El paisaje del pueblo Wayuú, en Colombia, se ve amenazado por megaproyectos eólicos que devastan el medio ambiente, mientras se profundiza la militarización y pobreza en la zona. Las esperanzas están en que el panorama cambie con la llegada del nuevo gobierno, sin embargo los intereses transnacionales en juego no se irán así de fácil

Texto y fotos: Gianpaolo Contestabile

COLOMBIA. – En la región colombiana de la Guajira habitan comunidades afrodescendientes e indígenas, incluido el pueblo originario mayoritario del país, los Wayuú, cuyo territorio ancestral se extiende entre Colombia y Venezuela. El paisaje guajiro es un alternarse de la aridez de los llanos constelados por matorrales de vegetación espinosa, y las playas de arena rojiza bañadas por el mar Caribe. La Guajira ha sido la encrucijada de migraciones árabes y comercios transfronterizos. Aquí comenzó la saga familiar de García Márquez y la historia ficcional de los Buendía. El realismo mágico de Gabo recoge el legado de la cultura wayuú de su abuela. Ella, a través de cuentos y relatos, lo inicia en la cosmovisión ancestral en la que las deidades interactúan con los sueños y los fenómenos ambientales.

Gracias a la riqueza de sus recursos naturales, el territorio guajiro es también una zona estratégica para la implementación de las políticas energéticas nacionales. La Guajira ha producido el 40% del carbón a nivel nacional durante los últimos 10 años. El 98% de ese carbón ha sido exportado por la empresa Carbones de Cerrejón Limited. La plataforma marina que rodea la Península de la Guajira es una zona de extracción de hidrocarburos. En ella se estiman más de 11 millones de barriles de petróleo extraíble.

El área de la cuenca del Caribe, donde se asoma la península, ha sido identificada como la reserva de gas más grande de Colombia.  La región habitada por el pueblo Wayuú ocupa un papel clave, especialmente en la “nueva transición energética». Se espera, por ejemplo, que la Guajira se convierta en un polo de la producción de hidrógeno verde. La península ocupa el primer lugar a nivel nacional por las radiaciones solares, y en sus llanuras soplan vientos constantes y potentes casi todo el año. Eso ha vuelto a la región en un lugar ideal para la generación de energía eólica.

Los megaproyectos en la región wayuú

Según un estudio del Instituto para la Paz y el Desarrollo (Indepaz) próximo a salir, se está desarrollando un megaproyecto de 52 parques eólicos que se instalarán en tierras wayuú. Estos parques serán construidos por 17 empresas, nacionales y transnacionales. Entre ellas destaca la italiana Enel Green Power (EGP), que promete construir al menos 3 parques eólicos. Ente estos parques está incluida su punta de lanza, la planta de Windpeshi, que es presentada por Enel como el parque eólico más avanzado de Colombia. 

Las rancherías de las comunidades indígenas Wayuú se han llenado de torres de medición del viento, siguiendo una narrativa que concibe a la Guajira como un territorio desértico en el que se puede concentrar la producción de energía «limpia». Las grandes parcelas de tierra que se consideran deshabitadas son en realidad parte de una complicada red social y productiva.

Esta red permite la repartición de las tierras de acuerdo con el linaje ancestral wayuú, y por lo tanto, la posibilidad de pastorear los rebaños de chivos que son la principal fuente de subsistencia.  A pesar del paisaje árido y el clima seco, el ecosistema local se clasifica bajo la definición de bosque xerófilo. Es rico en arbustos esenciales para la supervivencia de los chivos. Sin embargo, la ideología del «desierto» podría convertirse en una profecía autocumplida. Esto, debido a que el posible daño ambiental generado por los parques eólicos corre el riesgo de acelerar el proceso de desertificación.

