Las comunidades del Istmo de Tehuantepec llevan años resistiendo a la imposición de parques eólicos construidos sin procesos de consulta claros. Las elecciones de este 5 de junio podrían cambiar los vientos.

Texto: Ana Cristina Ramos.

Fotografía y video: Iván Castaneira

JUCHITÁN, OAXACA.- Mariano López, de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), recuerda aquellos años de 1990, cuando llegaron las empresas de energía eólica a México y en la radio el gobierno las anunciaba en spots publicitarios: “Las eólicas le darán energía a todo el pueblo”.

Pero en estos 20 años los habitantes del Itsmo de Tehuantepec han aprendido que lo importante para las empresas no son ellos, sino el viento y el dinero que éste pueda generarles.

En esta región de Oaxaca se produce el 82 por ciento de la energía eólica del país. En el corredor conocido como La Ventosa hay 27 parques eólicos, de 37 que hay en todo el país.

La producción de energía por medio de molinos de viento es un proceso menos contaminante que la que se produce por gases fósiles, como el petróleo o el gas natural, y por eso se considera una buena alternativa de “energía limpia”. El problema, para las comunidades donde se han instalado estos parques, es que tres cuartas partes de la energía que se genera en ellos sirve para autoabastecer a las empresas y sus subsidiarias y el resto es distribuido por la Comisión Federal de Energía.

Es decir, no tienen ningún tipo de beneficio y por el contrario, la instalación de los parques ha implicado tener los molinos prácticamente encima de sus casas.  Y aunque no hay un registro del impacto social de las eólicas en las comunidades, los pobladores conocen bien las consecuencias de oponerse a ellas: la cuenta de la resistencia suma un candidato a presidente municipal y un profesor asesinados, un integrante de la APPJ muerto en un enfrentamiento y persecuciones sobre líderes sociales que se han opuesto a los proyectos eólicos desde 1994, cuando se inauguró el primer parque en La Venta.

Mariano López ha participado en la resistencia de una u otra forma: asistió a capacitaciones, formó parte del magisterio, apoyó los procesos legales contra los proyectos y lideró la instalación de la APPJ. De esa experiencia sabe que si antes el gobierno usaba los comerciales para engañarlos, ahora utiliza la consulta ciudadana. Un derecho ganado por los pueblos, ahora se utiliza en contra de ellos.

El “NO” de San Mateo del Mar

Primero llegó la empresa Preneal, con sus hélices rojas y extrañas palabras: “energía renovable”; con ella vino el mol (extranjero) Jorge Megías, un hombre de acento español que contó a los pobladores las bondades que traerían las eólicas — una palabra desconocida en San Mateo del Mar– y que incluían la promesa de becas para los jóvenes, contratos de usufructo y “progreso”.

La asamblea de San Mateo pidió tiempo para pensarlo y consultarlo. Durante meses, los pescadores buscaron asesoría de otros poblados. Conocieron el proyecto ‘Solidaridad la Venta’; hablaron con los maestros, quienes les motivaron a pensar cómo las vibraciones creadas por las turbinas afectarían a sus camarones. Y cuando el mol regresó a este pueblo, escuchó una respuesta  unánime: “No”.

San Mateo del Mar está rodeado por agua, este municipio del distrito de Tehuantepec tiene una salida al Oceáno Pacífico y dos lagunas saladas en el norte; incluso, hay tiempos en los que se forma una laguna artificial donde les enseñan a pescar a los niños. El calor, el camarón y el viento caracterizan a este pueblo de pescadores. Fue esto último lo que atrajo la atención de las empresas eólicas, ya que en San Mateo llegan a soplar vientos de hasta 500 kilómetros por hora.

En 2011, cuatro años después de que pueblo cerró sus puertas a Preneal, llegó otro mol. Respondía al nombre de René Ortiz y representaba a la empresa Mareña Renovables. Para entonces, la comunidad ya sabía qué responder. “Nosotros ya habíamos tomado una decisión y no planeábamos cambiarla, cuando nos avisaron que iban a instalar una de las torres de prueba nos peleamos hasta que retiraron la base. El señor Ortiz ni se molestó en asistir”, cuenta Benito Canales, Comisariado de Bienes Comunales.

