21 delitos por cada 100 mil habitantes.  Esto significa que es una cifra nueve veces menor a la media nacional de 677.90 delitos.

Además, como ha ocurrido en años anteriores, la entidad se mantiene con la menor tasa de homicidios dolosos de todo el país al registrar 0.78 casos por cada 100 mil habitantes, lo que significa 10 veces menos a la nacional, que es de 8.24.

Pero lo que no dicen las cifras oficiales es que las corporaciones policiacas, tanto las municipales como la estatal, están siendo acusadas de cometer todo tipo de delitos en contra de la población, desde detenciones arbitrarias, tortura y hasta homicidios.

La asociación civil Indignación reveló que tan sólo de 2019 al 2021 se interpusieron 965 denuncias por el delito de tortura ante la Fiscalía General de Yucatán (FGE), cantidad que catalogó de alarmante y que evidencia que la entidad atraviesa por una crisis de derechos humanos que se pretende esconder. 

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) calcula que en el último año y medio tiene abiertas 10 quejas vigentes sobre tortura que aparentemente fueron cometidos por integrantes de las Policías yucatecas.

Asegura que los policías le cortaron la mano

El caso de Alexis no es el único de violencia policiaca en el estado, pues hace unos días se dio a conocer que a un hombre, identificado como Manuel “N”, le cortaron la mano derecha como represalia por haber cometido un robo. Él acusa directamente a agentes municipales de Valladolid. 

En sus primeras declaraciones ante la Codhey, desde el hospital en donde está internado, relató que fue arrestado por los policías quienes lo llevaron al monte para castigarlo: le apuntaron la extremidad. Dijo que logró escapar y que llegó a una comisaría del municipio vecino de Chemax, en donde fue localizado por las autoridades a la orilla de un camino, desangrándose. 

El ombudsman yucateco Miguel Óscar Sabido Santana declaró que se trata de un caso gravísimo el cual están investigando como tortura. Precisó que nunca antes había ocurrido algo así en Yucatán, por lo que se han prendido los focos rojos sobre las alarmantes actuaciones de las corporaciones municipales.

La Codhey interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y pidió informes de lo ocurrido tanto a la Policía de Valladolid como a la de Chemax, así como al Hospital General de Valladolid para que los médicos determinen las posibles causas de la amputación. Sin embargo, hasta el momento ninguna persona ha sido detenida.

“Es algo que no había ocurrido, no había sucedido en muchos años, es algo gravísimo, recriminable y lamentable, por lo que tenemos que hacer las investigaciones pertinentes para poder tener la verdad completa. Desde luego que le damos el valor a la queja y a los dichos del afectado, porque le tenemos que creer a las víctimas de violaciones de derechos humanos”.

Miguel Óscar Sabido Santana, comisionado estatal de Derechos Humanos.

Reveló que de 2021 a la fecha, están vigentes entre siete y 10 quejas que fueron calificadas como tortura, investigaciones en las que solicitaron el apoyo de peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para poder aplicar los protocolos de Estambul. 

En ese sentido, confesó que hace falta personal especializado en la Codhey para investigar estos casos de lesa humanidad, por lo que están recibiendo capacitación al respecto.

“No tenemos los peritos suficientes, por lo que los estamos capacitando para que puedan realizar los dictámenes, análisis, calificaciones e integren las quejas de la mejor manera, para que de esta manera puedan calificar estos casos como lo que son: tortura”, aseveró. 

Apenas en abril de este año, el Congreso local aprobó una reforma de ley que busca fortalecer a las instituciones del Estado en sus atribuciones para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que suelen cometer las corporaciones de seguridad.

El promovente de dicha iniciativa, el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Legislativo, Gaspar Quintal Parra, lamentó que sigan ocurriendo este tipo de hechos violentos perpetrados por quienes deberían cuidar a la población y respetar la ley.

“Todavía existen mucha deficiencias en algunas corporaciones municipales en cuanto a sus protocolos de control; es muy lamentable que se den ese tipo de hechos en Yucatán, como los de Tixkokob y Valladolid, por lo que se debe castigar a quienes resulten responsables y reforzar las medidas para evitar casos como esos en el futuro”, recalcó.

Impunidad y violencia para grupos vulnerables

Para el abogado y activista de Indignación Jorge Fernández Mendiburu, la crisis de violaciones a derechos humanos por parte de las corporaciones policiacas en Yucatán no es nueva, lo que sucede es que la mayoría de los casos denunciados permanecen impunes porque las víctimas pertenecen a grupos socialmente vulnerables, por lo que prácticas como la tortura se siguen repitiendo.

Señaló que las detenciones arbitrarias y las torturas se realizan en el contexto de una “policía preventiva”, y que evidentemente no ha habido ningún tipo de voluntad política de establecer mecanismos que les pongan freno. 

Lamentó que a pesar de las múltiples recomendaciones que emiten los órganos internacionales en materia de derechos humanos para mejorar las políticas públicas en cuanto a la vigilancia de la actuación policial, pareciera que en Yucatán las autoridades gubernamentales estatales y municipales prefieren soslayar estas violaciones.

“Y por lo tanto, la impunidad genera la repetición de violaciones a derechos humanos, de esa impunidad se cuelgan las corporaciones policiacas para repetir esos actos en contra de la población, sobre todo las más vulnerable”, apuntó.

La diferencia, dijo, es que ahora existen cada vez más medios de comunicación, tecnologías de documentación y redes sociales que están difundiendo al resto de la sociedad lo que está sucediendo con las policías y se están visibilizando sus prácticas violentas.

En ese sentido, Fernández Mendiburu señaló que dichos actos no son aislados, al contrario, con constantes y sistemáticos que en ocasiones culminan en hechos más graves, como los homicidios. Enfatizó que si en Mérida hay impunidad, en los municipios del interior del estado la situación es peor. 

“La violencia no es nada más cuando la delincuencia organizada mata personas, como ocurre en otras regiones del país, pues tiene otras facetas o caras que no se contemplan cuando los gobiernos o instituciones hacen análisis sobre cuáles son los mejores estados para vivir. Claro que Yucatán es un buen lugar para vivir, pero sólo para ciertos sectores”, declaró.

Jorge Fernández Mendiburu, Indignación.

Por lo tanto, sostuvo que en Yucatán hay otras violencias, como el despojo territorial, el racismo, la discriminación, la de género y por supuesto, la policiaca, por lo que decir que “en la entidad no pasa nada o es pacifica”, es demasiado ilusorio y falso. Es un espejismo en el paraíso de la seguridad.

“Aunque no estamos en los niveles de muertes como en otros estados, podemos afirmar que hay una violencia sistémica en Yucatán, y que una de esas violencias es la que cometen los cuerpos policiacos, la cual está destinada a los sectores que están en situación de vulnerabilidad social y económica. Pero mientras las policías no toquen a las clases sociales altas, para las autoridades no hay violencia”, concluyó.