Cuando los habitantes de Santa Ana cuentan los dolores que les causó la guerra transmiten un mensaje de reconciliación. En esta población del municipio de Granada ganó el SÍ en el plebiscito, pero el resultado del 2 de octubre les hirió la esperanza de vivir en un país mejor

Texto y fotos: Juan Camilo Castañeda Arboleda * / Hacemos memoria

GRANADA, COLOMBIA.- Las tres tiendas y los dos billares que hay junto al parque del corregimiento Santa Ana, están abiertos, pero nadie juega en las mesas y en las sillas de la acera de los negocios solo hay tres hombres que beben cerveza. Hace diez años, la razón de la desolación era la guerra. El Ejército, los paramilitares, las guerrillas del ELN y de las FARC tenían en este territorio del oriente antioqueño uno de los frentes de batalla más cruentos que haya podido conocer Colombia.

Según cuentan los habitantes, en Santa Ana solo quedaron seis ancianos y el sacerdote. El resto de la población se refugió en las ciudades. Este sábado, primero de octubre de 2016, la soledad se debe a que los campesinos bajaron temprano a la cabecera municipal de Granada para comprar y vender alimentos.

En la fachada de uno de los billares hay un cartel con letras amarillas y fondo azul que dice: “Vota sí y paremos esta guerra ya”. Germán, el dueño del billar, abandona un momento el mostrador y se sienta en una silla afuera del establecimiento. Él nació en el corregimiento y fue testigo de la violencia que azotó al pueblo. “Santa Ana ya es un pueblo tranquilo, aquí viene la gente y ya no hay quién le pregunte quién es y a qué viene”, dice mientras sirve un par de cervezas.

Germán explica que los primeros actores que llegaron fueron los guerrilleros que aprovecharon las condiciones de aislamiento y abandono para imponer sus reglas, pero luego, a finales de los noventa, empezaron a llegar los paramilitares. Y en 2000, con el gobierno de Álvaro Uribe, empezó la guerra con el Ejército. Haber conocido la guerra y querer que haya cambios en el país son sus argumentos para votar SÍ en el plebiscito.

En los últimos años de la década de 2000, los paramilitares y el Ejército doblegaron a las guerrillas en su pueblo; las desterraron de donde se habían asentado por casi dos décadas y habían llegado a cumplir el papel de un Estado ausente. Por eso, a Santa Ana la llamaban “el caguancito antioqueño”.

El principal culpable

Son las 6 de la mañana del 2 de octubre, la luz del sol ya ilumina los campos a pesar de la neblina. Es curioso que en un poblado incrustado en la vertiente oriental de la Cordillera Central de Antioquia no estén las tiendas abiertas para los madrugadores que anhelan un café caliente.

La casa de Gilberto Guerra se encuentra a medio kilómetro de la cabecera de Santa Ana. Es una construcción de adobes y techo de zinc. Gilberto, de unos 70 años, está concentrado en escribir algunas memorias de su infancia en Gómez Plata, el pueblo donde nació, para llevarlas a un taller de escritura que realiza una promotora social en el corregimiento. Antes de retirar el lápiz del papel dice: “Para mí el principal responsable de la violencia es el Estado”.

La finca en la que nació se llamaba Trapicherita. En Gómez Plata sufrió la violencia partidista de los años cincuenta. “Yo estoy viviendo la guerra desde que soy un niño de ocho años”, asegura.

La historia de su vida podría resumirse en el desplazamiento: vivió en Remedios, ya grande se fue a buscar suerte a Cesar, Norte de Santander y Arauca. En cada lugar, la violencia se apersonó. Gilberto regresó a Antioquia. En Alejandría los paramilitares le impidieron construir su vida allí. Finalmente llegó a Santa Ana, primero a la vereda Los Morros y después a Los Medios, de donde también tuvo que huir para radicarse en el casco urbano del corregimiento.

Gilberto entiende la guerra como un choque entre organizaciones de ultraderecha representadas por la Fuerza Pública y los paramilitares, y organizaciones de izquierda representadas en las guerrillas. A su modo de ver, el conflicto armado sólo ha generado destrucción. “En Santa Ana y en la región, la guerra fue atroz, fue dolorosa, porque aquí hubo enfrentamientos que duraban hasta ocho días de darse bala”, comenta.

