El pueblo mágico de Valle de Bravo se fincó sobre un centro ceremonial de la cultura matlazinca, ante la incapacidad del INAH y la omisión de las autoridades locales. Varios arqueólogos alertaron de su importancia y destrucción, pero de nada sirvió. Durante décadas, residencias de descanso fueron construidas sobre estructuras monumentales que ya no existen. Ahora, los empresarios Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad proyectan construir un centro comercial sobre los pocos vestigios que quedan —según la investigación conjunta realizada a partir de información recibida en la plataforma Méxicoleaks—. De concretarse, “Casa de Ídolos” será el jardín de una Bodega Aurrerá
Texto: Celia Guerrero Fotografías: Pepe Jiménez
Gráficos: Arturo Contreras y Fernando Santillán
VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO.- La Peña es una elevación rocosa en una península con entrada y vista al lago, al sureste de Valle de Bravo, un sitio turístico catalogado como pueblo mágico en 2005. En este lugar, hace unos mil 400 años, existió un centro administrativo y ceremonial, que después sería considerado un cementerio sagrado de la cultura Matlatzinca. Hoy, construidos sobre los vestigios de una importante civilización del Valle de Toluca, hay fraccionamientos de lujo con residencias de descanso de hasta 3 millones de dólares.
La zona arqueológica sepultada por los fraccionamientos, conocida con el mismo nombre de La Peña, se extiende desde la ladera hasta sus faldas a más de 30 hectáreas.
El equipo de esta investigación –realizada a partir de información recibida en la plataforma Méxicoleaks— documentó que las autoridades locales y federales supieron de la urbanización sobre estos vestigios desde 1985 y no actuaron para detenerla. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), encargado de resguardar y conservar la zona, no solo fue incapaz de frenar la destrucción, reportada por varios arqueólogos, sino que también participó en una serie de hechos que auguraron la pérdida del patrimonio cultural: saqueo, liberaciones irregulares a un sector privilegiado; provocando conflicto y desconfianza de los pobladores.
En los lados sur y sureste de La Peña, residencias de descanso en fraccionamientos de lujo con entrada al lago fueron construidas en su mayoría sobre vestigios arqueológicos, sin ningún tipo de rescate, según señala la arqueóloga Concepción María del Carmen Hernández, en el informe de salvamento de 1988-1989.
Lo poco que queda del centro ceremonial es una de las secciones conocida como “Casa de Ídolos”, que está en un terreno propiedad de los empresarios Alejandro Martí y Alejandro Aboumrad. Ahí se proyecta la construcción del centro comercial “Patio Valle” y parte de las estructuras prehispánicas fueron destruidas en 2014 por la empresa a cargo del desarrollo, Mexico Retail Properties, en la que participan las familias más poderosas del país.
El INAH detuvo las obras, pero finalmente cedió y desmontó estructuras monumentales a cambio de conservar un par de vestigios reconstruidos en el patio de lo que será una Bodega Aurrerá. La empresa tiene la liberación de los terrenos y, con ello, todo listo para iniciar la construcción.
Los predios conocidos como “Las Monjas” y “Casa de Ídolos” están ubicados en la parte media de la península de La Peña, a un costado de la avenida principal de Valle de Bravo: La Costera, en el límite de la zona arqueológica delimitada por el INAH.
El terreno “Las Monjas” —resultado de una fusión de predios en 2006— es propiedad de los empresarios Alejandro Martí García, Alejandro Aboumrad Gabriel y su esposa, Laila Kawage Vera. En él se planeó la construcción del fraccionamiento de condominios con el mismo nombre del predio y, para ello, Aboumrad —presidente de Grupo Proa, corporativo de Grupo Carso— y Martí —consejero propietario de Grupo Martí— constituyeron la empresa inmobiliaria Desarrollo de Las Monjas S.A. de C.V.
Sin embargo, el proyecto del fraccionamiento se frustró en 2007, cuando hallaron vestigios arqueológicos en el terreno.
En marzo de 2007, el arquitecto Genaro Nieto Huarte, en representación de los dueños de “Las Monjas”, solicitó al INAH la liberación del terrero para su construcción. Después de iniciar un trabajo de rescate de vestigios, el arqueólogo José Hernández Rivero liberó dos terceras partes, agregando que, en caso de hallar material arqueológico o restos óseos, los responsables deberían suspender trabajos de construcción y dar aviso al INAH. Además, pospuso la liberación de una tercera parte, dado que aún se realizaban exploraciones en ella.
