3 septiembre, 2020
El conflicto agrario entre Alacatlatzala y Malinaltepec no se resuelve, pese a resoluciones judiciales y ha llegado a agresiones a mano armada y secuestro de personas. Habitantes de la comunidad afectada exigen la intervención de tres niveles de gobierno para terminar el conflicto
Texto: Redacción Pie de Página
Fotos: Lenin Mosso
El pasado domingo 30 de agosto gente armada de la Comunidad de Alacatlatzala en Guerrero, secuestraron a Saúl Morán Oropeza y Abad Cantú Gómez, integrantes del Consejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, que permanecieron retenidos durante tres días.
Luego de la intervención por varias horas en Alacatlatzala por parte de representantes del centro de Derechos Humanos Tlachinollan, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el presidente de Malinaltepec, Abel Bruno Arriana, las dos personas fueron liberadas.
Después de dos días de negociaciones, los retenidos fueron dejados en libertad este miércoles alrededor de las 10 de la noche, como un gesto para continuar el diálogo entre las dos comunidades.
En una nota informativa, habitantes de las comunidades afectadas señalaron que se fijó el día 1 de septiembre a las once de la mañana para soltar a los detenidos en Alacatlatzala, así como la instalación de una mesa de negociación, pero la comunidad de Alacatlatzala.
Los habotantes afectados agregaron que se sigue hostigando a las comunidades colindantes anexas de Malinaltepec, con balaceras constantes hacia las casas y con retenes y revisiones en los caminos.
Fue en una de esas revisiones donde detuvieron y golpearon a Saúl Morán y Abad Cantú, quienes venían de una reunión de la comunidad de Tejocote.
Las personas que estaban retenidas tienen problemas de salud que ameritan atención especializada, Abad Cantú Gómez, estaba en observación con tuberculosis, mientras Saúl Morán Oropeza, tiene daños circulatorios y óseos, además de padecer de la presión, y tiene una discapacidad en el pie derecho.
En la nota informativa se dice que a los detenidos los acusan solo por ser comuneros de Malinaltepec.
Las familias mè’phàà y las comunidades agredidas, demandan el desarme inmediato de la gente de la comunidad de Alacatlatzala, ya que han intentado matar y secuestrar a varias personas pertenecientes a las comunidades de la Ciénega, Obispo, San Antonio, El Mesón, Loma de Faisán, Laguna seca, Malinaltepec, muchas familias, mujeres, niños y ancianos han tenido la necesidad de desplazarse a otros lugares para salvaguardar su vida.
La localidad de Alacatlatzala (perteneciente al Pueblo indígena Na Savi o Mixteco) y el municipio de Malinaltepec (perteneciente al Pueblo Mè’phàà o Tlapaneco) desde tiempos atrás se disputan la posesión de 584 héctareas de terreno, éste conflicto agrario se ha llevado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII en Chilpancingo, Guerrero.
El juicio está vigente y se espera que dicha institución agraria dé una emisión resolutiva en las siguientes semanas del año en curso.
Cabe mencionar que el Tribunal Unitario Agrario realizó recomendaciones de paz y cese inmediato a las agresiones, no obstante, no se ha logrado la reconciliación entre los pueblos involucrados en conflicto.
Las comunidades del pueblo Mè’phàà afectadas solicitan la intervención de los tres niveles de gobierno para que brinden apoyo para llevar a buena resolución de paz a este conflicto agrario, y también para agilizar el proceso de juicio con el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XII.
Pero no les han dado una respuesta positiva.
Asimismo, el municipio Mè’phàà de Malinaltepec, de aproximadamente 26 mil habitantes, solicitan la investigación del proceso de juicio iniciado hace tiempo en la Tribuna Agraria correspondiente para diagnosticar posibles casos de corrupción, omisión o negligencia, ya que hasta la fecha se ha venido retrasando la emisión de la resolutiva.
Además de solicitan se investigue a Zenaido Cano Galindo comisariado de bienes comunales de Alacatlatzala, por incitar a ataques armados a los comuneros de Malinaltepec que transitan por la carretera federal y también a Donato Cano Cano y demás jóvenes involucrados, así como al gobierno municipal de la 4T y estatal ante su incapacidad para resolver este asunto.
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