A la lista de trabajadores esenciales, como lo son los médicos, hay que sumar a los jornaleros agrícolas: básicamente porque sin su trabajo el país no come. Sin embargo, no hay políticas públicas enfocadas en reconocer a este sector. En Canadá 3 jornaleros mexicanos murieron y a raíz de ello, se inició una campaña para su vacunación en aquél país

Por Anaid García Tobón*

Uno de los sectores esenciales que no ha parado a lo largo de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19 ha sido el de las personas jornaleras agrícolas, quienes con su trabajo han asegurado que los alimentos lleguen todos los días hasta nuestras mesas.

Sin embargo, a pesar de ser un sector esencial para la vida y actividad humana, en nuestro país, no existe una estrategia focalizada específica para este grupo respecto a la vacunación contra el covid-19.

En México hay aproximadamente 3 millones de jornaleros y jornaleras que viven condiciones de explotación y desigualdad: padecen falta de servicios de educación, vivienda y salud, salarios precarios, incumplimiento de pago de su salario completo por parte de quienes los contratan, hostigamiento y extorsiones por parte de autoridades en sus traslados a nuevos lugares de trabajo, el 94% no cuenta con contrato laboral y más de un tercio de esta población gana por debajo del salario mínimo general, por mencionar solo algunas. Estas condiciones sumadas a la pandemia vulneran aún más a quienes nos alimentan. 

La población jornalera corre el riesgo de contagiarse de covid-19 en sus estancias en los campos agrícolas pues viven en condiciones de hacinamiento y debido a la movilidad constante al trasladarse de un territorio a otro pues cada que el trabajo se acaba en una región, las y los jornaleros, junto con sus familias, migran a otros lugares en busca de otra oportunidad laboral. También porque comparten dormitorios y otros espacios en los campos agrícolas donde son empleados, por lo que, sin un programa específico de vacunación, su salud y su vida están en riesgo.

Desde el pasado 17 de marzo los trabajadores del campo mexicanos en Canadá comenzaron a recibir la vacuna contra el covid-19. Esto sucedió tras la muerte de tres jornaleros mexicanos al infectarse del virus en junio de 2020 debido a las malas condiciones en algunas granjas canadienses que provocaron que el gobierno mexicano suspendiera por unos días el programa bilateral de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT). Adicionalmente, hace unos días, se generó presión por parte de sectores civiles canadienses a través de la campaña Vaccines for All, donde 270 grupos civiles de todo Canadá exigieron a las autoridades de ese país que las vacunas sean un derecho para todos, incluidos los trabajadores agrícolas extranjeros y los migrantes.

A su vez, el 16 de marzo en Arizona vacunaron a jornaleros sin importar la edad ni el estatus migratorio por considerarlo un sector esencial. En California también han sido vacunadas personas que trabajan en el campo, no obstante, existe temor en la población indocumentada de que la información recabada para la vacunación sea entregada a las autoridades y los deporten. Esto, aunado a las barreras del idioma -ya que muchos trabajadores del campo no hablan inglés-, desincentiva a la población agrícola a vacunarse. 

Por su parte, México puso en marcha desde el 24 de diciembre de 2020 la vacunación contra el covid-19, pero su estrategia sólo considera priorizar a los trabajadores de la salud y después a la población según su rango de edad siendo los mayores quienes reciben de manera más rápida la vacuna. 

Recientemente organizaciones de la sociedad civil mexicanas hicieron un llamado para contemplar e integrar a la población jornalera agrícola migrante y asentada como una población prioritaria, principalmente las y los adultos mayores. También se instó a las autoridades a: 1) Presentar información precisa, sencilla y en lenguas maternas sobre los lugares y tiempos donde se aplicará la vacunación, 2) Establecer las medidas necesarias para garantizar las suficientes dosis de vacunas contra el covid-19 en los centros de trabajo agrícola y 3) Asegurar que todos los recursos e insumos médicos para prevenir los contagios por covid-19 estén disponibles en los campos agrícolas donde se encuentran las personas jornaleras adultas mayores.

Las consecuencias de que la población jornalera enfermara de covid-19 serían sumamente perjudiciales para todas y todos. No tendríamos alimentos para consumo humano. Además, si la población agrícola lleva la enfermedad a sus comunidades, grupos sumamente vulnerables, que carecen de servicios de salud, se contagiarán. Para que esto no suceda es necesario priorizar la vacunación de este sector esencial y generar una estrategia focalizada que logre que estas personas que migran constantemente y hablan otras lenguas accedan a este servicio. 

* Por parte de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, para la Alianza Campo Justo.

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