No era un secreto que las autoridades querían cerrar el campamento que migrantes varados en Ciudad Juárez instalaron junto al Río Bravo; la mayoría de los más de 700 venezolanos desalojados quedó en condición de calle, solo unos 70 aceptaron su traslado a un albergue

Texto y fotos: Rocío Gallegos y Blanca Carmona / La Verdad

CIUDAD JUÁREZ.- Lo que hicieron no es justo, dice Andreína, una migrante venezolana. “No es justo cómo nos sacaron a la fuerza”. Su voz se agita mientras camina apresurada con una mochila semivacía colgada a la espalda y cobijas enrolladas sostenidas con sus brazos sobre su pecho.

Fue todo lo que pudo rescatar antes de que fuera desalojada por las autoridades junto a más de 700 venezolanos de un campamento instalado junto al Río Bravo, a la altura de la colonia Bellavista, donde las personas migrantes procedentes de Venezuela permanecían desde mediados de octubre a la espera de cruzar a Estados Unidos.

Después de las seis de la mañana de este domingo, autoridades del gobierno de Ciudad Juárez, del Consejo Estatal de Población (COESPO), de Protección Civil, del Grupo Beta llegaron al campamento para exhortar a los migrantes a buscar un refugio en otro lugar.

Ofrecieron trasladarles a albergues en camiones que acercaron al río; sin embargo, la mayoría de las personas migrantes rechazaron el ofrecimiento y respondieron que no se moverían del lugar, donde permanecían en resistencia pacífica en demanda de asilo al gobierno estadounidense.

El diálogo de las autoridades con los migrantes se extendió por más de dos horas, después llamaron a policías municipales y estatales, quienes encabezados por elementos del Grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) desalojaron, a punta de empujones y patadas, a los migrantes y demolieron el refugio improvisado.

“Estamos siendo atropellados directamente con los cuerpos policiales, con migración, todos en conjunto y de verdad nos sorprende la manera en que ellos están haciendo el atropello porque es a la fuerza”, dijo Edison Ritch, uno de los migrantes que fue interrumpido por otras personas a su alrededor empezaron a gritar “Derechos Humanos” al ritmo que aplaudían.

Mientras los policías y empleados municipales y estatales avanzaban desmontando las casas de campaña y recogiendo las cosas que se quedaron en el lugar, cientos de migrantes se hacinaban frente al campamento, sobre la calle Norzagaray, entre el patio de un taller mecánico y el exterior de viviendas, sin saber para dónde ir.

“Llevamos tiempo insistiendo en que deben ir a los albergues”, dijo el secretario del Ayuntamiento, Hector Rafael Ortiz Opinel, quien por algunos momentos avanzó junto a los antimotines entre los migrantes. Él intentaba hablar con las personas mientras que los policías las empujaban.

El funcionario municipal informó que el desalojo se llevó acabo con la intención de resguardar la integridad física de los migrantes que se encontraban asentados en la orilla del Río Bravo, una zona considerada de alto riesgo.

“Atendimos un dictamen emitido por la Dirección de Protección Civil municipal y estatal que estableció que por condiciones de salubridad, posibilidad de incendio e incluso ahogamiento por la presencia del Río Bravo, era necesario invitarlos a acudir a los diferentes albergues, sumado a la baja de temperaturas que se vive en la ciudad”, dijo el funcionario mientras personal de Limpia Municipal recogía las pertenencias de los migrantes que quedaron en el lugar.

Del otro lado del río, agentes de la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso, del Sheriff, de la State Trooper (policía estatal de Texas) y militares estadounidenses permanecieron alineados observando las acciones de las autoridades mexicanas. Un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional sobrevoló en círculos mientras el campamento era desmantelado.

Desalojo anunciado

No era un secreto que las autoridades querían cerrar el campamento que migrantes venezolanos varados en esta frontera instalaron desde hace casi dos meses, luego que el 12 de octubre Estados Unidos cambió su política migratoria y los comenzó a expulsar hacia México.

Durante varios días autoridades municipales, estatales y federales habían acudido, juntas o por separado, al lugar para animar a las personas a buscar otro lugar como refugio o acudir a los albergues que aún cuentan con cupo para recibirlos. Pero la fecha para cerrar el campamento se manejó en reuniones sostenida el viernes y el sábado, se supo.

Se planteó que el operativo de desalojo iba a ser civil, sin presencia policiaca, solo iban acudir funcionarios de Derechos Humanos del Municipio, de la Coespo y elementos del Beta, quienes se iban acercar a platicar con los migrantes.

Las personas, sin embargo, rechazaron moverse del sitio; esto hizo que las autoridades pidieran la presencia de la policía en el lugar.

Los migrantes alegaban temor a ser retornados a su país, donde dijeron que podrían ser tratados como traidores a la patria y encarcelados, también se negaban a confiar en las autoridades porque a lo largo de su trayecto por México han sido engañados, se les ha dicho que van a ser llevados a refugios, pero los han llevado a centros de detención y los han robado.

“Al Gobierno de México se le olvida que nosotros somos refugiados mediante el tratado de la ONU y nosotros los refugiados tenemos que ser tratados como lo que somos migrantes, con una educación, con valores, de eso se trata y en este caso”.

Edison Ritch, migrante desalojado.

Los venezolanos pedían la instalación de una mesa de diálogo para plantear que el gobierno los asistiera con abogados migratorios para recibir orientación sobre su petición de asilo al gobierno de Estados Unidos, y la oportunidad de permanecer en el campamento hasta el próximo 21 de diciembre.

Muchos migrantes creen que luego de ese día podrán cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Esa fecha vence el amparo con el que la administración de Biden logró suspender la anulación del Título 42 para preparar el fin de esa política migratoria de la era de Donald Trump, bajo la cual se da la expulsión de migrantes que cruzan de manera irregular por la frontera.

