Cinco jóvenes de entre 27 y 16 años fueron víctimas de desaparición forzada a manos de policías estatales de Veracruz. Investigaciones indican que fueron asesinados. Ninguna persona ha sido sentenciada

Texto: Fernanda Malpica /  E-Consulta Veracruz

Foto: Archivo

XALAPA, VERACRUZ.- Siete años de clamar justicia. Las familias de Susana Tapia Garibo, Mario Arturo Orozco Sánchez, José Alfredo González Díaz, Bernardo Benítez Arroniz y José Benítez de la O han tocado las puertas de tres administraciones de Veracruz, todas de distintos partidos. Ninguna pudo ni puede responder por las desapariciones forzadas en Tierra Blanca de los jóvenes.

El 11 de enero de 2016 marcó la vida de José Benítez, padre de quien llevaba su mismo nombre y apellido. Como cada año, el señor tomó valor este miércoles para dar entrevistas y exigir justicia por su hijo, detenido y desaparecido por policías estatales junto con otros cuatro jóvenes de entre 27 y 16 años, siendo Susana la menor.

El caso sucedió durante el mandato de Javier Duarte de Ochoa, gobernador abanderado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pasó por la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, bajo el Partido Acción Nacional (PAN) y ahora está en turno del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Estamos peor que nunca… de la chingada”, dijo José en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva este 11 de enero del 2023. Aunque fueron detenidas 21 personas por el caso Tierra Blanca, incluido un integrante del CJNG que fue asesinado, de los 20 que quedan ninguno tiene sentencia.

De los encarcelados, ocho son expolicías y hay 12 civiles, pero no existe una garantía de su estadía tras las rejas, tal como se prometió por las administraciones estatales y federales, incluida la de Andrés Manuel López Obrador.

Benítez lamentó que desde el 2019 no han tenido atención del Estado ni la Federación. En aquel año hubo una disculpa pública tras la presión mediática del caso y la recomendación 5VG/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin embargo el padre dice sentirse con desesperanza e impotencia ante la indiferencia de las autoridades de tres gobiernos estatales y dos federales por los que ha atravesado desde la desaparición de los jóvenes.

En las recientes acciones por buscar justicia en el caso, José denunció que el juez José Arquímedes Gregorio Luna, pide a los familiares presentarse en oficinas de Boca del Río cuando podrían hacer videoconferencias. 

Calificó el acceso a la justicia como un privilegio, pues la mayoría de los padres y madres son de escasos recursos, lo que dificulta los traslados desde Playa Vicente. Un trayecto de 211 kilómetros y aproximadamente 3 horas con 40 minutos en auto particular.

El padre, en un intento desesperado, pidió en la entrevista a nivel nacional que se atienda su solicitud de audiencia con la presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), la Magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

¿Qué se sabe del caso Tierra Blanca?

Los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente regresaban del Puerto de Veracruz tras festejar el cumpleaños 27 de Mario Arturo Orozco. En su camino decidieron parar en un puesto de tacos en Tierra Blanca, donde fueron detenidos policías estatales.

Según las investigaciones oficiales, ocho oficiales bajo el mando de Marcos Conde Hernández privaron de la libertad a los jóvenes y los entregaron a sujetos señalados como integrantes de la delincuencia organizada. En el rancho El Limón, en Tlalixcoyan, habrían sido asesinados y triturados.

En ese rancho fueron identificados los restos de al menos 300 personas, incluido un pedazo de tibia de Bernardo Benítez y sangre de Luis Alfredo González. El exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseguró que la desaparición de cuerpos ahí fue sistemática durante varios años.

Familiares piden un castigo ejemplar para las personas involucradas en el caso, pero la impotencia solo crece y se va perdiendo la esperanza. La postura del gobernador Cuitláhuac García parece indiferente, pues este 11 de enero el mandatario canceló la disculpa pública que daría a familiares de ocho policías municipales desaparecidos desde hace 10 años en Úrsulo Galván.

11 de enero es la fecha que duele e indigna a las esposas y madres de los elementos de seguridad desde el 2013, mismo día, con tres años de diferencia, que José Benítez supo por última vez de su hijo cuando salió a celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos.

*Esta nota fue realizada por E-CONSULTA VERACRUZ. Aquí puedes leerla.