Los denunciantes exigen que FGR atraiga el secuestro y homicidio del abogado Santos Isaac Chávez, ya que se presume colusión de autoridades, y exigen medidas cautelares con el fin de realizar elecciones

Texto: Lydiette Carrión

Fotos: Peña Colorada y Especial

CIUDAD DE MÉXICO.- En esta historia no se puede publicar nombres; quien se ha opuesto públicamente ha sido desaparecido, asesinado o, en el mejor de los casos, secuestrado por algunos meses hasta que regresa destruido y torturado. 

Así es la situación en la sierra de Manantlán, en los límites entre Jalisco y Colima y donde se encuentra Ayotitlán,  comunidad nahua–otomí del municipio de Cuautitlán de García Barragán. 

El problema afecta no sólo a aquel municipio,  sino a toda la sierra. Inició desde los años 70 del siglo pasado, cuando una compañía minera  se apropió de varios terrenos para extraer hierro. “Se quedaron con los terrenos de forma amañada”, denuncian. “Y así es desde hace 50 años”. Se trata de una empresa con capital indio e italiano, principalmente, aunque la familia de José Antonio Meade, el excandidato presidencial, también tiene activos. 

El último en oponerse públicamente fue José Santos Isaac Chávez, abogado, y  quien era uno de los candidatos a presidente del comisariado del ejido de Ayotitlán, y era el más firme opositor a la mina Peña Colorada. 

De los tres candidatos, uno es muy cercano políticamente a la mina; el segundo trata de ser aparentemente neutral; y el tercero, Isaac Chávez, se oponía.

Hay algunos indicios de que pudo tratarse de una desaparición forzada y ejecución extrajudicial.

Probable desaparición forzada 

A su casa llegó un convoy de hombres embozados que dijeron ser de la procuraduría, pero no habría forma de saber realmente si lo eran o no.  Pero como ya lo habían amenazado, él optó por dejar de dormir en  su casa y hacerlo en la de unos vecinos, ahí en su localidad, Telecruz en la Sierra, y desde ahí vio lo que ocurría. Cuando los hombres amenazaron con lastimar a su esposa, Isaac salió. 

Unos días después hallaron su cuerpo, estaba al interior de la camioneta de su propiedad, desbarrancada. “Tenía huellas de tortura, y de las que comete la fiscalía”, apunta su compañero. 

El expediente está incompleto y las autoridades no han hecho nada, denuncian, por eso exigen que lo atraiga la Fiscalía General de la República.  

Cada tres años lo mismo: secuestran o desaparecen a alguien

La denuncia la hace un hombre de quien protegeremos su identidad. Él narra las cosas: la mina Peña Colorada extrae hierro y otros minerales desde los años setenta del siglo pasado. Con engaños e irregularidades las tierras de ejidatarios fueron acaparadas. Casi siempre en la región los campesinos se han opuesto a la mina. Lo hacen por lo de siempre: contaminación, acaparamiento del agua disponible.La mina da un dinero mensual, para subsanar los daños. En teoría debería llegar a los ejidatarios, pero este nunca ha llegado a todos. “Se queda en la cúpula”, acusan. 

Desde los años noventa se sumó otro asunto: el que se opone o levanta la voz es desaparecido o asesinado, explica el entrevistado. 

–¿Cada proceso es lo mismo?

–¡Sí! Cada tres años secuestran, cuando bien les va. Cuando hay más suerte hay los corren de la región y ya después sabemos que andan por Mexicali.  

Y los datos recabados por la prensa y los defensores de derechos humanos no lo desmienten. 

Tan solo en Ayotitlán:  dos miembros del Consejo de Mayores de Ayotitlán: Aristeo Flores Rolón (2007), y Nazario Aldama Villa  (2004), ambos conocidos activistas que se oponían a otorgar más territorio a la minera. Guadalupe Elías, el 4 de abril de 1983;  Abel y José Roblada, febrero de 1989; Ejecutan a Miguel Delgado, director de la policía municipal de Cuautitlán. 

Estos son solo algunos de Ayotitlán, una comunidad de menos de mil personas. La historia se repite en las demás comunidades. 

Y todos se encuentran impunes.

En octubre de 2012, Celedonio Monroy Prudencio, líder nahua, fue sacado de su casa por un comando similar al que se llevó a Isaac, y jamás lo volvieron a ver. “Se lo llevaron igual que a Isaac”. 

En 2013, no hubo asesinato. Pero sí hubo privación ilegal de la libertad por parte de efectivos de la fiscalía estatal. Se trató de Gaudencio Mancilla, líder nahua, también defensor del territorio, narró Lado B en su momento. Lo acusaban de querer “organizar una policía comunitaria” y portar un arma. La verdad es que la llevaba porque vivía amenazado. Hasta sentencia condenatoria tuvo.  