Mapa de notificación de predio “Las Monjas” en Dictamen de liberación de predio del arqueólogo José Hernández Rivero.
En mayo, el INAH liberó la etapa III con la restricción de conservar como áreas verdes dentro del fraccionamiento los lotes 44, 48 y 49 del plano (poco más de 300 metros cuadrados), por haber encontrado en ellos “evidencia del desplante de dos construcciones de tipo habitacional o ceremonial muy afectadas”.
En el informe, Hernández Rivero detalló el hallazgo de más de 40 enterramientos humanos con ofrendas, la recuperación de 60 piezas arqueológicas y más de 700 bolsas de material cerámico y lítico, que fueron resguardadas en las bodegas de la zona arqueológica “El Terromote”, en el municipio de Cuautitlán.
Pero después de la liberación del predio con restricciones, los planes de los empresarios cambiaron: ya no sería un fraccionamiento sino un centro comercial.
En agosto de 2011, adquirieron un segundo predio, anexo al anterior, denominado “Casa de ídolos”. Y un año después, en diciembre de 2012, la Dirección de Ordenamiento e Impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente en el Estado de México, autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de la plaza comercial “Patio Valle”, proyectada para ocupar los dos predios propiedad de Aboumrad y Martí.
Este nuevo proyecto contempla la construcción de una tienda Bodega Aurrerá, un área de comida, cines, locales comerciales, estacionamiento y áreas verdes.
Para conseguir la autorización, la empresa presentó la liberación del predio “Las Monjas”, otorgada por el INAH en 2007. La MIA condicionó a la empresa a respetar las áreas señaladas como restringidas para construcción, pero ignoró el hecho de que en el segundo predio, “Casa de Ídolos”, no se había hecho un rescate de los vestigios, ni había —hasta entonces— sido liberado para la construcción.
Por su parte, el Ayuntamiento de Valle de Bravo otorgó a la empresa la licencia de construcción, con vigencia de un año, el 21 de diciembre de 2013, e iniciaron las obras del centro comercial.
El 14 de febrero de 2014, después de recibir denuncias ciudadanas sobre la destrucción de vestigios arqueológicos en “Casa de Ídolos”, el INAH suspendió las obras. Tres días más tarde, la empresa solicitó la liberación al INAH para construir en este predio. Sin embargo, cuando el INAH intervino, la empresa ya había realizado el despalme del terreno y la excavación de pozos con maquinaria pesada.
El equipo de investigación contactó al representante legal de
Desarrollo de Las Monjas, Adalberto Arellano, quien negó las
afectaciones a “Casa de Ídolos” y dijo que, al iniciar las
construcciones, la empresa no sabía que el predio no estaba liberado.
Matlatzinca es el nombre náhuatl que los mexicas dieron a los habitantes del Valle de Toluca. Calixtlahuaca, considerado el centro ceremonial más importante de los matlatzincas, está a 67 kilómetros de Valle de Bravo; Teotenango y Malinalco están a 117 kilómetros. Todos los sitios arqueológicos anteriores, con excepción de La Peña, han sido conservados.
En el estudio “Arqueología de la región intermontana de Valle de Bravo. Situación del sitio arqueológico La Peña”, el arqueólogo José Hernández Rivero, quien ha trabajado desde 1985 en distintos proyectos de rescate y salvamento en la zona, establece que el desarrollo de la cultura matlatzinca en La Peña fue paralelo al de Teotenango.
Hernández Rivero estima que la zona arqueológica fue ocupada en una primera etapa en el periodo preclásico, a la par de Teotihuacán. Luego, hubo un periodo de abandono y volvió a haber presencia humana hasta el postclásico, ya no como zona habitacional, sino como un lugar sagrado de enterramientos.
En entrevista, el arqueólogo dice que La Peña es importante, histórica y arqueológicamente, debido a que no se conoce otro sitio parecido en el Valle de Toluca porque, al estar en una zona geográfica intermedia, estos matlatzincas tuvieron intercambio único con tarascos y mexicas.
El equipo de esta investigación pudo confirmar la complejidad de la zona arqueológica, a través de la consulta de los informes de trabajos realizados desde 1988, que se encuentran en el Archivo Técnico del INAH.
