Texto: Arturo Contreras Camero

Imágenes: María Fernanda Ruiz

El plan contra la violencia de género anunciado este miércoles por el gobierno federal fue calificado por especialistas en género como insuficiente y falto de una metodología clara para su operación.
  
“Qué bueno que usaron emergente como título, porque lo que presentaron no tiene nada que ver con un programa integral de lo que son los derechos de las mujeres”, advirtió la investigadora Irma Saucedo González.

La especialista explica que la instancia de procuración de justicia para las mujeres, incluida en el plan, debe ser precedido por otras acciones gubernamentales de protección y no ser el último eslabón de atención, ya que cuando esto ocurre no es más que un parche jurista.

Un pendiente que Saucedo González identifica en el plan gubernamental es la falta de claridad en cómo se van a pasar funciones que tenía la Secretaría de Salud a la de Gobernación, ya que el aparato de justicia no tiene la formación para atender a las mujeres víctimas de violencia.

Durante la presentación del “Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México”, de este miércoles, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, reconocieron que las acciones implementadas por los gobiernos para prevenir y atender las violencias de género han resultado insuficientes.
 
“A todas ellas las une un factor común: la falta de intervención oportuna y diligente del Estado mexicano para preservar su integridad y para asegurar sus vidas”, dijo la secretaria de Gobernación.

Al respecto, María de la Luz Estrada, presidenta del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidios, destacó la importancia de que el gobierno federal haya reconocido que la violencia contra las mujeres es un problema de Estado.

“Lo que dijeron hoy es que ellos asumen que no han podido garantizar una vida libre de violencia”, enfatizó la activista en una entrevista telefónica.

 El programa anunciado se enfocará en zonas identificadas como prioritarias, sin embargo, a pregunta expresa de cómo se atenderían estas zonas, la titular del Instituto de Mujeres, Nadine Gasman, se limitó a responder que se coordinaría con las personas y las instituciones de seguridad correspondientes.

“Hay que saber los cómos, se tiene que tener mapas de riesgo y falta saber cuáles son las zonas, los municipios, en dónde se van a llevar a cabo”, advirtió Estrada.

El programa contempla la coordinación entre las instituciones de seguridad y de impartición de justicia de los tres niveles de de gobierno. Además, daría seguimiento diario a los feminicidios y la desaparición de mujeres, así como a delitos sexuales y de violencia familiar.

En el país se han intentado tomar acciones para enfrentar el aumento en los delitos cometidos contra mujeres por motivos de género, sin lograr resultados satisfactorios desde 2012, debido a que la mayoría de las estrategias no se han enfocado en acciones concretas ni se han podido evaluar porque la falta de una metodología para hacerlo, explicó la presidenta del observatorio.

«Por ejemplo, en el rescate de espacios públicos, no tenemos claro cómo se va a hacer el plan de intervención. ¿Va a haber una política de acción diferenciada?”, cuestionó la activista.

Lo mismo pasa con la revisión de expedientes y carpetas de investigación que se pretende hacer.

“Quisiéramos saber cómo se va a hacerla metodología, porque eso ya se ha hecho”, señaló Estrada.

La presidenta del Observatorio reconoce que el programa es una señal de que el Estado se va a encargar de una tarea que había relegado y que había sido adoptada por organizaciones ciudadanas.

“Desde la sociedad civil hemos estado trabajando mucho en esto. Ahora buscamos que se nos reconozca el trabajo que hemos hecho para cubrir los vacíos que dejó el Estado”.

María de la Luz espera que su experiencia sea tomada en cuenta en las acciones emprendidas por el gobierno federal y en la rendición de cuentas sobre la materia.

“Viene la fase de los cómos y ahí queremos estar como sociedad civil”, demandó.

De acuerdo con las autoridades, en México 66 de cada 100 mujeres sufren algún tipo de violencia de género; y en promedio, cada día, 9 mujeres son asesinadas.

Algunas de las acciones mencionadas se implementarán de forma inmediata. Y otras podrían tardar en implementarse hasta seis meses debido a su complejidad, señaló la titular del Inmujeres, Nadine Gasman.

En la implementación del programa participarán el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las Mujeres y las Niñas y el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México

• Implementar acciones coordinadas en zonas prioritarios a través de coordinaciones estatales.
• Fortalecer la colaboración entre las corporaciones de policía, los sistemas de atención a víctimas, las fiscalías y autoridades judiciales.
• Coordinar al personal de salud para que ofrezcan atención a las víctimas directas e indirectas de la violencia.
• Establecer mecanismos de coordinación entre fiscalías, escuelas y centros de salud para identificar maltrato infantil.
• Integrar una estrategia de ordenamiento territorial y de política de desarrollo urbano, que fomenten ciudades seguras y espacios libres de violencia.
• Implementar campañas sobre el derecho a una vida libre de violencia y derechos de las víctimas.
• Revisión de casos de violencia y delitos contra mujeres por parte de los órganos que imparten justicia para identificar deficiencias en las investigaciones.
• Impulsar herramientas para una investigación con la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres, buscando homologar la investigación de feminicidio, las órdenes de protección, la forma de investigar la violencia sexual, familiar, las desapariciones, usando los estándares de las sentencias como de Marina Lima, atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la sentencia del Campo Algodonero.
• Integrar un padrón de registro con víctimas indirectas, como hijos y dependientes económicos de mujeres asesinadas y desaparecidos para dar una atención integral.
• Revisar la alerta de violencia de género con expertas, defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil.
• Presentar un paquete de reformas legislativas para garantizar una vida libre de violencia.

Consulta nuestra cobertura:

Estuvimos vivas hasta que nos mataron

Cobertura género

Antes del escrache, ¡sí denunciamos!

PGJ cambia datos sobre violencia feminicida

---

Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.