Sin embargo, su petición no fue escuchada y elementos del Grupo Antimotines de la SSPM se formó en una de las orillas del campamento.

Al ver la formación policiaca, los migrantes crearon una valla humana y trataron de impedir la irrupción de los agentes, que portaban escudos, toletes, chalecos antibalas y casco, pero que no llevaban armas de fuego.

Los antimotines avanzaron a punta de empujones, golpes con los escudos y patadas. Los migrantes que formaron la valla pusieron resistencia unos minutos y luego fueron forzados a replegarse en la parte alta del bordo del río.

Así siguió avanzando el Grupo Antimotines, atrás de ellos iban otros policías y personal de Protección Civil Municipal y Estatal y de COESPO, algunos llevaban navajas e iban cortando las casas de campaña tanto la tela como los hilos que sostenían algunas casas.

El secretario del Ayuntamiento, Hector Rafael Ortiz Opinel, aseguró que se tuvo total respeto a los derechos de los migrantes y que no hubo ninguna personal lesionada. Aunque en el lugar de los hechos se documentó que una mujer migrante resultó ensangrentada por un golpe en la parte izquierda de su cabeza, además de dos agentes municipales resultaron lesionados.

La mujer recibió un golpe en la cabeza. Ella fue golpeada cuando el Grupo Antimotines avanzaba a punta de empujomes con los escudos. Los agentes resultaron heridos por pedradas lanzadas por algunos migrantes que confrontaron la acción de las autoridades.

Algunas de las casas de campaña que estaban al extremo poniente del campamento fueron incendiadas, al parecer por personas migrantes.

El fuego empezó a propagarse de forma muy rápida, cuando varias personas estaban tratando de rescatar algunas pertenencias. Personal de Bomberos que se encontraba en el sitio desde temprana hora, entró para apagar el fuego.

“No somos unos animales para que nos traten así… la manguera se la pegaron a un hijo mío que tiene 5 años… le pegaron con el agua. Como si uno fuera un perro, uno está tratando de salir, tienen que esperar a que uno se salga”, expresó una mujer que logró sacar un colchón del campamento antes de que el fuego llegara a su casa de campaña.

Las acciones se llevaron a cabo ante la presencia de personal de la Comisión Nacional y de Estatal de los Derechos Humanos, se informó. Mientras transcurría el desalojo , al menos dos decenas de migrantes cruzaron la frontera y se entregaron a la Patrulla Fronteriza.

Dos migrantes fueron detenidos como sospechosos de haber arrojado piedras, informaron las autoridades municipales sin revelar sus identidades.

Desdeñar refugio en albergues

En medio de la tensión, la confrontación y el desmantelamiento del campamento, las autoridades ofrecieron a los migrantes traslados a albergues de la ciudad.

“Quienes necesiten alojamiento pueden acercarse a los camiones que están sobre la avenida” anunciaba con altavoz Dirving García, jefe de División del Programa de Atención a Migrantes de COESPO. También les indicaba que podían rentar un cuarto en hotel o una casa donde quisieran.

El Municipio informó en un comunicado que se trasladaron a cerca de 500 migrantes a los diferentes albergues de la ciudad. Sin embargo, su dirección de Derechos Humanos reportó que se reubicó únicamente 70 personas y datos proporcionados Comunicación Social de Gobierno del Estado confirmó que 58 fueron trasladados a Leona Vicario, administrado por el Gobierno Federal, y otros 12 a El Oasis del Migrantes, ubicado en la colonia Obrera.

“Autoridad nos dicen que nos fuéramos por el bienestar de los niños, que ellos nos iban ayudar para estar bien en el albergue” dijo una mujer que al inicio rechazó el traslado, pero que luego reconsideró su reubicación “porque las cosas se pusieron ya demasiado complicado, sobre todo por mis hijas me voy, el frío esta demasiado, a veces comemos bien, a veces no”.

En el campamento había más de 700 personas, de acuerdo con estimaciones oficiales. La mayoría de ellos quedó en condición de calle apostados sobre la calle Norzagaray, entre las calles Fierro, Bronce, Plomo y Estaño.

Ahí se encontraba Andreína, de 31 años, quien llegó hace tres meses a esta frontera donde se quedó varada por el cambio en la política migratoria estadounidense.

“Vamos a cruzar o a esperar en otro lugar, pero de acá ya no nos regresamos”, aseguró la mujer procedente de Maracaibo, Venezuela.

Las autoridades hablaron con los migrantes para solicitarles que se retiraran del lugar, advirtiendo que nadie podría continuar a la intemperie ahí debido a las bajas temperaturas que en los últimos días han bajado a menos de los cero grados centígrados.

El titular de COESPO, Enrique Valenzuela, indicó que se han registrado casos de hipotermia y pulmonía. “Permanecer aquí deja de ser una opción ante las inclemencias (del clima)”.

Además, agregó, hay un dictamen de Protección Civil Municipal que indica que permanecer junto al Río Bravo es peligroso y existen otros riesgos, de los que no abundó.

Defendió la acción llevada a cabo con la fuerza pública en el campamento de venezolanos.

“El acompañamiento que tenemos en todo caso de las fuerzas de Seguridad tiene que ver con acompañarnos en el registrado de las personas, se trata insisto de una reubicación que nos proponemos hacer y hacemos votos porque reconozcan que es por su propio bien, dijo Valenzuela.

Los migrantes reportaron que el bordo del Río Bravo sigue bajo vigilancia policíaca. Personal de Comunicación Social de Gobierno del Estado indicó que será la Guardia Nacional quien permanezca por tiempo indefinido en el sitio.

*Este trabajo fue realizado por LA VERDAD, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes leerla.