La Alianza Campo Justo busca ser la voz conjunta de miles y miles de familias y organizaciones que luchan por la justicia y la dignidad de quienes nos proveen a diario de alimentos frescos

Por: Alianza Campo Justo con la colaboración de Conapred / Alejandra Isibasi

Con el establecimiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el pasado 23 de marzo, una importante porción de la población mexicana se replegó a sus hogares a un confinamiento que aún no termina. Las medidas tomadas por el Consejo de Salubridad no fueron encaminadas a regular la actividad de las personas sino de los sectores productivos, con la finalidad de reducir la movilidad humana, por lo que hubo grupos completos de personas que no pudieron en ningún momento parar sus actividades por ser éstas esenciales. La producción agrícola así como la distribución y venta de alimentos frescos en tiendas, supermercados y mercados están entre tales actividades.

A diferencia de la importante movilización que implicó la protección y procuración de seguridad sanitaria para el personal de salud en todo el país (un sector que tampoco paró por supuesto), la seguridad sanitaria de las personas trabajadoras del sector agrícola no estuvo entre las prioridades de gobiernos o sector privado. 

Las secretarías de Trabajo y Salud publicaron la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el COVID-19; el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó también su Guía para la atención de pueblos indígenas y afromexicano ante el COVID-19, en lenguas indígenas; y se constituyó el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC), que convocó a las instituciones de salud, economía, agricultura, medio ambiente, trabajo y educación pero que no incluyó las de bienestar, seguridad social, pueblos indígenas –a pesar de que una de cada cuatro personas jornaleras agrícolas es hablante de lengua indígena–, atención a niños, niñas y adolescentes o igualdad y no discriminación.

La emergencia sanitaria muy rápidamente se tradujo en fallecimientos que, para la población jornalera agrícola, significaron trámites y un sin fin de dificultades para poder recuperar y en ocasiones incluso repatriar los cuerpos de sus familiares y amigos. Tuvo que intervenir la cancillería a solicitud de organizaciones como Tlachinollan o la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas para lograr algunas repatriaciones.

Pero ninguna de estas acciones ha sido suficiente si de cumplir la deuda que se tiene con este sector se trata. La emergencia de salud que enfrenta la población jornalera agrícola en contexto de covid-19 sólo se intersecta con las condiciones históricas de discriminación estructural y sistemática en las que vive; y las demandas de salario y vida digna, de acceso a derechos básicos y de un reconocimiento de su actividad como una especializada y de riesgo, se reiteran, se vuelven a exigir, pero no son novedosas.

Derechos a corto y largo plazo

A corto plazo, este grupo exige su derecho a la salud y a preservar el empleo y las condiciones laborales, que por más precarias que éstas llegaran a ser son el sostén de millones de familias (alrededor de 3 millones de mujeres y hombres son jornaleras agrícolas en México).

A mediano plazo persiste la demanda de vida digna: derechos laborales, de salud, de educación, de vivienda, de alimentación. Se requiere una política integral, que considere las necesidades específicas de este sector; que contemple modelos de atención en salud y en educación para una población móvil, migrante, que no tiene acceso a seguridad social, que no puede seguir programas escolares en una sola localidad en un mismo año escolar, que no puede seguir la educación a distancia si ésta depende del uso de internet, que requerirá servicios de intérprete-traductor para tener acceso a la justicia o a servicios de salud y de educación. 

Jornaleros y jornaleras agrícolas, a diferencia de una o un agricultor, se consideran asalariadas porque no poseen ni arriendan la tierra o las herramientas que trabajan. Una de cada cuatro es hablante de lengua indígena, y una gran parte debe migrar para trabajar y se desplaza con su pareja o con sus familias. Sólo tres de cada cien cuentan con un contrato escrito de trabajo y con prestaciones de algún tipo. Sólo uno de cada diez niños y niñas migrantes jornaleros asiste a la escuela, lo que expone a los demás al trabajo infantil.

Jornaleros y jornaleras, y sus familias, deben alojarse en galeras, en hacinamiento y en muchísimos casos sin acceso a agua potable. Deben viajar también hacinados, durante horas, por cientos de kilómetros. Trabajan de 12 a 14 horas a diario, siguen enfrentando prácticas como la retención de salarios o la tienda de raya para la obtención de alimentos.

Desde el 2019 existía el mandato, en la Ley Federal del Trabajo, de fijar un salario mínimo profesional para el trabajo jornalero agrícola. La cantidad, fijada para 2021 en 213 pesos en el norte de México y 160 pesos para el centro del país es un monto mucho menor al de 300 pesos, calculado por la Alianza Campo Justo.

Ante la insuficiente respuesta institucional y empresarial a las demandas históricas de las personas jornaleras agrícolas, y en el marco de este año que ha sido catastrófico para el sector, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y el Centro de Análisis e Investigación, A.C., Fundar se aliaron para visibilizar y denunciar las problemáticas que enfrentan estos casi 3 millones de personas a diario, además de impulsar la fijación del salario mínimo profesional como el primero de varios mecanismos que, en conjunto, garantizarán el ejercicio pleno de los derechos laborales de jornaleros y jornaleras. La Alianza Campo Justo busca ser la voz conjunta de miles y miles de familias y organizaciones que luchan por la justicia y la dignidad de quienes nos proveen a diario de alimentos frescos.

Deben seguir la seguridad social obligatoria, con las prestaciones que ello implica (guarderías, incapacidad, jubilación, vacaciones, sepelio), la vivienda digna tanto en comunidades de origen como de destino, la inspección laboral con enfoque de igualdad y no discriminación, la educación continua para personas trabajadoras y sus familias. Deben erradicarse las prácticas decimonónicas de raya y explotación, el trabajo infantil, la trata. 

El diseño de una política pública integral para personas trabajadoras agrícolas debe ir acompañado de nuevas prácticas entre empleadores y consumidores también. La justicia será cuando, además de agradecerse los alimentos que llegan a diario a la mesa, se valore el trabajo de quienes lo hacen posible y se luche por que tengan una vida que no deba pelearse a diario por agua potable o por un pedazo de sombra que proteja a su familia de pesticidas y el sol.