En 2017 familias, colectivos y autoridades de Coahuila comenzaron a exhumar cientos de cuerpos sepultados en fosas comunes. Cada desentierro evidenció una realidad más compleja: no se sabe cuántos cuerpos, cuántas fosas son. Sin embargo, la experiencia adquirida en estos años ayudará a implementar un mecanismo extraordinario nacional para dar nombre a todos los cuerpos desconocidos

Texto: Daniela Rea

Foto: Cortesía Peace Brigades International Mexico Project

COAHUILA.- A las siete de la mañana del 2 de octubre de 2019, los peritos iniciaron la exhumación en el cementerio de Villa de Fuente en Piedras Negras.  A unos 20 metros de la ubicación de las fosas comunes estaban instalados los familiares de personas desaparecidas. En la bitácora de la señora Hortensia Rivas, que busca a su hijo Víctor Manuel Guajardo, el día quedó registrado así:

7:15 Inician la exhumación.

8:50 Acordonaron las zonas a exhumar.

9:30 Se toman las fotos en lo general y particular del lugar, se ponen los trajes tidex.

9:51 Informa la médico forense que empezarán a excavar los panteoneros.

10:32 Se encuentra ataúd de madera forrado de azul a 80 cm de profundidad.

11:00 Sacan bolsa para rotularla.

11:22 Retiran ataúd. Informan que el cuerpo está dentro del ataúd envuelto en una tela café y se sacan los restos. Los ingresan a la bolsa rotulada quedando la fosa con profundidad de 1.10 metros. Ingresan la bolsa a la unidad frigorífica.

14:04 Se encuentra restos en bolsa de pellón a una profundidad de 1.16 metros.

14:10 Sacan bolsa.

14: 21 Ingresan peritos y sacan cuerpo.

14:23 Ingresan cuerpo a unidad refrigerada.

Esta es una de las jornadas de exhumación que cada mes se realizan en los panteones municipales de Coahuila como parte del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense que surgió en 2017 por el empuje de las familias de personas desaparecidas. El Plan, según los lineamientos legales, busca reintegrar a las familias los cuerpos de personas fallecidas, que fueron recuperados en exhumaciones y en operativos de campo y, posteriormente identificados.

Desde su inicio hasta el cierre del 2019 el Plan exhumó 87 cuerpos de ocho panteones (además de los 47 cuerpos de una exhumación masiva en Saltillo a finales de ese mes). De ellos, nueve se habían identificado y seis se entregaron a sus familiares, hasta esa fecha, según los registros de la Fiscalía obtenidos por transparencia [FOLIO 0129919].

Este Plan es uno de los primeros intentos en el país por poner orden al desorden forense (otro caso es el de Tamaulipas que inauguró un panteón forense en Miguel Alemán) y la complejidad de la tarea es avasallante: cada fosa común que se excava revela más dificultades para entender estos años de horror desde el relato de los cementerios; cada cuerpo exhumado requiere trabajo de análisis e identificación que se va acumulando.

En el año 2017 el Plan Estatal de Exhumaciones arrancó con la encomienda de exhumar 544 cuerpos no identificados de los cementerios (49 de ellos en estado de osamentas, el resto con materia blanda). Este número no fue al azar, surgió de las averiguaciones previas que se encontraron en todo el estado de Coahuila con cuerpos NN (no identificados), entendiendo que todos los cuerpos no identificados recogidos por la autoridad ministerial se registraban en una averiguación previa y se inhumaban a los panteones. 

Pero al poco tiempo de iniciar el Plan las familias, organizaciones que las acompañan y autoridades descubrieron que no sería así de simple: cuando hicieron la primera exhumación en el panteón de Acuña descubrieron –a través del diagnóstico en terreno– que en lugar de los 40 cuerpos que sumaban en las averiguaciones previas (AP), había más de cien.

Así, la tarea de exhumación pasó de 544 cuerpos no identificados y registrados en AP, a 768 cuerpos, durante el proceso de exhumaciones y recopilación de información en panteones. Y el número seguirá variando según las prospecciones y exhumaciones realizadas. 

