Una periodista comparte de forma anónima que recibió información que indica que sus cuentas de redes sociales y correos, así como su teléfono, fueron intervenidos por órdenes del Gobierno de Jalisco. Esto fue después de que hizo una investigación sobre un contrato irregular entre una empresa y el gobierno estatal. No fue un hecho aislado, ya que la organización Artículo 19 registró 143 agresiones contra la prensa mexicana en contextos digitales durante 2023, entre ellas 37 casos de acceso ilícito en contexto digital

Texto: Mariana Recamier / @Marirecamier / Zona Docs

Ilustración por Ivanna Orozco / @itzsquiggles 

JALISCO. – Una periodista que prefiere no decir su nombre recuerda bien el día que se reunió en una cafetería de Guadalajara con dos abogados de una empresa. Era 2019. Apenas un par de meses antes, había publicado una investigación sobre un contrato irregular entre esa compañía y el gobierno de Jalisco. Pensó que era algo rutinario, que esas personas querían ejercer el derecho a réplica. No fue así. 

Los dos abogados la habían buscado porque querían contarle sobre otra reunión. Primero le aclararon que ya no trabajaban con la empresa de la que ella había identificado un contrato conseguido mediante una licitación simulada, en la que las dos corporaciones finalistas tenían la misma representante legal.

Luego le contaron sobre esa junta que se había dado poco después de que publicara la investigación. Le compartieron que al encuentro había asistido el dueño y empleados de la empresa y quien en ese momento era el gobernador de Jalisco: Enrique Alfaro.  

“Tú hazte cargo de ella”, le dijo el gobernador al empresario y luego le dio a una tercera persona los correos de la periodista, sus redes sociales y su número de teléfono. Ese otro asistente, según los abogados, estaba capacitado en Israel en temas de seguridad y había ayudado al dueño de la empresa cuando hubo un secuestro en su familia. 

“Me buscaron para decirme que ellos habían estado en esa reunión y eso había ocurrido. ¿Fue cierto? No lo sé. Yo nunca tuve una señal de que hubieran intervenido mi correo ni mis redes ni nada por el estilo. Yo no sé si estos abogados en realidad se habían deslindado de la empresa como me dijeron o era una advertencia de la empresa hacia mí”, cuenta la periodista en entrevista. 

Después de la reunión, la reportera pidió ayuda a Artículo 19, una organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información.​ Un técnico de la agrupación le revisó el celular y la conclusión fue que sí había señales de intervención, pero era muy complicado saber si había sido dirigida por una persona para acceder a su información o por abrir un correo o un virus que no fue precisamente dirigido sólo a ella. El especialista le limpió el teléfono, le pidió cambiar de contraseñas y le dio una serie de consejos de seguridad digital.  

“Admito que al principio me sentí un poco nerviosa. Empieza la psicosis de si te siguen, si está pasando algo, pero luego la verdad yo tenía que seguir trabajando. Incluso cuestiones que me inhabilitaron de mi teléfono como ubicaciones y ligas a mis fotografías me complicaban hacer mi trabajo porque nuestros teléfonos también son una herramienta de trabajo para compartir información, hacer envíos, redactar, muchas cosas”, comparte la periodista.   

Agrega que sintió mucho miedo porque sabía que la vigilancia a sus correos, redes sociales y teléfono no sólo la afectaba a ella, sino también a su familia, sus amigos y a todas las personas que mediante esas vías le comparten información para su trabajo, quienes algunas veces prefieren mantenerse en anonimato por su seguridad. 

“En el momento por supuesto que te da miedo. Estaba muy fresca la publicación del reportaje y yo sabía que estaban muy enojados porque nunca pudieron desmentir la información que nosotros publicamos. Yo tenía un poco de temor por fuentes que podrían ser afectadas en caso de que realmente estuvieran revisando mi teléfono”. 

