El espionaje a miles de personas en México con el software Pegasus, revelado por un equipo multinacional de periodistas, va más allá del debate político. Las consecuencias de una acción represiva e irresponsable de los gobiernos anteriores arriesgan la vida de muchas personas

@anajarnajar

Eran historias cotidianas. En mis inicios como reportero en Jalisco, a mediados de los años 80, era común que la Secretaría de Gobierno mantuviera un equipo de informantes dedicados a documentar las actividades diarias de algunos periodistas.

Casi todos conocíamos a los espías desplegados en la sala de prensa del gobierno estatal, las manifestaciones frente a Palacio de Gobierno o en conferencias de prensa de partidos políticos, activistas, estudiantes, exguerrilleros.

Nunca fue un secreto. De hecho, yo ubicaba al designado para seguir mis pasos, e inclusive teníamos una relación cordial. 

Tanta que, en ocasiones, cuando tenía algún compromiso personal me llamaba temprano a casa para conocer mi agenda, y cumplir así su jornada laboral sin problemas.

Algo parecido encontré en Ciudad de México cuando me mudé, en 1991. 

En todas las fuentes informativas había uno o dos informantes de la Secretaría de Gobernación y, como en mi natal Guadalajara, la mayoría de los reporteros los ubicaban sin problema.

En algunos casos había inclusive mucha familiaridad. En la fuente del sector privado, por ejemplo, uno de los espías se encargaba de transcribir las entrevistas de los reporteros.

Todos los días esperaba en la sala de prensa de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) la llegada de los periodistas, especialmente de radio, quienes le prestábamos los casetes con la indicación de quién era cada entrevistado.

El informante se apresuraba en la transcripción y luego sacaba copias para quien las necesitara. Guardaba una para sí, que le servía como reporte ante sus jefes.

Era tan normal la presencia del espía que asistía a los festejos navideños de la fuente, y en más de una ocasión fue invitado a los viajes a la playa que organizaban las cámaras empresariales como regalo anual para los periodistas.

Recordé las historias con el reciente escándalo mundial por el espionaje con el software Pegasus.

La vigilancia a políticos, activistas, empresarios y periodistas es común en la historia de México, aunque no siempre ha sido tan divertida o inocente como las anécdotas que me tocó vivir.

El espionaje que se denuncia ahora es muy peligroso, no sólo por la intromisión profunda en la vida personal de las víctimas con el software sino porque no hay certeza del uso y destino de la información recabada.

No está claro, por ejemplo, quiénes espían. Hasta ahora la atención se ubica en las licencias de operación adquiridas por los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto. 

Pero las investigaciones multinacionales indican que los permisos que lograron rastrearse son una parte de los que eventualmente vendió la empresa NSO, originaria de Israel.

Es posible que el software sea utilizado por grupos de delincuencia organizada, o por algunos vinculados a proyectos depredadores del medio ambiente, por ejemplo.

Tampoco está claro si los 15 mil números de teléfonos celulares detectados como objetivos eventuales del software sean todos. 

Ante la ausencia de información cabe cualquier posibilidad, y de hecho ésa debería ser la base de las investigaciones que inició la Fiscalía General de la República (FGR): no descartar nada.

Y no debería hacerlo porque el tema puede costar vidas. En marzo de 2017 fue asesinado en Guerrero el periodista Cecilio Pineda, quien cubría temas de violencia en la zona de Tierra Caliente.

El crimen nunca se aclaró por completo pero ahora se sabe que, una semana antes del homicidio el teléfono móvil del comunicador fue infectado por el software Pegasus.

 Los agresores del periodista lo ubicaron sin problemas en el sitio donde se encontraba, a la espera de que terminaran de lavar su automóvil en el municipio de Pungarabato.

No está claro si los asesinos supieron la ubicación de su víctima por el espionaje. 

Pero la hipótesis debe investigarse, como también el eventual riesgo en que se encuentran otras personas que descargaron el software.

En la lista de espiados se encuentran al menos 50 personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como miembros de su familia.

Esta semana AMLO descartó presentar alguna denuncia por la vigilancia a su entorno personal, aunque anunció que enviaría toda la información que tiene su gobierno sobre los contratos firmados en el pasado con la empresa NSO.

Las pesquisas iniciaron casi de inmediato con la diligencia a uno de estos negocios. Pero la inusual celeridad de la FGR no es para celebrarse.

En los últimos tres años la Fiscalía ha reaccionado con lentitud ante algunos de los casos más escandalosos en el actual gobierno.

Y no debe olvidarse que uno de los señalados como promotor del espionaje, Tomás Zerón, aún cuenta con amigos dentro de la FGR.

De otro modo no se explica que haya evadido por decenas de meses la investigación y pesquisas para ubicarlo. Nada indica que, esta vez, sea distinto.

Zerón está refugiado en Israel, la sede de NSO y cuyo gobierno no ha respondido a la petición mexicana para extraditar al controvertido policía.

Según el diario The New York Times, la lentitud en el proceso es una especie de represalia por la posición de López Obrador en el conflicto con Palestina.

La petición para extraditar a Tomás Zerón es para juzgarlo por su presunta responsabilidad en el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014.

Si a este asunto el gobierno de Tel Aviv responde con aparente burocracia, habrá que estar atentos a una eventual solicitud que involucre a la empresa israelí NSO.

Es claro, pues, que el caso Pegasus rebasa el debate político, y eventualmente puede ir más allá de una investigación local.

En la polémica sobre quiénes están en la lista de objetivos, como si fuera una competencia, se extravía el enfoque de un tema fundamental:

El caso del software es apenas una evidencia del talante de los dos gobiernos anteriores, cómplices en la compra del sistema informático.

Son administraciones hermanadas no sólo por escándalos de violencia y corrupción, sino también por su terror al periodismo libre y la oposición política.

Pegasus desnuda a Felipe Calderón y a Peña Nieto. Pero lamentablemente el saldo de su obsesión va más allá de la vergüenza pública.

Porque, por miedo o irresponsabilidad, abrieron la puerta a una operación represiva que puede tener consecuencias graves en la vida de muchas personas.