“Si bien teníamos una base a partir de los cuerpos registrados en la AP, estos han subido conforme hacemos exhumaciones o preguntamos en los panteones y se podrían ir a mil. Lo deducimos por los testimonios de los panteoneros que registran los cuerpos”, dice José Ángel Herrera, fiscal de Personas Desaparecidas en Coahuila.

Tarea monumental

Esto es, aún con un plan –que se logró gracias al impulso de las familias, al respaldo de organizaciones civiles de derechos humanos y la alianza con el gobierno estatal–, la tarea es avasallante: la Fiscalía estima que hay mil cuerpos inhumados sin identificar en fosas comunes del estado y que con el ritmo de trabajo del Plan de Exhumaciones –cuatro cuerpos por mes– se tardarían al menos 20 años en exhumar esos cuerpos sepultados hasta antes del 2017, cuando entró en vigor el Plan.

Hortensia y su compañera Yolanda Vargas pertenecen al grupo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, con base en Piedras Negras. Ellas acudieron a la exhumación en el panteón de Piedras Negras del 2 y 3 de octubre del 2019 como parte del mencionado Plan: representantes de las familias de distintos colectivos de búsqueda en el estado deben estar presentes en todos los procesos para documentar el trabajo de la autoridad, vigilarlo, evaluarlo. 

También acudió Cristian Iván García, de 45 años, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), quien vive en Torreón y busca a su hermano Carlos, desaparecido en 2008.

“No es fácil ir a las exhumaciones. De pronto me pongo mal, yo lo busco en vida. Es mucho dolor de imaginar lo que les pasa a las personas desaparecidas, pero yo quiero estar para saber cómo están trabajando y para hacer aportes a familias. Yo quiero aprender y saber más para apoyar”, dijo Cristian al concluir la exhumación.

En estas exhumaciones participan integrantes de todos los colectivos del estado, Grupo Vida, Voz que Clama Justicia, Búscame, además de los nombrados.

Un plan para exhumar

La historia del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense comenzó a gestarse en 2012, cuando la emergencia de cuerpos inhumados sin identificar aún no era evidente a nivel nacional. 

Blanca Martínez, directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, organización que ha acompañado la lucha de las familias en busca de sus desaparecidos, cuenta que en ese año 2012 se fundó el Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), un espacio de gobierno, sociedad civil, familias y expertos, donde proponían y analizaban las acciones para la búsqueda. Por propuesta de ese grupo surgieron varios espacios de trabajo entre familias, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales (como el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y gobierno. Uno de esos espacios fue la Comisión Técnica Forense que, ya en 2016, convocó a crear la Ley para la Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas, primera en su tipo a nivel nacional y en la que se ordenaba la creación del Plan Estatal.

El proceso no fue fácil, no sólo por las negociaciones políticas, sino por el estado emocional de las familias de personas desaparecidas. Fundec siempre ha impulsado la búsqueda en vida, hablar de “lo forense” fue doloroso.

La dimensión del dolor: buscar en vida entre la muerte

María Elena Salazar es mamá de Hugo, desaparecido en julio de 2009. Ella forma parte de Fundec, uno de los primeros colectivos de familias de desaparecidos fundados en el país hace 10 años. “En un principio trabajábamos interlocución con el gobierno, cuando vemos que los otros colectivos iban a buscar a los campos dijimos no podemos sólo estar sentadas en la interlocución, ¿qué más hacemos para que esas compañeras en campo no sólo encuentren y acumulen restos, sino ver qué se hace con esos restos? Es un problema y es más doloroso porque piensas que ahí pudiera estar tu hijo y no ser identificado. Se sacaban cuerpos, pero no sabíamos qué pasaba con ellos y queríamos que se hicieran las cosas bien hechas”.

Así fue que las familias impulsaron el Plan porque consideraban importante obtener información verídica de las exhumaciones y que éstas se hicieran conforme a protocolo. El Centro Fray Juan de Larios, por su parte, ayudó a la generación de procedimientos, metodología, componentes de política pública. “Por ejemplo, de la mano del CICR entendimos que sin información no podemos hacer planes, entonces empezamos a ver a quiénes estamos buscando en fosas comunes –para ello la búsqueda de registros en las AP– y qué tenemos en esas fosas comunes”, dice Blanca Martínez, directora del Fray Juan.