El miedo de la periodista encuentra su razón en los gastos públicos. El gobierno de Jalisco adquirió tecnologías de vigilancia desde 2019 hasta 2023, en la administración de Alfaro. Durante esos años, cuatro dependencias se beneficiaron de compras de software que sirven, entre otras cosas, para extracción de información (incluso la eliminada), geolocalización y monitoreo en tiempo real, de acuerdo con datos de 19 contratos obtenidos en portales de compras del estado y solicitudes de transparencia.

Las empresas creadoras de los programas que compró el gobierno de Jalisco son de Canadá, Reino Unido, México, República Checa e Israel, el país donde fue capacitado esa tercera persona de la reunión. La mayoría de software obtenidos por dependencias jaliscienses fueron creados por empresas de Israel. De un total de 31 licencias adquiridas de programas de vigilancia, 15 corresponden a compañías israelíes, entre las que se incluyen Cellebrite y Rayzone Group. 

De 2019 a 2023, la empresa Nuga Sys S.A. de C.V. vendió al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía del Estado un total de ocho licencias del Dispositivo Universal de Extracción Forense (UFED, por sus siglas en inglés), una familia de software creada por la israelí Cellebrite especializada en el acceso, extracción, recopilación y análisis de información. Es utilizada para clonar cuentas y recuperar llamadas, mensajes, videos y el resto de información de teléfonos móviles, tarjetas SIM y más de 50 aplicaciones distintas, incluidas las nubes donde se guarda información. 

Hoy se sabe, por la investigación “Sedena y 37 instituciones estatales intervinieron celulares y computadoras en el actual sexenio sin lograr ni una detención” que el IJCF utilizó UFED en 3 mil 586 ocasiones, entre 2019 y 2023.

En su informe “Violencia contra la prensa en México en 2023: ¿cambio o continuidad?”, Artículo 19 compartió que hizo un registro de 143 agresiones contra la prensa mexicana en contextos digitales durante 2023, entre ellas 37 casos de acceso ilícito.  En 2019, el año de la reunión con los dos abogados, la misma organización identificó 15 casos de intervención o vigilancia ilegal de comunicaciones a periodistas. 

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El apoyo del gremio 

No todo quedó en esa reunión y en las sospechas de intervención. La periodista asegura que el gobierno del estado presionó a los jefes de los medios de comunicación donde trabajaba para que la despidieran. 

“Afortunadamente siempre he tenido el respaldo de mis jefes, entonces nunca pasó nada por esa vía. Quizás muchas veces el problema de los periodistas es la falta de respaldo de su medio de comunicación. El periódico asumió mi protección todo el tiempo, el canal me respaldó todo el tiempo y tuve mucho respaldo de compañeros de medios de comunicación replicando mis notas e incluso cuando no podían publicar seguimientos porque sus medios tenían convenios con el gobierno del estado lo hacían a través de sus redes sociales, es decir, no me sentí sola ni descobijada nunca”. 

Aunque se sentía protegida por su gremio, la periodista siguió la recomendación principal que le dio Artículo 19 después de limpiar su teléfono: usar cuentas de correo, espacios de almacenamiento de información y aplicaciones de mensajería más seguras como Signal.  También decidió alertar a su familia de lo que sucedía. Después de eso, continuó haciendo lo que ama: periodismo. 

“Vengo de la escuela del (periódico) Siglo 21 donde te pedían siempre hacer trabajo diferente al resto de los medios, entonces esto te obligaba a siempre estar buscando otras cuestiones. El problema es quien se lo toma personal, en realidad así tiene que ser siempre. Espero que mientras yo esté en los medios pueda seguir haciendo mi trabajo de manera libre, transparente y cómo siempre lo he hecho”, dice. 

La reportera ha ejercido el periodismo en diferentes medios de Guadalajara desde hace 35 años. Ha pasado por seis periódicos, ocho estaciones de radio y canales de televisión. También ha realizado mucha labor de opinión en columnas de medios digitales y ha ganado premios internacionales. 

