El año cierra como empezó: en medio de la disputa política y de una ruidosa polarización que no deja que se vean ni se escuchen los verdaderos problemas de la patria.

Por Ernesto Núñez Albarrán

Twitter: @chamanesco

Aún no termina 2022, y el 2023 ya empieza a tambor batiente.

La disputa por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -primera parada del complejo calendario político del próximo año- ya se ha cobrado víctimas.

Puso en aprietos a la ministra Yasmín Esquivel, a quien alguien evidentemente quiere cerrarle el paso, y a la Universidad Nacional Autónoma de México, que se fue de vacaciones con una bomba de tiempo latiendo: ¿dará por válida la tesis de la ministra, pese al “alto nivel de coincidencias” con una tesis presentada previamente por otro alumno para graduarse?

¿Qué impacto tendría la revocación del título universitario de una ministra de la Corte?, ¿qué consecuencias tendrá el escándalo en el relevo programado para el 2 de enero?

En otra rama del complejo árbol de la política, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cierra el año exhibiéndose como ariete del régimen, y no como organismo autónomo al servicio de las víctimas.

La integración del Comité Técnico de Evaluación en el proceso de designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral -la segunda parada del complejo calendario- ha dejado ver que a Rosario Piedra poco le importan la Constitución y las formas.

No sólo impulsó para integrar ese comité a una militante activa del partido Morena, con estudios en Yoga de la Risa, sino que ignoró una vez más al Consejo Consultivo de la CNDH en su actuar militante.

Días antes, el gobierno y su mayoría legislativa brindaron en Palacio Nacional por la aprobación de una reforma electoral corrosiva.

En su reunión con el presidente, los morenistas se dijeron orgullosos de ser serviles al líder. Levantaron la copa por la desaseada aprobación de un plan B que ni siquiera se tomaron la molestia de leer antes de avalar, celebraron una reforma que “destaza” al INE y que siembra la semilla de un conflicto serio en 2024.

En las filas opositoras, el único discurso posible es el de la descalificación a todo lo hecho por el gobierno.

Con el antilopezobradorismo como única propuesta, PRI, PAN, PRD y MC viven de la crítica acérrima a todo lo que se hace y dice en Palacio Nacional. Medran con la tragedia cotidiana y con los problemas irresueltos, muchos de ellos -como el de la violencia- ocasionados por sus fallidas administraciones.

Marchan en defensa del INE, pues es la única bandera que los ha unificado y que les genera reconocimiento ciudadano. Pero se confunden cuando creen que la exigencia de no tocar al sistema electoral les dará en automático un proyecto, una alianza, un discurso y un candidato de cara al 2024.

En su diatriba antilopezobradorista, han sido incapaces de construir una oferta política alternativa a la 4T. Aspiran a ganar la elección por eliminación, y a que la gente se olvide de quiénes son y cómo gobernaron.

Así, el año cierra como empezó: en medio de la disputa política y de una ruidosa polarización que no deja que se vean ni se escuchen los verdaderos problemas de la patria.

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El 2022 empezó con el proceso de Revocación de Mandato como principal foco de atención y de tensión.

La duda no era si Andrés Manuel López Obrador sería obligado a dejar el poder anticipadamente, pues para eso no se convocó el ejercicio.

La duda era a cuántas personas podría movilizar el partido-movimiento, y si el INE resistiría la prueba a la que lo sometió el oficialismo: organizar un proceso electoral nacional sin recursos, con leyes barrocas y contradictorias, y con un desafío inédito de las y los gobernantes de Morena a las leyes electorales que les obligan a la imparcialidad.

En medio, la reforma eléctrica del presidente fue desechada por la oposición, que inició así una estrategia de “moratoria constitucional”.

Al no diálogo del presidente, la oposición respondió cerrando cualquier posibilidad de acuerdo político

A los votos en contra del bloque opositor, el presidente y su partido respondieron con la llamada reforma del litio y con una campaña en contra de los “traidores a la patria”.

El 4 de abril, 15.1 millones de personas votaron para “que siga” el presidente en sus funciones (de un total de 16.5 millones de participantes), en una jornada sin incidentes, con un tercio de las casillas que debían instalarse y una participación de apenas 17.7 por ciento del padrón electoral.

La ratificación de mandato no sirvió de nada, más que para afilar cuchillos.

Veinticuatro días después, el presidente presentó la propuesta de reforma electoral que le redactaron Pablo Gómez y Horacio Duarte en sus oficinas de la Secretaría de Hacienda.

Para entonces, los partidos ya estaban otra vez en campaña, disputándose seis gubernaturas.

En junio, Morena ganó cuatro de ellas: Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. El PAN conservó Aguascalientes y el PRI ganó Durango en alianza con PAN y PRD.

En el varano, los audios de las conversaciones del dirigente del PRI, filtrados desde el gobierno de Campeche, confrontaron nuevamente a la posición con el gobierno, pero también confirmaron que Alejandro Moreno es impresentable y le pegaron en la línea de flotación a la alianza Va por México.

En septiembre, las reformas de la Guardia Nacional y la ampliación del plazo en el que las Fuerzas Armadas permanecerán en labores de seguridad pública resquebrajaron a la alianza opositora.

El PRI quebró la “moratoria constitucional”, y panistas y perredistas le dieron la espalda a Alito… momentáneamente.

El punto de reencuentro de la oposición fue la manifestación del 13 de noviembre, donde los contingentes de los tres partidos marcharon detrás de las organizaciones ciudadanas.

La marcha tuvo dos efectos: el más importante fue que el PRI se vio obligado a romper sus negociaciones con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y a votar en contra de la reforma promovida por el Ejecutivo.

La otra repercusión fue el cierre de filas del presidente, su gabinete, su partido, sus partidos aliados, sus gobernadores, sus legisladores, sus voceros, sus medios públicos, sus grupos de apoyo en redes sociales, sus periodistas afines y sus muchos simpatizantes que ejercen una militancia activa e influyente.

El presidente y su movimiento se dicen acosados por el bloque conservador. En su narrativa de fin de año e inicio del que sigue, configuran algo que no aún existe: una oposición que podría arrebatarles el poder.

En esa lógica, las diferencias se ensanchan y se agotan los canales de diálogo.

Al profundizarse la división, y con la cizaña sembrada en 2022, el 2023 será sólo un año de trámite de cara a la gran elección de 2024.