En términos reales la estrategia del presidente López Obrador contra la inseguridad registra avances, que se pierden en la narrativa impuesta en el debate político. En esa batalla mediática el saldo es negativo para la 4T

Twitter: @anajarnar 

El asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar reactivaron la polémica sobre uno de los temas más sensibles para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador:

Los resultados de su estrategia contra la violencia e inseguridad.

Hay avances en el combate contra algunos delitos, como el secuestro y robo de combustible. Pero en otros, como la extorsión y los homicidios dolosos, el saldo es negativo.

Ciertamente es un problema heredado, con raíces profundas que nacieron hace varias décadas y se profundizaron en los últimos dos gobiernos.

Ningún país ha logrado, en corto plazo, resolver una crisis de esta magnitud.

Las soluciones que aparentemente ofrecen resultados se basan fundamentalmente en estrategias de represión, con alto costo para los sectores más vulnerables de la población.

Son acciones de poca duración que con mucha frecuencia sólo agravan los problemas no resueltos. 

Ejemplos sobran, algunos muy cercanos como sucedió con la llamada política de mano “durísima” contra las pandillas de Maras en El Salvador, al inicio de este siglo.

Miles de jóvenes fueron encarcelados y la violencia de los mareros no paró, e inclusive se intensificó a niveles nunca vistos, como el control territorial que ahora mantienen en casi todo el país.

Algo parecido sucedió en México. La determinación de combatir sólo con militares a los carteles de narcotráfico -los principales generadores de violencia- causó la pulverización de las grandes organizaciones, y su expansión en más de la mitad del país.

Además de violencia, el crecimiento territorial de las bandas de delincuencias se traduce en el control de autoridades y policías.

En algunos estados, como Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, por ejemplo, el problema tiene más de dos décadas.

Eso vuelve muy complicado aplicar exitosamente cualquier estrategia de seguridad, sobre todo cuando se tiene sólo una mirada de seguridad pública.

El presidente López Obrador defiende su propuesta de atacar sobre todo las causas de la inseguridad, y ha pagado un alto costo político por ello.

La frase “abrazos y no balazos” que resume su estrategia contra la violencia es utilizada como arma política y de descalificación. 

Es más evidente en crisis como el asesinato de los dos jesuitas. Personajes de la oposición utilizan el dolor por el crimen atroz como arma de propaganda política.

Algunos como el impresentable Felipe Calderón llegan al cinismo extremo, al publicar un mensaje en Twitter donde cuestiona si el país llegó “al fondo” mientras convenientemente olvida que fue su guerra contra las drogas la que desató el baño de sangre que padece México.

Más allá de ridículos y desfiguros, lo cierto es que el gobierno del presidente López Obrador ha fallado en comunicar adecuadamente su estrategia de seguridad, y los avances que se han logrado.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi publicada en marzo pasado, el 66.2 por ciento de los mexicanos mayores de 18 años considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro.

La cifra contrasta con la percepción de diciembre de 2018, cuando inició el actual gobierno. En ese momento el 73.7 por ciento de los mexicanos se sentía inseguro. 

Otro problema de comunicación se refiere al índice de homicidios dolosos, el dato más utilizado para descalificar la estrategia de seguridad oficial.

El caso más reciente es la extensa divulgación en redes sociales de internet y medios convencionales de que los asesinatos en este gobierno superan los cometidos en el sexenio de Calderón.

Los propagadores de odio olvidan que el homicidio es un delito del fuero común, y por lo tanto su prevención y castigo corresponde a autoridades locales.

Y un elemento más, que se repite con frecuencia, es la determinación de combatir las causas de la violencia a través de programas sociales.

La frase “Abrazos y no balazos” se interpreta -en la propaganda negra- como un sinónimo de claudicación en el uso de la fuerza legítima del estado.

El problema es que, como revela un artículo de Alejandro Hope en El Universal, en términos reales la estrategia de López Obrador está muy lejos de ser débil.

De acuerdo con el especialista en seguridad en lo que va del sexenio aumentó la cantidad de personas en prisión, debido a la modificación de leyes penales para sancionar con cárcel oficiosa a un número mayor de delitos.

Hay, además, un inusual despliegue de elementos militares en todo el país. A los 113 mil agentes de la Guardia Nacional se suman 97 mil soldados y marinos asignados al combate de la delincuencia organizada, entre otras tareas.

También se han detenido a varios de los principales líderes de organizaciones de narcotráfico, como el Cartel del Noreste o el Cartel Jalisco Nueva Generación.

Los resultados efectivos, pues, caminan en contrasentido a la narrativa que abunda en internet o los medios, y que trasciende inclusive a organismos internacionales.

No es cualquier cosa. Pacificar un país necesita, ante todo, de la voluntad de todos los actores, especialmente la sociedad.

Para conseguirlo es fundamental creer que se puede vencer a la delincuencia. Y en ese terreno, el presidente López Obrador y su gobierno enfrentan un camino cuesta arriba.