Un tribunal en Yucatán ratificó la suspensión en contra de una granja porcícola en Homún. La decisión anticipa una sentencia de la Suprema Corte que podría sentar un precedente en la aplicación del principio precautorio en defensa del medio ambiente

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Archivo/Alberto Velázquez

La granja porcícola de la empresa Papo pretende criar más de 48  mil puercos en una granja cerca del pueblo de Homún, en Yucatán. Pero continuará suspendida, pues su operación presenta posibles riesgos para el medioambiente y el acceso al agua de miles de personas. El Tribunal colegiado en materia de Trabajo y Administrativa en el estado de Yucatán resolvió no revocar la suspensión que pesa sobre la granja, como lo había solicitado el gobierno Municipal de Homún. 

Esta granja fue suspendida desde 2018, después de que los pobladores se ampararon en contra de su operación. Argumentaron la granja vulnera el derecho a un medio ambiente sano y el acceso al agua de los niños y habitantes de Homún. Tanto el gobierno Municipal de Homún como la empresa Productora Alimentaria Porcícola, o Papu, como se conoce en la región, intentaron echar la resolución para atrás. 

La resolución del Tribunal Colegiado de Yucatán niega al alcalde de Homún que se levante la suspensión de operación de la planta; y el caso de la empresa actualmente está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Más carne; menos agua

Desde mediados de la última década la creciente demanda de carne de cerdo a nivel internacional provocó el aumento de la producción porcícola en la península de Yucatán. Con ello llegaron las granjas de puercos que se han multiplicado por todo ese territorio. Según los habitantes de Homún, en el estado hay más de 420 granjas porcícolas.

Tan sólo en 2019, en Yucatán se sacrificaron más de dos millones 200 mil puercos. La cifra supera incluso el número total de habitantes, que apenas rebasa los 2 millones. Según el Consejo Nacional de Población la zona porcícola contamina seis veces más que la población humana que habita en el lugar.

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Los pobladores de Homún empezaron su lucha contra las granjas porcícolas en 2017. Aquel año se enteraron de que Papu, en coordinación con el gobierno municipal y del estado de Yucatán, y bajo absoluto secreto, pretendían abrir otra de estas granjas en su territorio. 

Desde 2006, tras la caída de la producción henequenera en la región, los pobladores de Homún voltearon a los cenotes que los rodean como una fuente de ingreso. El pueblo se volcó al cuidado de los ríos subterráneos y al desarrollo del ecoturismo, que actualmente es la principal actividad del pueblo.

La amenaza de la granja no es solo para los cenotes, sino para todo el estado. Los cenotes forman parte de la reserva geohidrológica Anillo de Cenotes, uno de los depósitos de agua dulce más importantes de México, y que provee más del 60 por ciento del agua del estado de Yucatán.

Gobiernos locales apoyan la granja

“Desde que dan esta suspensión, el alcalde y la empresa, son dos personajes que no están de acuerdo. Al momento que se da la decisión de la suspensión, cada quien impugna. En este caso, la impugnación de la empresa se resolvió hoy; y el otro es el del alcalde que lleva la Suprema Corte”, explica Lourdes Medina, abogada de Indignación, Promoción y Defensa de los DDHH, AC, una organización que acompaña a la comunidad de Homún en su proceso legal

“La corte va a decidir lo mismo”, dice con esperanza tras conocer la decisión. “Hoy fue un Tribunal Coelgiado, pero en el caso de la Corte es porque va a hacer de este caso jurisprudencia, y lo que decidan tiene que aplicarse en todo el país.»

La suspensión en contra de la granja porcícola en Homún se basó en el principio precautorio, que dicta que cuando no hay una certeza de las afectaciones que alguna acción pueda representar para el medio ambiente o la salud de las personas, es mejor determinar medidas de cuidado antes de que pueda suceder alguna afectación irreversible.

“Este caso les puede permitir desarrollar criterios en torno al principio de precaución, que aunque el riesgo no esté confirmado, las autoridades deben tomar medidas, porque una vez que no haya remedio pues ya no va a haber manera de remediar los daños”, explica la abogada.

Actualmente la impugnación de la empresa está en la Suprema Corte de Justicia, donde el caso se encuentra en manos de la ministra Norma Lucía Piña, misma que falló a favor de reabrir el fondo de reparación medioambiental por el derrame del Río Sonora y que defiende otros temas medioambientales.

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