Víctimas de desplazamiento forzado de Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán y Ciudad de México denuncian la omisión del Senado, que mantiene congelada la ley desde hace dos años

Texto: Redacción La Verdad

Fotos: Raúl Fernando / Archivo-Raíchali

CHIHUAHUA.- Víctimas de desplazamiento forzado en ocho estados del país se unieron para exigir al Senado la aprobación inmediata de la ley que mantiene congelada desde hace casi dos años.

La Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno se aprobó en marzo de 2020 por la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su revisión, donde el día 30 de septiembre de ese mismo año se anunció que el decreto que expide esta ley fue turnado a las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Estudios Legislativos. Desde entonces se mantiene ‘congelada’ mientras el problema crece en el país.

La situación es considerada como una grave omisión del Senado y del Estado Mexicano por parte de víctimas del desplazamiento forzado y de organizaciones que les acompañan en esta lucha en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán y Ciudad de México.

“A pesar de que más de 356 mil personas fueron desplazadas entre 2009 y 2020 por la violencia en México, el Estado no reconoce esta crisis humanitaria y, por lo tanto, no atiende de manera integral el problema”, citan en un comunicado conjunto.

“Un ejemplo de esta grave omisión”, continúa, “es que la iniciativa de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, misma que ya fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, se encuentra congelada en el Senado de la República”.

Con el marco legal aprobado ya por la Cámara de Diputados se busca proteger a las personas que han abandonado sus hogares por motivos de seguridad pública como la violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales, religiosos, y por disputas de recursos naturales; desastres naturales y discriminación, entre otros factores.

El Desplazamiento Forzado es un fenómeno documentado desde 1972 en México, pero por primera vez se reconoció con la ley aprobada por los diputados en el 2020. Sin embargo, se requiere su aprobación inmediata en el Senado para avanzar en los marcos regulatorios para su atención y en la búsqueda de soluciones duraderas, se informó.

En este contexto, en octubre de 2021 conformaron el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes. Su trabajo se ha enfocado en incidir sobre el proceso legislativo en torno a la problemática y visibilizar la grave crisis humanitaria del desplazamiento forzado en México.

“Somos miles de familias exigiendo justicia y construyendo caminos posibles para una vida digna para todas y todos”, afirman.

El Colectivo realizó su primer encuentro nacional hace unos días, en Chilpancingo, Guerrero, donde generaron una estrategia para visibilizar la problemática y coadyuvar a la construcción de soluciones duraderas, exigiendo:

A los gobiernos federal y estatales: 

    Instruya a la Secretaría de Hacienda a no objetar la gestión de presupuestos en el proceso legislativo para que las Comisiones del Senado puedan seguir adelante con la iniciativa de ley; 

    Que se atiendan y corrijan las causas estructurales de la violencia, propiciando el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria para seguir construyendo condiciones de vida digna.

Al Senado de la República:

    Aprobación inmediata de la ley en materia de Desplazamiento Forzado Interno, 

    Que se tipifique el delito de desplazamiento forzado.

A los Congresos estatales: 

    Que haga un extrañamiento conjunto al Senado para agilizar el proceso legislativo

    Que incluyan en sus respectivas agendas legislativas el tema, para dar atención local a la problemática.

A los organismos públicos autónomos de Derechos Humanos y a las Comisiones de Atención a Víctimas: 

    Que se sumen al llamado para la promulgación de la ley y la garantía de los recursos necesarios para la atención de las víctimas.

Que exista un proceso de diálogo permanente entre el Estado, las víctimas de desplazamiento forzado y organizaciones acompañantes para evaluar y proponer las medidas de atención a esta crisis humanitaria.

*Esta nota fue realizada por LA VERDAD, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes leer la original.