Le gusta cubrir temas relacionados con corrupción y no es la primera vez que sus investigaciones tienen consecuencias. Su trabajo ha impulsado cancelaciones de sobresueldos a funcionarios y provocado que se abran investigaciones gubernamentales. Ha molestado a más de uno, pero nunca nadie le había advertido de que era investigada hasta esa reunión de 2019. 

“Esta administración (la de Enrique Alfaro) ha sido la más difícil para el periodismo en Jalisco. Antes sí había presiones pero eran más frontales. El problema con esta administración es que están en los sótanos, en los drenajes, haciendo su trabajo sucio contra los periodistas y esto hace que sea más complicado”, comenta la trabajadora de los medios. 

Se refiere, en parte, a que una forma común de ataque a los periodistas en Jalisco es cuando el gobierno del estado paga a personas para que les agredan en redes sociales. Así, poco a poco, aparecen abajo de sus notas o reportajes o en sus cuentas personales comentarios que los ofenden y cuestionan la integridad de lo que hacen. 

El Diario NTR reveló en 2020 que más de una decena de testimonios confirmaron que dentro de la empresa Indatcom existía una oficina denominada “Machete”, la cual planeaba estrategias para lanzar ataques en las redes sociales a periodistas, activistas y actores políticos cuando cuestionaban a los gobiernos de Movimiento Ciudadano, como el de Alfaro. 

“Es muy triste que los operativos contra los periodistas desde redes sociales se paguen con recursos públicos, eso es terrible, no tendría que suceder, sucede. Yo he optado por bloquearlos, sé que no resuelve el problema, pero al menos tienes salud mental”, asegura la periodista.  

Como intentaron con ella, otra forma frecuente de atacar a los periodistas en Jalisco es que cuando publican notas o reportajes que afectan al gobierno del estado, este presiona a los dueños de los medios de comunicación para que los despidan. Lo que hacen las autoridades es amenazar con dejar de comprar espacios de publicidad en los periódicos o programas de radio o televisión si los dueños no corren a quienes les indican. 

“Tenemos un montón de compañeros que se han quedado sin chamba por publicar algo porque es muy fácil que el gobierno del estado presione a los medios de comunicación con la publicidad. No necesitan mecanismos más sofisticados”, comenta la reportera.

Añade que el gobierno del estado no debería tomarse las investigaciones que hacen los medios de comunicación como ataques. Ella, por ejemplo, también realizó un reportaje que las autoridades estatales retomaron para abrir una investigación sobre desvío de recursos. 

“No es un asunto personal. Es un asunto de que cuando hay una irregularidad, la obligación de un periodista es investigarla y publicarla”.  

Además, en algunos de los ataques a la prensa en Jalisco también hay un componente de género, de acuerdo con testimonios de diversos periodistas que ejercen su profesión en el estado. Es común que políticos descalifiquen el trabajo de reporteras ante sus jefes porque son mujeres y creen que por eso son incapaces de hacer las cosas bien. 

Otro aspecto que las pone en riesgo es el propio tipo de periodismo que hacen: muchas de ellas realizan investigaciones a profundidad que indagan en cuestiones de corrupción u otras formas de mala administración de los gobiernos. 

“En Jalisco hay un grueso de mujeres que están haciendo trabajo de investigación y esto ha hecho que las periodistas mujeres sean más vulnerables”, opina la reportera. 

La periodista no quiere que sus colegas pasen por lo mismo que ella y les recomienda siempre estar atentos y revisar que su teléfonos, sus redes sociales y sus correos no estén intervenidos. Considera que ante la vigilancia de los gobiernos es imprescindible que la prensa tome medidas de seguridad. 

“No hay que echarlo en saco roto, hay que estar pendientes de lo que ocurre en nuestro entorno y ser cuidadosos con el manejo de nuestra vida digital, sobre todo por la posible afectación de quienes confían en nosotros: las víctimas”, concluye.     

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Esta pieza forma parte del reportaje Vigilad@s: tecnologías de vigilancia para inhibir la defensa de derechos humanos en Jalisco realizado por ZonaDocs con el apoyo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

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Este documento se ha realizado con la ayuda financiera de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de ZonaDocs y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.