Trece años bajo la Iniciativa Mérida: al alza el tráfico de drogas, armas y violencia

3 enero, 2021

En un informe de reciente publicación, el Congreso de Estados Unidos señala fallas al plan de colaboración con México para el combate al narcotráfico, que inició en el 2007 con Felipe Calderón. Pese a las críticas que hizo como candidato, señala el informe, el ahora presidente López Obrador apega a ella su política de seguridad

Texto Itzel Ramírez / La Verdad

Foto: Archivo/ La Verdad

CIUDAD JUÁREZ.- Trece años y tres mil millones de dólares después, la Iniciativa Mérida no ha logrado sus objetivos de proteger a Estados Unidos del tráfico de drogas ni a México de la violencia de las bandas criminales, concluye el informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

El informe, publicado a inicios de diciembre, señala que es necesario un rediseño de la Iniciativa Mérida para permitir avances significativos con objetivos compartidos y evaluaciones claras que muestren el verdadero avance de la herramienta de cooperación más importante entre los dos países.

Iniciada en 2007, la Iniciativa Mérida ha significado la entrega de un aproximado de tres mil millones de pesos para la compra de equipo, entrenamiento, desarrollo de estrategias, seguridad fronteriza y reforma judicial, de acuerdo con el informe.

Sin embargo, los resultados no han fluido de la misma manera que el dinero; mientras en 2006 había cuatro grandes grupos criminales que controlaban el trasiego de droga, ahora hay entre seis y nueve organizaciones con 28 bandas locales.

“Algunas estimaciones fijan todavía más alto el número de células criminales independientes o semi independientes: un grupo de investigación identificó 463 de esas bandas operando en México entre 2009 y 2019”, afirma el texto.

Los recursos etiquetados cada año por el Congreso estadounidense a México (que llegan a un aproximado de tres mil millones de dólares) tampoco han logrado minar la capacidad operativa de los cárteles.

Por ejemplo, señala el texto, la diversificación de actividades criminales dentro de los grupos de narcotraficantes, como la batalla que libran en Guanajuato el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima por el control del huachicoleo; o la proliferación de los laboratorios clandestinos que han hecho del fentanilo una oportunidad para grupos criminales más pequeños.

Otra de las fallas de la Iniciativa Mérida, enfatiza el documento, ha sido el flujo constante y cada vez mayor de armas de alto calibre desde Estados Unidos a México. Entre 2001 y 2016, el 70 por ciento de las 106 mil armas recuperadas y rastreadas por el gobierno mexicano fueron compradas en territorio estadounidense.

Detención de Cienfuegos socava relación

Además de la poca incidencia en el combate a la violencia, la Iniciativa Mérida tampoco ha logrado ser evaluada de forma eficaz, manifiesta el informe. Hasta la fecha se desconoce cuál es el impacto de los entrenamientos y la asistencia técnica brindados por Estados Unidos.

Justo a unos días de que México endureciera su legislación para limitar el trabajo de los agentes extranjeros en su territorio, el reporte de la comisión apuntaba que la detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa en México, había socavado la relación entre ambos países.

“Aunque el Departamento de Justicia retiró los cargos en noviembre diciendo que entregaría la evidencia a las autoridades mexicanas, el incidente podría amenazar las colaboraciones futuras. El ministro de Relaciones Exteriores mexicano protestó ante la falta de información de Estados Unidos a México sobre la investigación”, detalla el documento.

El informe llama la atención sobre el “notable” nivel de colaboración entre ambos gobiernos, tomando en cuenta la sensibilidad de México a la interferencia del exterior.

Ahora que ha entrado en vigor la reforma a la Ley de Seguridad en México, los agentes extranjeros deberán acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, instancia que debe consultar al Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para autorizar las estancias y el trabajo de agencias como la DEA.

La reforma, originada por iniciativa presidencial, también especifica que los funcionarios mexicanos deben consultar al Consejo Nacional de Seguridad antes de hablar con cualquier agente extranjero y que funcionarios de la SRE deberán presenciar las reuniones.

A la par de las fallas detectadas, una de las consecuencias más cuestionables de las operaciones de seguridad en México tiene que ver con la violencia que se desata con cada detención o desmantelamiento de líderes de cárteles y de sus redes de poder, establece el reporte.

“Un estudio de los homicidios en México a nivel municipal de 2001 a 2010 encontró que la captura de un traficante líder incrementa los asesinatos locales -y de los territorios de influencia del grupo criminal- en un 80 por ciento y que los efectos perduran por lo menos por un año”, asegura el informe.

Además de que el sometimiento al sistema de justicia estadounidense no tiene por sí mismo la capacidad de desmantelar a los cárteles que pueden penetrar y corromper todos los niveles del Estado mexicano.

No han sido pocos los casos en los que funcionarios de alto nivel e incluso participantes de los programas de la DEA han recibido cientos de miles de dólares como sobornos de los cárteles mexicanos, lo que compromete los programas de inteligencia y evidencia las dificultades de avanzar en el combate a la corrupción, apunta el documento, dirigido tanto al Congreso como al Ejecutivo estadounidense.

