El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró este martes que México es un país de derechos para las mujeres, sin embargo, un grupo de madres de víctimas de feminicidio lleva 10 días en un campamento frente a Palacio Nacional, con la exigencia de reunirse con el mandatario de un gobierno en el que siguen topándose con pared en la búsqueda de justicia 

Texto y fotos: María Ruiz

Un sonido de trompetas militares rompe el bullicio del Zócalo de la Ciudad de México. Es el antecedente de la salida de Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

A diferencia de otros días, el mandatario no viaja en su característico Jetta blanco. Esta martes sale en una camioneta negra desde donde baja la ventana y saluda. La gente alrededor tarda en darse cuenta que la mano que les está saludando es del presidente. La camioneta avanza y algunos intentan alcanzarlo, pero el momento es tan efímero que desaparece pronto entre el tráfico.  

Tan cerca y tan lejos, a solo unos pasos,  familias de víctimas de feminicidio, que buscan entablar diálogo con él, mantienen un plantón. Lidia Florencio aguarda firme. Lleva nueve días viviendo en una casa de campaña a la espera de lograr que las familias de víctimas de feminicidio se encuentren con el presidente. 

«Hemos visto que en otras luchas como la de los 43 (normalistas de Ayotzinapa) o los niños de la Guardería ABC sí tienen un diálogo con él. Sin embargo con las familias de víctimas de feminicidio ha rehuido a esa responsabilidad. Es algo grave que no sólo se vive en un estado, es a nivel nacional y queremos que vea la situación que se está viviendo», expresa la señora Florencio.

La semana comenzó con la noticia de que el gobierno federal cancelaría el presupuesto de la Alerta de Género en varios estados, incluyendo el Estado de México, uno de los más peligrosos para ser mujer. En esa entidad, fue asesinada Diana Velazquez Florencio, hija de Lidia Florencio. Este martes, durante la conferencia matutina, dos periodistas preguntaron al presidente cuál había sido la razón de la cancelación de este presupuesto y por qué el gobierno le ha fallado a las mujeres para que vivan una vida libre de violencia. El presidente contestó: 

“No estamos abandonando a las mujeres, estamos protegiendo a las mujeres, se está castigando a los que asesinan mujeres, el feminicidio. No hay disminución del presupuesto, nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora. En México no se violan derechos humanos, antes el Estado mexicano era el principal violador de los derechos humanos, ya no es el México de antes. […] Este gobierno lo que está procurando es que no haya desigualdad económica y social”.

Por la tarde de este martes, la Secretaría de Gobernación anunció que el presupuesto del 2020 destinado a la Alerta de Género no se recortará en ninguno de los estados. 

Para Lidia Florencio hay una contradicción constante en los discursos de López Obrador entorno a la violencia feminicida:

“Primero da declaraciones de que la familia mexicana es de las más unidas y después dice que no, que (la violencia) se debe a la desintegración familiar. No es congruente con sus declaraciones», señala.

Falta de compromiso

La abogada del Observatorio Nacional de Feminicidio, Ana Yeli Pérez, observa que las declaraciones del presidente como la de este martes son desafortunadas y hablan de un desconocimiento del tema, pero también de una falta de compromiso de quienes están al frente de las instituciones que se encargan de garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia. El ejemplo que pone es el de la excomisionada del Instituto Nacional de las Mujeres, Candelaria Ochoa, de quien pidieron su renuncia por la omisión de sus obligaciones.

“Claro que muchas (posturas del presidente) son de él, pero también, si las titulares de estas instancias no tienen claridad en la política o no tienen la capacidad de incidir en presidencia son lógicas las reacciones que se han manifestado. No es desconocido que (el presidente) no tenga conocimiento en el tema y que tiene resistencias, pero también quien está encargada (de estas instancias), al no saber cómo subsanar, reafirma lo que ya sabemos del presidente. Eso ha sido parte de lo desafortunado”, explica la abogada. 

En cuanto al discurso sobre la familia y la cultura machista señala que este tipo de declaraciones parecieran regresar las violencias a lo doméstico y añade un pensamiento:

“Se sigue viendo la violencia como algo del ámbito privado. Aún en lo doméstico es un problema del Estado y (éste) tiene obligaciones que emanan de los compromisos que México ha firmado, entre ellas, la obligación de cambiar la cultura machista”, expresa Pérez.