A pesar de eso, dice, las empresas eólicas han calado en las comunidades, fragmentando el tejido social y dividiendo la opinión. “Es lo que siempre pasa cuando estos proyectos llegan con dinero”.

La batalla legal

San Dionisio del Mar se encuentra al norte de la Laguna Superior y, junto con San Mateo, Santa María del Mar y San Francisco del Mar, es el hogar del pueblo huave, asentado hace miles de años en el Itsmo de Tehuantepec; los huaves o ikoods (mareños) son pescadores.

La historia de San Dionisio y de San Mateo se bifurcó en 2004, cuando el entonces presidente municipal de San Dionisio, German Noriega, entregó en usufructo las tierras para instalar eólicas. Aunque eso no lo supieron los pescadores de San Dionisio hasta 2012, cuando otro presidente municipal, Miguel López Castellanos, dio los permisos de construcción.

Entre esos años hubo una serie de ofertas de empresarios a comuneros, que no prosperaban hasta que la empresa Mareña Renovables llegó con el proyecto eólico más grande del país para la construcción de 132 aerogeneradores (torres con hélices) que generarían 396 megawatts de energía, la energía que necesitan 1’584 casas en México.

El 21 de enero de 2012 el presidente municipal, dejó plantada a la asamblea por segunda vez. Los pescadores fueron a buscarlo al palacio municipal, donde daba su informe de gobierno. Ahí se enteraron de que, horas antes, había firmado el permiso de construcción del parque eólico, a cambio de 14 millones de pesos.

El pescador Isaúl Celaya recuerda que la gente encerró al presidente municipal –junto con otras 11 personas, representantes de la empresa- y le exigió retractarse: “Tú tienes que romper eso, porque nosotros no queremos ese contrato”.

López Castellanos primero lo negó, pero terminó por reconocer su firma del papel. Siguió una batalla por su destitución y por echar abajo la autorización, que finalmente ganaron los pescadores.

Pero esta vez no sólo fue la movilización social lo que detuvo la obra. Apoyados por abogados indígenas, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Itsmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y Territorio (APIITDTT), los pescadores llevaron la batalla a los juzgados.

El maestro Rodrigo Peñaloza, integrante de la APIITDTT, cuenta que primero optaron por hacer uso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es el principal instrumento internacional sobre derechos de los pueblos originarios. Los estados que lo han firmado –México lo firmó y ratificó desde 1991—están obligados a garantizar la consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas sobre sus territorios.

Sin embargo, el concepto del convenio era tan ajeno en los círculos judiciales de la región, que los abogados optaron por promover también un amparó por la vía agraria, apelando al derecho de los pescadores al uso y goce de los recursos establecido en la Constitución Mexicana.

El abogado Peñaloza se sorprendió con la apertura del Juez Séptimo de Distrito, Isaías Corona Coronado, quien finalmente concedió el amparo.

Así que, en realidad, lo que salvó la Laguna Superior, en diciembre de 2012, fue el deslavado Artículo 27 constitucional.

Pero el descubrimiento del tratado internacional dejó en el pueblo huave una idea: las comunidades tienen derecho a ser consultadas sobre el uso de sus tierras.

Las aspas del Espinal

La primera consulta sobre la instalación de parques eólicos en la región se dio en noviembre de 2013 en El Espinal, una comunidad que está a escasos 10 minutos de Juchitán (la ciudad más importante de la región). Con sus casas de dos pisos, su estatua de Benito Juárez y un muro de flores a la entrada, El Espinal es conocido por aquí como el Monterrey del Itsmo, porque sus pobladores tienen un mayor poder adquisitivo que los del resto de las localidades.

A esta comunidad llegó en 2013 la empresa Energía Eólica del Sur con un proyecto para construir 132 aerogeneradores que generarían 396 megawatts. Es decir, el mismo proyecto que fue expulsado de San Dionisio del Mar.

