La normalización del espionaje es una práctica peligrosa. En un país donde hasta el presidente de la República es vigilado, el tema supera el terreno político y se convierte en asunto de seguridad nacional

Twitter: @anajarnajar

Es una moda reciente.

Desde hace algunos meses en el círculo de la comentocracia, entre periodistas y en redes sociales de internet se esperan con cierta ansiedad la presentación de nuevos audios del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito.

Las grabaciones se presentan en Los martes del jaguar, programa transmitido en YouTube y que conduce la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Las revelaciones han desatado varios escándalos políticos, algunos más intensos que otros.

El contenido de los audios muestra a un personaje vulgar, grotesco, prepotente, precisamente algunos de los adjetivos que pueden definir al Partido Revolucionario Institucional y sus nuevos aliados de la alianza Va por México.

Alito es, pues, un presidente ad hoc para el organismo político que gobernó al país durante más de 70 años.

En el análisis sobre el lenguaje soez del personaje, sin embargo, se pierde de vista un elemento fundamental para la democracia y convivencia social del país: el origen de los audios.

Es indudable que se obtuvieron de forma ilegal. Inclusive si se diera crédito a la versión de que el propio Moreno Cárdenas solía grabar sus conversaciones, es difícil creer que hubiera autorizado la difusión por parte de su acérrima enemiga.

Menos con el impacto que han tenido en su imagen, prestigio y capacidad de operación política, algo fundamental para su desempeño.

Lo más probable es que se hayan obtenido a través del espionaje, algo que no se incluye en el debate por las revelaciones de Sansores.

Pero es un tema fundamental porque cada vez hay más evidencias de que el tema se salió de control, y que en México cualquiera puede sufrir una invasión a su privacidad.

Al inicio de su gobierno Andrés Manuel López Obrador reveló que se encontró una cámara instalada en una sala de reuniones en Palacio Nacional.

Tras el incidente, en agosto de 2019, el presidente minimizó el tema. “No hay nada que puedan utilizar en contra nuestra” dijo en una conferencia de prensa matutina.

“La vida pública debe ser cada vez más pública. Nunca hemos presentado una denuncia de ese tipo, no lo vamos a hacer”.

La premisa de que nada hay oculto en su gobierno pareció ser un mensaje para disuadir la vigilancia: no habría necesidad de hacerlo si todo se difundía sin problemas.

Pero el espionaje no sólo se mantuvo, sino que se incrementó. En marzo pasado se publicó en YouTube el audio de una llamada del fiscal General Alejandro Gertz Manero con un colaborador cercano.

La conversación se refería a la denuncia que el fiscal mantenía contra exfamiliares suyos, a quienes acusó de asesinar a su hermano Federico.

El caso se resolvería en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El audio que se filtró demostró que Alejandro Gertz tuvo acceso al expediente que analizarían los ministros.

También quedó claro que parecía incurrir en un conflicto de interés al litigar personalmente un caso que atendía la dependencia a su cargo.

Después de la filtración la FGR informó que Gertz Manero fue espiado, y que la vigilancia se hizo desde el teléfono de su casa con la participación de varias personas.

Semanas después del escándalo el presidente López Obrador reconoció que sus adversarios políticos compraron equipo especial para espiarle. 

El espionaje se realizaría a los teléfonos móviles de él y sus colaboradores cercanos. “Invirtieron millones de dólares”, dijo.

AMLO, sin embargo, mantuvo su posición de minimizar el problema. “Quieren utilizar esta información para difamar o golpear”.

El siguiente escándalo fueron los audios de Alito Moreno. La gobernadora de Campeche dice que, hasta ahora, sólo ha difundido una pequeña parte de las 80 horas de grabaciones con que cuenta.

El presidente del PRI obtuvo un amparo para impedir que se revelaran más de sus conversaciones privadas, pero Layda Sansores las difundió de todos modos.

Pocos repararon en el desacato. El debate en redes de internet y los medios se concentró en la supuesta cercanía del político con algunos famosos comunicadores.

La atención se mantuvo en el contenido de los audios y no en la ilegalidad de su procedencia.

Nada raro. El espionaje es una práctica que parece haberse normalizado en México. La mayoría de los políticos, activistas, funcionarios, intelectuales y periodistas están conscientes de que muy probablemente son vigilados.

De hecho, el diario The San Diego Union Tribune reveló en febrero que México es uno de los principales clientes de empresas dedicadas a la venta de equipo de espionaje.

Es una vieja costumbre, señala el medio estadounidense, extendida a estos años en que desapareció el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), el organismo de inteligencia del gobierno civil.

La intercepción de comunicaciones privadas es una práctica normalizada en México, pero no debería ser así.

Sobre todo, porque la vigilancia afecta inclusive al presidente de la República. Un país donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es espiado no puede considerarse totalmente seguro.

Hay, además, preguntas por ahora sin respuesta: ¿quién espía al presidente, el Fiscal General, a gobernadores o ministros de la Suprema Corte?

¿Qué información se obtiene, con qué propósito? ¿Son nada más datos de la vida personal de los espiados, o se obtienen elementos confidenciales de operaciones contra terrorismo o delincuencia organizada?

Normalizar el espionaje es peligroso. El tema no debe quedarse en el espectáculo de los Martes del Jaguar, o la descalificación política en procesos electorales.

Lo que está en juego es una eventual vulneración a la seguridad nacional del país. Minimizar el espionaje con el argumento de una pretendida transparencia del Gobierno Federal es un buen discurso.

Pero hace falta más que retórica, sobre todo en el México de los últimos años, con la violencia incontenible y la decisión de algunos grupos políticos de propagar odio y cobrar venganza a la primera oportunidad.

No es un tema de ganar elecciones. Para miles de personas es un asunto de vida o muerte.