La abogada feminista menciona que es importante resaltar que a los discursos de la 4T les falta perspectiva de género e interseccionalidad y que esta resistencia a aceptar que existen las violencias feminicidas lo que hace es perpetuarlas. Ante la prioridad del gobierno por erradicar la violencia, explica que dentro de las poblaciones más pobres, las mujeres son las más vulneradas.

“Se sigue relegando un problema que sostiene a otros. El desarrollo de un país también se mide por los derechos y libertades que tienen las mujeres y en México asesinan 10 mujeres al día, ni siquiera tenemos derecho a la vida. Ese es el nivel de desarrollo que tiene nuestro país. Se cruza el tema de la pobreza, y es transversal a todas la poblaciones, pero dentro de la pobreza hay que ver los distintos rostros y entre ellos están las víctimas. Si en el discurso no se reconoce, mucho menos en las acciones. Y quienes ya vivieron un hecho (violento) son parte de la población más vulnerable y nadie les está garantizando la sobrevivencia”, denuncia la abogada.

¿Cómo es vivir en un plantón? 

La protesta frente a la casa del presidente

Hace diez días Lidia Florencia se fue de su hogar en Chimalhuacán para vivir en una casa de campaña, a pesar de la covid-19. A pocos días del 2 de julio, fecha en que se cumplieron tres años del feminicidio de su hija, continúa luchando por justicia. 

Ha sido difícil, cuenta que la fecha del asesinato de Diana la pone nerviosa y le ha causado mucho estrés. Incluso le salió un derrame en el ojo y le revisaron la glucosa para descartar que tenga diabetes. A la pregunta de cómo es vivir en un plantón, responde:

“Es difícil cuando llueve o cuando quieres ir al baño; si te dan ganas de ir a la hora de la madrugada, te tienes que aguantar. No tenemos un lugar que esté abierto 24 horas. Hay mucho calor en el día y en la noche frío. Es incómodo pero siempre he dicho que no me voy a rendir, siempre voy a estar en búsqueda de que se castigue al responsable, al que mató a mi hija. Por eso siempre busco la manera de que trabajen esas autoridades” cuenta.

El feminicidio de Diana Velázquez cambió la vida de su madre, Lidia Florencio. Dejó su trabajo de ama de casa para apropiarse de las calles y buscar sin descanso que las autoridades encuentren al asesino de su hija. Nunca falta a las manifestaciones feministas y decidió apoyar al plantón, a pesar de la pandemia.

“Desde que pasó lo de Dianita murió Lidia que era ama de casa, que cuidaba de sus hijas, les preparaba de comer, procuraba que tuvieran su ropita limpia, sábanas limpias, que comieran sano. Eso quedó atrás, ahora si no es haciendo una movilización, estoy en la calle, en el viento, calor, con sed, con hambre, a veces enferma… pero siempre con la idea de que el responsable pague y que mientras mi corazón siga latiendo voy a exigir justicia para mi Dianita. Si sigo luchando es porque se lo debo a ella, yo no puedo olvidar que no murió, que me la asesinaron y que hay un culpable solapado por todas esas autoridades omisas que no hacen bien su trabajo”, recuerda.

Al principio, cuenta la señora Lidia Florencio, eran seis familias en el campamento, pero en la semana se reunirán más. A lo largo de los días las han acompañado mujeres, tanto de colectivas como independientes. Les han traído comida, cubrebocas, han intervenido el espacio. El próximo sábado realizarán un encuentro musical de hip hop feminista para visibilizar al plantón. 

Años sin respuestas

Desde 2017 Lidia Florencio se ha topado con omisiones de las autoridades encargadas de su caso. La Fiscalía de Tlanepantla, en el Estado de México, es quien lleva la investigación pero para Lidia no hay trabajo ni voluntad por resolver.

“Ahí despacha la fiscal Irma Millán, con la que hemos tenido infinidad de mesas de trabajo. Hemos sido atendidas y nos prometen muchas cosas pero nunca hay absolutamente nada, son promesas que nunca se han cumplido”.