Manfred Reinhold fue el primer arqueólogo que dio cuenta de la importancia de La Peña. En 1972 localizó en la parte oriente una plaza central con estructuras laterales, nombrada “Conjunto Reinhold”. Más tarde, otros arqueólogos constataron la magnitud de la zona cuando descubrieron al menos otras cinco secciones de vestigios:
1. “Casa de Ídolos”. El informe del primero salvamento (1988-1989) señala el hallazgo de una unidad habitacional con múltiples entierros, ofrendas y figurillas, en la parte media de La Peña.
2. “Conjunto El Campamento”. La arqueóloga Beatriz Zúñiga Barcenas, en 1995, llegó a documentar en un único lote hasta 72 entierros (en el que años más tarde descubrirían otros 103), cada uno con sus respectivas ofrendas: collares de cobre, ornamentos de obsidiana, cajetes, malacates, ollas, cántaros y desfibradores. Informó sobre el hallazgo un “enorme conjunto arquitectónico de época clásica”.
3. “Conjunto La Cruz”. En el parte norte, encontraron un “amplio centro urbano ceremonial” que ocupaba más de una hectárea. Este espacio, según los arqueólogos, análogo a otros centros ceremoniales de altas culturas mesoamericanas, habla del desarrollo alcanzado por la sociedad antigua que habitó en La Peña.
4. “Centro de Salud”. Esta sección fue llamada así porque quedó bajo el actual centro de salud de la población sin realizar trabajos arqueológicos para precisar qué tipo de vestigios existieron ahí.
5. “La Palma”. Un gran basamento piramidal que sobrevive olvidado, bajo resguardo del INAH, en un predio propiedad de privados que se encuentra intestado.
Tras la exploración de Reinhold, a pesar de que el INAH tenía conocimiento y custodia de la parte explorada, durante al menos una década se registraron saqueos de vestigios, construcciones en la parte noroeste y liberaciones de los terrenos en la parte sureste, ante la mirada omisa de las autoridades locales. Después, el INAH hizo liberaciones irregulares en el sur y con el proyecto de rescate, en 1996, comenzó a liberar los terrenos para construir en ellos.
De las seis secciones del sitio arqueológico La Peña —en 2014— solo sobrevivían dos: “La Palma” y “Casa de Ídolos”.
El proyecto de Las Monjas en “Casa de Ídolos”, es sólo el último registro de una destrucción sistemática del patrimonio cultural de Valle de Bravo.
El predio es conocido popularmente como “Casa de Ídolos” porque la gente dice que de él fue extraída una de las esculturas con forma de cabezas de serpiente que hoy se encuentran exhibidas en el museo arqueológico de Valle de Bravo. De acuerdo con el informe de Hernández Rivero, en “Casa de Ídolos” se ha encontrado gran cantidad de materiales propios de basamentos piramidales “que anuncian la importancia del depósito cultural que le subyace”.
El informe también señala que en fracciones de este lote se han construido de manera irregular pequeñas casas y una ferretería.
El 30 de abril de 2014, los arqueólogos Ricardo Arturo Jaramillo Luque, director del Centro INAH Estado de México (CINAHEM), y José Hernández Rivero, responsable de los trabajos de investigación del mismo Centro, se reunieron con Adalberto Arellano Contreras, apoderado legal de Desarrollo de las Monjas. Acordaron que la empresa cubriría los sueldos de los trabajadores del rescate, así como otros gastos durante cuatro meses, aunque en caso de ser necesario podría prorrogarse. Finalmente, mediante este acuerdo, el INAH se obligaba a liberar el predio.
Representantes del Consejo de Arqueología del INAH realizaron una visita de inspección —en julio— y, ante la complejidad del asentamiento prehispánico, Hernández Rivero propuso pasar del rescate (recuperar restos que están en peligro) al salvamento (investigar y recuperar evidencias culturales) arqueológico.
Rivero da cuenta del hallazgo en el sur del predio de un altar que fue “desmontado” para evitar que la empresa arrasara con él. Además, menciona un muro o “estructura de tamaño mayor” muy dañada, y plantea su “conservación” al integrarlo al proyecto. En el noroeste halló otro altar de “estilo arquitectónico típico del máximo desarrollo del sitio”. Para poder liberar el predio, el consejo de arqueología decidió su “remoción total y reubicación con fines didácticos y museográficos”.
