Mientras en una audiencia por la tragedia migrante en Juárez el comisionado Garduño trató de hablar con los que antes eran sus subordinados y ahora lo ignoran, el fin del título 42 en la frontera sigue poniendo en crisis al sistema migratorio mexicano

Texto: Blanca Carmona, Verónica Martínez y Rocío Gallegos / La Verdad

Foto: Rey R. Jáuregui

CIUDAD JUÁREZ. – Siete de los ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) vinculados a proceso por la tragedia donde murieron 40 migrantes extranjeros se encontraron, por primera vez, cara a cara frente a un juez en una audiencia judicial en la que buscaban la acumulación de las causas penales.

Seis de ellos, entre los que se encontraba el contraalmirante, Salvador G.G., fueron trasladados desde los centros carcelarios donde se encuentran recluidos. Vestían de gris, el uniforme que usan en el penal. Todos fueron colocados en la mesa de la defensa.

En seguida, al final de la fila de sillas, se acomodó el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. El único que se encuentra libre. Él vestía un traje café impecable, iba acompañado de su abogado privado y pudo sentarse justo atrás de él para comunicarse durante la diligencia.

Garduño quedó a un lado del contralmirante, en retiro del Ejército, Salvador G.G., quien era el titular de la Oficina de Representación del INM en Ciudad Juárez al momento que sucedió el siniestro en la estación migratoria donde murieron 40 personas extranjeras.

El comisionado Garduño trató de hablar con Salvador, pero éste no cruzó palabra con él. El contralmirante –quien está sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva–, lo ignoró.

La audiencia judicial, que también reunió al guardia de seguridad de la empresa CAMSA y a Jeison D. C.R. –fue para atender una petición de acumular tres causas penales en una; sin embargo, eso no ocurrió debido a diferencias entre los defensores de los acusados.

Garduño, el funcionario de más alto rango del Instituto vinculado a proceso por la tragedia migrante que ocurrió en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo, también se encontró de frente con otros funcionarios detenidos. Él es el único que enfrenta el proceso penal en libertad y se mantiene al frente del INM.

En la esquina, del lado derecho del juez, se sentaron los agentes migratorios federales. En la orilla estaba Eduardo A.M., frente a él Rodolfo C., de la T., y al lado derecho del primero se sentó Daniel G.Y., quien era el representante local de la oficina Noroeste del INM

El migrante venezolano se acomodó frente a Daniel G.Y. Al lado derecho de Daniel quedó la agente migratoria Gloria Liliana R.G., y a la derecha de ella el guardia de la empresa CAMSA, Alan Omar P.V.

A la derecha de Alan, estaba Juan Carlos M.C., un lado de éste el contralmirante Salvador, enseguida el comisionado. Ninguno se dirigió la palabra. Se mostraban cabizbajos, buscando con la vista a sus familiares presentes en la audiencia.

El único que no fue citado a comparecer fue el director general de Control y Verificación Migratoria del INM, Antonio M.D., quien fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público por este mismo hecho.

En la audiencia realizada este viernes 12 de mayo, el abogado defensor de Daniel G.Y., solicitó que las tres causas penales que se han iniciado por la tragedia ocurrida en la estación provisional del INM, se acumularan en una.

Eso, sin embargo, no se logró debido a que el Ministerio Público de la Federación y la  Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE) se opusieron, y porque los defensores de los otros acusados no estuvieron de acuerdo.

En contra de Alan Omar, de Jeison D. C.R., y los agentes migratorios, Rodolfo, Gloria Liliana y Daniel G.Y., se inició la causa penal 216/2023 por los delitos de homicidio y lesiones.

Juan Carlos, Eduardo Magallanes y el contralmirante Salvador están vinculados por homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público en la causa penal 235/2023

Al comisionado Garduño Yáñez únicamente se le acusó del ilícito de ejercicio ilícito del servicio público en la causa penal la 237/2023.

Leonardo Gahona, representante legal de Daniel, argumentó que unir las causas penales 235/2023 y 237/2023 en una sola –en la 216/2023– permitiría que cualquier recurso que se presente y se otorgue, beneficie a todos los acusados; también, obtener lo que llaman “comunidad de la prueba” que se refiere a compartir pruebas favorables entre las defensas de los nueve acusados presentes en la audiencia

En su argumentación ante el juez federal Ernesto Cornejo Ángeles, Gahona sostuvo que las teorías defensivas son iguales en todos los casos, excepto la del venezolano Jeison.