La esposa de Gilberto, una mujer mucho más joven que él, pone sobre la mesa dos tazas llenas de café preparadas con agupanela, como tradicionalmente se hace en Antioquia. Una hija de la señora escucha la conversación. Los gatos y los perros descansan a su alrededor. Él opina que en Santa Ana la Fuerza Pública tiene mayores responsabilidades y que si los guerrilleros van a la cárcel, los líderes del Ejército y Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, también deben pagar una condena. “Aquí el Ejército mataba a cualquiera, le cambiaban la ropa y le ponían un camuflado sabiendo que era un civil”, asegura. Según Gilberto, eso fue consecuencia de la política de incentivos que impulsó el Gobierno para que los militares dieran resultados, por eso cree que no deben ser los soldados rasos los que paguen las condenas, sino quienes diseñaron la estrategia.

Según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre 2002 y 2004 se presentaron en Santa Ana, veinte casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”.

Para Gilberto, la negociación entre el Gobierno y las guerrillas debió haberse dado hace más tiempo. Piensa que la mayoría de los guerrilleros que fueron a la guerra lo hizo por las condiciones de vida en el campo. “Si un guerrillero tiene una casa buena, tiene donde trabajar, tiene cómo subsistir, tiene educación… ¿Usted cree que se va a ir a amanecer debajo de un plástico a sufrir? Eso lo hicieron porque no tenían condiciones dignas, y eso con la negociación se podía solucionar”, dice.

A él, que vuelve al cuaderno de sus memorias, le preocupa que en el futuro no se cumplan los acuerdos y continúen las políticas económicas que favorecen, a su modo de ver, a las empresas que explotan los recursos naturales, en el caso del Oriente Antioqueño, las centrales hidroeléctricas: “Yo votaré para que el país se desarme, votaré que sí, para que nuestros hijos vivan en paz”.

El rencor, una grave enfermedad

En el pueblo los negocios ya están abiertos, pero en las calles no hay nadie. La mesa de votación de la Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez ya está dispuesta para la jornada; allí podrán votar 432 personas.

La casa de Néstor Galeano tiene tres plantas. Él vive con su esposa Rubiela López y su hijo menor, Daniel. El domingo es el día en que Néstor, de 54 años, descansa. En la semana madruga todos los días, para ir a los cultivos de naranjas y aguacates y a cuidar las vacas que tiene en un pedazo de tierra a las afueras de Santa Ana. También es el cerrajero del pueblo cuando lo demandan sus vecinos.

De los años en los que no había guerrilla, ni paramilitares, ni Ejército, ni Policía, Néstor también tiene recuerdos turbulentos, pues si bien la región era próspera por los cultivos de café, cacao y legumbres, en fin de semana nunca faltaban las peleas entre vecinos. “Aquí hubo mucho herido: a cualquier hora las escaleras tenían que estar listas para salir con los heridos para el pueblo”, cuenta Néstor.

Rubiela escucha con atención las palabras de su marido. Ella añade que durante muchos años el Estado abandonó a Santa Ana: “Aquí quitaron el comando de Policía y no había ni inspector; aquí no había normas, nos tocaba sobrevivir a nosotros solos”.

Esas peleas a machete se acabaron cuando las guerrillas llegaron a Santa Ana, en los años ochenta. Los grupos insurgentes establecieron unas normas que los campesinos debían cumplir y, de no hacerlo, eran ellos mismos quienes juzgaban e imponían castigo.

Néstor recuerda las reuniones que hacían los guerrilleros con la comunidad. Allí ellos explicaban su causa revolucionaria. “Buscaban el poder, decían que querían la igualdad, que no hubiera tanto rico y tanto pobre, que luchaban contra la oligarquía y el imperialismo. Y yo no sé ni qué es el imperialismo”, dice.

La comunidad de Santa Ana quedó a merced del orden impuesto por los grupos guerrilleros. “El armado manda donde está”, afirma Néstor. “En la cultura de nosotros está que si alguien llega a la casa y tenemos para compartir una aguapanela, pues lo hacemos, pero eso no significa que seamos de un grupo o de otro”, completa Rubiela.