En el caso, por ejemplo, del parque eólico Windpeshi de Enel, los estudios de impacto ambiental evalúan como “graves” los daños al ecosistema abiótico, a la flora y la fauna, así como al patrimonio arqueológico. La construcción de cientos de turbinas eólicas, carreteras, líneas de transmisión de alto voltaje y subestaciones eléctricas afecta al ecosistema local. Los parques se construirán en las rutas migratorias de algunas aves y el cambio de presión generado por los aerogeneradores dañará enormemente a los murciélagos que son responsables de polinizar los arbustos que representan la única vegetación de la Guajira.  El polvo levantado por las turbinas y los camiones que transportan materiales puede contaminar las pocas fuentes de agua de la región. Además, el «efecto discoteca» generado por las turbinas eólicas y la luz solar puede causar molestias físicas y mentales en la población circundante.

Las violaciones al pueblo Wayuú

Además de los riesgos ambientales, existe una amplia gama de cuestiones relacionadas con el conflicto social y la seguridad comunitaria. A pesar de la variedad y cantidad de fuentes de energía,  la Guajira es la región colombiana con una de las tasas de pobreza más altas del país. Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de pobreza. La mortalidad infantil por desnutrición es seis veces mayor que el promedio nacional.

En 2017, la Corte Constitucional dictaminó que el pueblo Wayuú de la Guajira «experimentó una violación generalizada, desproporcionada e injustificada de su derecho al agua, la salud y la alimentación».  Por esta razón, según Limbano Díaz, un joven abogado  y activista local, la ausencia de recursos económicos e infraestructuras hace que con la llegada de las empresas se generen conflictos entre las comunidades para poder interceptar las compensaciones prometidas en caso de construcción de proyectos.  Es emblemático el caso del parque eólico Topia, promovido por Enel GP, también conocido como Enramada III, cerca del cual, en junio de 2021, dos comunidades se enfrentaron. El conflicto dejó varios heridos y una persona muerta. La ONG local Naciòn Wayuú, denunció que el conflicto nació debido al proyecto eólico:

«Gracias a que esta empresa sólo se limitó a concertar con una parte excluyendo a los dueños legítimos del territorio […] en donde advirtieron además a la empresa Enel que se abstuvieran de seguir desarrollando su proyecto en el territorio toda vez que se podía desencadenar graves enfrentamientos y derramamiento de sangre entre las dos familias,  pero hicieron caso omiso a estas advertencias”.

Según Angélica Ortiz, activista Wayuú, en la Guajira «las instituciones no están presentes, y cuando aparecen siempre son aliadas de las empresas». Angélica se mueve con una escolta por su compromiso político. También por haber denunciado la convivencia entre el ejército, la policía y las empresas mineras y la colaboración entre éstas y los grupos paramilitares de la costa. Según la lideresa Wayuú, la Guajira ha vivido ciclos históricos de bonanza. Primero con las perlas durante la época colonial. Después con la marihuana durante el período de la marimba. Luego el carbón; y, finalmente, la energía renovable con la transición energética. Estos ciclos han estado marcados por grandes inversiones y ganancias repentinas a beneficios de pocos individuos. Pero estas casi siempre han generado conflictos comunitarios y no han permitido el desarrollo de servicios e infraestructuras territoriales.

Consultas simuladas

Los proyectos eólicos se ubican principalmente en las áreas indígenas wayuú llamadas resguardos. Es decir, áreas de propiedad colectiva de las comunidades indígenas que gozan de una jurisdicción específica que prohíbe, entre otras cosas, su venta.

Por esta razón, las empresas no pueden comprar ni rentar la tierra de las comunidades, sino que solo firman acuerdos de usufructo, generalmente hasta 30 años, a cambio de una compensación por el impacto social, económico y ambiental. Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por el Gobierno colombiano, los pueblos indígenas tienen derecho a elegir a través de sus usos y costumbres si ceden o no sus tierras para establecer proyectos mineros y logísticos. Esto se refleja en la obligación de las consultas locales, que deben ser previas, libres e informadas.  Según la investigadora de Indepaz, Joanna Barney, en la Guajira hay alrededor de 4/5 consultas diarias. También hay empresas coyotes que organizan el proceso de consultas y una vez obtenida la licencia ambiental la venden a las multinacionales del eólico. 

