La iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos está en curso. En entrevista, el antropólogo de la Universidad Veracruzana, Gunther Dietz, reflexiona sobre los retos que enfrenta

Texto: Luciana Oliver Barragán

Foto: Jesús Almazán / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Senado, trabajan en la implementación de una iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos que busca poner en práctica la reforma constitucional del artículo segundo en la misma materia, aprobada el 30 de septiembre de 2024.

El proceso exige reflexión constante, no solo entre las comunidades y los políticos, sino en toda la sociedad. Se trata de construir un nuevo sentido común sobre el país que queremos, nuestra identidad colectiva y los derechos que nos rigen. Esta coyuntura invita a pensar críticamente en el rumbo por tomar y en cómo resolver los desafíos actuales.

En entrevista, el investigador Gunther Dietz, destaca el temor persistente “en todos los partidos políticos de modificar sustancialmente la arquitectura del Estado-nación mexicano”

“Todavía hay una fuerte colonización mental en cuanto a lo que es un Estado-nación”

Dietz subraya la necesidad de revisar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996. Esto implica discutir el descontento hacia las políticas neoliberales de la década de los 90, cuando los movimientos étnicos emergieron como resistencia.

Aunque el neoliberalismo redujo sus demandas a un “interculturalismo angelical” y a la mercantilización de la diversidad, para Dietz persiste “una fuerte colonización mental en cuanto a lo que es un Estado-nación”. Critica que históricamente se delegó al municipio como “última instancia constitucionalmente reconocida”, pero “libre de recursos para convertirse en un actor político real”.

Según el antropólogo, la colonización interna y los “cacicazgos regionales” del México profundo bloquearon durante años una reforma como esta.

“La burocracia no puede pensar desde la diversidad”

Dietz señala que el nuevo artículo debe traducirse en una ley que interculturalice al Estado en su totalidad: “Modificar todas las leyes que afectan a las comunidades y pueblos”.

Plantea dos ejes: ajustar las leyes secundarias para transformar la relación entre pueblos originarios (en comunidades o contextos migratorios) y el Estado en sus niveles de gobierno; y evitar la “sobrerreglamentación” de lo que define a una comunidad.

El investigador critica que los catálogos burocráticos para reconocer comunidades hayan rigidizado su relación con el Estado, ya que “la burocracia no puede pensar desde la diversidad”.

En el caso afromexicano, esto refleja “el intento de imponerle la historia del indigenismo”. Dietz cuestiona: “¿Acaso si tu comunidad no está en este catálogo, no tienes derecho a la consulta?”

El problema radica en un Estado colonial que clasifica a la población en “casilleros”. Y afirma:

“Hay que desaprender la idea de que el INEGI está para ranquear o palomear súbditos”.

Para él, la autoadscripción es clave. Y reflexiona: “En un país democrático, las comunidades se autoadscriben como quieran. No es asunto del Estado decidir identidades; es un derecho humano básico”.

¿Basta la voluntad política?

El 17 de febrero se realizó la sexta sesión de discusión de la ley, en la que se abordaron cuatro temas: derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas; derechos específicos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, migrantes y residentes indígenas; y responsabilidades, procedimientos y sanciones.

Este proyecto de ley deberá validarse mediante una consulta nacional realizada a través de 70 asambleas o foros. La senadora Edith López, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, señaló que es necesario garantizar “una plena y efectiva participación” de los pueblos y comunidades. Además, dijo, se deben establecer “las bases legales de esta nueva relación de nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con el Estado”.

Dietz también resalta la necesidad de capacitar al funcionariado: “Hay muy buena voluntad, pero prácticas paternalistas y racistas”. Y advierte: “No basta la voluntad política; se debe redefinir el papel del Estado frente a los pueblos originarios (…) la sobrerreglamentación puede atraparnos”.

No obstante, ve esperanza en leyes como la de educación superior y la nueva legislación indígena, que podrían impulsar instituciones comunitarias de justicia, salud y educación. Por ejemplo, las universidades indígenas, al obtener figura jurídica, podrían convertirse en “propiedades comunitarias”.

Interculturalidad para todos

Dietz destaca el papel de la antropología para acompañar procesos identitarios emergentes, enfatizando su carácter “construido y procesual”. En un país con alta migración interna, surgen identidades híbridas —“comunitarias pero urbanas, letradas pero orales”— que deben documentarse.

Advierte que estos procesos no pueden separarse de la desigualdad histórica y las heridas intergeneracionales. Una antropología intercultural requiere “reconocer su propia ignorancia” y escuchar las necesidades comunitarias desde abajo.

Además, enfatiza que las comunidades indígenas y afromexicanas son “más cosmopolitas que cualquier barrio clasemediero”, gracias a la migración. Critica que el sistema judicial convencional ignore sus prácticas: “La falta de traductores, peritajes o debido proceso llena cárceles de casos que una asamblea resolvería”.

En contextos urbanos, propone un enfoque intercultural “micro”, centrado en procesos identitarios individuales. La escuela es clave para construir una “sensibilización intercultural”. Y concluye:

«Un Estado-nación no se interculturaliza por decreto”.