La ley de exhumaciones también creó el Grupo de Gestión de Información que fue el encargado de analizar todas las carpetas de investigación del estado con cuerpos NN para arrancar el Plan. Integrantes de este grupo acudieron a las fiscalías a revisar carpeta por carpeta para llegar al total de 494 carpetas que sumaban 544 cuerpos inhumados. 

“En las fiscalías pedimos que nos trajeran las AP, las revisamos e hicimos un plan de trabajo para cada caso, cada cuerpo, según la información de la AP. Así descubrimos que había cuerpos con hipótesis de identificación que nunca habían sido exploradas, por ejemplo, una identificación encontrada con el cuerpo, un ticket de depósito bancario, una inicial en un cinto, o cruce de las huellas dactilares, porque en unas 30 AP había registro dactilar del cuerpo”, agrega Blanca Martínez.

El Grupo de Gestión de Información tiene aún como tarea terminar la revisión de 494 carpetas con cuerpos NN y los mil 495 expedientes de denuncia de desaparición -que había hasta el 2018. En total, son mil 989 expedientes de cuerpos sin identificar y personas desaparecidas, dos caminos paralelos que, al cruzarse, pondrían nombre a los cuerpos y el retorno a un desaparecido.

Fernando González, coordinador general del Plan Estatal, explica que la metodología para comenzar las exhumaciones contempladas en el Plan la compartió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (además de capacitación a los funcionarios que lo llevarían a cabo): para abordar un problema, primero tienes que ver la magnitud del problema, cuántos cuerpos y dónde están. Por eso se partió de las AP.

“Este fue el primer acercamiento, el documento en papel”, dice el funcionario.

El arranque del plan 

Seguir el Plan parecía sencillo: reunir las 494 carpetas, acudir a los panteones donde se indicaba que habían sido inhumados los 544 cuerpos, exhumarlos, procesarlos, identificarlos y entregarlos a sus familiares.

Las familias, colectivos y gobierno arrancaron en el Panteón de Acuña porque era el que tenía menos registros en Averiguaciones Previas. Empezar por lo más sencillo fue la idea. El 17 de abril del 2017 un equipo de cuatro especialistas –en antropología,  arqueología, odontología y criminalística de  campo– realizarían la exhumación. Se sacarían los cuerpos, se llevarían a laboratorio para hacer la identificación y se cruzarían con los cuestionarios Ante Mortem, a ver si ello arrojaba un nombre.

“Pero al exhumar nos dimos cuenta que, si en una Averiguación Previa decía que en una fosa había dos cuerpos, en la práctica encontramos cuatro. O si decía tres cuerpos, en la práctica encontrábamos uno. Nos dimos cuenta que la información no era veraz y había que  acudir con los administradores de panteones”, explica el fiscal José Ángel Herrera. 

[Cabe mencionar que, raíz de este hallazgo, redactaron un manual para que los panteoneros homologaran el registro en todo el estado.]

“Llegamos al panteón de Acuña con un registro de 34 averiguaciones previas que sumaban 40 cuerpos en total. Cuando acudimos, vimos que son más. Y de las hipótesis de identificación que teníamos, no todas se confirmaron”, dice Blanca Martínez. 

Es decir, había al menos dos fuentes de información: la que arrojaban las Averiguaciones Previas y la que arrojaban los registros de panteones. La tercera fuente y la más verdadera es la que saldría al hacer las exhumaciones.

Lo mismo pasó en el panteón La Piedad de Piedras Negras, que se exhumó en julio del 2018 por primera vez. En los registros de las Averiguaciones Previas sumaban 33 cuerpos y cuando se hizo la prospección (que no la exhumación, pues la prospección significa revisar los registros de los panteones y recorrer el espacio con los panteoneros para saber cuántas fosas comunes hay, sin desenterrar) daba un total de 70 cuerpos, de los que se han exhumado 41 hasta noviembre del 2019.

