El 16 de junio el cuerpo del migrante Elmer Córdova fue encontrado en un vagón de tren en Tlaxcala. Activistas, ONG y amigos de la familia se movilizaron para lograr repatriar su cuerpo. Queda una pregunta ¿de qué murió Elmer? La falta de una investigación judicial es consecuencia del abandono de migrantes por sus países de origen y el nuestro

Texto: Daniela Rea

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- El 16 de junio el cuerpo del migrante Elmer Córdova fue encontrado en un vagón de tren en Tlaxcala. Dos días después, Javier Córdova, su hermano, recibió una llamada de Cancillería de Honduras para avisarle del hallazgo de un cuerpo con los documentos que correspondían a su hermano.

La Cancillería le dijo a la familia de Elmer que la repatriación, el proceso era de hasta 4 meses, pero que podía renunciar a sus derechos y hacerlo más rápido, pagando por su cuenta a la funeraria. La familia aceptó renunciar y comenzó una colecta económica que se extendió a redes solidarias entre activistas, académicas, ONG  para lograr que las autoridades se hicieran cargo del proceso. Finalmente el Instituto Nacional de Migración de México pagó los gastos y Elmer volvió a Honduras 22 días después.

Sin embargo, sigue pendiente la investigación que permita saber cómo murió Elmer. 

La Fiscalía de Tlaxcala envió un comunicado la Cancillería de Honduras donde informaba del hallazgo del cuerpo. En ese documento se decía que el 17 de junio del 2021 la Fiscalía inició una carpeta por Homicidio por el hallazgo del cuerpo, el cual fue realizado por un elemento de la Guardia Nacional en la carretera que conduce a Zacatlán, en el municipio de Tlaxco. En el documento se informa que no había “signos de violencia”. Por otro lado, la familia encontró en internet una nota periodística de Quadratín que publicaba una foto del cuerpo (la cual permitió a la familia identificarlo) e informaba que el cuerpo tenía sangre a la altura de boca y nariz, y que del hallazgo informaron empleados de Ferrosur.

El documento de la Fiscalía está hecho con tal descuido que la firma del agente del MP viene fechada el 17 de marzo del 2020. 

La familia de Elmer no ha recibido más información por parte de Cancillería de Honduras para saber qué pasó con la investigación judicial.

Una excepción, no la regla

Fabbiane Cabaret  es coordinadora del área de defensa en la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, una de esas organizaciones que se activaron para acompañar a la familia. Fabbiane explica que lo sucedido con el proceso de repatriación de Elmer es consecuencia del apoyo colectivo y no la norma de lo que sucede en estos procesos.

“Lo que pudimos observar en el caso de Elmer es que primeramente si la gente no tiene una cierta capacidad de exigencia y por otro lado redes de apoyo, tanto en el país de origen como en México mismo es mucho más difícil que pueda acceder a sus derechos”.

Fabbiane hace un recuento del proceso: empezando por la Cancillería de Honduras la práctica fue la clásica: buscar a la familia, avisar que falleció el familiar y que el cuerpo va a ser repatriado, pero que es un trámite que por las vías gubernamentales es muy tardado, y hasta ahí llega la información.

 “Esta es la dinámica de los casos por lo general, al menos respecto a Honduras. La actitud de la Cancillería impacta en que las personas se limitan en sí mismas en pedir otras cosas”, otras cosas básicas como justicia, como certezas sobre qué le pasó a su familiar, cómo murió, dónde, ¿sufrió?

Cuando la Fiscalía de Tlaxcala encontró el cuerpo en el vagón de tren inició una carpeta de investigación como “homicidio”, pues al desconocerse las causas de muerte el proceso oficial es ese. Eso no significa que va a investigar un homicidio.

“Desde la Fundación para la Justicia por el Estado de Derechos vimos la repatriación pero sabemos que cualquier caso de fallecimiento está vinculado con un expediente. La repatriación es parte del proceso pero obviamente hay cosas detrás. Cuando preguntábamos a Javier qué más sabía sobre la situación, la muerte, el caso, los procedimientos alrededor del caso, rebotó la pregunta de Cancillería y le dijeron ‘no preguntes otras cosas’, vas a recibir el cuerpo y hasta ahí llega’”.

Las familias prefieren no exigir investigación y justicia para no arriesgar la repatriación del cuerpo.

“Una vez que se repatria el cuerpo se queda a un lado toda la parte de justicia, salvo que las familias estén acompañadas y tengan una parte en México. Sobre todo cuando son asuntos de fiscalías estatales”, dice Fabbiane. 

Además de la FJEDD, otras organizaciones y colectivas sostuvieron y acompañaron a la familia de Elmer para lograr el trámite de repatriación, como Las Vanders, el Colectivo de Prácticas Narrativas, académicas de la UACM y Etnología y Antropología Social del INAH, el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Identificación, repatriación y justicia

En el proceso de repatriación un elemento básico es la posibilidad de identificación del cuerpo. A la familia de Elmer no se le garantizó ese derecho, fue hasta que vio una fotografía publicada en una nota local de Quadratín Tlaxcala, que pudieron ver la imagen tomada por el reportero y saber que sí, que se trataba de Elmer. La Cancillería hondureña tampoco mostró fotografías de pertenencias, ropa, objetos u otros elementos que permitieran la identificación.

“Hasta el momento la familia no ha tenido acceso a una proceso de identificación, lo que le convenció fue la foto de la prensa, pero no el proceso de justicia”; remarca Fabbiane. “El consulado no juega un papel activo en informar a los familias, más allá de la repatriación y  la identificación, la justicia va más allá de esto”.

Fabbiane explica que ese desdén es algo común de parte de las autoridades de Honduras. “A los consulados y cancillerías no les interesa más allá de la repatriación y menos les interesa que las familias puedan buscar justicia, reparación”.

Comúnmente los gastos de repatriación de un cuerpo los tendría que pagar el país de origen, a partir de estudios socioeconómicos a las familias de las víctimas deciden qué cantidad cubre el gobierno y qué cantidad la familia; cuando se trata de muerte por un delito o violación a derechos humanos quien tendría que solventar el gasto es la CEAV, pero no se investiga, entonces no se sabe cómo murió esa persona; y dependiendo de la “relevancia de los casos”, como lo fue el asesinato de 19 migrantes en Camargo.

Un mecanismo para no revictimizar

En el 2015 la ahora Fiscalía General de la República firmó un Mecanismo de apoyo al exterior, promovido por organizaciones de derechos humanos, el cual es un conjunto de acciones, medidas, instituciones enfocadas en facilitar el acceso a la justicia de migrantes y sus familias. También impulsa la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, la investigación de los delitos relacionados con personas migrantes, además de dirigir, coordinar y supervisar la aplicación de acciones idóneas y efectivas para que se repare el daño.

Entonces también se creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y se establecen sus facultades y organización. 

“El Mecanismo es para evitar esos problemas, explica cómo debería operar el acceso de justicia sin necesidad de que intervengan ONG, redes, que los migrantes puedan acceder a sus derechos aunque estén en otro país, para que  puedan tener acceso a la justicia en el momento en que sean víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos”.