La política de drogas se ha vuelto un tema cada vez más presente en las discusiones de justicia transicional, es necesario comenzar a preguntarnos ¿cómo debe ser una política de drogas desde una perspectiva de justicia transicional?

Por Amaya Ordorika @amaya_oi / @ReverdeSerC

Al término de las elecciones se generó una gran expectativa para este sexenio, alimentada por quienes hoy ocupan el poder ejecutivo, de dejar atrás la guerra y comenzar a caminar hacia la paz mediante mecanismos de justicia transicional. Si bien se generaron inmensas expectativas no cumplidas, si fue posible abrir una conversación nacional en torno a las posibles rutas para la construcción de paz. En este artículo, vamos a intentar continuar con esa conversación – reavivada ligeramente por la consulta popular- y poner sobre la mesa algunos aspectos fundamentales de la relación entre justicia transicional y política de drogas.

La justicia transicional se refiere a los mecanismos y procesos mediante los cuáles se responde a las causas y consecuencias de un fenómeno de violencia “de alto impacto a gran escala” y se caracteriza por buscar una transición entre dos contextos socio-políticos, buscar la garantía de los derechos de las víctimas de la violencia, flexibilizar criterios normativos de los sistemas ordinarios de justicia por resultar insuficientes e inaplicables y la participación y respaldo de actores sociales y políticos, principalmente de las víctimas. La justicia transicional se compone de cuatro elementos centrales: verdad, justicia, reparación y no repetición.

La política de drogas se ha vuelto un tema cada vez más presente en las discusiones de justicia transicional, sobre todo en México y Colombia. Por ejemplo, el Acuerdo de Paz de Colombia, firmado en 2016, establece como uno de sus seis puntos la “solución al problema de las drogas ilícitas”. Así mismo, el documento final de los Foros Escucha para la Pacificación y Reconciliación incorpora un capítulo completo dedicado a política de drogas y armas, paradójicamente empezando el primer párrafo señalando la necesidad de separar ambos temas.

No obstante, no es suficiente plantearnos que la justicia transicional debe incluir cambios en la política de drogas, sino que es necesario comenzar a preguntarnos ¿cómo debe ser una política de drogas desde una perspectiva de justicia transicional? Y pareciera que aún nos hace falta mucho trabajo para construir consensos amplios en esta materia. El mismo documento final de los Foros Escucha plantea «la ineludible necesidad de construir un nuevo marco legal» y nos da algunas pistas sin demasiada claridad «que contemple lo que aquí ya se ha dicho, derechos humanos, desarrollo alternativo, etc.».

Para poder imaginarnos una política de drogas con perspectiva de justicia transicional, es fundamental regresar a los cuatro pilares centrales: verdad, justicia, reparación y no repetición. Desde ahí podemos comenzar a aterrizar algunos elementos fundamentales para diseñar los nuevos marcos normativos, políticos y comunicativos en torno a las plantas y sustancias psicoactivas hoy prohibidas. 

Sin duda, el contexto nacional requiere algunos aspectos generales en cuanto a la no repetición de violaciones a derechos humanos, como la desmilitarización de las estrategias de seguridad y salud pública, las garantías de respeto al debido proceso, la verdad sobre las personas desaparecidas y el fin a la impunidad. No obstante, hay algunos elementos que nos brinda enfocarnos en la política de drogas que es importante no perder de vista:

1. No repetición: Un aspecto ineludible para garantizar la no repetición es modificar las leyes que directa e indirectamente resultan en violaciones a derechos humanos. Por lo anterior es fundamental la regulación integral de la cannabis y la amapola, junto con la descriminalización efectiva de la posesión simple, el cultivo y la venta al menudeo de todas las drogas actualmente ilegales. Así mismo, es necesario revisar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud y hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el estándar de proporcionalidad en las penas asociadas a delitos relacionados con drogas.
2. Verdad: La actual estrategia de seguridad en México se ha construido sobre una narrativa en la cual se ha tildado a las personas que se relacionan con las drogas (desde su cultivo o producción hasta su consumo) de enemigos públicos que representan amenazas existenciales para nuestra sociedad. Sobre esta historia se ha legitimado la instalación de un régimen penal del enemigo y un estado de excepción militarizado que han resultado en violaciones graves a derechos humanos. Para comenzar a transitar hacia la paz, es necesario desmontar esta narrativa y comenzar un proceso de construcción de verdad. 

A la vez, es necesario construir una política educativa sobre drogas con perspectiva de derechos humanos, género, juventudes y reducción de riesgos y daños que permita desmontar las políticas de desinformación y discriminación promovidas por el Estado mexicano durante décadas y que garanticen el derecho de la ciudadanía a la información.

3. Justicia: Es fundamental el esclarecimiento del acoso de las fuerzas del orden, el uso excesivo de la fuerza y violaciones al debido proceso empleadas de manera particular contra personas usuarias, personas cultivadoras y personas dedicadas a la venta y el transporte al menudeo. A esto se suma la urgencia de excarcelar, de la mano de procesos integrales de reinserción social, a las personas privadas de su libertad (con o sin sentencia) por los delitos relacionados con drogas que no se encuentren a su vez privadas de la libertad por delitos violentos.

También es necesaria la investigación de funcionarias y funcionarios públicos que negaron el acceso a la justicia o a algún otro derecho (como salud, educación o vivienda) a alguna persona por su posible relación con drogas ilegales. Así mismo, es necesario traer a la luz los casos de tortura y malos tratos al interior de los centros de tratamiento de adicciones y la falta de oferta pública de servicios de salud dignos y respetuosos de derechos humanos para personas usuarias de drogas.

4. Reparación: Un aspecto central para la reparación de daños es garantizar la participación protegida de las personas que fueron afectadas por el modelo prohibicionista actual en la conformación de los mercados regulados. Así mismo, es necesario abrir el camino para que las personas víctimas de violaciones a derechos humanos por la implementación de las políticas de drogas actuales puedan incorporarse al Registro Nacional de Víctimas y acceder a las medidas de reparación estipuladas en la Ley General de Víctimas

La discusión de la regulación de cannabis en México nos abrió una oportunidad fundamental, misma que parece que las y los legisladores han decidido desaprovechar. Ojalá que cuando el Senado de la República retome el tema, pueda hacerlo teniendo estos principios en mente. En particular, es necesario que se retomen los siguientes aspectos:

1. Prohibir la integración vertical del mercado de cannabis, excepto para el sector social (sociedades cooperativas, propiedades ejidales y comunales y pequeñas propiedades).
2. Establecer mecanismos de apoyo gubernamental a comunidades que ya cultivan cannabis en la actualidad para su transición hacia la legalidad. 
3. Eliminar las sanciones penales a comunidades campesinas que cultiven sin cumplir los requisitos establecidos por la regulación. 
4. Eliminar la criminalización de la posesión simple. Aumentar la cantidad no es suficiente porque no rompe el modelo de interacción actual entre la ciudadanía usuaria de drogas y las fuerzas del orden del Estado.
5. Garantizar espacios de consumo seguros. 

Para poder implementar un proceso de justicia transicional y transitar hacia la paz, no es necesario esperar a la construcción de una agenda integral que abarque todo. Por el contrario, podemos ir recuperando los principios de la justicia transicional y aplicándolos a diversos aspectos de la vida pública. Y en particular, cuando hablamos de drogas, esto es necesario para lograr una #RegulaciónPorLaPaz

*Coordinadora de incidencia política en ReverdeSer Colectivo.