Trece policías del sexo masculino denunciados por la represión violenta a la protesta feminista en Cancún siguen libres a casi dos años del evento donde tres manifestantes fueron baleadas. Una mujer policía es la única detenida

Texto: Ricardo Hernández

Foto: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro

QUINTANA ROO.- Después de casi dos años del 9N, de aquella represión de una manifestación feminista frente al Palacio Municipal de Cancún que terminó con tres heridos de bala, una policía que participó en los hechos fue detenida y recluida.

Wendy Galarza, una de las sobrevivientes de los hechos, informó que el pasado sábado las autoridades detuvieron a la mujer en Cancún, quien fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso), localizado en esta ciudad turística. Es la única de los 14 elementos denunciados que se encuentra en prisión.

La detención se deriva de una de las tres carpetas de investigación que existe, con número de identificación 765-2020, interpuesta por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo), quien denunció a 11 policías, entre los que figura Nancy, la detenida.

Se detuvo tras más de 21 meses de los hechos y para efectos de que pase en prisión preventiva el proceso judicial, que se encuentra en etapa intermedia.

El día del 9N

El 8 de noviembre de 2020 se informó sobre el hallazgo del cuerpo de Bianca Alejandrina, conocida por sus amigas como “Alexis”, en condiciones indecibles, en dos bolsas negras tiradas en la periferia de Cancún.

Un día después, el 9 de noviembre («9N»), se realizó una manifestación convocada por organizaciones feministas, en la que participaron solo mujeres, la mayoría jóvenes menores de edad. 

Se reunieron en el kilómetro 0 del Boulevard Kukulkán, que es la entrada a la zona hotelera de Cancún, y el plan era marchar hacia la Vicefiscalía General del Estado.

Condolidas, entre lágrimas y caras desencajadas, más de 300 mujeres salieron a exigir un alto a la violencia feminicida y a clamar justicia para “Alexis” y las otras 23 mujeres asesinadas en el estado en lo que iba del 2020.

Pero era tanta la rabia que, de manera insólita, la protesta se tornó álgida, violenta.

A las pintas en la Vicefiscalía se sumó la destrucción del escudo que colgaba en la pared de la institución; el incendio de una carpa instalada en la entrada, alimentado con cualquier desecho que encontraban a su paso; el intento de derrumbe de la puerta de la dependencia, y gritos a voz en cuello de parte de amigos de la víctima y de desconocidos.

Como la furia colectiva no cesaba, el contingente se movilizó hacia el Ayuntamiento para reclamar justicia, ahora al gobierno local, que ya no alcanzó a tapiar todas las entradas del edificio.

Una vez en la explanada, las manifestantes pintaron más consignas en las paredes, rompieron los vidrios, quitaron las maderas que tapaban la entrada, ingresaron al recinto y extrajeron cajas con varios documentos a los que prendieron fuego. Fue en ese momento, a las 19:55 horas, cuando más de 70 policías –adscritos al Mando Único estatal– irrumpieron desde un costado del Ayuntamiento con detonaciones de armas cortas y largas, al aire y en contra de la multitud, que salió en estampida. Los inmovilizados por el terror y los más desprevenidos fueron aporreados por los agentes.

Esa noche, los elementos de seguridad que disolvieron la protesta retuvieron a siete mujeres, a quienes empujaron, les jalaron el cabello, robaron sus pertenencias, propinaron macanazos, golpes con escudos, arrodillaron, tocaron e intentaron violar en el interior del Palacio Municipal, según consta en la queja por violación a los derechos humanos. El uso desmedido de la fuerza pública también dejó como saldo otros tantos lesionados y tres heridos de bala: dos reporteros de la fuente policíaca y la propia Wendy Galarza.

Y desde entonces no hay ningún sentenciado. La justicia no llega aún.

Largo proceso judicial

Por los hechos hay tres carpetas de investigación. La primera que se judicializó fue la que lleva Ceaveqroo, donde se acusa a 11 policías. 

“Pero las audiencias se habían diferido porque, primero, no terminaba de resolverse el amparo que tramitaron los policías. A nueve de los policías les concedieron el amparo que interpusieron en contra de la medida cautelar oficiosa, de prisión preventiva, dictada desde marzo de 2021”, cuenta Galarza.

Entre esos policías se encuentra Eduardo Santamaría, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en Cancún y que estuvo presente en el operativo.

“Pero los otros dos policías llevan abogados diferentes. Y aunque tramitaron también por separado amparos contra la medida cautelar, a ellos no se los conceden”, dice Wendy.

Como no se los conceden, prosigue, ambos alegan que contrajeron Covid y se ausentan de varias de las audiencias.

“Hace dos semanas nos convocaron ya a una audiencia intermedia, pero tampoco se presentaron. Y yo creo que fue por la presión que les estábamos haciendo a la Fiscalía General del Estado, porque debían cumplir con la prisión preventiva, que detuvieron a Nancy”, dice Wendy.

“Pero me siento con emociones encontradas, porque qué casualidad que a la única mujer es a la que detienen y los demás policías hombres, incluido Santamaría, están libres”.

Wendy Galarza.

En tanto, la defensa del grupo de los ocho policías solicitó al juez suspensión condicional, a fin de no pasar a etapa intermedia porque el caso “no era delito grave y porque preveían que se podía llegar a un acuerdo con las víctimas”.

“La defensa pide la suspensión condicional porque dicen que nosotros ya estamos reparados de los hechos. Y que tan es así que Ceaveqroo ya nos dio la reparación económica. Lo que no contaban ellos es que nosotros estábamos amparados contra el dictamen de reparación del daño dictado por Ceaveqroo, por lo mal que está. Y por eso el juez no se lo concede”, dice.

Una segunda carpeta de investigación es contra otros tres policías que supuestamente participaron en los hechos. 

Y la tercera se interpuso contra el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; la entonces presidente municipal de Cancún, hoy gobernadora electa, la morenista “Mara” Lezama. Sin embargo, la FGE decidió unilateralmente cerrar esta carpeta. 

“Desde hace cinco meses nosotros exigíamos a la Fiscalía que nos diera informes de la carpeta. ¿Dónde está esa carpeta?, les preguntamos varias veces. Queremos saber cómo va esa carpeta, les repetíamos y repetíamos, pero nunca nos informaban. Y es hasta que Amnistía Internacional solicitó información, que informaron que ya la habían cerrado. Así, sin informarnos nada”, se queja Wendy.

“No sé cómo le vamos a hacer, pero queremos reabrirla”, añade.