Como explica Carlos Ruiz López en este reportaje, Peña Colorada  ha explotado las entrañas de la sierra por más de 45 años en los límites entre Colima y Jalisco, “a pesar del sinnúmero de denuncias por contaminación, invasión de terrenos, vínculos con el crimen organizado y acusaciones de represión hacia miembros de las comunidades opositoras, defensores de derechos humanos y ecologistas”.

La mina

Según las descripciones halladas en directorios empresariales, El consorcio mexicano Peña Colorada pertenece a las empresas ArcelorMittal  (India) y a Ternium (italo–argentina), con una participación del 50% cada una. El consorcio explora y explota yacimientos ferrosos para producir pellets de mineral de hierro y concentrado de magnetita. 

El 8 de diciembre de 1967 en la Ciudad de México se constituyó el Consorcio Minero Peña Colorada S.A., con la participación de inversiones provenientes de la iniciativa privada y del sector público. La empresa de economía mixta se conformó  de la siguiente manera:

Gobierno federal 4.8%

Hojalata y Lámina S. A.27.1% Capital Privado

Tubos y Aceros de México 15.7% Capital Privado

Fundidora Monterrey 4.8% Paraestatal

Altos Hornos de México 47.6% Paraestatal

Para los años noventa la empresa fue completamente privatizada. Coincide con la época en la que las desapariciones forzadas contra opositores, el crimen organizado, y la violencia asoló la región. 

Límites territoriales entre Jalisco y Colima

La página de la empresa asegura que la mina a cielo abierto se encuentra en Colima. Pero los campesinos acusan:  “Año con año, el estado de Colima acapara tierras y parajes que originalmente correspondían a Jalisco”. 

Y agrega:

“Sabemos que, cartográficamente, esa región pertenece a Jalisco pero ante las invasiones del estado de Colima, el Senado no resuelve la situación”.

–¿A qué atribuye esto?–, se le pregunta al denunciante.

–A que la empresa minera está muy ligada a políticos de Colima; de todos los colores. Patrocinan a candidatos… y en Jalisco, pues no. Sumado a ello, anteriormente, Colima tenía mucho vínculo con la organización criminal que operaba en esta zona. 

Y efectivamente, si uno teclea Peña Colorada y Colima, aparecen notas de sociales: acuerdos y donaciones de la mina al gobierno estatal; becas a estudiantes de Colima. Muy buenas relaciones.

Actualmente el asunto de los límites entre Jalisco y Colima está en el Senado. Pero se encuentra congelado. El caso está en manos del senador Ricardo Monreal. 

Pero Jalisco tampoco les ha apoyado. “Se le ha pedido a Jalisco que mande elementos, que mande seguridad (y esto desde 1993), hay todavía reportajes desde 1970 que piden seguridad en esta parte. Esto es de más de 50, 60 años.” 

La mina pretendía su propia elección agraria

Después de la probable ejecución extrajudicial de Isaac, todavía las autoridades locales pretendían realizar las elecciones. El grupo opositor a la mina ni siquiera tenía candidato, se los habían matado. Así que un grupo buscó al procurador estatal de la reforma agraria. 

“Él nos respaldó”, explica el entrevistado. “La ley agraria se dice que se debe de suspender. el procurador agrario nos brindó el apoyo y dijo que es ilegal”. Ahora la gente necesita designar nuevos candidatos y asegurarse de que no los maten antes de la contienda electoral… ni después. 

–Por eso solicitamos medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La nacional, la estatal no, hemos pedido su ayuda y no hace nada. 

–¿Qué más exigen?

–Que el homicidio de Santos, hasta ahora no lo han investigado. Lo tratan como  como cualquier  homicidio,  cuando él estaba peleando las hectáreas.  Y aparte de las hectáreas. se estaba peleando una indemnización multimillonaria. 

–¿Sobre la elección?

–Que nos otorguen medidas cautelares a los candidatos de la nueva mesa directiva. Evidentemente quienes vayan a ser no van a poder venir a vivir. Lo segundo que buscamos es acudir a la CNDH, porque la estatal, desde los últimos años, desde que llegó Barrón, no hace nada. Solamente sirven para hacer minutas. 

“¿Puede creer que la comisión estatal pretendía hacer un acuerdo conciliatorio? ¿Cómo vamos a negociar con el CJNG o con el dueño que tiene sus oficinas en Palermo–Italia?

“Finalmente, que se aperture la causa penal del homicidio de Santos y que lo atraiga la FGR en aras de que se pueda establecer la ley en esta región. Pensamos que sí participaron elementos de la fiscalía del estado o la policía municipal. Lo debe atraer la FGR. Queremos entablar un juicio contra esta empresa minera y presionar al senado.” 

El entrevistado se desespera, y remata: 

“De a tiro la situación es insostenible, las familias viven con miedo. Y esas son las proyecciones: o justicia o nos tendremos que armar”.