17 enero, 2019
Texto y fotografías: Ximena Natera
A un año de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, el aún titular de la dependencia actualiza la cifra de desaparecidos en México a 40 mil e informa de su salida del organismo, después de un periodo sin grandes avances en la materia, calificado por los familiares de las víctimas como innoperativo
El Gobierno mexicano reconoció la existencia de al menos 40 mil personas desaparecidas, a un año de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda, un número al que diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas han apuntado desde hace tiempo; la Secretaría de Gobernación había mantenido hasta ahora una cifra oficial de 37 mil casos.
En conferencia, el comisionado Roberto Cabrera Alfaro, además de informar que ya presentó su renuncia, adelantó parte de lo que será el primer informe de la Comisión. Entre los logros expuestos está el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que alberga 40 mil 180 casos de desaparición, cuya mayoría cuenta con un registro de identidad digital de la persona: nombre completo, fotografía y huella dactilar de la víctima.
Esta nueva base de datos sustituye al extinto Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), organismo que familiares de víctimas evidenciaron como ineficiente y con irregularidades hasta en un 50% de los casos.
“(El RNPED) no respondía quiénes son las personas desaparecidas o las circunstancias de la desaparición, no contemplaba casos de secuestro o trata de personas, tenía pocos datos sobre desapariciones de migrantes y desaparición forzada”, dijo Cabrera.
El funcionario dijo que el número de personas fallecidas no identificadas con registro de huellas digitales en el país es de 36 mil 708 personas, de las cuales han sido identificadas sólo 400.
Cabrera Alfaro señaló irregularidades por parte de las autoridades estatales en los procesos de registro, conservación y destino de cuerpos.
“Hay 1500 casos (…) que no han dado respuesta sobre el estatus de los cuerpos, lo que pudiera representar, en el peor de los casos, que se desconozca el paradero de los mismos”, dijo Cabrera.
La Comisión Nacional de Búsqueda creó un banco de datos genéticos que hasta ahora está formado por 50 mil perfiles de familiares de desaparecidos, restos óseos y evidencia en todo el país, detalló Cabrera.
Con esta base de datos, dijo, se hicieron confrontas masivas que arrojaron indicios positivos de identificación en 1200 casos, aunque no explicó cuáles son esos indicios, ni la metodología exacta de identificación que utilizan, una de las grandes quejas que los familiares de víctimas tienen sobre la CNB.
De acuerdo con Cabrera, los casos extraviados no son las únicas fallas de las entidades, sino que hay errores en toda la cadena de involucrados en los procesos de recuperación e identificación de desaparecidos, desde expedientes mal integrados hasta malos procesos de investigación e interpretaciones de resultados, que incluyen la omisión en el registro de huellas dactilares o su duplicación.
Muchas de ellas, justificó, se deben a la cantidad de víctimas, a que el sistema está saturado y a que hay casos donde los funcionarios no están plenamente capacitados para las tareas.
Para los colectivos de familiares, que desde hace años se han encargado de realizar las investigaciones y las búsquedas de los desaparecidos en campo con sus propios recursos, la operación de la Comisión resulta insuficiente y en algunos casos nula.
“Para mí, la realidad es que nunca hubo una Comisión”, dice Juan Carlos Trujillo, fundador de Enlaces Nacionales y hermano de cuatro jóvenes desaparecidos en Guerrero y Veracruz durante el sexenio de Felipe Calderón.
Trujillo explica que la tardanza en la asignación de un presupuesto propio y una estructura que hasta hace poco se terminó de consolidar hizo casi inoperante a la Comisión, además del proceso electoral y la transición de gobierno.
“Fueron meses de desfase, donde trabajaron con poco presupuesto y aunque existió un esfuerzo individual de los burócratas no hubo voluntad política”, dijo.
“Hubo un abandono”, añadió.
Lucía Díaz, integrante del colectivo de familiares de desaparecidos Solecito, en Veracruz, reprueba la labor del funcionario.
“Nosotras estábamos desesperadas porque saliera porque no dio resultado. No tenía sentido mantenerlo”, expuso, “mi valoración de su labor al frente de la Comisión, de acuerdo con lo que vivimos, es reprobatoria. En el caso de Veracruz su trabajo fue nulo”.
La activista, fundadora del colectivo madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, desaparecido el 28 de junio de 2013, destaca que el colectivo de familiares de desaparecidos ha logrado identificar a partir de su trabajo a 18 personas, sin los recursos con los que ha contado el organismo gubernamental.
Cabrera Alfaro no dio razones por su renuncia y, ante la pregunta de un reportero sobre qué tan exitosa fue la labor del organismo durante 2018, contestó:
“El único resultado que nosotros podemos dar es cuántas personas hemos localizado y cuántas hemos identificado, calificar de exitoso o no me parece muy complicado”.
Juan Carlos Trujillo se prepara para el inicio de la cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. A partir de este viernes 18 de enero y hasta el 2 de febrero, 200 familiares de todo el país se reunirán en Huitzuco, Guerrero, para recorrer la región con la intención de encontrar fosas clandestinas o indicios que puedan resultar en la localización de sus seres queridos.
“Si no hay voluntad política de resolver este problema en conjunto (con los familiares), no se va a avanzar. Nosotros, con o sin Comisión Nacional de Búsqueda, hemos estado haciendo el trabajo del Estado de buscar a los desaparecidos y los hemos encontrado.” dice Trujillo.
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