El 21 de agosto de 2014, los arqueólogos y representantes de la empresa volvieron a reunirse y acordaron la segunda etapa del proyecto, ahora de salvamento arqueológico, durante cinco meses más. Este nuevo proyecto planteó como estrategia el desmonte de estructuras arquitectónicas, entre ellas otro altar y una escalinata. En noviembre de 2015, Jaramillo Luque y la arqueóloga María de Lourdes Toscano Hernández acordaron con Arellano Contreras un último proyecto: los “trabajos de conservación-integración de los vestigios”.
Finalmente, el 18 de diciembre, Toscano Hernández emitió el dictamen para la liberación del predio. Con ello, el INAH dejó los terrenos “Las Monjas” y “Casa de Ídolos” listos para la construcción del centro comercial.
De acuerdo con la ley de monumentos y zonas arqueológicas, dañar, alterar o destruir una, es motivo de tres a diez años de prisión, o multa por el valor del daño causado. Sin embargo, ninguna denuncia o sanción ha sido presentada en contra de Desarrollo de Las Monjas.
Un arqueólogo consultado —que prefiere ocultar su identidad por miedo a represalias laborales— señala que en este caso, si existiera una denuncia, dado que el INAH es parte, el peritaje tendría que realizarlo un arqueólogo de otra institución.
En al menos tres ocasiones anteriores, particulares habían solicitado la liberación del predio “Casa de Ídolos” al CINAHEM, sin llegar a acuerdos, debido a la importancia de los vestigios y el costo del salvamento, el cual de acuerdo a la ley debe ser cubierto por quien solicita la liberación.
Por eso, pobladores de Valle de Bravo que se oponen a la construcción del centro comercial – y que han promovido una consulta ciudadana— acusan al INAH de otorgar la liberación de los predios por la influencia económica y política de los dueños de Desarrollo de las Monjas.
Alejandro Aboumrad Gabriel preside Grupo Proa, corporativo de Grupo Carso y es suplente de Patrick Slim Domit, hijo del hombre más rico de México. Las familias Slim y Aboumrad no sólo tienen vínculos de negocios, también están emparentadas. Vanessa Slim Domit —hija de Carlos Slim— es esposa de Daniel Hajj Aboumrad.
Por otro lado, Alejandro Martí, el empresario conocido por retar a la clase política mexicana durante la Cumbre de Seguridad Nacional de 2008, es consejero propietario de Grupo Martí —empresa que preside Alfredo Harp Helú, primo de Carlos Slim Helú— e inversionista en la inmobiliaria Infraestructura Institucional (I2).
Aboumrad y Martí constituyeron la empresa Desarrollo de Las Monjas para el primer proyecto, que era un fraccionamiento de condominios, pero el diseño del centro comercial “Patio Valle” está a cargo de Mexico Retail Properties (MRP), una empresa constituida en 2003 y que presiden Jerónimo Marcos Gerard Rivero —hermano de Ana Paula Gerard y cuñado de Carlos Salinas de Gortari— y John A. Blumberg, fundador del fondo de inversión inmobiliaria Black Creek Group, establecido en Denver, Colorado.
Tanto I2 como MRP son filiales de Black Creek Group en México.
MRP desarrolla y opera centros comerciales en México, al estilo
Estados Unidos. Las “tiendas anclas”, como denominan a los
establecimientos que más atraen clientes, son Bodega Aurrera, Sam’s
Club, Walmart de México, The Home Depot, Cinépolis, Cinemex, Office
Depot, Sport City, Sportsworld, Liverpool, Sears. En su página web
aparecen al menos 43 Patios, Parques, Plazas y Galerías, desarrollados
en 21 estados de la República.
La Peña –dice los pobladores de Valle de Bravo— tiene dos caras: la rica y la pobre. En La Peña rica, por la entrada y vista al lago, una de las residencias construías sobre vestigios arqueológicos puede costar millones de pesos. En La Peña pobre, el conflicto entre los dueños de los predios y el INAH por la liberación de los terrenos se ha prolongado más de 30 años.
El origen del problema fue la inundación de la planicie para la construcción de la Presa Valle de Bravo (1947), la cual formó parte del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán, ahora sistema hidráulico Cutzamala, que abastece de agua potable a la Ciudad de México y su área metropolitana.