El parque se proyectó en un área de 5 mil 332 hectáreas, dividido entre dos municipios: en el noreste de Juchitán se instalaría el parque Bii Nissa, y al este de El Espinal, Xtipa Bii.

Entonces se propuso una consulta. Pero muy lejos de lo que establece el Convenio 169 OIT, el proceso no tuvo como objetivo alcanzar “el consentimiento previo libre e informado de la comunidad”.

Por el contrario, se resolvió en un tiempo récord: dos días necesitó la empresa para explicar a los pobladores el proyecto y todas las implicaciones –de salud, ambientales, legales y económicas— que tendría. Y seis días más requirió la deliberación.

El viernes 29 de noviembre del 2013, la Asamblea Consultiva entró en sesión en el Auditorio del Palacio Municipal. Integrantes del Cabildo, los regidores, propietarios de tierras y mayordomías de vela (encargados de las fiestas del pueblo), acordaron los montos de inversión, los contratos de arrendamiento, la creación de un comité de monitoreo y aprobación de permisos para la empresa.

En tres horas y avalado por 33 firmas de miembros de cuatro familias –Toledo, Fuentes, Pineda y Castillejos– se concluyó el primer proceso de consulta que selló a una comunidad de 8 mil 300 habitantes.

Dos años y medio después, los habitantes de El Espinal se siguen lamentando de que no obtuvieron los mismos beneficios que su vecino Juchitán.

Las trampas de la consulta en Juchitán

Un año después de la consulta de El Espinal, Energía Eólica del Sur y la Secretaría de Energía llegaron a Juchitán con una promesa: la consulta para la construcción del parque eólico Bii Nissá sería libre, previa e informada. El pueblo decidiría.

Entonces empezó la batalla, desde tres trincheras distintas:

El gobierno federal y las empresas eólicas empujaron por realizar la consulta en dos semanas,  y que fuera por votación, no por consenso.

Saúl Vicente Vázquez, el presidente municipal, apoyó la idea, pero peleó beneficios para la comunidad (en medio del jaloneo consiguió descuentos en el cobro de energía eléctrica de uso doméstico, que se dieron hasta que el proceso de detuvo).

Pero un frente opositor a estas posiciones fue formado por miembros de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI), la radio comunitaria Totopo, maestros y las asambleas (APPJ y APIITDT), quienes desconfiaban del proceso.

Primero forzaron a la Secretaría de Energía a traducir toda la información a zapoteco. Después se inconformaron con la información recibida, sobre todo porque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue realizada por una consultoría privada (Especialistas Ambientales S.A. de C.V.) que pagó la empresa promotora del proyecto.

Lograron extender la etapa de información por seis meses. Pero el costo fue alto: 32 incidentes de seguridad y más de 250 asistentes a la última asamblea informativa fueron detenidos.

Además, 75 solicitudes de información quedaron sin respuesta, en cosas tan elementales como la afectación de aves y murciélagos, la generación de ruido, contaminación del suelo por derrame de aceite, modificación del paisaje y la remoción de vegetación.

El proceso culminó el 30 de julio de 2015. La decisión de aceptar el parque eólico se tomó con un voto a mano alzada, no por consenso, como se había acordado.

Previamente, tanto la APPJ como la APIITDTT habían interpusieron amparos por lo que consideraban una consulta  viciada. El primero, solicitado por la APPJ inició el 24 de abril, reclamaba violación del proceso de consulta en su etapa informativa. Pero fue rechazado por Anastasio Ochoa Pacheco, juez sexto del distrito de Salina Cruz. El segundo, presentado por la APIITDTT el 8 de junio, fue admitido y se amparó a la comunidad por la violación de todo el proceso de consulta.

Paradójicamente, la puerta de este amparo la abrió el propio representante de la empresa, Mario Peralta Gómez, cuando declaró en una de las asambleas que ya tenía casi todos los permisos. Así descubrieron que desde el 24 de octubre del 2013, es decir, dos años antes de que iniciara la consulta en Juchitán, se habían celebrado contratos de arrendamiento con propietarios de tierras, ubicados en el Polígono Bii Nissá. Fue una prueba clave para que el juez Isaías Corona Coronado –el mismo que amparó a San Dionisio– les otorgara el amparo contra el proceso de consulta, el 11 de diciembre de 2015.