Repartir fondos

De acuerdo con el informe, la mayoría de los recursos iniciales de la Iniciativa Mérida (1.5 mil millones de dólares) fueron dirigidos a las fuerzas de seguridad, incluidos 421 millones para la compra de equipo, entre los que se incluye aviones y helicópteros.

De 2014 a 2018, más del 80 por ciento de los fondos se etiquetaron para el fortalecimiento del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y los esfuerzos antinarcóticos, incluidos 400 proyectos de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia, diseñados para brindar asistencia técnica o entrenamiento a oficiales mexicanos en temas de sistema judicial, seguridad fronteriza y militar, así como equipo para laboratorios forenses de narcóticos, detección de drogas y vigilancia fronteriza.

Otros 126 millones de dólares se han entregado a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para trabajar con el sector privado y grupos de la sociedad civil.

Aunque muchos de estos programas siguen funcionando, la Comisión destaca que el presidente Donald Trump reorientó la asistencia económica estadounidenses para priorizar el combate al crimen y reforzar la seguridad de la frontera.

El presupuesto para 2021, informa el documento, busca 63.8 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, lo que representa un 60 por ciento menos de los 94.2 millones que recibió México en el año fiscal anterior.

Iniciativa transexenal

Presente desde la administración de Felipe Calderón, Iniciativa Mérida cuenta con las extradiciones de capos criminales como uno de los avances considerables, según el informe.

Mientras en el periodo 1994-2000 (con Ernesto Zedillo como presidente) México extraditó solo a 68 sospechosos, para el sexenio de Calderón el número creció a 587 y llegó a 394 con Enrique Peña Nieto, que mantuvo la política de facilitar el traslado de reos a jurisdicción de Estados Unidos.

Ahora, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador enfrenta un nuevo panorama en el que, incluso, el gobierno mexicano ha solicitado regresar a territorio nacional a algunos acusados en Estados Unidos, como es el caso de Cienfuegos o del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En la revisión de cada sexenio, la Comisión reporta que los avances de Calderón aunque ambiciosos, resultaron “pobres” en su implementación, como el fortalecimiento y certificación de la policía federal.

En el periodo de Peña Nieto, asegura, las políticas permanecieron prácticamente de la misma manera, al tiempo que las reformas insignias en materia de seguridad nunca rindieron frutos, como el fallido proyecto de la Gendarmería.

“El gobierno de EPN, como su predecesor, recayó fuertemente en el Ejército, al desplegar tropas en 27 de las 32 entidades de México y pasar en 2017 una Ley de Seguridad Interna que dio a los militares una mayor autoridad para controlar las protestas civiles, reunir inteligencia e investigar crímenes”, refiere el documento.

La reforma del expresidente Peña fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia

En el caso de López Obrador, la política de seguridad resultó mucho más apegada a los Estados Unidos de lo que sugería su “retórica”, apunta el informe.

“Aunque criticó la Iniciativa Mérida durante su campaña (López Obrador) ha continuado con el trabajo en conjunto de los programas de entrenamiento y de cumplimiento de la ley”, señala.

El mandatario creó la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad formado en su mayoría por militares, lo que ha tenido como consecuencia la ruptura de vínculos con agencias de inteligencia y de seguridad estadounidenses debido al reemplazo de la Policía Federal y a que para la nueva formación no se ha requerido del apoyo del país vecino, según el informe.

¿Qué sigue?

A la luz del cambio de gobierno en Estados Unidos y con la política bilateral en uno de sus momentos más complicados después de la detención de Cienfuegos, la Iniciativa Mérida atraviesa un momento complicado, analiza el reporte.

De inicio, es necesario revisar el dinero que se invierte en seguridad en México. A pesar de los índices de violencia, critica el informe, los gobiernos mexicanos gastan en seguridad apenas menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto, mientras que en promedio, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos gastan el 3 por ciento, según las cifras del informe.

Mientras que las acreditaciones y certificaciones de los policías en México no han logrado avanzar conforme a lo planeado y hay retrasos en la evaluación de exámenes físicos, pruebas de competencia y entrenamiento básico.

Cuando en octubre de 2007 se lanzó el programa, recuerda el documento, ambos países acordaron trabajar en conjunto para “‘mermar el poder y la impunidad de organizaciones criminales que amenazan la salud y la seguridad pública de los ciudadanos y la estabilidad y la seguridad de la región’… trece años después y a pesar del enorme sacrificio, el objetivo permanece inalcanzable”.

Reforzar los esfuerzos a nivel estatal y local, crear estrategias de larga duración e inmunes a los cambios de gobierno, así como aumentar la evaluación de la iniciativa son algunas de las tareas ineludibles recomendadas para Estados Unidos por el informe, que recuerda que, a pesar de los recursos invertidos, en la última década más de medio millón de personas murieron en su territorio por sobredosis.

Este trabajo fue publicado originalmente en LA VERDAD JUÁREZ que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original

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