También dijo que la carpeta de investigación fue concentrada en la Ciudad de México y para que la Unidad de Delito para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) reciba un escrito “es complejo” y hay demora.

Sin embargo, los defensores de seis de los acusados no estuvieron de acuerdo. Únicamente aceptaron la propuesta los representantes legales del migrante de Venezuela y de la agente migratoria Gloria Liliana.

La abogada de Rodolfo C., de la T., Elba Ivonne Salcedo, dijo que los plazos para el cierre de la investigación complementaria son diferentes en cada causa penal, afirmó que hay incompatibilidad de defensa entre varios de los acusados e incluso intereses diversos.

Jorge Vázquez Campbell, abogado del migrante de Venezuela, señaló estar de acuerdo con la acumulación, al considerar que podrían compartir pruebas que les beneficien a todos, llegar a un acuerdo entre los defensores en cuanto a los plazos para la investigación complementaria y evitar ponerse “zancadillas” entre ellos.

Además, dijo que no tienen acceso a los documentos que están en la carpeta porque el asunto se concentra en la Ciudad de México.

Juan Gerardo Carmona Leyva, abogado de Gloria Liliana, también expresó estar de acuerdo con la acumulación porque, señaló, se trata de un mismo hecho y mismas víctimas.

Gabriel García Otamendi, representante legal del guardia Alán Omar, se opuso a la acumulación de las causas al referir que tienen teorías defensivas diversas porque los grados de actuación de los acusados en los hechos son diferentes.

Daniel Álvarez Correa, abogado de quien estaba a cargo del Grupo Beta, Juan Carlos M.C., tampoco estuvo de acuerdo en la acumulación. Indicó que todos los sospechosos han presentado juicios de amparo para inconformarse por la vinculación a proceso y estos serán resueltos en diferentes fechas, los plazos para la investigación complementaria en cada causa penal son diferentes, y en la causa 216/2023 ya se escuchó la declaración de varios sobrevivientes del incendio, quienes son testigos de cargo, y los abogados de los acusados que no forman parte de esa causa penal no pudieron interrogarlos.

Luis Villalobos Frescas, representante de Eduardo A.M., pidió que no se hiciera la acumulación porque aseguró que no hay pruebas en común para todos, que no comparten teorías defensivas y los plazos para la investigación complementaria son diferentes.

Karla Mónica Priscila Ramírez, abogada del contralmirante, se opuso a la acumulación argumentando que ya recibió la declaración de los testigos de cargos y ellos no pudieron interrogar, también por los plazos, porque el presunto grado de participación de su representado en los hechos es diferentes al de los otros acusados y agregó que en la sala judicial ni siquiera existen las condiciones para tener a tantas personas al mismo tiempo.

El abogado de Garduño consideró irresponsable unir las causas asegurando que los defensores ni siquiera han hablado para saber si comparten teorías defensivas e incluso dijo que la teoría de ellos es contraria e implica un conflicto de intereses con la del guardia de CAMSA y añadió que la acusación contra su representado no tiene relación con el resto de los acusados.

Al final, el juez dijo que era improcedente la juntar las causas porque veía “más notas de distinción que notas de conexidad”; solo observaba que el común denominador era la tragedia en la estancia provisional.

El abogado del migrante de Venezuela quien dijo buscar que no hubiera zancadillas entre ellos, trató de pedir la revisión de la medida cautelar impuesta a Garduño. Empezó recordando que el 31 de marzo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Garduño era su amigo, pero ya no pudo continuar su exposición porque el juez lo interrumpió diciendo que no iba a permitir aseveraciones que no fueran jurídicas.

Vázquez Campbell trató en varias ocasiones de exponer que Garduño está obstaculizando el proceso, pues este recibe primero los datos de prueba que solicita el Ministerio Público de la Federación, de este caso, y aseguró que no hay igualdad de condiciones.