En el 2002, luego de la Operación Meteoro que ejecutó el Ejército para recuperar los territorios del Oriente antioqueño en los que la guerrilla hacía presencia, se agudizó más el conflicto. Antonio cuestiona que el Estado, después de haberlos tenido abandonados durante años, los señalaba de ser guerrilleros, y hoy considera que esa estigmatización fue la afectación más grande que sufrieron. “No podíamos salir de acá, no se podía ir a Granada porque en la carretera estaban los paramilitares, y si se daban cuenta de que uno era de Santa Ana, lo mataban. Así les pasó a muchas personas”.

Rubiela y Néstor decidieron abandonar Santa Ana en el 2002. Fueron de las pocas familias que lograron salir con equipaje. Camino a Granada se cruzaron con vehículos del Ejército que iban en dirección al corregimiento. Dicen que con el desplazamiento evitaron la peor parte de la guerra; sin embargo, para Rubiela la consecuencia más terrible del conflicto fue la dispersión de la comunidad. “Aquí todo el mundo se fue para lugares distintos. Se perdió la confianza hasta con los amigos, porque en la guerra cualquiera era sospechoso, se rompieron todos los lazos comunitarios”, se lamenta.

Vivieron seis años en Cali, donde Néstor trabajó como taxista y aprendió de mecánica automotriz para sobrevivir. Regresaron por su propia cuenta a Santa Ana porque no recibieron ayuda del Estado. Al casco urbano de Santa Ana han retornado hasta hoy cerca de cien familias.

Néstor dice que la negociación entre el Gobierno y las FARC le produce felicidad. A él le preocupa saber que en otras regiones del país todavía están en guerra. “Yo soy uno que no me gusta que haya muertos de ningún bando. Todos somos humanos, tenemos hijos, familia. Ninguno de los que está en el monte es un animal para decir que hay que acabarlo”.

Los esposos cuestionan, sin embargo, que el Acuerdo no fue socializado en Santa Ana. Son las 10 de la mañana del domingo de votaciones y ellos todavía no han definido su opción en el plebiscito. Las dudas los hacen pensar en la posibilidad de abstenerse. Rubiela quisiera aclarar cuánto dinero le van a pagar a un guerrillero; a Néstor le preocupa que el país siga el modelo de Venezuela. “¿Cómo no va a querer uno la paz? Si votamos por la paz todos tenemos que meter las manos, pero al cambio sí le tiene uno respeto, que los guerrilleros lleguen al poder y se vuelva el país como Venezuela”, duda él.

El golpe a la paz

A las 11 de la mañana llega a Santa Ana una chiva llena de campesinos que vienen de las veredas para asistir a misa. A las 11:30 suenan las campanas de la iglesia. Unas doscientas personas entran al templo y los equipos de sonido del parque del corregimiento se apagan.

Después de la misa retorna el bullicio. Los niños juegan, algunos adultos descansan en el parque, otros emprenden el camino hacia la escuela donde está el puesto de votación. A las 3 de la tarde los campesinos regresan a sus veredas.

Faltan poco para el cierre de las urnas. En el puesto de votación solo están los jurados, ya listos para el escrutinio. A las 4:30 los resultados de Santa Ana ya se conocen: de las 432 personas habilitadas para votar, lo hicieron 118. Aquí, donde se vivió uno de los episodios más cruentos de la guerra en Colombia, ganó el sí con 83 votos; 31 votaron por el no, 2 más no marcaron el tarjetón y otros 2 fueron registrados como nulos.

En Santa Ana no hay restaurante. Los foráneos buscan a Luz Elena para que les cocine. Su casa está en una de las esquinas del parque, al frente del billar de Pacho; la puerta permanece abierta. En la televisión informan los resultados del plebiscito. Muy cerca del aparato está Antonio Duque, que visita a Luz Elena, la madre de sus hijos. Esta mañana él salió temprano a votar. Le dijo que sí al Acuerdo de paz, porque quiere que en el país haya un cambio.