Según el Grupo Enel, en la Guajira la empresa italiana trata de identificar las mejores soluciones para cada territorio y esto «implica un camino basado en compartir con las comunidades locales y escuchar constantemente las necesidades de los stakeholder, como también lo estipulan los compromisos asumidos por el Grupo con la Política de Derechos Humanos».

A pesar de esto, las comunidades reportan varias arbitrariedades en la realización de las consultas.  En primer lugar, la falta de un asesor externo e imparcial que ayude a los habitantes a negociar los términos económicos de los acuerdos y los estudios de impacto ambiental. Javier, la autoridad tradicional wayuú encargada de negociar con Enel GP la construcción del proyecto Urraichi-Chemesky, explica que los estudios de impacto ambiental se le mostraron sólo en forma de diapositivas. También dice que no fue posible obtener información sobre la ubicación exacta de los aerogeneradores. Cuando Javier pidió a la  empresa italiana que pagara a un consultor legal y comercial para apoyar a la comunidad durante  las reuniones, Enel GP interrumpió la comunicación. Posteriormente, el proyecto Urraichi – Kemesky fue modificado al excluirse las áreas de impacto de algunas comunidades, incluida la de Javier.

La comunidad frente a las transnacionales

Para llegar a los resguardos donde se construirá el parque eólico Windpeshi (EGP) hay que detenerse varias veces debido a los bloqueos de carreteras. Es una forma de control territorial – pero sobre todo de protesta–, de las comunidades wayuú. Lo hacen para impedir el paso a los medios de transporte de las empresas.

La mayoría de las autoridades ancestrales en las comunidades de Windpeshi lamentan haberse unido al proyecto. Se quejan de que, según los acuerdos, la compensación por los daños generados por el proyecto se distribuirá en forma de talleres, proyectos sociales, trabajos no calificados y  precarios, animales y renovaciones rudimentarias.  La autoridad ancestral Genoveva pide que el dinero de compensación proporcionado por Enel GP se entregue directamente a la comunidad, para que puedan autodeterminarse: «queremos dinero en efectivo, somos Wayuú y no queremos participar en los talleres organizados por las empresas».  Según las comunidades, cuando el dinero pasa a manos de las empresas subcontratistas, estas especulan sobre los costos y no responden a las necesidades del territorio.

El Grupo Enel, interrogado sobre el tema, sigue subrayando su compromiso con la promoción social en la Guajira:

«Más allá de la obligación que la compañía ha adquirido en los acuerdos de Consulta Previa, Enel ha llevado a cabo varios otros proyectos de valor compartido de forma voluntaria, que consolidan la relación con el territorio». 

Una de las áreas donde se han visto mejoras concretas es el acceso al agua. Enel GP ha invertido en la construcción de tanques comunitarios para las 12 comunidades involucradas en el proyecto. Además, ha invertido en la construcción de un pozo de extracción de agua de 120 metros de profundidad y una planta de purificación. El proyecto que forma parte del programa Guajira Azul ha sido financiado también por el gobierno y los municipios locales.  La inversión, sin embargo, sólo estaba prevista para 13 meses, los cuales terminaron en enero de 2022. El resultado es que ya no hay más fondos para el mantenimiento y el agua que se distribuye ya no cumple con los estándares iniciales de salubridad.

Según los testimonios recogidos en Windpeshi, Enel GP insiste en organizar reuniones con un número limitado de participantes, sólo con las autoridades tradicionales o con un pequeño grupo. Según Beatriz, de la comunidad de  Uktapu, esta tendencia favorece tanto la corrupción como el descontento de quienes permanecen excluidos. Por esta razón ella y las demás autoridades insisten en que las reuniones se realicen frente a todos los miembros de la comunidad para que el proceso sea transparente.

Según Angèlica Ortiz, estos métodos de negociación favorecen una lógica patriarcal dentro y entre las comunidades. Aunque la gran mayoría de las personas que mantienen un liderazgo efectivo de las comunidades son mujeres, la palabra decisiva con respecto al destino de un territorio pertenece tradicionalmente al tío materno, cuando él está vivo. Por esta razón, si las empresas quieren recurrir solo a las autoridades, terminan invisibilizando el trabajo político de las mujeres wayùu y desacreditando su liderazgo.