El juez le dijo al defensor que él no le impuso la medida cautelar a Garduño y que no puede revisar el trabajo de un homólogo, y lo exhortó a presentar la petición ante el juez que sí lleva esa causa si es que esta facultado como interviniente.

“No soy revisor de mi homólogo”, afirmó el juez federal y minutos después dio por cerrada la audiencia y seis de los funcionarios, junto a los otros dos detenidos, fueron trasladados de nuevo a los centros penitenciaros donde aguardan el proceso, mientras Garduño se retiró del lugar acompañado de sus abogados, pues es el único vinculado al proceso abierto por la tragedia que se encuentra en libertad.

Repatriaciones de extranjeros, sin planes de atención a migrantes y en opacidad

Pese a los acuerdos que los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron para las expulsiones y repatriación de migrantes extranjeros, los procesos concretados por esta frontera se llevan a cabo con poca transparencia y sin dejar claro los esquemas de atención bajo los cuales están siendo retornadas estas personas.

El  canciller Marcelo Ebrard dijo que el jueves ingresaron al país las primeras personas migrantes expulsadas por Estados Unidos bajo el Título 8. En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes informó que fueron repatriados a México 942 personas, de las cuales 909 son de Venezuela, 17 de Cuba, 15 de Guatemala y una de Haití.

Sin embargo, en esta frontera las autoridades locales y organizaciones civiles de asistencia humanitaria aseguran que desconocen cuántos fueron devueltos desde El Paso, Texas, debido a que hay confusión sobre el proceso que se sigue con los migrantes repatriados. Conocen que unos son trasladados a los albergues, a otros se les deja en la calle, unos traen un documento y otros fueron echados a México sin nada. Se dice que se los van a trasladar a otras regiones pero no se dan detalles, aseguran entrevistados. Sobre esto, el INM no ofrece información oficial.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el personal de la Oficina de Movilidad Humana de la Diócesis de Ciudad Juárez, se ha identificado que son tres los cruces internacionales por los que las personas migrantes son devueltas a México. 

Por el puerto de San Jerónimo-Santa Teresa se registró un evento de devolución por la tarde y otro por la noche desde el 10 de mayo, fueron de expulsiones bajo el Título 42, ahora se registran repatriaciones bajo el Título 8. Personas migrantes también reportan haber sido retornados por el puente Cordova-Américas la madrugada del martes y por las noches, por el Zaragoza.

Las personas llegan cansadas y frustradas al sentirse engañadas tanto por autoridades de Estados Unidos como de México, comentó Cristina Coronado, coordinadora de la Oficina de Movilidad Humana.

“No saben nada. No les dieron ningún documento. Algunos traían un oficio de salida, otros nada”, dijo Coronado. “Todavía hay mucha confusión y no hay nada claro”.

Previo a la entrada en vigor de las nuevas políticas migratorias, Óscar Ibañez, representante del Gobierno del Estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, dijo que funcionarios federales les informaron que por esta frontera llegarán a retornarse hasta 250 personas, pero que, a su vez, serán repatriadas por el gobierno mexicano.

De acuerdo a lo que se informó, los gobiernos de México y EE.UU. acordaron retornar hasta mil personas diarias por cuatro puntos fronterizos, que son Ciudad Juárez, Piedras Negras y dos ciudades fronterizas del estado de Tamaulipas.

Abordado sobre esta situación, Enrique Valenzuela, titular del Consejo Estatal de Población, instancia encargada del Centro de Atención Integral al Migrante, se limitó a comentar que actualmente están atentos al efecto que tendrá el retorno de personas bajo el Título 8 por esta frontera, porque corresponde al gobierno de México tomar medidas en materia migratoria.

Organizaciones y encargados de albergues temen enfrentar de nuevo una crisis humanitaria en pocos días, al aumentar el número de personas devueltas desde Estados Unidos.

Para conocer sobre los procesos a seguir en el caso de las repatriaciones de extranjeros por esta frontera se solicitó información al INM pero aún no hay respuesta. Extraoficialmente, agentes migratorios consultados aseguran que aún no se define nada y los migrantes son incluso abandonados en algunos sectores de la ciudad.