“No podemos casarnos con la información ni con la del expediente, ni con la de panteoneros. El trabajo es lo que nos va a ir vislumbrando. Los números no concuerdan y no van a concordar. Lo importante es que no los estamos segregando. Podrían ser menos o más, hay que ver ambas posibilidades.  Eso lo sabremos hasta que exhumemos todas las fosas que tenemos”, dice Fernando González.  

Desde 2017 que inició el Plan a noviembre del 2019, hubo 21 exhumaciones (además de una exhumación masiva en el panteón de Saltillo) de las que se rescataron 87 cuerpos. De éstos, nueve se identificaron y seis fueron entregados a sus familiares, de acuerdo con información entregada por la Fiscalía del estado a través de peticiones de información [FOLIO 0129919]. 

Destaca que, de los nueve cuerpos identificados, tres no tenían denuncia por desaparición. Esos nueve cuerpos identificados son del género masculino con un rango de edad que va de los 22 a los 50 años. Las causas de muerte incluyen asfixia y hemorragia cerebral (vinculadas con muerte violenta); fueron encontrados en parajes, en un arroyo, en un puente internacional y en colonias de zonas urbanas; e inhumados en fosas comunes entre los años 2012 y 2017.

CUERPOS EXHUMADOS

Trabajo a dos velocidades

De los cuerpos exhumados desde el arranque del Plan a noviembre de 2019, faltaban de analizar 16. El proceso es lento porque el equipo que se encarga de ese trabajo también atiende los cuerpos que llegan día a día a la morgue: baleados, accidentados, ahogados. Así el tiempo se reparte: por ejemplo, en el 2019 el equipo a cargo del análisis de cuerpos revisó 31 cuerpos pertenecientes al Plan (cuerpos sepultados en fosas comunes hasta antes del 2017) y 39 cuerpos del día a día (cuerpos no identificados de las muertes del día). Es decir, la tarea diaria superó a la emergencia forense acumulada en la última década. 

Esta ha sido una de las quejas constantes de las familias: que no haya personal que dedique el cien por ciento de su tiempo a atender esta emergencia forense. Lentas las exhumaciones, pues por capacidad de los recursos humanos el Plan estipuló la exhumación de cuatro cuerpos al mes; lentas las identificaciones.

“Es muchísimo el trabajo que estamos haciendo y con un solo equipo para exhumar e identificar, pues vamos a necesitar muchísimos años para identificarlos a todos”, dice Raúl Reyes, integrante de Fundec, quien busca a su hijo Raúl Ignacio. “Estamos viendo, de acuerdo a las exhumaciones, que son más cuerpos de los que pensábamos y que no hay espacio para guardarlos, eso también hace lento el proceso”. 

El Plan estipula que los cuerpos exhumados no pueden ser reinhumados en los panteones, sino almacenados en el Centro de Identificación Humana, que está en construcción y para el cual el gobierno federal destinó 90 millones de pesos. Mientras el Centro está concluido –se estima que para el verano de este 2020–  los cuerpos con materia blanda se inhuman de nuevo en el panteón con fosa individual y registro, y las osamentas se almacenan en un espacio destinado dentro del Semefo.

Además del desfase entre los datos de las Averiguaciones Previas, el registro realizado por los panteoneros y lo que realmente se ha encontrado en las fosas comunes, la puesta en marcha del Plan evidenció la falta de información sobre los cuerpos NN que fueron sepultados en fosas comunes. 

“En los expedientes faltaba información. Cuando se inhumaron nadie pensó en el cuerpo, no era parte fundamental de la investigación criminal, no se preocupaban por saber quién era esa persona. A lo mucho por investigar el hecho delictivo, quién lo cometió y llevarlo a autoridades. Jamás se pensó que ese cuerpo en algún momento iba a ser buscando, por eso no había antropólogos registrando”, explica el coordinador estatal del Plan, Fernando González. 

Otra cosa que se descubrió es la ausencia de protocolos de inhumación. Por ejemplo, en los panteones de Monclova se encontró que los cuerpos eran inhumados de manera individual;  en Saltillo, entre los años 2009 y 2014 las inhumaciones fueron en fosas colectivas anuales; en Torreón inhumaban en fosas colectivas semanales.

** Mañana, II Parte: Los cuerpos de los que «nadie» sabía.