También existe preocupación por el peligro de la futura militarización de la Guajira.  Con la Ley 2099 de la Transición Energética, promulgada por el gobierno Duque en 2021, «las actividades de producción, utilización, almacenamiento, administración, operación y mantenimiento de las fuentes no convencionales de energía principalmente aquellas de carácter renovable» se declaran materia de utilidad pública y conveniencia nacional. Por lo tanto, los proyectos eólicos podrían desarrollarse con una prueba de fuerza militar independientemente de la oposición de las comunidades indígenas.

El exgobernador  de la Guajira, Nemesio Roys Garzón, propuso la creación de un batallón especial del ejército para salvaguardar las inversiones económicas de las empresas eólicas.  Los soldados ya se desplegaron, por ejemplo, durante la inauguración del parque eólico «Guajira 1» de la empresa Isagen. Con respecto a la protección de la  seguridad de sus trabajadores,  Enel GP declara que «la gestión de estas actividades está coordinada con el ejército nacional colombiano». La presencia militar puede ser problemática. No son pocas las investigaciones contra el ejército colombiano por violaciones a los derechos humanos, corrupción, convivencia con el narcotráfico y el escándalo de los falsos positivos, es decir, la desaparición forzada de miles de civiles.

Los retos del nuevo gobierno

La pregunta que surge espontáneamente es: ¿la producción de energía verde puede justificar el daño ambiental que se causará en la Guajira, la destrucción del tejido social indígena y la militarización de su territorio? Los gigavatios de energía producidos en suelo wayuú, donde no se garantiza ni la electricidad ni el sistema de agua, generarán grandes ingresos para las empresas que exportarán buena parte de la energía al exterior. Solo el 1% se invertirá en el territorio a través de financiamiento a municipios y subcontratistas. Además, en el contexto del conflicto en Ucrania, Alemania ha revisado sus acuerdos de descarbonización para aumentar las exportaciones de carbón de la planta de Cerrejón en la Guajira. La transición ecológica no solo está amenazando la supervivencia de las comunidades wayuu, sino que tampoco está siendo eficaz para detener la extracción de carbón que ha desgarrado la península.

Una nueva esperanza para la región surgió con la victoria del Pacto Histórico de Petro y Marquez en las elecciones presidenciales del pasado verano. El cambio de gobierno se hizo en el marco de una mayor atención a la justicia social y los derechos de las comunidades. La nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, está impulsando un plan de “transición ecológica justa”. Este plan implicaría que las comunidades wayuú sean cooproprietarias de las turbinas eólicas.

Pero, más allá del discurso y las promesas de la nueva clase dirigente, los parques eólicos en la Guajira siguen siendo un negocio de pocas empresas transnacionales que han estado impulsando con todavía más violencia sus intereses económicos. Un ejemplo emblemático es el caso de la familia Jesayu. Esta familia se encuentra desplazada después de un ataque armado que la forzó a abandonar su casa y su terreno para ceder el paso a la nueva autopista en construcción. La autopista dará acceso a los parques eólicos del Grupo Renovatio y Enel Green Power.

En el siglo pasado, los bosques otoñales que bordean el Río Ranchería, la arteria fluvial que atraviesa la Guajira, fueron la inspiración de las mariposas amarillas de Cien años de soledad. Hoy en día, el paisaje guajiro y el tejido comunitario que ha reproducido a lo largo de los años su ecosistema y su cultura están en riesgo de ser arrasados por la extracción de energía “limpia”. El dios de los vientos de la cosmovisión Wayuú, Jepiresh, representa una figura ambigua porque su aliento puede barrer las nubes y limitar las lluvias cada vez más escasas. La energía eólica en la Guajira parece condenada a la misma suerte, más que representar una transición hacia un modelo de producción más sustentable, está reproduciendo la historia del saqueo de recursos en Latinoamérica y, paradójicamente, está aumentando la desertificación y el impacto del cambio climático en las comunidades indígenas.