Además de que se estima que la presa dejó bajo el lago una parte del sitio arqueológico, la inundación provocó un problema social y económico para los habitantes de Valle de Bravo, que en su mayoría eran agricultores.
En la década de los 80, el Consejo de Bienes Comunales de Valle de Bravo reclamó el derecho de posesión de los terrenos en La Peña por haber cedido los terrenos ejidales para construir la presa. El INAH señaló que se trataba de un sitio arqueológico y no podía ser ocupado.
En 1984, La Peña quedó inscrita en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos del INAH. Con esto, su conservación es sustentada por la Constitución y, en específico, por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Pero eso no detuvo el conflicto. En 1986, Bienes Comunales ganó un juicio de amparo ante el Tribunal Superior Agrario por la propiedad de los terrenos.
En 1992, con la reforma al artículo 27º constitucional —realizada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari— las tierras ejidales fueron incorporadas al mercado inmobiliario urbano, y los comuneros comenzaron a vender los predios de La Peña para la construcción de casas de descanso, siendo el lago el principal foco de atracción. Sin embargo, para realizar obras en un terreno de una zona arqueológica es necesaria la liberación del INAH.
Con el fallo del amparo inició un periodo de negociaciones y fricciones entre el INAH y los dueños de los terrenos, que finalmente permitieron a los arqueólogos trabajar en sus propiedades, siempre y cuando realizaran la recuperación de los vestigios para que se pudieran liberar los terrenos.
En 1995, el INAH inició el Proyecto de Salvamento Arqueológico La Peña Valle de Bravo, a cargo del arqueólogo Hernández Rivero, y comenzó la liberación masiva de predios. Desde entonces, la devastación del sitio arqueológico fue imparable.
Hernández Rivero concuerda con que la destrucción del sitio de La Peña comenzó con la expropiación de la planicie. Sin embargo, asegura que la urbanización se extendió por una liberación irregular otorgada por el CINAHEM.
“Mi primer dictamen de la zona es de 1985, donde ya digo que hay problemas muy serios en el lugar y que no hay control. El Instituto empezó a mandar oficios al Ayuntamiento de que no podían construir en el lugar. Hubo un problema con la que fue mi jefa en los años 80, porque dio permisos para hacer un desarrollo campestre donde nosotros le llamamos el lado sur de La Peña, el que da hacia el lago. Se llama Sylvia Gutiérrez Vera y eso le costó el empleo, por eso fue despedida. Ella era la arqueóloga que hizo el dictamen y dijo que no había problema y liberó toda la parte que conocemos como La Peña rica… se libera sin hacer ni un sólo pozo de sondeo. Así empezaron las construcciones”, dice el arqueólogo.
El equipo de investigación buscó a Sylvia Gutiérrez, actualmente docente de la Universidad Iberoamericana, para conocer su versión, pero se negó a dar información sobre el periodo en el que fue delegada del centro.
Durante esta investigación se documentaron otras irregularidades que contribuyeron a la devastación del sitio, como errores de los arqueólogos durante los proyectos de rescate y más liberaciones amañadas del CINAHEM.
Uno de los casos en los que el propio municipio tuvo responsabilidad sucedió en 1989, cuando el arqueólogo Óscar Gutiérrez Basante denunció ante el CINAHEM la destrucción de estructuras en el lugar en donde construyeron el centro de salud de la población, sin haber realizado un salvamento o liberación del predio. Ninguna autoridad detuvo la obra.
En 2005, Valle de Bravo entró al programa federal Pueblos Mágicos, que según la Secretaría de Turismo busca el desarrollo y protección de la riqueza cultural de las comunidades de México.
Uno de los compromisos municipales de Enrique Peña Nieto —actual presidente de México— cuando fue gobernador de 2005 a 2011, fue la conservación de la zona arqueológica de La Peña.
Oficialmente, lo consideraron un compromiso cumplido cuando Peña Nieto inauguró el Museo Arqueológico de Valle de Bravo, en noviembre de 2010, junto con Martha Hilda González Calderón, secretaria de Turismo; Agustín Pliego, director del Instituto Mexiquense de Cultura, y el entonces presidente municipal de Valle de Bravo, Gabriel Olvera Hernández.
Del museo, los pobladores dicen que las piezas que se exhiben en él, ni siquiera son del sitio arqueológico La Peña.
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