Esto último se registró la noche del 10 de mayo con un grupo expulsado por el puerto de San Jerónimo-Santa Teresa. Alrededor de las 9 de la noche, los migrantes fueron abandonados por autoridades del INM justo atrás del supermercado Smart ubicado en Rancho Anapra.

De acuerdo con testimonios de personas que atestiguaron el hecho, tres camionetas con logos del INM transitaban por la avenida Rancho Anapra y dieron vuelta en la intersección con la calle Rémora. Detrás del supermercado, agentes del Instituto bajaron de los vehículos y abrieron las puertas para que alrededor de 50 hombres migrantes descendieran.

Los migrantes expresaron que el personal del INM les había indicado que serían transportados a un albergue, pero no fue así. 

“Nos engañaron”, dijeron los migrantes exclamando entre quejas al ser dejados en esta zona desconocida para ellos. 

Expresaron que cuando estuvieron en detención en Estados Unidos, los agentes fronterizos estadounidenses les explicaron que los iban a ayudar y revisar sus casos. El miércoles por la noche, sin embargo, los sacaron esposados del puerto fronterizo Santa Teresa, dijo uno de los migrantes que no se identificó. 

“Aquí nos engañan, ‘que los vamos a llevar pa’ un refugio y ahí los ayudamos’ y nada. Que nos iban a dejar en un refugio y eso, pero hasta ahí, nos dejaron ahí y se fueron de una”, dijo Gabriel, un migrante de Venezuela, quién asegura que durante su detención no les dieron información y les quitaron sus pertenencias para después “tirarlos” en México.

Las personas migrantes se marcharon en grupo caminando por la avenida principal logrando llegar hasta el bulevar Ingeniero Bernardo Norzagaray, dijeron testigos, agregando que los migrantes pidieron indicaciones de cómo llegar a la zona Centro.

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El personal de la Oficina de Movilidad Humana atendió este viernes en el comedor de la catedral Nuestra Señora de Guadalupe a por lo menos 300 personas, y la gran mayoría eran personas que fueron expulsadas por los puertos de entrada, dijo la coordinadora Cristina Coronado.

Basada en los testimonios de personas que han llegado en busca de alimentos, Coronado detalló que las personas que han sido expulsadas narran que se entregaron a la Patrulla Fronteriza en los últimos días por las puertas del muro fronterizo. También han visto casos de personas que fueron interceptados en la iglesia que da refugio a migrantes en El Paso, Texas, el Sagrado Corazón, y algunos son los que se entregaron siguiendo las indicaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

La coordinadora también compartió que algunas de las personas retornadas que llegaron al comedor la mañana de este viernes declararon haber sido trasladadas al Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario por personal del Grupo Beta.

Un migrante venezolano que pidió no ser identificado por nombre, detalló que ese fue su caso cuando fue expulsado por el puerto de entrada de San Jerónimo. Fueron trasladados al CIM pero solo pasó una noche ahí pues ya contaban con un lugar seguro en el que vivió durante su estancia en Juárez antes de entregarse a autoridades migratorias por la puerta 40 hace unos días.

Al cruzar por este punto, el migrante fue llevado junto con otras personas a un centro de detención por agentes de migración en la ciudad paseña. Aunque luego fue expulsado con un grupo de puros venezolanos esta semana, el migrante compartió que en detención habían personas de varias nacionalidades.

“Solo puedo decir que nos mantienen encerrados varios días sin comunicación. Algunos son seleccionados y los que no, solo son deportados, pero los motivos de selección los desconozco, la verdad.” 

Inger, migrante de Venezuela, estuvo este jueves en el comedor de la Catedral. El migrante relata que tras haber cruzado por la puerta 42 el pasado seis de mayo estuvo tres días en detención para finalmente ser expulsado a Ciudad Juárez la madrugada del martes.

“Martes a las dos de la mañana estábamos entrando por el puente internacional Zaragoza. Nos recibió inmigración de México”, dijo el hombre de 43 años detallando que durante este retorno iba esposado.

El migrante declara que era un grupo numeroso con alrededor de 220 personas que fueron expulsadas por este puente internacional en el noreste de Juárez. Las autoridades del INM les ofrecieron comida a las personas retornadas y llevarlos a un refugio.

