Ciudadanos defienden que se contemple la visión y gobernanza de los pueblos originarios sobre aguas nacionales en la nueva ley

Texto: José Ignacio De Alba

Fotos: Arhivo / Pie de Página

Cinco iniciativas en torno a la ley de agua contemplan el uso equitativo de los recursos, donde no se privilegie el uso comercial. “Hay una absoluta necesidad de una ley que defina que el uso del agua para consumo humano es la prioridad por encima de cualquier otro uso, ningún megaproyecto debe comprometer el consumo humano del agua. Esto es importante en México donde hay muchas tensiones en torno del tema”, aseguró Leo Heller, relator Especial del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas.

Durante 8 años, organizaciones de la sociedad civil han trabajado para reformar la ley nacional de agua de México, realizada durante la oleada privatizadora, en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces distintas agrupaciones han señalado que se marginó a los pueblos indígenas en el manejo de sus recursos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) utilizó la veda para no permitir que pueblos originarios usaran los recursos que estaban, incluso, en sus propios territorios. Hasta el momento, según la Organización Agua para Todos, se han entregado 77 mil concesiones en territorios indígenas.

Ley de Aguas Nacionales de 1992 no hace ninguna mención sobre pueblos indígenas. En el foro realizado este lunes en la Cámara de Diputados los cinco proponentes anunciaron en uno de sus consensos “Asegurar que pueblos indígenas y otros grupos que han sufrido la violación de sus derechos puedan participar en las instancias de toma de decisión sobre el agua y las cuencas”, “Que los derechos de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus territorios sea reconocida sin el artificio de la concesión, conforme con la Constitución y los instrumentos internacionales”, además de “que se reconozcan a los sistemas comunitarios autogestionados”.

Jesús Peña, representante de la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU, comentó:

“Reconocemos y alentamos la importancia de esta ley. Hay un incremento en los casos que involucran conflictos por el agua en el país. Cada día hay más personas y comunidades que defienden el derecho al agua y en ocasiones esas personas son amenazadas, criminalizadas y asesinadas. Una nueva ley de aguas va a ayudar a resolver esta situación”.

La propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenía monitoreados hasta el 2019, 86 conflictos sociales relacionados con el tema del agua. 

La senadora por Morena Gloria Sánchez Hernández dijo en el foro: «En la batalla desigual entre el interés comercial y las comunidades, a éstas últimas les ha tocado la peor parte, 70% de las aguas concesionadas están en manos de sólo 7% de los concesionarios”.

En México, se aprobó en 2012 una reforma constitucional donde se reconoce el acceso al agua como un derecho humano. Desde entonces diversas organizaciones han trabajado para una nueva Ley General de Aguas.

La organización Agua Para Todos contempla en su iniciativa de ley un marco de protección a pueblos originarios sin precedentes, que busca reemplazar la lógica de mercado y la autoridad unilateral para el uso del recurso. Ahí se propone: 

“Los pueblos indígenas administrarán las aguas según su cosmovisión, sistemas normativos internos y formas de gobierno, respetando siempre los principios de equidad y sustentabilidad”. Incluso dentro de la propuesta se contempla la figura de “Aguas Sagradas”, que son aquellas que discurren en sitios de especial significado para la cultura y la espiritualidad de comunidades, pueblos indígenas y campesinos. 

En el foro Avances y reflexiones hacia la Ley General de Aguas, convocado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el y el Programa de Sustentabilidad de la UAM, se expuso que las cinco iniciativas contemplan la adhesión que México tiene con tratados internacionales, donde se piden garantías de que los pueblos indígenas tengan recursos en sus tierras ancestrales, además de que se les proteja de transgresiones y contaminación en su territorio.