Antonio recuerda la primera vez que vio a guerrilleros en Santa Ana. Estaba en la finca donde sembraba café y a su casa llegaron dos hombres jóvenes vestidos de pantalón azul, camisa blanca, poncho y gorra. Le preguntaron si los conocía y él quiso saber si ellos eran funcionarios de la Caja Agraria. Los hombres le anunciaron que eran guerrilleros de las FARC.

Los dos guerrilleros estaban informando a la comunidad que en cuestión de días por Santa Ana empezarían a patrullar personas uniformadas y con armas largas. Les llevaban el mensaje para que no se asustaran. “Me dijeron que ellos estaban en contra de los ladrones, los marihuaneros y los violadores”, cuenta Antonio, y agrega que entonces debió asistir a reuniones con ellos, pues negarse a hacerlo podía significarle la muerte.

Luz Elena y Antonio tienen seis hijos. En agosto de 1998, ella estaba embarazada de su quinta hija. Una noche corrió el rumor en Santa Ana de que habría un gran enfrentamiento entre los actores armados: Frente 9 de las FARC y Bloque Metro de las Autodefensas. A la mañana siguiente, en siete chivas huyeron casi todos de habitantes del corregimiento. Luz Elena y Antonio salieron con los cuatro hijos y la ropa que llevaban encima. Llegaron a Granada y se resguardaron en el coliseo municipal.

Antonio no se quiso quedar en Granada. En la chiva de la una de la tarde regresó a Santa Ana con un vecino. Llevaron comida, se encerraron en la finca a ver qué pasaba. Si era cierto lo del enfrentamiento, intentarían regresar a Granada. Esa noche no escucharon disparos. Al día siguiente, las siete chivas regresaron a Santa Ana y en ellas sus habitantes. Hicieron una fiesta por la posibilidad de seguir viviendo en el terruño.

Cuatro años después, con la familia completa, Luz Elena y Antonio tuvieron que desplazarse a Medellín. “La guerrilla nos dijo que teníamos que unirnos a las FARC o al ELN, que si no lo hacíamos, mejor nos fuéramos. Y los paramilitares y el Ejército decían que todos éramos guerrilleros”, cuenta Antonio. Con algunos ahorros y tierras que pudo vender, llegaron a Moravia, en el norte de la ciudad. Hasta 2009 pudieron volver.

Frente al viejo televisor Sankey, Antonio está optimista. En los primeros informes de la Registraduría el sí gana por un estrecho margen. Antonio va a la cocina y toma una torta de chócolo que está preparando Luz Elena. Cuando se vuelve a sentar, informan que el no ahora gana el plebiscito. “No importa, todavía falta mucho”, dice.

Avanza el conteo y la anhelada victoria del SÍ es cada vez menos probable. Cuando en la televisión los analistas anuncian que no hay nada qué hacer, su rostro deja ver la desilusión. Una vecina pregunta por el resultado. Él contesta: “Olguita, ganó la terciada del fusil: otra vez vuelve la gente para el monte y los bombardeos a los territorios”.

Antonio se queda callado unos minutos. Su rostro refleja tristeza. Desde la casa de Luz Elena se oyen las guascas que ponen en el billar de Pacho y las voces que analizan los resultados en la televisión.

Antonio reflexiona sobre lo que significa esto para el país. Dice que es un paso atrás: “Los acuerdos tendrán que ser remodelados. Uribe siempre ha dicho que no negociará con la guerrilla, que la guerrilla es terrorista. Él no va a aceptar muchas cosas, y esto es un tropiezo muy grande para la paz”.

Al final, como un veredicto, expone su solución: “Habrá que dividir el país en dos: una mitad para los que queremos la paz y la otra mitad para los que quieren la guerra”.

En Santa Ana llega la noche. Las mesas del billar están colmadas. Los jóvenes sonríen en las bancas del parque. El plebiscito no existe como tema de conversación. Las intenciones del SÍ y del no parecen haberse ido con los viajeros de la última chiva del domingo.

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Se autoriza su reproducción siempre y cuando se cite claramente al autor y la fuente.

*El autor forma parte del proyecto Hacemos Memoria, de la Universidad de Antioquía. El texto se reproduce con su autorización.

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