La victoria, sin embargo, fue corta. El 22 de febrero de este año hubo un cambio de juez y lo primero que hizo el nuevo titular del juzgado, Carlos Alberto Osogobio Barón fue quitar las pruebas periciales del amparo.

El precio del voto

El gobierno federal tiene en la mira el 2024. Su compromiso es generar 17 mil megawatts por la vía de la energía eólica para reducir las emisiones de gases fósiles hasta 65 por ciento. Actualmente, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) México genera 3 mil 283 megawatts desde los 37 parques eólicos que existen.

Por el momento, en estas comunidades están detenidos los proyectos, pero el problema sigue siendo el mismo: nadie les puede explicarle cabalmente a los pobladores en qué les beneficia a ellos que se genere energía para otros, ni que efectos negativos puede tener la instalación de tanto parque eólico en Tehuantepec.

Las comunidades no terminan de ponerse de acuerdo de lo que harán. La APIITDTT y la APPJ aceptan que haya consultas siempre que la batuta la lleve la comunidad, es decir, que los comuneros definan temas, fechas, así como la ubicación de las torres.

En San Dionisio del Mar, el pueblo que peleó legalmente contra la empresa y ganó el derecho sobre su tierra, los pescadores están divididos, entre quienes siguen resistiendo y quienes prefieren negociar. Lo que más le preocupa a los comuneros que resisten es la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional triunfe en las elecciones del 5 de junio.

Los pescadores temen que si llega el PRI, las amenazas de muerte que hizo Miguel López Castellanos, el presidente municipal destituido, ahora sí se cumplan y que los proyectos eólicos arrasen con su tierra. Por eso rechazan las consultas, creen que es caer en el mismo juego que las elecciones. Y el voto, dicen, tiene un precio.

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9 de febrero de 2016.

Se pone el sol. Se encienden las luces. En la costa de San Dionisio alumbran el camino de los pescadores. Son destellos blancos que les recuerdan dónde están sus redes, mientras que el horizonte se pone rojo. A esta hora, se ve el movimiento de las aspas acompañado por el ritmo de la luz: un, dos, rojo; un, dos, rojo. Uno de los pescadores nos cuenta que al próximo día siguiente  llega a la región el presidente Enrique Peña Nieto para abrir otro parque eólico: la Central Eólica Sureste en Asunción Ixtaltepec, uno de los 85 proyectos próximos a abrirse, impulsados por la Comisión Federal de Electricidad.

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Las trampas de la consulta en Juchitán

Un año después de la consulta de El Espinal, Energía Eólica del Sur y la Secretaría de Energía llegaron a Juchitán con una promesa: la consulta para la construcción del parque eólico Bii Nissá sería libre, previa e informada. El pueblo decidiría.

Entonces empezó la batalla, desde tres trincheras distintas:

El gobierno federal y las empresas eólicas empujaron por realizar la consulta en dos semanas, y que fuera por votación, no por consenso.

Saúl Vicente Vázquez, el presidente municipal, apoyó la idea, pero peleó beneficios para la comunidad (en medio del jaloneo consiguió descuentos en el cobro de energía eléctrica de uso doméstico, que se dieron hasta que el proceso de detuvo).

Pero un frente opositor a estas posiciones fue formado por miembros de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (COCEI), la radio comunitaria Totopo, maestros y las asambleas (APPJ y APIITDT), quienes desconfiaban del proceso.

Primero forzaron a la Secretaría de Energía a traducir toda la información a zapoteco. Después se inconformaron con la información recibida, sobre todo porque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue realizada por una consultoría privada (Especialistas Ambientales S.A. de C.V.) que pagó la empresa promotora del proyecto.

