El periplo que comenzó en el gobierno de Héctor López Santillana en León, parece llegar a su fin: la rotunda evidencia mostrada en la investigación periodística de POPLab involucró al empresario amigo del gobernador, extesorero y otros funcionarios que solaparon una injusticia, con barniz de legalidad.

Texto: Melissa Esquivias / Pop Lab

GUANAJUATO. – Mil cincuenta metros cuadrados de terreno, donde el empresario Gabriel Padilla pretendió construir la alberca de su residencia, y que antes pertenecieron al preescolar público Juan Aldama, vuelven a ser propiedad municipal. Un año ha transcurrido desde que el nombre del empresario -cercano a figuras como el gobernador Diego Sinhue y el ex alcalde Héctor López Santillana- fue exhibido a la opinión pública, como el del hasta entonces misterioso comprador de un predio que formaba parte del patio de juegos de aquel plantel.

A través de una carta dirigida a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, Padilla Cordero anunció que, pese a que las autoridades fiscalizadoras no encontraron ninguna irregularidad en el proceso de subasta en el que fue favorecido, ofreció devolver el terreno al gobierno municipal a través de una “donación a título gratuito”. La misiva fue leída por la presidenta durante la sesión de ayuntamiento de este jueves, donde también turnó el asunto para su revisión a la Comisión de Patrimonio.

En la carta, Padilla Cordero también se anuncia como el benefactor del plantel, tras el despojo del que fue protagonista, e hizo llegar a los quince ediles un paquete de imágenes engargolado, como evidencia de la renovación que financió y entregó a la comunidad del preescolar el 22 de febrero pasado.

El empresario también pide al gobierno leonés que en el terreno que antes pertenecía al preescolar de la colonia Mirador Campestre, “se edifique una primaria o un instituto de inglés y computación”, y pone a disposición del municipio los 2 millones de pesos que pagó por adquirir el predio en la subasta realizada el 28 de septiembre de 2020.

Una primera carta llegó a manos de la alcaldesa en octubre de 2021. En aquel escrito, el empresario enfatizó que adquirió el inmueble de manera legal a un tercero, Jorge Arnulfo Gutiérrez, arquitecto ligado a los desarrollos inmobiliarios de la firma Multiservicios Nórdika, propiedad de Padilla Cordero. En aquel momento ofreció devolver el terreno de encontrarse irregularidades en la compra del mismo.

El 28 de septiembre de 2021, este medio reveló en una investigación periodística el proceso por el cual la administración del exalcalde Héctor López Santillana operó para entregar el predio a Padilla Cordero. A través de una desafectación, el predio fue hecho pasar por un lote baldío ante la mirada de los regidores, que poco cuestionaron que a un costado se encontraba un kínder público. Además, el terreno fue vendido por debajo de su valor comercial, que rebasa los 9 millones de pesos.

El proceso dejó fuera a las comunidades del preescolar y del Mirador Campestre, quienes no pudieron hacer nada para frenar la venta del terreno, y sólo pudieron ser testigos de que un arquitecto y su equipo trazaron nuevas medidas al plantel, y de la noche a la mañana levantaron una nueva barda perimetral que partió en dos la escuela.

Desde el momento de la publicación del reportaje, Padilla Cordero quedó imposibilitado de continuar con la construcción de su patio trasero, pues la Dirección de Desarrollo Urbano clausuró la obra por no contar con los permisos necesarios.

“Hay que ser justos”: síndico

Cuestionado por los medios de comunicación tras la sesión de este jueves, el síndico José Arturo Sánchez Castellanos celebró la decisión del empresario por devolver el terreno a la administración municipal. Sin embargo, comentó que desde la comisión de Patrimonio que él preside se evaluarán las condiciones en las que el bien inmueble regresará al gobierno municipal, y adelantó que la administración solamente estaría obligada a pagar lo que recibió del particular en el proceso de subasta.

“Hay algunos aspectos que tenemos que evaluar, a mí de entrada el hecho de que sea gratuito no me convence, pero eso hay que evaluarlo, hay que ser justos, no se trata de abusar ni sacar ventaja de nada”.

El edil manifestó que desde su posición, y a través de la Contraloría, “están enfocados en la parte de la sanción de los servidores públicos” involucrados, entre los que se encuentra el ex tesorero Enrique Sosa Campos por una falta grave al haber abusado de sus funciones.

“Estamos conscientes que desde la parte legal el particular no tenía ninguna obligación. Desde ese punto de vista se reconoce esa voluntad de que este bien inmueble regrese al patrimonio municipal y que de alguna manera tenga un final feliz”, declaró.

Contraloría insiste en sanciones

“La contraloría siempre va a defender las determinaciones por algo fue que las realizó en su momento”, sostuvo la contralora Viridiana Márquez Moreno respecto a la sanción contra el extesorero Enrique Sosa Campos. El amparo interpuesto por el órgano de control municipal se encuentra ratificado en el Tribunal Colegiado de Distrito, luego de que el Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato resolvió que no existían elementos para sancionar al ahora funcionario estatal.

En el escrito enviado por Gabriel Padilla Cordero, este afirma que de acuerdo con “los dictámenes y resoluciones de las autoridades”, no existe ninguna anomalía en la compra venta del predio escolar. No obstante, mientras los procesos contra los servidores públicos continúen en trámite y sin sentencias o determinaciones firmes, las irregularidades no pueden ser descartadas.

Los procesos por faltas no graves contra el exdirector de Control Patrimonial, Jesús Álvarez Navarro, y el exdirector de Servicios Generales, Carlos Pimentel Faes, se encuentran ratificados ante el TJA, luego de que ambos exfuncionarios impugaron la determinación de la contraloría municipal que les podría costar hasta un año de inhabilitación del servicio público.

Finalmente, la contralora advirtió que no hay un plazo fijo para que el Tribunal Colegiado dé su resolución respecto a las acusaciones contra Enrique Sosa Campos.

“Por parte de la contraloría se sigue sosteniendo que se actualiza una falta y que encuentra en el tipo que fue calificado. Hicimos valer los medios de defensa que tenemos a nuestro alcance, se interpuso el amparo, ya fue acordado por parte del tribunal donde ya lo turnó al colegiado para que ellos se pronuncien”.

Esta nota fue realizada por POPLAB, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la original.