En las protestas feministas encontró contención y apoyo. En una de las últimas, el 14 de febrero pasado, entró con la comitiva de mujeres a Atención Ciudadana en Palacio Nacional. Ahí le proporcionaron un número para ser atendida en InMujeres pero la pandemia cambió el curso de esa historia:

“Estuvimos ahí, nos pasaron con la licenciada Leticia Ramírez. La secretaria de la licenciada me dio un contacto para que me apoyarán en Inmujeres. Me hicieron un espacio y una reunión. Estuvimos platicando con funcionarias, nos prometieron cosas, dijeron que estaban muy interesada en el caso de Diana, pero desgraciadamente empieza lo del covid y ya no hubo ninguna llamada. Les estuve marcando unas dos veces y me dijeron que por lo que estábamos pasando se había detenido todo”, cuenta la señora Florencio. 

El efecto de la alerta de género

Para la mamá de Diana Velázquez la alerta de género en el Estado de México no le ha garantizado nada. Su historia está llena de omisiones por parte de servidores públicos que supuestamente están capacitados:

“Cuando hicimos la denuncia de su desaparición jamás estuvo presente una alerta de género. Hemos sabido que a muchos servidores se les capacita pero nunca la toman en cuenta. Nosotras siempre nos hemos preguntado a dónde va a parar tanto recurso que el gobierno federal destina”, denuncia.

La abogada Ana Yeli Pérez explica que el sentir de Lidia parte de una falla estructural y que a pesar de que los cambios no son tan visibles, hay un antes y un después de la Alerta de Género. Sin embargo es necesaria una revisión constante del actuar de fiscalías y ministerios públicos para lograr un avance más tangible.

“Desde nuestra experiencia uno de los grandes obstáculos sigue siendo el acceso a la justicia. La señora Lidia está luchando por tener justicia y la atención sigue siendo la misma, las prácticas las mismas. Siguen habiendo grandes vacíos, no es que la alerta no sirva. (Antes de la alerta) los municipios no hablaban del tema, no les pasaba ni por la cabeza. La violencia, por décadas de omisiones, se dejó crecer. Cuando (las víctimas) llegan al Ministerio Público se topan con pared. Y Conavim (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) debería estar evaluando qué funciona y dónde están las fallas”, explica la integrante del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio. 

Sobre la postura del presidente, acerca de los reclamos de justicia en el actual sexenio, Lidia Florencio responde:

“Dicen los de este gobierno que por qué ahora alzamos la voz si tiene mucho tiempo toda esta violencia… En el año que asesinaron a mi hija eran siete mujeres asesinadas, al día hoy sabemos que desgraciadamente son hasta once, ahora es más grave. Pero sobre todo, la postura del gobierno federal es de que simplemente no nos toman en cuenta. Es un gobierno que no está tomando en serio la violencia que estamos viviendo y todas estas cosas que pasan. No es la primera vez que familiares estamos aquí y él simplemente no se digna a atendernos”.

Propuesta legal

La única interacción de Presidencia con el plantón se dio el primer día que llegaron. Atención Ciudadana les recibió el documento que quieren entregar al presidente. Una propuesta de tres leyes: para proteger a los huérfanos por feminicidio, otra para que todas las muertes violentas de mujeres sean homologados como feminicidio de oficio, no como homicidios, y así evitar se invisibilice la violencia hacia las mujeres.

Sobre esta homologación, la abogada Ana Yeli Pérez explica su importancia:
 
«Darles una clasificación (ya sea de homicidio o feminicidio) es adelantar y en la estadística no se puede modificar. Si dicen que es homicidio, aún cuando reconsidere el Ministerio Público y decida judicializar como feminicidio, no se cambiará la nomenclatura en la carpeta de investigación y por lo tanto en las cifras tampoco. Que se tenga la posibilidad de ingresarlos como feminicidio es importante para conocer la realidad. Si se sigue teniendo miedo al término pues seguiremos con los mismos obstáculos.

Y la tercera, sobre menores infractores, la cual busca que los jóvenes mayores de 15 años sean juzgados como adultos, en caso de delitos graves como el feminicidio.

Los funcionarios de Atención Ciudadana quedaron en enlazar a las mamás con la Secretaría de Gobernación, pero en estos 10 días ese enlace aún no llega.