¿Se jubila Carlos Slim? Eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo desmintió su vocero ni tampoco su consorcio empresarial.

El inesperado anuncio sacudió las acciones de Grupo Carso en la Bolsa Mexicana de Valores y desató una nueva ola de críticas en Twitter de quienes de todas maneras cuestionan al nuevo gobierno.

Y ya. En pocas horas la atención se concentró en el tsunami de la carta enviada a España y el Vaticano para que se disculpen por la invasión europea de hace 500 años.

El tema va más allá. Públicamente Slim –dijeron los medios- se distanció de López Obrador por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), donde el magnate invirtió cientos de millones de dólares.

Pero en pocos meses el aparente enojo se transformó en la oferta de ayudar “al bienestar” del país antes de retirarse, según dijo el presidente.

¿Qué sucedió? Una palabra: pragmatismo. Slim, como casi todos los grandes empresarios de México, se adaptó a los nuevos tiempos y sacrificó las molestias por la filosofía que explica su fortuna.

Se llama negocio. El NAIM murió –hasta ahora- como el jugoso proyecto de la década, pero en términos reales el magnate no perderá dinero.

Los bonos de deuda a futuro se amortizaron desde noviembre con una tasa superior al 1×1, es decir, por cada dólar invertido se pagaron, en promedio, 1.20 dólares.

Los consorcios “buitre”, capitalistas especializados en comprar deuda de países o empresas en quiebra, habían ofrecido entre 60 y 70 centavos de dólar por cada bono.

Los papeles de Fibra –una modalidad financiera para conseguir recursos- estaban respaldados por recursos fiscales o eran propiedad de empresas del gobierno.

Y en los contratos con las constructoras, el negocio de Slim se adelantó el pago de su vencimiento o se canjearon por nuevas obras.

El caso del ingeniero, como le dicen l@s columnistas que se creen cercanos al magnate, es apenas un pedacito de lo que ahora se construye.

Porque desde 1946, cuando empezó el llamado “Milagro Mexicano” durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, los empresarios de este país siempre han acatado las reglas de los gobiernos en turno.

Hay pocas disidencias en la historia. En los años 70, por ejemplo, hubo una especie de rebeldía tras el secuestro y asesinato de empresarios como Fernando Aranguren, en Jalisco, o Eugenio Garza Sada, en Nuevo León.

En los dos casos se acusó a grupos guerrilleros del crimen a quienes el gobierno de Luis Echeverría –dijeron entonces los empresarios- les permitía operar.

Una década después hubo otra inconformidad encabezada por el excandidato presidencial Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, “Maquío”.

Los usos y costumbres empresariales se reacomodaron desde 1991, cuando se consolidó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De ese año provienen algunas de las grandes fortunas de los magnates de ahora, Carlos Slim incluido.

Desde entonces las reglas del gobierno fueron siempre pro empresariales, inclusive en exceso como sucedió con Vicente Fox. Y ahora, con el primer presidente de izquierda en la historia del país, hay pocos cambios.

Quizá de nombre. Por ejemplo en las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 el Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a los gerentes de consorcios trasnacionales o los dueños de compañías medianas, se convirtió en opositor del entonces candidato López Obrador.

Después del 1 de diciembre el presidente creó un Consejo Asesor Empresarial donde participan algunos de los hombres de negocios que, durante la campaña de 2018, le apoyaron o al menos se mantuvieron públicamente neutrales.

Un tema cuestionado con varios matices:

Como lo hizo con sus polémicas cartas al rey Felipe VI de España y al papa Francisco para demandar un perdón por la invasión europea hace 500 años, es en el fondo un intento de reescribir la historia.

De la misma forma en que exige un comportamiento ético a la inversión extranjera, promueve un nuevo código ciudadano a partir de la Cartilla Moral.

O con la decisión de confrontar a la cúpula del capital con su nuevo grupo de asesores empresariales.

El mensaje es el mismo: desde el 1 de julio de 2018 se quiere construir un nuevo régimen. Uno donde quien manda se llama Andrés Manuel López Obrador.