Lograron extender la etapa de información por seis meses. Pero el costo fue alto: 32 incidentes de seguridad y más de 250 asistentes a la última asamblea informativa fueron detenidos.

Además, 75 solicitudes de información quedaron sin respuesta, en cosas tan elementales como la afectación de aves y murciélagos, la generación de ruido, contaminación del suelo por derrame de aceite, modificación del paisaje y la remoción de vegetación.

El proceso culminó el 30 de julio de 2015. La decisión de aceptar el parque eólico se tomó con un voto a mano alzada, no por consenso, como se había acordado.

Previamente, tanto la APPJ como la APIITDTT habían interpusieron amparos por lo que consideraban una consulta viciada. El primero, solicitado por la APPJ inició el 24 de abril, reclamaba violación del proceso de consulta en su etapa informativa. Pero fue rechazado por Anastasio Ochoa Pacheco, juez sexto del distrito de Salina Cruz. El segundo, presentado por la APIITDTT el 8 de junio, fue admitido y se amparó a la comunidad por la violación de todo el proceso de consulta.

Paradójicamente, la puerta de este amparo la abrió el propio representante de la empresa, Mario Peralta Gómez, cuando declaró en una de las asambleas que ya tenía casi todos los permisos. Así descubrieron que desde el 24 de octubre del 2013, es decir, dos años antes de que iniciara la consulta en Juchitán, se habían celebrado contratos de arrendamiento con propietarios de tierras, ubicados en el Polígono Bii Nissá. Fue una prueba clave para que el juez Isaías Corona Coronado –el mismo que amparó a San Dionisio– les otorgara el amparo contra el proceso de consulta, el 11 de diciembre de 2015.

La victoria, sin embargo, fue corta. El 22 de febrero de este año hubo un cambio de juez y lo primero que hizo el nuevo titular del juzgado, Carlos Alberto Osogobio Barón fue quitar las pruebas periciales del amparo.

El precio del voto

El gobierno federal tiene en la mira el 2024. Su compromiso es generar 17 mil megawatts por la vía de la energía eólica para reducir las emisiones de gases fósiles hasta 65 por ciento. Actualmente, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) México genera 3 mil 283 megawatts desde los 37 parques eólicos que existen.

Por el momento, en estas comunidades están detenidos los proyectos, pero el problema sigue siendo el mismo: nadie les puede explicarle cabalmente a los pobladores en qué les beneficia a ellos que se genere energía para otros, ni que efectos negativos puede tener la instalación de tanto parque eólico en Tehuantepec.

Las comunidades no terminan de ponerse de acuerdo de lo que harán. La APIITDTT y la APPJ aceptan que haya consultas siempre que la batuta la lleve la comunidad, es decir, que los comuneros definan temas, fechas, así como la ubicación de las torres.

En San Dionisio del Mar, el pueblo que peleó legalmente contra la empresa y ganó el derecho sobre su tierra, los pescadores están divididos, entre quienes siguen resistiendo y quienes prefieren negociar. Lo que más le preocupa a los comuneros que resisten es la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional triunfe en las elecciones del 5 de junio.

Los pescadores temen que si llega el PRI, las amenazas de muerte que hizo Miguel López Castellanos, el presidente municipal destituido, ahora sí se cumplan y que los proyectos eólicos arrasen con su tierra. Por eso rechazan las consultas, creen que es caer en el mismo juego que las elecciones. Y el voto, dicen, tiene un precio.

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9 de febrero de 2016. Se pone el sol. Se encienden las luces. En la costa de San Dionisio alumbran el camino de los pescadores. Son destellos blancos que les recuerdan dónde están sus redes, mientras que el horizonte se pone rojo. A esta hora, se ve el movimiento de las aspas acompañado por el ritmo de la luz: un, dos, rojo; un, dos, rojo. Uno de los pescadores nos cuenta que al próximo día siguiente llega a la región el presidente Enrique Peña Nieto para abrir otro parque eólico: la Central Eólica Sureste en Asunción Ixtaltepec, uno de los 85 proyectos próximos a abrirse, impulsados por la Comisión Federal de Electricidad.

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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.