“Dijeron que si no queríamos refugio nos podíamos ir”, dijo el hombre agregando que él decidió no irse con las autoridades y pasar el resto de la madrugada en la calle.

Desde que se conoció el nuevo plan entre México y Estados Unidos, Miguel González, presidente de la red de albergues Somos Uno por Juárez y director del albergue Pasos de Fe, alertó sobre la posibilidad de enfrentar en pocos días un incrementar el flujo de migrantes en la ciudad.

Por eso, agregó, han buscado coordinarse con los gobiernos locales y agencias humanitarias internacionales para gestionar apoyos para la atención y asistencia de los migrantes.

Las mil de cada día

Autoridades federales de Estados Unidos dieron detalles sobre las medidas que el gobierno de Estados Unidos implementará con socios regionales en torno al fin del Título 42, el ahora activo Título 8 y las nuevas disposiciones anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

En conjunto con México se acordaron medidas para gestionar las vías legales de una migración segura y ordenada y detalló que habrían consecuencias para aquellos individuos que no busquen estas formas legales, dijo Blas Nuñez-Neto, Subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional.

“Eso incluye, como anunció el Gobierno de México la semana pasada, nuestro regreso a México de ciudadanos de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, que, por primera vez en la historia de nuestros dos países, continuará en vigencia bajo el procesamiento en el Título 8 de nuestras leyes tradicionales de inmigración, empezando esta noche, cuando termina el Título 42”, dijo el funcionario federal.

Durante la Conferencia de Seguridad Fronteriza que se realizó este 10 y 11 de mayo en el Centro de Convenciones de El Paso, el jefe de la Patrulla Fronteriza Raul Ortiz compartió que la transición al procesamiento del Titulo 8 estaba casi completa.

A nivel nacional, más del 60 por ciento de los migrantes que eran encontrados en la frontera eran expulsados bajo el Título 42. 

“Hoy ese numero a cambiado. El 82 a 83 por ciento son procesados bajo el Titulo 8 y el 17 a 18 por ciento son bajo el Título 42”, dijo Ortiz.

El secretario de gobernación del estado, Óscar Ibáñez, también declaró a medios que tras una mesa de trabajo con el INM se habían dado a conocer los acuerdos entre México y Estados Unidos para recibir a personas extranjeras deportadas bajo el Título 8.

Ibáñez detalló que se esperan hasta mil retornos diarios por cuatro puntos de la frontera, con Ciudad Juárez como uno de esos puntos. Sin embargo, el secretario aseguró que estas personas no permanecerían en esta frontera, porque el INM gestionará sus procesos de repatriación desde México.

Durante la conferencia de prensa de este viernes, el canciller Ebrard fue cuestionado sobre las capacidades que se tienen en el país para recibir a personas extranjeras deportadas por Estados Unidos, pero respondió que México le ha hecho saber al gobierno estadounidense que bajo ningún caso podría recibir a más de mil personas al día.

“No podríamos. No tenemos la capacidad ni lo aceptaríamos. Y eso estaba vigente no de ahora, si no desde el Título 42”, dijo el canciller.

Fueron 16 mil lo más que México llegó a recibir de personas expulsadas en un mes, declaró Ebrard asegurando que nunca se han rebasado estas cifras acordadas. El canciller también dijo que la postura de México es ofrecerle refugio a las personas que son expulsadas por Estados Unidos, negando la posibilidad de ser repatriadas inmediatamente.

Como parte de las nuevas medidas implementadas se ha aumentado la asistencia a los “países anfitriones”, dijo la subsecretaria de Estado Adjunta Principal de la Oficina de Población, Refugiados y Migración, Martha Youth, para ayudar con la integración de refugiados y ofrecer asistencia protección a grupos vulnerables.

Youth especifico que esta asistencia humanitaria no iría directamente a los gobiernos municipales ni federales si no a través de organizaciones internacionales que atienden a poblaciones migrantes y refugiadas.

“Por eso mucha de nuestra asistencia que va a México sí está enfocada en el norte de México y también en el sur, cerca de la frontera, para complementar los esfuerzos del gobierno mexicano, así como para apoyar con el albergue y básica asistencia humanitaria para esas personas”, dijo Youth.

*Esta nota fue realizada por LA VERDAD, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.